Oswald Urbieta González
Expediente 667/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oswald Urbieta González
- Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, con sede en Tuxtepec, Oaxaca
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede y toda vez que, el proveído de dieciocho de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto concluido y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 (Orden de archivo) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; este órgano jurisdiccional determina, que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General [aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado] por lo tanto: a) Es susceptible de destrucción; b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; c) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese el escrito de cuenta, suscrito por Oswald Urbieta González, mediante el cual, cumple la prevención formulada en proveído de seis de julio del año en curso y, al efecto, precisa: Que es su voluntad señalar como acto reclamado: el oficio VRC/0861/2023, de veinte de junio de dos mil veintitrés, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, con el cual da contestación a su escrito de ocho y presentado el nueve de junio del año en curso, ante la Vicefiscalía Regional de la Cuenca de Tuxtepec, Oaxaca. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Ahora bien, bajo la premisa contenida en el artículo anterior, resulta claro que antes de admitir a trámite la demanda de amparo, es pertinente examinar si ante todo, existe alguna causa de improcedencia que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En ese contexto, de la lectura integra de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I, de la misma ley, al no actualizarse una afectación directa ni actual a algún derecho sustantivo del quejoso. Pues la negativa de acceso a los registros de una carpeta de investigación, o el que no se le informe si existe denuncia en su contra, no irroga perjuicio al quejoso, quien refiere que no ha cometido ningún delito, pues no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que el acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se le dice que no se encuentra dentro de las hipótesis previstas en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el imputado o su defensor puedan tener acceso a los registros de una investigación; está exenta del control constitucional, porque no afecta algún derecho sustantivo, ni transgrede de manera directa un derecho humano. Es aplicable, la jurisprudencia PC.VI.P. J/3 P (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 3937, Libro 21, Enero de 2023, Tomo IV, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2025762, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN SENTIDO CONTRARIO, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al analizar si se actualiza la fracción IV o la V, interpretadas en sentido contrario, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, cuando el acto reclamado consiste en la orden de citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación, para que el quejoso comparezca a imponerse de los hechos denunciados en su contra y rinda su entrevista como imputado. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que la causal de improcedencia que se actualiza cuando el acto reclamado consiste en la citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación, para hacer saber al investigado los hechos denunciados y recabar su entrevista ministerial en calidad de imputado, es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, en sentido contrario, de la misma ley, al no actualizarse una afectación directa ni actual a la libertad del investigado o a algún otro de sus derechos sustantivos. Justificación: La fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de amparo en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, es la aplicable, en sentido contrario, para fundar la improcedencia del juicio de amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, cuando el acto sea la citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación para hacer saber al investigado los hechos imputados y recabar su entrevista por tratarse de un acto dictado por una autoridad ministerial, fuera de juicio, que no afecta de manera directa ni actual la libertad del quejoso investigado, por tratarse de una comunicación del Ministerio Público en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial dentro de una carpeta de investigación, en la que se le harán saber los hechos denunciados y la oportunidad que tiene de rendir o no su entrevista en ese momento, y si bien el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que para el caso de incumplimiento a una cita del Ministerio Público, el quejoso podrá incurrir en responsabilidad y ser sancionado conforme a las leyes penales aplicables, esa posibilidad está sujeta a condiciones futuras de realización incierta, esto es a la inasistencia del citado, y a que no exista justificación para su inasistencia, por lo cual, en este supuesto no se advierte una afectación directa y actual a la libertad del investigado o a algún otro de sus derechos sustantivos." Así también, es aplicable la jurisprudencia PC.VII.P. J/2 P (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página 2418, Tomo II, Libro 20, Diciembre de 2022, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2025594, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTAN SÓLO EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A DARLE INTERVENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN AL IMPUTADO, LA FALTA DE AFECTACIÓN A ÉSTE CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a resoluciones contradictorias al analizar los acuerdos emitidos por los Jueces de Distrito en los cuales se desecharon de plano las demandas de amparo promovidas contra los actos reclamados consistentes en la omisión y/o negativa de darle acceso o intervención al imputado en la carpeta de investigación, al tenerse por actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo (falta de interés jurídico). Uno de los órganos contendientes determinó que dicha causal no era de actualización manifiesta e indudable, porque la falta de afectación al interés jurídico es una cuestión que debe ser materia de análisis en la sentencia; mientras que el diverso órgano contendiente consideró que, respecto a tales actos, la causa de improcedencia sí revestía tales características, por lo que debía desecharse de plano la demanda. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito determina que cuando se reclama la sola omisión y/o negativa del Ministerio Público de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación, tales actos no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, al no generar un perjuicio real y actual a sus derechos subjetivos, por lo que es dable desechar la demanda de amparo, ya que, en estos casos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: La comparecencia del imputado en la carpeta de investigación no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el vigente artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo establece así, ni existe algún otro precepto constitucional que constriña al representante social a recabar la entrevista del imputado o a notificarle la integración de la carpeta de investigación, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por el contrario, el artículo 218 de este último ordenamiento, contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del que se obtiene que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta que el imputado sea detenido o citado a comparecer, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución General. Por consiguiente, la simple omisión y/o la negativa de la autoridad ministerial de darle acceso o intervención al imputado a la carpeta de investigación no le afecta en sus derechos subjetivos públicos; máxime cuando se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho, ya que, en todo caso, el perjuicio se materializará cuando el imputado sea citado a la audiencia inicial y el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control, y será precisamente en ese momento procesal donde tendrá la oportunidad de intervenir, controvertir lo alegado por el citado fiscal y ofrecer las pruebas que estime necesarias. Por ende, tales actos (la omisión y/o negativa) no afectan el interés jurídico del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley, la cual es insuperable y no puede desvirtuarse con los informes justificados o medios de prueba aportados por el justiciable. De ahí que sea ajustado a derecho que en estos casos se deseche la demanda, por falta de interés jurídico, sin necesidad de dar trámite a un juicio que sería infructuoso e incluso en detrimento del principio de expeditez." Así, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, toda vez que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda en estudio, por notoriamente improcedente. Se ordena agregar este acuerdo impreso al expediente físico. Con apoyo en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; dada la relevancia de este acuerdo, se ordena agregar una impresión del mismo al expediente físico del juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Oswald Urbieta González; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 667/2023. Prevención. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario prevenir al impetrante con la finalidad de esclarecer el acto reclamado que en esta instancia se combate, de conformidad con el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo; lo anterior, toda vez que el promovente señaló como acto reclamado y antecedentes, textualmente lo siguiente: "De la ordenadora y Ejecutora les reclamo: La falta de respuesta a mi escrito fechado día 8 y presentado el día 9 de junio de 2023 ante la Vicefiscalía Regional de la Cuenca de Tuxtepec, Oaxaca, en donde le solicito lo siguiente: 5.- Antecedentes del acto reclamado.- No he cometido delito, sin embargo fui informado por el que se dice representante legal de la menor de edad YARITZY MARIN ORTELA, quien cuenta con 16 años de edad que habían presentado en mi contra una denuncia y que si no llegaba a un acuerdo con ellos y les entregaba un dinero, procederían legalmente" Sin embargo, anexo a su escrito de demanda, se advierte el oficio VCR/0861/2023, de veinte de junio de dos mil veintitrés, del cual se advierte que con relación al escrito fechado el 08 y recibido el 09 de junio de 2023, signado por Oswald Urbieta González, se acordó: "PRIMERO. En base a los lineamientos operativos para dar intervención con los que se trabaja en nuestra Institución, dígasele al ciudadano OSWALD URBIETA GONZÁLEZ y/o a los profesionistas autorizados en su escrito, que por el momento no es posible acordar favorablemente su petición, en virtud de la reserva de los actos de investigación que debe guardar ésta autoridad ministerial, por lo que, en relación a la carpeta de investigación que dice se tiene iniciada en su contra, se le dará acceso a ella y sus defensores como se señala en los supuestos que disponen los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales." En consecuencia, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días siguientes a su legal notificación, realice lo siguiente: ÚNICO. Precise si es su voluntad señalar como acto reclamado el oficio VRC/0861/2023 de veinte de junio de dos mil veintitrés, suscrito por el Agente del Ministerio Publico de la Vicefiscalia Regional de la Cuenca, con el cual da contestación a su escrito fechado día 8 y presentado el día 9 de junio de 2023 ante la Vicefiscalía Regional de la Cuenca de Tuxtepec, Oaxaca. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo indicado, en el plazo legal establecido, esté órgano de control constitucional se pronunciará respecto de la procedencia del acto reclamado en el escrito inicial de demanda consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de ocho de junio de dos mil veintitrés, presentado el nueve siguiente ante la Vicefiscalía Regional de la Cuenca de Tuxtepec, Oaxaca. En la inteligencia que el desahogo deberá realizarlo el directo quejoso y no por conducto de algún autorizado, ya que, es necesaria la manifestación de la voluntad del promovente para la prosecución del juicio, que no puede ser suplida por un autorizado, conforme al artículo 107 fracción I de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos. Autorizados. Se tiene a la parte quejosa autorizando a ********************, con las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la ley de la materia -conforme a la certificación de cuenta- . Datos de contacto. Se tiene señalando el correo electrónico que se indica en la demanda de cuenta, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, dado que dicho medio no se encuentra establecido por la Ley de Amparo. Se autoriza consulta y notificaciones vía electrónica (determinaciones relevantes). Toda vez que el promovente proporciona el usuario "********************" - que se localizó como válido conforme a la certificación de cuenta-; por consiguiente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo. Así también, se autorizan las notificaciones a la parte quejosa por vía electrónica, con el nombre de usuario que proporciona, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que únicamente se notificarán por esa vía -electrónica- aquellas determinaciones o resoluciones de importancia o relevancia -con carácter de personales-; haciendo saber a la promovente que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Sin que las notificaciones electrónicas, puedan sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenen fijar en una lista que se publica en el local de este órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, con registro digital 2026122, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración del expediente físico y electrónico. En términos del artículo 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE; Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Lo proveyó y firma electrónicamente Marco Antonio Vignola Conde, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa con Melisa Langrave Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. Juez de Distrito (Firma electrónica) Marco Antonio Vignola Conde Secretaria de Juzgado (Firma electrónica) Melisa Langrave Hernández
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