Osvanny Gerardo Cortes Cruz

Expediente 254/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
254/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • Osvanny Gerardo Cortes Cruz

Actuaciones

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de uno de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado acuerdo, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó, y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.En Córdoba, Veracruz, a las diez horas con treinta minutos del uno de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 254/2020, promovido por ***************, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la licenciada Margarita Morrison Pérez, Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, quien actúa con el licenciado Bethel Plancarte Rentería, Secretario que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia sin la comparecencia de las partes.A continuación, el Secretario relaciona las constancias que obran en el expediente:escrito de demanda de amparo signado por *************; e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por otro lado, el secretario hace constar que por proveídos de veinticuatro, veintiséis de junio y cuatro de agosto de dos mil veinte, se tuvieron por inexistentes a las autoridades responsables 11. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, con sede en Córdoba, Veracruz, 7. Primer Comandante Regional y/o Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, 8. Segundo Comandante Regional y/o Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, ambos con residencia en Orizaba, Veracruz y 12. Primer Comandante Regional y/o Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, residente en Ciudad Mendoza, Veracruz.Acto seguido, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes.Abierto el periodo probatorio: El Secretario hace constar que las autoridades responsables Licenciado Juan Alberto Alba Pérez y Licenciado Urbino Alcaraz García, BETHEL PLANCARTE RENTERIA70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8e.8015/03/21 11:35:17 Jueces de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con sede en Orizaba, Veracruz, remitieron copias autentificadas y un disco de videograbación, relativos al proceso penal número *********, del índice de dicho juzgado. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas en el presente asunto las mencionadas en el párrafo que precede, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza; luego, al no haber más pruebas, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció alegatos en el juicio de amparo en que se actúa, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado realizó pedimento alguno.A lo anterior la Jueza acuerda: Al no existir alegatos formulados por las partes, ni pedimento planteado por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, se da por concluido este periodo procesal.Con lo anterior concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; y se procede a dictar sentencia; y,Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo254/2020, promovido por *************, contra actos de 1. María Rubí Juárez García, Fiscal Investigador Adscrita a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Nogales, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 20 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,R E S U L T A N D O:PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ***********,acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. María Rubí Juárez García, Fiscal Investigador Adscrita a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Nogales, Veracruz y otras autoridades, señalando como acto reclamado el siguiente:  La orden de aprehensión y su ejecución.SEGUNDO.Admisión de la demanda. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, al que por cuestión de turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda en auto de uno de junio de dos mil veinte, en sus términos, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional.TERCERO. Inexistencia de Autoridad.Por proveídos de veinticuatro, veintiséis de junio y cuatro de agosto de dos mil veinte, se tuvieron por inexistentes a las autoridades responsables 11. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, con sede en Córdoba, Veracruz, 7. Primer Comandante Regional y/o Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, 8. Segundo Comandante Regional y/o Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, ambos con residencia en Orizaba, Veracruz y 12. Primer Comandante Regional y/o Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, residente en Ciudad Mendoza, Veracruz.CUARTO.Celebración de la audiencia constitucional.BETHEL PLANCARTE RENTERIA70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8e.8015/03/21 11:35:17 Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, yC O N S I D E R A N D O:PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que el acto reclamado, de ser cierto, tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables 1. María Rubí Juárez García, 2. Patricia García Enríquez, 3. Alfonso García Hernández, Fiscales adscritos a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XV, con sede en Nogales, Veracruz, 4. Norma Landa Villalba y 6. Urbino Alcaraz García, Jueces de Control, de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz; al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados.El peticionario de amparo no aportó medio de convicción que desvirtuara las negativas pronunciadas por las BETHEL PLANCARTE RENTERIA70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8e.8015/03/21 11:35:17 Amparo indirecto_/2020Amparo indirecto254/2020???????????????????????????????????????????????????????????????????????????autoridades responsables en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio.Se aplica a lo anterior, la Jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice:"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo."TERCERO. Certeza de los actos reclamados.Es cierto el acto reclamado atribuido al 5. licenciado Juan Alberto Alba Pérez, Juez de Control, de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz y 10. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial encargado de la Comandancia Regional Zona Centro-Córdoba, de esta ciudad, consistente en la orden de aprehensión, y su ejecución, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes con justificación.Por otro lado, también es cierta la ejecución del acto, atribuida a la autoridad responsable, 9. Policía Ministerial encargado de la Jefatura de Detectives de Orizaba, Veracruz; lo anterior, pese a que dicha autoridad negó la existencia de tal ejecución, pues su negativa se desvirtúa con el hecho de que la responsable ordenadora aceptó su existencia.Lo que se corrobora con las copias autenticadas y archivos informáticos de la audiencia celebrada, relativas al proceso penal número *********, contenidas en el disco versátil digital remitido por la responsable. La copia autorizada del aludido proceso penal, cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificada por funcionario público en ejercicio de sus funciones.Por lo que respecta al contenido del disco versátil digital también tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que cuenta con valor probatorio pleno.Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes:"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento BETHEL PLANCARTE RENTERIA70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8e.8015/03/21 11:35:17 Amparo indirecto_/2020Amparo indirecto254/2020???????????????????????????????????????????????????????????????????????????procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga".CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:(...)XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la BETHEL PLANCARTE RENTERIA70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8e.8015/03/21 11:35:17 sentencia de primera instancia hará que considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente."El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica.La citada fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado.Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla; pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieron un fundamento y una motivación que al no formar parte de la litis constitucional no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que, posiblemente, fueran justificados.A ello debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un procedimiento seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí.Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se Así pues, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula el precepto y fracción innovados son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda por sus propios fundamentos y motivos.Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin BETHEL PLANCARTE RENTERIA70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.8e.8015/03/21 11:35:17 afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional."En el asunto que nos ocupa, se reitera, se reclama la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso **************en los autos del proceso penal número ********, del índice delJuzgado de Control, de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de lesiones dolosas calificadas; y su ejecución.Sin embargo, por oficio 928, recibido el veinticinco de agosto de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el Juzgado responsable, remitió copia autentificada del disco de videograbación, relativo al proceso penal *********** de su índice, en el que -en lo que trasciende- se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la aquí quejoso ***********, por el delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de ***********.En estas condiciones, resulta inconcuso que en la especie cambió la situación jurídica en que se encontraba el impetrante con motivo del acto reclamado, que hace que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones que pudiera contener este, toda vez que no puede analizarse su constitucionalidad, sin afectar la nueva situación jurídica emanada de la resolución de ocho de julio de dos mil veinte, emitida por el juez responsable, en el proceso penal ************** de su índice, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. De ahí que se actualice la acusa de improcedencia en análisis. Cobra aplicación la tesis II.2º.P.20 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1287, Tomo II, Diciembre de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados."En tales condiciones, al operar la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sobresee en el presente juicio de amparo Ante el sobreseimiento decretado en este considerando, no es posible entrar al examen de los conceptos de violación vertidos por estar vinculadas con el fondo del asunto. Es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, visible en la página 57, materia común, tomo 70, correspondiente al mes de octubre de 1993, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". R E S U E L V E:ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por **************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el segundo y cuarto.

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