Oswaldo Angel Gutierrez Garcia
Expediente 892/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 892/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/08/2023
Partes del expediente
- Oswaldo Angel Gutierrez Garcia
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hizo constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que verificó la secretaria de juzgado al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse dictado un auto que tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el citado precepto; realícese la anotación administrativa correspondiente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ********************, representante legal de ********************, mediante el cual pretende ampliar su demanda, sin hacer mayor pronunciamiento, en razón de que por auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda interpuesta por los fundamento y motivos expuestos en dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 892/2023-I. Personalidad. Previo a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien la promueve; por ende, con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Oswaldo Ángel Gutiérrez García, el carácter de representante legal de Neyda Guadalupe Botello Chávez; lo que se acredita con la escritura pública número ciento treinta y cinco mil treinta y ocho (135,038) pasada ante la fe del licenciado Salvador Eugenio Lemus Quintanilla, Notario Público Número Uno, con ejercicio en la ciudad de Tijuana, Baja California, documental a la que se le otorga pleno valor demostrativo, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Desechamiento. Una vez analizado el escrito de demanda de amparo, este juzgado federal advierte que la misma debe desecharse de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este Juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en los siguientes: 1.- La omisión de dar respuesta a la denuncia de acoso presentada el dieciocho de julio de dos mil veintitrés. 2.- La orden de reincorporarse al Hospital General de Tijuana donde ha sufrido "Mobbing". 3.- La omisión de establecer mecanismos para prevenir y erradicar el acoso, violencia laboral, injurias e infamia sufrida por la quejosa. Asimismo, es de precisarse que la quejosa acude a esta instancia constitucional a promover demanda en contra del Director Doctor Clemente Zuñiga Gil; Jefe de Enseñanza Doctor Francisco Alejandro Gutiérrez Manjarrez; Coordinadora de Residencias Médicas de Urgencias Doctora Lizbeth Alvarado Peña; Jefe de Servicio de Urgencias Doctor Jesús Miguel Miranda Cuevas y del Director de Atención Médica, Doctor Manuel de Jesús Franco Solano, todos del Hospital General de Tijuana, por los actos que han quedado precisados con motivo de ser médico residente adscrita al Hospital General de Tijuana. Desechamiento por el acto consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veintitrés ante el Jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital General de Tijuana. De la lectura integral de la demanda de amparo y, atento a las siguientes consideraciones, se advierte que por el acto reclamado consistente en la falta de respuesta al escrito presentado por la quejosa el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, ante el Jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital General de Tijuana, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 constitucional, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De los preceptos transcritos, se advierte que el derecho de petición, consiste en que a toda solicitud formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término, situación que supone, por sí, una relación entre gobernante y gobernado de donde surge el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito; sin embargo, tanto su ejercicio como la obligación de respuesta deben cumplir con los siguientes elementos: Debe formularse de manera pacífica y respetuosa; Debe ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; y El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por lo que hace a la respuesta: La autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; Debe ser congruente con la petición; y La autoridad debe notificar el acuerdo recaído en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto. Tales afirmaciones se constatan del contenido de la jurisprudencia VI.1o.A. J/49 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, misma que a la letra dice: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." Así, debe destacarse que si bien el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no precisa el número de días en que deben contestarse las peticiones, respecto de la expresión usada por el constituyente "en breve término" a que se refiere el segundo párrafo del precepto citado, éste debe entenderse como aquel en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición respectiva, ya que deben tomarse en cuenta los trámites a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan, sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: "PETICION. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." [Énfasis añadido]. Así como la diversa tesis de jurisprudencia 470 de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." [Énfasis añadido]. Caso concreto. Ahora, en el caso tenemos que, la quejosa ejerció su derecho de petición a través del escrito que presentó ante el Jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital General de Tijuana el dieciocho de julio del presente año, según lo señala en el escrito de demanda, esto es, ocho días hábiles antes de la presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de julio de dos mil veintitrés); luego, es claro que ese tiempo resulta insuficiente para que la responsable estuviera en posibilidad de emitir contestación alguna. Además, no bastaba la sola emisión del acuerdo que le recayera, pues también es obligación de la autoridad su notificación, de manera, que si la demanda de amparo se promovió el treinta y uno de julio del año que transcurre, es decir, ocho días hábiles después de ejercer su derecho de petición; es evidente que la autoridad responsable no ha incurrido en la omisión atribuida, pues en suma, no ha transcurrido ese breve término; es decir, el tiempo racionalmente necesario no sólo para analizar y acordar sobre lo pedido, sino también para hacerlo del conocimiento de la parte quejosa. Lo anterior, precisamente porque el acto reclamado constituye el objeto o la materia propia del juicio de amparo, pues es respecto de aquél que el órgano de control constitucional debe decidir sobre su constitucionalidad o no, de ahí que de manera preferente, debe comprobarse su existencia, para después llevar a cabo el examen sobre su legalidad y resolver. De lo antes expuesto, se desprende que dicho acto no puede ser objeto del juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, deséchese la demanda, al advertirse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61 de la ley citada, en relación con el artículo 8 constitucional. Desechamiento de la demanda por el acto consistente en la orden de que se reincorpore al Hospital General de Tijuana donde ha sufrido Mobbing. Por otro lado, la demanda de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los normativos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto que la quejosa hace consistir en "El acto sin adecuado fundamento ni la debida motivación por el cual se le ordena se reincorpore al Hospital General de Tijuana donde ha sufrido Mobbing", al no haberse promovido dentro del término de los quince días que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora, a fin de explicar la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los normativos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, es necesario establecer que los citados numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De los preceptos transcritos, se obtienen los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo; donde como regla genérica se tiene el plazo de quince días hábiles, tomando en consideración las siguientes hipótesis para ser computados: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho plazo, se reputará consentido el acto, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el artículo 17 de la ley de la materia, pues en este evento, el plazo será de treinta días e incluso en cualquier tiempo. En apoyo a lo descrito se cita la jurisprudencia J/32 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". [Énfasis Añadido] En efecto, la promovente en su demanda de amparo precisa bajo protesta de decir verdad que el treinta de junio de dos mil veintitrés se le informó que debía reincorporarse a laborar al Hospital General de Tijuana y presentarse el cinco de julio de dos mil veintitrés, por lo que estima que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo feneció el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, puesto que la demanda se presentó hasta el treinta y uno de julio del presente año. En tal sentido, cabe señalar las manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad tienen valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 95, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por tratarse de una confesión expresa realizada en su escrito de demanda, dispositivo legal que señala: "Artículo 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita la que se presume en los casos señalados por la Ley". Ello encuentra sustento en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, de rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." De lo anteriormente transcrito se aprecia que en el presente asunto, se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b), descrito en párrafos previos, por lo que la presentación de la demanda de amparo por lo que hace al aludido acto reclamado resulta extemporánea, ya que no se presentó dentro del plazo de quince días a que alude el artículo 17, en relación con el segundo párrafo del artículo 111, ambos de la Ley de Amparo. Lo que se deduce de la manifestación hecha en el escrito de demanda pues de lo narrado por la propia promovente, se aprecia que tuvo conocimiento de la orden de reincorporarse a laborar al Hospital General de Tijuana y presentarse el cinco de julio de dos mil veintitrés, el treinta de junio de dos mil veintitrés, de lo que se sigue que los quince días para la presentación de la demanda de amparo, transcurrieron del tres al veintiuno de julio del año en curso, como a continuación se explica: JUNIO DE 2023 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 FECHA DE CONOCIMIENTO 29 30 31 JULIO DE 2023 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Conocedor del acto reclamado y sus efectos. Quince días para la interposición de la demanda de amparo. Días inhábiles. En tal virtud, si la demanda se presentó ante este juzgado mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, tal como se corrobora de la boleta de turno así como de la evidencia criptográfica de la firma electrónica del apoderado legal de la quejosa; es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser su presentación notoriamente extemporánea por lo que hace al acto reclamado precisado líneas atrás. Se cita la Tesis de Jurisprudencia número XI.1o.A.T. J/1(10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, consultable en la página 699, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo. En consecuencia, al no haber impugnado en forma oportuna el precitado acto, éste debe considerarse como consentido tácitamente, actualizándose así la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley reglamentaria. En apoyo a lo anterior, cabe citar por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado a fojas 235, del Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.- Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Igualmente es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/21 sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página doscientos noventa y uno, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En ese tenor, al tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el restante ordinal 113, de la legislación invocada, lo procedente es también desechar de plano la demanda de amparo promovida por lo que hace al referido acto reclamado. Desechamiento de la demanda por el acto reclamado consistente en la omisión de las responsables de establecer mecanismos para prevenir y erradicar el acoso, violencia laboral, injurias e infamia sufrida por la quejosa. Finalmente, de la demanda se tiene que la aquí quejosa reclama la omisión de establecer mecanismos para prevenir y erradicar el acoso, violencia laboral, injurias e infamia que dice sufrir como médico residente adscrita al Hospital General de Tijuana, lo que atribuye al Director Doctor Clemente Zuñiga Gil; Jefe de Enseñanza Doctor Francisco Alejandro Gutiérrez Manjarrez; Coordinadora de Residencias Médicas de Urgencias Doctora Lizbeth Alvarado Peña; Jefe de Servicio de Urgencias Doctor Jesús Miguel Miranda Cuevas y del Director de Atención Médica, Doctor Manuel de Jesús Franco Solano, todos empleados del Hospital General de Tijuana. Asimismo, como antecedentes del acto reclamado la quejosa señala que el pasado dieciocho de abril de dos mil veintitrés, denunció a las autoridades que señala como responsables, actos de infamia, amago y violencia por parte de compañeros médicos de mayor jerarquía; por lo que el veinticinco de abril del mismo año, fue reubicada al Hospital General de Rosarito a partir del primero de mayo de dos mil veintitrés. Posteriormente, con fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, fue informada que debía de reincorporarse a laborar al Hospital General de Tijuana y presentarse el cinco de julio de dos mil veintitrés, mientras que, a su decir, continúa el hostigamiento, malos tratos, infamia e injurias a su persona. Actualización de improcedencia de amparo En el presente caso, se estima que por lo que hace al mencionado acto reclamado también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. En efecto, los artículos citados en primer término establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...]" De conformidad con lo anterior el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral obligatoria, o bien, aquélla que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También tendrán la calidad de autoridades responsables, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados anteriormente, cuyas funciones están determinadas por una norma general. En cuanto a este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Lo anterior, de acuerdo con la tesis 2a. CCIV/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Cuando falte alguna de dichas características en un ente, es evidente que no se estará en presencia de actos de autoridad. La naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente contra ese tipo de actos; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares. Para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, las partes están en el mismo nivel. En las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De lo expuesto se advierte que el carácter de autoridad responsable deriva de la relación de supra a subordinación de ésta con un particular. Pues bien, como se estableció en apartados previos, la quejosa Neyda Guadalupe Botello Chávez reclama del Director Doctor Clemente Zuñiga Gil; Jefe de Enseñanza Doctor Francisco Alejandro Gutiérrez Manjarrez; Coordinadora de Residencias Médicas de Urgencias Doctora Lizbeth Alvarado Peña; Jefe de Servicio de Urgencias Doctor Jesús Miguel Miranda Cuevas y del Director de Atención Médica, Doctor Manuel de Jesús Franco Solano, todos adscritos al Hospital General de Tijuana, la omisión de establecer mecanismos para prevenir y erradicar el acoso, violencia laboral, injurias e infamia sufridos como médica residente adscrita a dicho hospital de salud pública. Asimismo, de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara, manifiesto, que la quejosa reconoce tener una relación laboral con las autoridades señaladas como responsables y que el treinta de junio de dos mil veintitrés, le fue informado que debería de reincorporarse a laborar a las instalaciones del Hospital General de Tijuana, donde a su decir sufre hostigamiento laboral, malos tratos, infamia e injurias a su persona por parte de sus superiores jerárquicos (mobbing). De igual manera, se tiene la certeza y plena convicción, indudable, de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque en el escrito de demanda, la parte quejosa realiza diversas manifestaciones en el sentido de que tiene, una relación laboral con las autoridades que señala como responsables y la omisión de establecer mecanismos para prevenir y erradicar el acoso, violencia laboral, injurias e infamia que afirma sufre como médica residente adscrita a dicho hospital de salud pública, que señala como acto reclamado, se da dentro de la relación laboral que mantiene con las autoridades señaladas como responsables adscritas a dicho nosocomio. Lo anterior es así, en virtud de que la omisión reclamada, es derivada de la relación laboral entre ambos; es decir, se da en el ámbito de una relación de coordinación e igualdad, ello en atención al vínculo laboral que mantiene la quejosa con las autoridades que señala como responsables, y por ese motivo no se está en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Así, resulta claro que el acto reclamado deriva de una relación obrero-patronal, esto es, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que las cuestiones de las que se adolece la parte quejosa tienen su origen en una relación de trabajo regidas por el derecho laboral burocrático donde las partes se encuentran en un plano de igualdad por ser de carácter contractual. Por ello la actuación reclamada no puede considerarse como acto de autoridad, pues si bien el acto reclamado pudiese afectar la situación jurídica de la quejosa en su carácter de médico residente al no erradicarse los actos de acoso laboral de que se duele, lo cierto es que ello no puede ser analizado en esta instancia constitucional al derivar tal cuestión de una relación de coordinación y no así de supra-subordinación, al fungir las autoridades responsables como ente patronal de la quejosa. Luego, es evidente que entre la quejosa y las autoridades responsables subyace un vínculo empleado-patrón; por ende, nos encontramos ante una relación de coordinación y no de subordinación (gobierno-gobernado), cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional. Ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como ente patronal, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacer valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante las autoridades competentes, pues el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto que ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación (trabajador-patrón) la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que en el juicio de amparo únicamente pueden resolverse las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que puedan considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral suscitadas entre el trabajador y su empleador. Ya que atendiendo a las manifestaciones de la quejosa en la demanda de amparo, en el sentido de que aduce haber sido víctima en diversas formas de acoso laboral (MOBBING), se le hace del conocimiento que cuenta con diversas vías para ver restablecidos los derechos transgredidos a consecuencia del mismo. De manera tal que si la parte quejosa pretende la rescisión del contrato por causas imputables al empleador -sustentadas en el acoso laboral (mobbing)- ese reclamo debe verificarse en la vía laboral. Si, por otro lado, sufre una agresión que pueda considerarse como delito, tendrá la vía penal para lograr que el Estado indague sobre la responsabilidad y, en su caso, sancione a sus agresores. Asimismo, podrá incoar la vía administrativa si pretende, que se sancione al servidor público que incurrió en el acto ilícito, o en su defecto, la civil, si demanda una indemnización por los daños sufridos por esa conducta. De ahí que cada uno de esos procedimientos dará lugar a una distribución de cargas probatorias distintas, según la normativa sustantiva y procesal aplicable al caso específico, a la que la parte quejosa deberá sujetarse una vez que opte por alguna de ellas. Lo anterior, como lo sostuvo la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCL/2014 (10a.), de la de rubro y contenido siguientes: "ACOSO LABORAL (MOBBING). LA PERSONA ACOSADA CUENTA CON DIVERSAS VÍAS PARA HACER EFECTIVOS SUS DERECHOS, SEGÚN LA PRETENSIÓN QUE FORMULE. La persona que sufre daños o afectaciones derivadas del acoso laboral (mobbing) cuenta con diversas vías para ver restablecidos los derechos transgredidos a consecuencia de esa conducta denigrante. Al respecto, se parte de la base de que la verificación de ese tipo de comportamiento genera daños y afectaciones en el trabajador acosado, quien posee una serie de soluciones o alternativas legales para demandar lo que estime necesario, las cuales se traducen en diferentes acciones que la ley prevé como mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y el recurso judicial efectivo a que se refieren los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Ley General de Víctimas, según lo que el afectado pretenda obtener. Así, por ejemplo, si pretende la rescisión del contrato por causas imputables al empleador -sustentadas en el acoso laboral (mobbing)- ese reclamo debe verificarse en la vía laboral; si, por otro lado, sufre una agresión que pueda considerarse como delito, tendrá la penal para lograr que el Estado indague sobre la responsabilidad y, en su caso, sancione a sus agresores; asimismo, podrá incoar la vía administrativa si pretende, por ejemplo, que se sancione al servidor público que incurrió en el acto ilícito, o la civil, si demanda una indemnización por los daños sufridos por esa conducta; de ahí que cada uno de esos procedimientos dará lugar a una distribución de cargas probatorias distintas, según la normativa sustantiva y procesal aplicable al caso específico, a la que el actor deberá sujetarse una vez que opte por alguna de ellas." Desechamiento En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, como se ha visto, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, igualmente se desecha de plano la demanda de amparo por el acto que ha quedado precisado. Precisión. Finalmente, no pasa inadvertido para el suscrito la existencia de la jurisprudencia 54/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Sin embargo, el indicado criterio jurisprudencial no puede adoptarse como regla general, es decir, que lo relativo a si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en todos los casos constituye un estudio impropio del auto de inicio. Lo anterior, en virtud de que dicho criterio fue objeto de denuncia en la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, en cuya ejecutoria medularmente determinó que las consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 297/2011, que dio origen a la mencionada jurisprudencia 54/2012 (10a.), de ninguna manera sostienen que lo ahí resuelto sea aplicable, en forma generalizada, a cualquier juicio de amparo y que, por ende, nunca sea posible resolver en el auto inicial del juicio constitucional, si un acto reclamado tiene o no el carácter de autoritario. En cambio, la Segunda Sala clarificó que su intención al resolver la citada contradicción de tesis, no fue establecer que en dicha actuación los jueces siempre están impedidos para determinar que un acto proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración; sino que señaló, que ello se advierte del propio texto de aquella ejecutoria, en la que en todo momento se delimitó que el punto de divergencia, se acotó a los supuestos que en concreto dieron origen a la contradicción de tesis 297/2011. Esto es, a los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado, específicamente, el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público. De tal forma que el examen relativo a si el auto inicial de la demanda de amparo es la actuación procesal oportuna para analizar de forma particular, si un acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, no se llevó a cabo de manera abstracta y generalizada para todos los casos donde tenga que determinarse si el acto reclamado proviene de una autoridad. Con base en ello, se determinó declarar infundada la solicitud de sustitución, no obstante, con apoyo en el argumento de brindar mayor certeza jurídica a los particulares, así como a los órganos jurisdiccionales y a fin de que el rubro de la jurisprudencia 54/2012 (10a.) reflejara con toda concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar su localización, la Segunda Sala determinó que era procedente aclarar tal criterio para quedar como sigue: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." Por tanto, se estima que el criterio aplicable a la resolución de este asunto es la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (con número de registro electrónico 2007580) emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito , visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 1224 del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento". La anterior determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que la naturaleza del acto reclamado se conoce desde este momento procesal y el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, especialmente que aún y cuando se llegare a recabar el informe, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlo a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. Acotado lo anterior, cabe abundar que el presente pronunciamiento, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, dado que ello no significa que deban pasarse por alto los presupuestos procesales y las causas de improcedencia cuyo estudio son de orden público. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Oswaldo Ángel Gutiérrez García, dado que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Juicio en línea y notificaciones electrónicas. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo del año en curso, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico para consulta en la modalidad de juicio en línea. De igual manera, dado que autoriza expresamente la vía electrónica para oír y recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan de esa manera. Por otra parte, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen por ese medio, en el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, realice la autorización para la consulta y notificación personal de los acuerdos emitidos en ese sentido a la parte quejosa, a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "medicojurista". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes
- Osiel Jomely Valdez Barrios1321/2019
- Osiris Orozco Enriquez417/2022
- Ossiris Aguiar Borquez589/2023
- Osvaldo Cervantes Echeverria699/2021
- Osvaldo Espinoza Nuño357/2022
- Osvaldo Oriza Osorio992/2022
- Oswaldo Mario Mendoza Velasquez828/2021
- Oyuky Leticia Meza Martinez865/2023
- Pablo Adrian Cruz Cosio1108/2019
- Pablo Alejandro Alvarez Madriz90/2018
- Pablo Alejandro Parra Partida402/2022
- Pablo Calva Castañeda824/2019