Oswaldo Amado Villegas Caravantes
Expediente 1049/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oswaldo Amado Villegas Caravantes
Actuaciones
- Principal
MESA I-A "... Vistos los autos y certificación que antecede... como no se interpuso recurso de revisión dentro del plazo establecido... contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio... se declara que dicho auto ha causado estado..., archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
MESA I-A "... Agréguese el oficio del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y anexo, ... rinde su informe justificado ...., se tiene por anunciada la prueba documental que anexa como justificación a su informe, la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 77 fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: .... En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de acordar sus escritos de quince de septiembre y quince de octubre ambos de dos mil diecinueve, a través de las cuales, mediante el primero de ellos, demandó divorcio incausado, mientras que por el segundo, solicitó al Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que la demandada fuera emplazada a juicio. Ahora, de las documentales remitidas por la autoridad responsable Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, con valor probatorio pleno ....; se advierte que: El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable acordó los escritos de quince de septiembre y quince de octubre ambos de dos mil diecinueve, mismo que le notificó el veintidós de noviembre pasado. Entonces, si el quejoso, señaló como acto reclamado la omisión de acordar sus escritos de quince de septiembre y quince de octubre ambos de dos mil diecinueve, es inconcuso que, si bien, existió la omisión de acordar sus escritos correspondientes, sin embargo, ésta ya no puede surtir efecto legal o material alguno, pues como se dijo, ya se acordó y dictó el proveído correspondiente. De manera que, es evidente la modificación del entorno en el cual se actualizó el acto reclamado, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, lo que derivado de sus escritos de quince de septiembre y quince de octubre ambos de dos mil diecinueve, en la que acordó dichos escritos, impide que el acto aquí reclamado y sus efectos trasciendan a la esfera jurídica del quejoso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, respecto a dicho acto reclamado, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en los artículos 61 fracción XXI, 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulta innecesario esperar resolver este juicio a las nueve horas cincuenta minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que del contenido del informe rendido por la autoridad responsable se advierte la cesación de los efectos del acto reclamado, y permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo; por tanto, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Cabe precisar, que en el caso resulta improcedente la ampliación de la demanda contra el proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, dictado en el juicio familiar *****, a través del cual se atendió los escritos de presentados por el quejoso el quince de septiembre y quince de octubre ambos de dos mil diecinueve, toda vez que contra dicha actuación el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, de conformidad con la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, 170, fracción I, 171, párrafo primero y 172 de la Ley de Amparo, que establecen: .... Los artículos transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación, y no cuando se trata de violaciones procesales que se extinguen en el tiempo. Así mismo, que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo que rige este acuerdo (publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación) en su artículo 107 fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, hoy día para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, si no que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de aquel criterio, por su incompatibilidad con el nuevo texto legal. .... Como se ve, el auto de veintiuno de noviembre del año en curso, dictado en el juicio familiar *****, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, no constituye un acto de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, pues no afecta de modo directo e inmediato materialmente derechos que revistan la categoría de "sustantivos", que tiene en su favor el justiciable, contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sino se insiste cuestiones que inciden únicamente en un presupuesto procesal. Tanto así, que existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación procesal desaparezcan, esto es, dicho acuerdo no trae consigo una resolución condenatoria; en este último caso, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos materialmente sustantivos del amparista, pero en todo caso, tal afectación tendría que ser reparada mediante el amparo directo que se promoviera contra la sentencia desfavorable. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, PREVIO AVISO. CONSTE)
- Principal
MESA I-A "... Vista la demanda de amparo promovida por ******* contra actos del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1049/2019. ..., se admite la demanda de garantías de cuenta, SIN INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. .., pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita ..; TAMBIÉN, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para celebrar la audiencia constitucional. .., emplácese a juicio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. ...; se tiene por anunciadas las pruebas de actuaciones y presuncional legal y humana, mismas que se relacionarán en la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizada, en los términos que precisa a la persona que menciona. .., en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, ..., hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."
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