Oswaldo Agustin Paredes Pech
Expediente 539/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Oswaldo Agustin Paredes Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por interconexión, con evidencia criptográfica, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del original del expediente en que se actúa, así como del original y copia del escrito de expresión de agravios, mismos que le fueran enviados por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la tercero interesada Cristina Oliva Torres, contra la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo 539/2023, del índice de este órgano de control constitucional; asimismo, informa que se admitió el citado recurso, quedando registrado con el número de toca 486/2023. De lo que esta Juzgadora Federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por ******************** por su propio derecho y en su carácter de tercero interesada en el presente juicio de amparo, mediante el cual interpone el recurso de revisión contra la sentencia emitida el doce anterior, mismo que contiene su expresión de agravios. En tal virtud, téngase a la tercero interesada de marras, interponiendo el citado recurso de revisión y expresando los agravios que estimó pertinentes. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la admisión de dicho recurso a la parte quejosa, así como a las demás autoridades responsables, y entrégueseles copia simple del escrito de expresión de agravios. Hecho que sea lo anterior, dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el expediente original al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, así como el anexo respectivo, junto con el original del citado escrito de interposición del recurso de mérito y la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia constitucional. En Mérida, Yucatán, a las diez horas con nueve minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés, día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 539/2023-VII, promovido por Oswaldo Agustín Paredes Pech y Gloria Guadalupe Suaste Chan, por su propio derecho; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. En este acto, el Secretario hace constar que no obra en autos el informe justificado requerido a la Actuaria adscrita a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, a pesar de encontrarse debidamente notificada para tal efecto. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por presuntivamente cierto el acto que se le reclama. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena al Secretario hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo y su escrito ampliatorio; b) Autos admisorio de la demanda y de su ampliación; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Informe Justificado de la Junta responsable. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la Junta responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda; y con las documentales exhibidas por la Junta responsable. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta el Secretario, mismas que, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado da cuenta con las manifestaciones vertidas por la parte tercero interesada. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de cuenta; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Visto, para resolver el juicio de amparo 539/2023-VII. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el quince de febrero de dos mil veintitrés, Oswaldo Agustín Paredes Pech y Gloria Guadalupe Suaste Chan, por su propio derecho, promovieron juicio de amparo directo, reclamando de dicha Junta, así como de la Actuaria de su adscripción, medularmente, el emplazamiento que les fue practicado al juicio reclamatorio laboral 587/2018, así como todo lo actuado con posterioridad al llamamiento a juicio, incluido el laudo emitido en el mismo y todas sus consecuencias jurídicas. Dicha demanda de amparo directo fue turnada al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, registrándose con el número de toca 221/2023; siendo que por proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dicho órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda, declinando competencia a favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Yucatán. SEGUNDO. La indicada demanda fue turnada a este órgano de control constitucional el treinta de marzo de dos mil veintitrés, siendo que mediante acuerdo de treinta y uno siguiente, se aceptó la competencia planteada y se admitió la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno bajo el expediente 539/2023-VII; se solicitó al Actuario responsable su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, lo que se realizó oportunamente, como consta en el cuaderno de amparo; y, finalmente, se celebró la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La precisión del acto reclamado, debe realizarse de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Para ello, debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De manera que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, el emplazamiento que le fue practicado al juicio reclamatorio laboral 587/2018, así como todo lo actuado con posterioridad al llamamiento a juicio, incluido el laudo emitido en el mismo y todas sus consecuencias jurídicas. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad señalada como responsables Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, al rendir su informe justificado, precisó que es cierto el acto que se le atribuye. Por su parte, la Actuaria adscrita a la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, no rindió su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada para tal efecto; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto que se le reclama. Siendo que la existencia del precitado acto reclamado se corrobora, además, del original del juicio reclamatorio laboral 587/2018, remitido por la Junta de origen, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INVOCADA. En el caso a estudio, la parte tercero interesada manifiesta que el juicio de amparo deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en virtud de que contra el emplazamiento combatido, la parte quejosa interpuso el incidente de nulidad de notificaciones. Sin embargo, dicha causal de improcedencia no se actualiza en la especie, cuenta habida que el recurso en cuestión fue desechado por la Junta responsable, el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, por notoriamente improcedente, toda vez que en el controvertido de origen ya se había dictado el laudo correspondiente, por lo que no era factible analizar el precitado llamamiento a juicio. Por tanto, es obvio que, a la fecha de admisión de la demanda de amparo que nos atañe, no se encontraba en trámite un recurso ordinario a través del cual fuera factible revocar el emplazamiento tildado de ilegal. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia visible en la página 15, del Tomo XII, Diciembre de 200, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Máxime, que el hecho que la parte quejosa hubiere promovido simultáneamente el presente juicio de amparo e interpuesto el incidente de nulidad contra el emplazamiento llevado a cabo en el controvertido de origen, no significa que haya consentido el acto reclamado y que, por tanto, deje de ser tercero extraño por equiparación al procedimiento, precisamente debido a que el incidente de nulidad no es el medio ordinario de defensa idóneo que deje insubsistente el ilegal emplazamiento de que se duele en la vía constitucional, pues en materia laboral, una vez pronunciado el laudo, no es posible jurídicamente impugnar la falta o ilegalidad del emplazamiento, sino únicamente a través de la vía constitucional. Por tanto, la jurisprudencia antes invocada, debe interpretarse en términos hábiles, en el sentido de que el Juzgador de Amparo, debe cerciorarse si el recurso ordinario que se hubiera interpuesto por la parte quejosa en el juicio natural, admitido y que se encuentra en trámite simultáneamente al juicio de garantías, constituye el medio idóneo que deje insubsistente el acto reclamado, lo cual no acontece en la especie, como quedó visto con antelación, cuenta habida que la incidencia en cuestión fue desechada, por notoriamente improcedente, además de ser de explorado derecho que la misma no es susceptible de revocar un llamamiento a juicio cuando ya se ha dictado el laudo en el proceso de origen. Es dable citar, como sustento de lo antes ponderado, por identidad de razón, la tesis visible en la página 1424, del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto rezan: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EL INCIDENTE PROMOVIDO POR UN TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN, POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DEFINITIVA E INTERPUESTO EL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE REMATE, ESTANDO EN TRÁMITE EL JUICIO DE GARANTÍAS NO ENTRAÑA CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO POR NO SER LOS MEDIOS IDÓNEOS PARA DESVIRTUAR LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La circunstancia de que el quejoso, estando en trámite el juicio de garantías, haya comparecido al juicio natural en la etapa de ejecución de sentencia para hacer valer el incidente de nulidad de actuaciones en contra del emplazamiento, e interpuesto recurso de apelación en contra de la resolución de aprobación de remate, no significa que haya consentido el acto reclamado y que, por tanto, deje de ser tercero extraño por equiparación al procedimiento, debido a que, por una parte, el incidente de nulidad no es el medio ordinario de defensa idóneo que deje insubsistente el ilegal emplazamiento de que se duele en la vía constitucional, pues en materia civil, una vez pronunciada la sentencia de fondo, no es posible jurídicamente impugnar la falta o ilegalidad del emplazamiento, sino únicamente a través de la vía constitucional y, por otra parte, por lo que hace a la resolución que llegare a dictarse en el recurso de apelación en contra de la aprobación de remate decretada por el a quo, ésta, en todo caso, se ocuparía de analizar lo relativo al remate como es el avalúo, las convocatorias, o la forma de celebrar la almoneda, pero no podría ocuparse de anular la sentencia definitiva y las actuaciones anteriores por irregularidades en el emplazamiento. Por tanto, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.", debe interpretarse en términos hábiles, en el sentido de que el juzgador de amparo debe analizar si el recurso ordinario que se hubiera interpuesto por el quejoso en el juicio natural, admitido y que se encuentra en trámite simultáneamente al juicio de garantías, constituye el medio idóneo que deje insubsistente el acto reclamado, pues de no ser así, la causal de improcedencia a que se refiere el criterio en estudio no operaría; considerarlo de otra manera atentaría contra la tendencia que prevalece en el Máximo Tribunal de abrir la procedencia del juicio constitucional y evitar que los criterios jurisdiccionales referentes a la improcedencia del juicio se constituyan en verdaderas trampas que hagan inaccesible la Justicia Federal." QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Al no haber hecho valer las partes la actualización de alguna diversa causa de improcedencia, ni advertirse de manera oficiosa alguna que deba ser estudiada de acuerdo a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, a través de los conceptos de violación expuestos, sin que sea necesaria su transcripción al no existir disposición que obligue a ello, acorde a la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." En ese sentido, primeramente, debe precisarse que, en el presente asunto, la parte quejosa se ostenta con el carácter de tercero extraña al juicio de origen, por equiparación. Por tanto, antes de entrar al estudio de fondo, cabe precisar que para efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Es "tercero extraño equiparado o por equiparación", quien es parte formal en un juicio o en procedimiento, pero no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora bien, una vez sentado lo anterior, debe decirse que, en sus conceptos de violación, la parte inconforme aduce, en síntesis, que se conculcan en su perjuicio las garantías previstas por los artículos 14, 16 Y 123 de la Carta Magna, porque no fue legalmente emplazada al juicio reclamatorio laboral 587/2018, promovido en su contra por Cristina Oliva Torres. En ese sentido, en su cuarto concepto de violación, la parte quejosa alega que la Actuaria responsable, al realizar las diligencias de citación y emplazamiento al juicio reclamatorio laboral de marras, omitió dejarle documento alguno, lo que la dejó en estado de indefensión, al inobservar los requisitos a que alude el numeral 743 de la Ley General del Trabajo. Además de que la diligencia se entendió con Sara Ake Tun, quien la época en que aconteció el llamamiento a juicio, era menor de edad, por lo que el mismo se encuentra viciado de origen. Los planteamientos que anteceden son esencialmente fundados; esto es así, primeramente, en virtud de que la Actuaria responsable omitió dejar a la parte demandada, aquí quejosa, la cédula de notificación de la diligencia de emplazamiento respectiva, no obstante que era su obligación entregarla a la persona con la que entendió dicha diligencia, de conformidad con el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis 318/2011, marcada con el número 2a./J. 22/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2901, del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES PERSONALES (PRIMERA O ULTERIOR) EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE DEJARSE LA CÉDULA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De la interpretación literal, armónica, histórica y teleológica de los artículos 742 a 744 y 751 de la Ley Federal del Trabajo deriva que, sin importar que sea la primera o ulterior notificación personal, debe dejarse la cédula a que se refiere el último de los artículos citados, junto con la resolución cuya notificación se ordenó de manera personal, por ser la forma de dar certeza respecto de la diligencia relativa." Bajo este contexto, era menester que la fedataria responsable hubiera dejado la cédula de notificación de la diligencia de emplazamiento practicada a la citada parte quejosa, con la persona que entendió la misma, para que existiera certeza de que ésta tuvo conocimiento de los datos antes señalados del juicio de origen, a efecto de que estuviera en posibilidad de preparar su defensa en él; lo que no aconteció en la especie. Para llegar a la anterior conclusión, se estima necesario transcribir las diligencias de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, que obran en el juicio 587/2018 de origen: "NOTIFICADO: LA C. GLORIA SUASTE CHAN. En la Ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 14:05 HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, la suscrita Actuaria de la Junta Especial Número Cuatro, me constituí en el domicilio señalado en autos de la demandada LA C. GLORIA SUASTE CHAN, ubicado en el predio 290-C de la calle 69 con 28 y 28-A de la colonia Azcorra de esta ciudad de Mérida, Yucatán, con el objeto de notificarle el acuerdo de fecha Seis de Agosto del año dos mil dieciocho, dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Asimismo a la persona con quien entiendo la diligencia con la C. SARA AKE TUN, quien manifestó laborar en el domicilio antes mencionado, le requiero la presencia de la demandada arriba mencionada y me informa, que dicha demandada no se encuentra, a pesar de haber dejado citatorio con anterioridad. RAZÓN PARA COPIA DE AUTOS: Recibe la C. SARA AKE TUN, quien no se identifica en este momento, quien manifestó laborar en el domicilio antes mencionado, por lo que con fundamento en el artículo 743 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, procedo a notificarle y entregarle a la persona con quien entiendo la diligencia copia el acuerdo de Seis de Agosto del año dos mil dieciocho, dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el cual contiene la fecha y hora para el desahogo de la Audiencia de Ley así como los apercibimientos decretados en caso de su inasistencia, y copia cotejada del escrito inicial de demanda, manifestándome que recibe las copias que le hago entrega. No firma al margen de la presente diligencia, por no creerlo necesario, pero si firma de recibido el original de la audiencia que en este acto se le corre debido traslado de una copia cotejada y autorizada para todos los efectos legales que correspondan. En la inteligencia que me cercioré de que era el lugar para practicar la notificación por así manifestarlo la persona con quien se entiende esta diligencia, asimismo la dirección coincide con los datos proporcionados en autos. DOY FE. LA ACTUARIA LICENCIADA GUADALUPE MADERO PALMA ADSCRITA A ESTA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO." "NOTIFICADO: EL C. OSWALDO PAREDES PECH. En la Ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 14:10 HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, la suscrita Actuaria de la Junta Especial Número Cuatro, me constituí en el domicilio señalado en autos del demandado EL C. OSWALDO PAREDES PECH, ubicado en el predio 290-C de la calle 69 con 28 y 28-A de la colonia Azcorra de esta ciudad de Mérida, Yucatán, con el objeto de notificarle el acuerdo de fecha Seis de Agosto del año dos mil dieciocho, dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Asimismo a la persona con quien entiendo la diligencia con la C. SARA AKE TUN, quien manifestó laborar en el domicilio antes mencionado, le requiero la presencia del demandado arriba mencionado y me informa, que dicha demandada no se encuentra, a pesar de haber dejado citatorio con anterioridad. RAZÓN PARA COPIA DE AUTOS: Recibe la C. SARA AKE TUN, quien no se identifica en este momento, quien manifestó laborar en el domicilio antes mencionado, por lo que con fundamento en el artículo 743 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, procedo a notificarle y entregarle a la persona con quien entiendo la diligencia copia el acuerdo de Seis de Agosto del año dos mil dieciocho, dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el cual contiene la fecha y hora para el desahogo de la Audiencia de Ley así como los apercibimientos decretados en caso de su inasistencia, y copia cotejada del escrito inicial de demanda, manifestándome que recibe las copias que le hago entrega. No firma al margen de la presente diligencia, por no creerlo necesario, pero si firma de recibido el original de la audiencia que en este acto se le corre debido traslado de una copia cotejada y autorizada para todos los efectos legales que correspondan. En la inteligencia que me cercioré de que era el lugar para practicar la notificación por así manifestarlo la persona con quien se entiende esta diligencia, asimismo la dirección coincide con los datos proporcionados en autos. DOY FE. LA ACTUARIA LICENCIADA GUADALUPE MADERO PALMA ADSCRITA A ESTA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO." Como puede verse, en la razón relativa, la Actuaria responsable solo asentó en las diligencias de llamamiento a juicio, de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, que corrió traslado con copia autorizada del acuerdo de seis anterior y copia cotejada de la demanda; sin embargo, ello no subsana la falta de entrega de la cédula de notificación respectiva a que estaba compelida, en términos del invocado numeral 751 en relación con la pretranscrita jurisprudencia. Ciertamente, del criterio jurisprudencial citado se advierte que, efectivamente, la fedataria responsable, en las diligencias de emplazamiento, estaba obligada a dejar la cédula de notificación, que contendrá los requisitos que establece el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que en dicho documento se hará constar, el lugar, día y hora en que se practique la notificación, el número de expediente, el nombre de las partes, el nombre y domicilio de la persona que deba ser notificada, debiéndole anexar copia autorizada de la resolución que se notifica, a fin de dar certeza a la diligencia de referencia; lo que en la especie, como se reitera, no aconteció, puesto que la fedataria omitió dejar la cédula de notificación a la parte demandada, hoy quejosa, al momento de practicar la diligencia respectiva. En mérito de lo anterior, al no haber dejado la Actuaria responsable, la cédula de notificación a que se encontraba obligada, se pone de manifiesto la ilegalidad de las diligencias de emplazamiento reclamadas. Ello, cuenta habida que, ante la referida omisión, es evidente que el emplazamiento de la parte demanda no se realizó como lo ordena la ley, pues constituyendo lo señalado una formalidad esencial del procedimiento y, por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia; en consecuencia, cuando se incurre en la referida omisión, las diligencias deben considerarse ilegales, porque contrarían el texto de los artículos 742, 743 y 751 de la Ley Federal del Trabajo, de cuya interpretación armónica y sistemática se tiene que el emplazamiento que haga el Actuario a alguna de las partes, puede practicarse: 1) directamente al interesado o a su autorizado, si está presente cualquiera de ellos, el mismo día en que se dicte la resolución si concurrieren al local de la Junta, o en el domicilio que se hubiese designado; y, 2) de no hallarse presente, se le dejará copia de la resolución autorizada por el Actuario; si la casa o el local estuviere cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo. En ambos casos, el fedatario asentará razón en autos, dejando con la persona que lo atienda, o fije en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo, aparte de la copia autorizada a notificar, la cédula de notificación, en la que se asientan los datos, tal y como se exige en el artículo 751, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, mismo numeral que dispone que la cédula de notificación contendrá por lo menos el lugar, día y hora en que se practique la notificación, el número de expediente, el nombre de las partes, el nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas, copia autorizada de las resoluciones que se notifican que se anexarán a la cédula, en su caso, el nombre de la persona a quien se dejó la copia autorizada, o la circunstancia de que la dejó fijada en la puerta de entrada, por lo que en el caso, la Actuaria estaba obligada a entregar la referida cédula de notificación, asentando la razón de ello en el acta respectiva, por lo cual, al no existir constancia del original de la cédula que debió entregar al practicar los emplazamientos, ni tampoco haber hecho constar su entrega a la parte demandada, incumplió con la formalidad de mérito, de ahí que el emplazamiento de la parte demandada, aquí quejosa, fue ilegal. En apoyo de las anteriores consideraciones, se cita la tesis aislada número 90, sostenida por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1812, del Tomo XX, del mes de septiembre de 2004, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario reza: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA DE TRABAJO. CUANDO SON PRACTICADAS CON PERSONA DISTINTA AL INTERESADO O SU REPRESENTANTE, PARA SU VALIDEZ ES NECESARIO QUE AL REALIZARSE SE ADJUNTE A LA COPIA AUTORIZADA DE LA RESOLUCIÓN A NOTIFICAR, LA CÉDULA RESPECTIVA. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 742, 744 y 751 de la Ley Federal del Trabajo, se tiene que la notificación personal que haga el actuario a alguna de las partes, ya sea que se ordene por la autoridad laboral o por disposición de la ley, y que no sea la primera en el juicio, puede practicarse: 1) directamente al interesado o a su autorizado, si está presente cualquiera de ellos, el mismo día en que se dicte la resolución si concurrieren al local de la Junta, o en el domicilio que se hubiese designado; y, 2) de no hallarse presente, se le dejará copia de la resolución autorizada por el actuario; si la casa o el local estuviere cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo. En ambos casos el fedatario asentará razón en autos; sin embargo, tratándose de la segunda hipótesis, para dar certidumbre jurídica al acto de notificación personal, el actuario debe dejar con la persona que lo atienda, o fije en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo, aparte de la copia autorizada, la cédula de notificación a que alude el precepto 751 de la ley laboral, en la que se asienten los datos establecidos en la legislación laboral, tales como día, hora, lugar en que se practique la notificación, el número de expediente, el nombre de las partes, el nombre y domicilio de la persona que deba ser notificada; en su caso, el nombre de la persona a quien se dejó la copia autorizada, o la circunstancia de que la dejó fijada en la puerta de entrada. Y es así, porque no puede inferirse que la cédula a que se refiere el artículo 751 sea utilizada exclusivamente para el emplazamiento o la primera notificación, sino para todas las notificaciones ulteriores que tengan el carácter de personales, para cualquiera de los contendientes y se esté en la segunda hipótesis, es decir, que no se hallare presente el interesado o su representante en el domicilio indicado en autos, o que el mismo estuviere cerrado, pues la norma no hace distinción." Del mismo modo, de las diligencias de llamamiento a juicio transcritas con antelación, se advierte que las mismas fueron entendidas con Sara Ake Tun; empero, en la época en que las mismas tuvieron verificativo, esto es, el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, la citada Ake Tun era menor de edad, por lo que tales diligencias devienen nulas. Se afirma lo anterior, cuenta habida que, adjunta a su demanda de amparo, la parte quejosa exhibió copia certificada del acta de nacimiento de Sara del Pilar Ake Tun, emitida por el Director del Registro Civil del Estado, de la que se desprende que aquélla nació el nueve de noviembre de dos mil uno, por lo que el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en que los emplazamientos reclamados se entendieron con ella, contaba con la edad de dieciséis años. Debiéndose indicar que dicha documental cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo, al haber sido expedida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, además de no haber sido objetada de falsa por alguna de las partes. En ese sentido, es evidente que las diligencias de emplazamiento en cuestión, se entendieron con una persona que en la data en que tuvieron verificativo, era menor de edad, por lo que las mismas no pueden surtir efectos y, por ende, resultan ilegales. Esto, no obstante que la indicada Ake Tun hubiere referido, ante la fedataria judicial responsable, laborar que en predio en que las diligencias se llevaron a cabo; cuenta habida que conforme a lo dispuesto en los artículos del 22 al 24, 646 y 647 del Código Civil Federal, por regla general, las personas adquieren la capacidad de ejercicio con la mayoría de edad, esto es, a los dieciocho años cumplidos. Del mismo modo, el ordenamiento jurídico mexicano prevé diversas hipótesis o supuestos excepcionales en los que un menor de edad, esto es, una persona que no ha cumplido dieciocho años puede realizar actos con efectos jurídicos, tales como los artículos 22 y 22 Bis de la Ley Federal del Trabajo, los cuales permiten que los mayores de quince años presten sus servicios con las limitaciones establecidas por la ley y, a la vez, prohíben emplear a menores de esa edad. No obstante, el sistema jurídico nacional no contempla la posibilidad excepcional de que una diligencia de notificación surta plenos efectos jurídicos cuando se practica con un menor de edad, a diferencia de lo que sucede con el contrato de trabajo que éste celebre; de ahí que, por regla general, la diligencia de notificación de cualquier acto dirigida a un tercero, entendida con un menor de edad mayor de dieciséis años, que prestase al buscado un trabajo personal subordinado, no puede surtir plenos efectos jurídicos y, por ende, es ilegal. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia visible en la página 9, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN DE CUALQUIER ACTO. POR REGLA GENERAL, LA ENTENDIDA CON UN MENOR DE EDAD AUN CUANDO SEA EMPLEADO DEL BUSCADO, NO PUEDE SURTIR PLENOS EFECTOS JURÍDICOS Y, POR ENDE, ES ILEGAL. Conforme a lo dispuesto en los artículos del 22 al 24, 646 y 647 del Código Civil Federal, por regla general, las personas adquieren la capacidad de ejercicio con la mayoría de edad, esto es, a los 18 años cumplidos. Asimismo, el ordenamiento jurídico mexicano prevé diversas hipótesis o supuestos excepcionales en los que un menor de edad, esto es, una persona que no ha cumplido 18 años puede realizar actos con efectos jurídicos, tales como los artículos 22 y 22 Bis de la Ley Federal del Trabajo, los cuales permiten que los mayores de 15 años presten sus servicios con las limitaciones establecidas por la ley y, a la vez, prohíben emplear a menores de esa edad. No obstante, el sistema jurídico nacional no contempla la posibilidad excepcional de que una diligencia de notificación surta plenos efectos jurídicos cuando se practica con un menor de edad, a diferencia de lo que sucede con el contrato de trabajo que éste celebre; de ahí que, por regla general, la diligencia de notificación de cualquier acto dirigida a un tercero, entendida con un menor de edad mayor de dieciséis años, que prestase al buscado un trabajo personal subordinado, no puede surtir plenos efectos jurídicos y, por ende, es ilegal." En esa virtud, es notorio que el emplazamiento a juicio constituye una actuación judicial y un acto eminentemente jurídico, que por su finalidad es solemne y esencial para cumplir con el requisito constitucional de la debida audiencia, el cual únicamente puede llevarse a cabo con personas con plena capacidad de ejercicio; de tal manera que si se realiza a través de una persona menor de edad, como acontece en la especie, es ilegal, ya que si bien tiene capacidad de goce, carece de la diversa de ejercicio. Es dable citar en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia visible en la página 147, del Volumen 193-198, Cuarta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto rezan: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO POR CONDUCTO DE MENOR DE EDAD, ILEGALIDAD DEL. Es ilegal el emplazamiento a juicio hecho por conducto de persona menor de edad, por ser ésta incapaz y, por ende, no apta para que se entienda con ella un acto eminentemente jurídico, como la diligencia de emplazamiento, pues si bien el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no especifica que la persona con la que se practique el emplazamiento deba ser mayor de edad, si no se encontró a la que se llama a juicio, tal requisito se infiere de los artículos 8o., 11, 23, 450, 646 y 647, entre otros, del Código Civil para el Distrito Federal, todos de orden público, al tenor de los cuales un acto jurídico procesal de la importancia y trascendencia del emplazamiento, que constituye una actuación judicial y que por su finalidad es un acto solemne, esencial para cumplir con el requisito constitucional de la debida audiencia de la demandada, sólo puede llevarse a cabo con persona capaz, es decir, sin restricción alguna a su personalidad jurídica." En este orden de ideas, y conforme a los razonamientos trazados a lo largo de este considerando, es evidente que se infringieron en detrimento de los directos quejosos Oswaldo Agustín Paredes Pech y Gloria Guadalupe Suaste Chan, los derechos fundamentales tutelados por los artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo que procede otorgarle la protección constitucional impetrada, para el siguiente efecto: 1. Se deje sin efecto todo lo actuado en el juicio laboral 587/2018, a partir de las diligencias de emplazamiento llevadas a cabo el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, incluyendo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como la diversa de ofrecimiento y admisión de pruebas, y el laudo respectivo; y, 2. Hecho lo anterior, ordene realizar nuevamente el emplazamiento de los indicados demandados, observando las reglas que para ello prevé la Ley Federal del Trabajo. Dados los efectos para los que se concede el amparo a la parte quejosa, se hace innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación que se hacen valer, pues se satisfizo la pretensión de la parte impetrante, la cual consistía en que se dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio reclamatorio laboral 587/2018, y se reponga el procedimiento a partir de las diligencias de emplazamiento de los demandados impetrantes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 107, sostenida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 85, del tomo VI, materia común, de la Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo sumario reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Oswaldo Agustín Paredes Pech y Gloria Guadalupe Suaste Chan, por su propio derecho, contra el acto que reclamaron de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, así como de la Actuaria de su adscripción; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos y para los efectos expresados en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito firmado por la tercero interesada Cristina Oliva Torres. Primeramente, con fundamento en el numeral 12 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la tercero interesada, para oír y recibir notificaciones, y como su autorizado, el predio y persona a que hace mención en su ocurso de cuenta, con las limitaciones señaladas en el numeral antes invocado, derivado de que no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, téngase por señalados el correo electrónico y número de teléfono móvil indicados en su ocurso de cuenta, debiendo tenerse como medios alternativos de contacto con la parte tercero interesada. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales públicas, la de presunciones legales y humanas y la instrumental de actuaciones, mismas a que hizo referencia la parte ocursante en su escrito de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, debiéndose relacionar y tomar en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de la ocursante, para ser relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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