Osvaldo Vargas Ruiz

Expediente 1307/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1307/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
08/05/2019

Partes del expediente

  • Osvaldo Vargas Ruiz
  • Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 424-III, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río Veracruz, al que adjunta testimonio de la resolución dictada en la queja 33/2019, interpuesto por el quejoso Osvaldo Vargas Ruiz, en contra del auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, misma que resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Osvaldo Vargas Ruiz, por su propio derecho y en su carácter de servidor público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, contra el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Secretario encargado del despacho del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, residente en Xalapa, Veracruz, autorizado en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio CCJ/ST/6841/2018, en el juicio de amparo indirecto número 1307/2018." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; y háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que se desechó de plano la demanda interpuesta, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al OCHO DE MAYO DOS MIL VENTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que por acuerdo de veintitrés de enero la presente anualidad, dictado dentro del cuaderno de varios, de su índice, se ordenó remitir el oficio número 617/2019, signado por la Secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a este Juzgado; al respecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, y téngase a la superiodad informando que fue admitido el recurso de queja interpuesto por el impetrante de amparo Osvaldo Vargas Ruiz, en contra del acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, radicando el toca 33/2019, de su índice.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Osvaldo Vargas Ruiz, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del presente asunto; por tanto, con fundamento los artículos 97, 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado, y dígasele que es cierto el acto reclamado, ya que a través de dicho proveído se desechó la demanda de amparo que promovió en contra del acto reclamado consistente en: 1. El artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, con número extraordinario 504, el cual expresa lo siguiente: "ARTÍCULO SEXTO. La Dirección de Control de Procesos se extinguirá a la entrada en vigor del presente reglamento, las áreas que la conformaban pasarán bajo la jerarquía de diferentes titulares y continuarán con las atribuciones desempeñadas dentro de la Dirección. Por lo anterior, de manera inmediata a su extinción deberá remitir el archivo y los expedientes en trámite para su desahogo a la unidad administrativa competente." Al respecto, este órgano jurisdiccional consideró que se actualizó la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 7, ambos de la Ley de Amparo; cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Para acreditar lo anterior, se remiten copias debidamente certificadas de todas las actuaciones que integran el juicio de amparo número 1307/2018 a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, juntamente con el escrito original de agravios, y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado.

  4. Principal

    Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Osvaldo Vargas Ruiz, por propio derecho y en su carácter de Servidor Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, contra actos reclamados al Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1307/2018. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El quejoso de duele de lo siguiente: 1. El artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, con número extraordinario 504, el cual expresa lo siguiente: "ARTÍCULO SEXTO. La Dirección de Control de Procesos se extinguirá a la entrada en vigor del presente reglamento, las áreas que la conformaban pasarán bajo la jerarquía de diferentes titulares y continuarán con las atribuciones desempeñadas dentro de la Dirección. Por lo anterior, de manera inmediata a su extinción deberá remitir el archivo y los expedientes en trámite para su desahogo a la unidad administrativa competente." CUESTIÓN PREELIMINAR. El quejoso en el preámbulo de la demanda que se acuerda señaló que promueve juicio de amparo por propio derecho y en su calidad de servidor público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz; sin embargo, posteriormente bajo protesta de decir verdad indicó que fue designado por el Fiscal General del Estado de Veracruz como Director de Control de Procesos la citada dependencia, nombramiento que le fue otorgado de conformidad con los artículos 3, apartado A, fracción V, 104 y 105 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, publicado el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la Gaceta del Estado de Veracruz, cargo que surtió efectos desde el uno de marzo de dos mil diecisiete. Para acreditar lo anterior, agregó copia certificada de su nombramiento como Director de Control de Procesos, el cual se encuentra firmado por el Fiscal General del Estado de Veracruz, con data del uno de marzo de dos mil diecisiete. De igual forma, señaló que al momento de la presentación de la demanda que se provee, no ha sido notificado de un cambio de adscripción con motivo de la extinción de la Dirección a su cargo o que haya sido readscrito a otra área de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, tal y como lo contempla el artículo noveno transitorio del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, publicado el dieciocho del mes y año en curso. De lo anterior, el suscrito advierte con meridiana claridad que la esencia de su reclamo se basa en actos que se constriñen al carácter de Director del Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que ostenta desde el uno de marzo de dos mil diecisiete; por tanto, si bien refiere que promovió la demanda por propio derecho, lo cierto es que el reclamo que efectúa lo hace en defensa del puesto que desempeña y de las funciones que le corresponden por desempeñar el cargo de Director del Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, quien esto juzga estima, que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 7, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 7. La Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares..." Para corroborar el anterior aserto, en principio conviene destacar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, que únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, es decir, dichos preceptos establecen el principio de agravio personal y directo que rige en el juicio de amparo. Asimismo, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las previstas en el catálogo que de las mismas se listan en el referido precepto legal y que emane de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley de la materia. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 7 de la propia Ley de Amparo, del cual se aprecia que si bien las autoridades pueden solicitar el amparo y protección de la justicia federal, no menos cierto es que tal petición únicamente están en aptitud de realizarla cuando se afecten sus intereses patrimoniales y respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. En ese contexto, de la lectura íntegra de la demanda que nos ocupa, se advierte que el impetrante del amparo hace consistir el acto reclamado en el artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, con número extraordinario 504, esencialmente en la parte relativa a la extinción de la Dirección de Control de Procesos de la citada dependencia. En ese tenor, resulta evidente para quien esto provee, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes precisada. Para arribar a la anterior determinación, es importante precisar que por intereses patrimoniales de las personas morales oficiales para los efectos del juicio de amparo, se deben entender como aquéllos bienes del dominio privado, porque son ese tipo de bienes los que se pueden defender mediante el juicio de amparo y no aquellos del dominio público, para cuya defensa la ley ha creado otros medios de impugnación, de tal manera que sólo la defensa de los bienes del dominio privado puede llevarse a cabo válidamente mediante el juicio de amparo, y no así los del dominio público. Así, por ejemplo, cuando se afectan las participaciones de un Estado en ingresos federales, se trata de una afectación a los bienes del dominio público, es decir, los bienes del dominio público son, entre otros, los destinados a sufragar el gasto público y satisfacer las necesidades públicas y forman parte del patrimonio, tanto como por su origen como por su destino. Además, dicho precepto legal no faculta para ocurrir en demanda de amparo cuando se actúa con el carácter de autoridad, es decir, con imperio, toda vez que no es posible conceder a los órganos del Estado el recurso extraordinario de amparo por los actos del mismo Estado, porque de llegar a tal extremo se establecería una contienda entre los mismos órganos de poder, lo cual va en contra de la naturaleza del juicio de amparo. Ahora bien, en el presente asunto, el quejoso acude al juicio de amparo en defensa del cargo que ostenta como Director de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en virtud de que reclama el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, con número extraordinario 504, a través del cual, el Fiscal General del Estado de Veracruz en el artículo sexto transitorio, determinó extinguir la Dirección de Control de Procesos a la entrada en vigor del aludido reglamento, así como que las áreas que la conformaban pasarán bajo la jerarquía de diferentes titulares y continuarán con las atribuciones desempeñadas dentro de tal Dirección; además, por la extinción deberá remitir el archivo y los expedientes en trámite para su desahogo a la unidad administrativa competente. De lo que se colige, que la presente demanda de amparo se promueve con la intención de proteger el puesto que desempeña el promovente y las funciones que constitucionalmente le corresponden como Director de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y no como gobernado o particular, es decir, la intención es proteger las funciones que en el ejercicio del encargo que le fue conferido por el titular de la citada institución y no para proteger su esfera personal de derechos subjetivos como persona física en el ejercicio de algún derecho personal ante la autoridad a quien señala como responsable, en virtud de que hasta la presentación de la demanda no le ha sido notificado de manera formal un cambio de adscripción o readscripción a alguna otra área de la Fiscalía. Por tanto, si de la demanda que se provee es promovida por un gobernado que busca proteger el nombramiento y funciones públicas que le fueron asignadas y por ello no se trata de un acto que afecte derechos patrimoniales, ni emana de una relación jurídica en la que la autoridad promovente se encuentre en un plano de igualdad con un particular, sino de una relación de un trabajador con su superior jerárquico, se debe considerar que no es procedente el juicio de amparo conforme a lo dicho, en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo, por cuya razón y conforme a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo del recurrente es notoriamente improcedente. Apoya dicha determinación, la jurisprudencia 1ª./J.171/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." Así como también, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR PERSONAS MORALES OFICIALES CUANDO ACTUAN CON EL CARACTER DE AUTORIDAD. El artículo 9o. de la Ley de Amparo faculta a las personas morales oficiales para promover el juicio de garantías en defensa de sus derechos privados, frente a los abusos del poder público, pero no las faculta para ocurrir en demanda de amparo cuando actúan con el carácter de autoridad, es decir, con imperio, toda vez que no es posible conceder a los órganos del Estado el recurso extraordinario de amparo por los actos del mismo Estado, porque de llegar a tal extremo se establecería una contienda entre los mismos órganos de poder lo cual va en contra de la naturaleza del juicio de garantías, sólo cuando el Estado, por una fricción legal actúa como persona moral de derecho privado, y puede entrar en relaciones de naturaleza civil con los particulares, con los poseedores de otros bienes, y es capaz, por tanto, de adquirir derechos y contraer obligaciones y, como consecuencia de ello, puede resultar afectado por una ley o acto de autoridad en sus bienes propios, de que es poseedor y que le son indispensables para ejercer sus funciones; entonces, las personas oficiales titulares de dichos bienes están legitimadas para hacer uso del juicio de amparo en defensa de los intereses patrimoniales del Estado por lo que si el quejoso no promueve el juicio de garantías con el carácter de entidad jurídica privada en defensa de sus derechos privados, sino como entidad pública, no se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 9o. de la Ley de Amparo." Y la tesis aislada, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES AQUELLA INTERPUESTA POR UNA PERSONA MORAL OFICIAL, CUANDO SU OBJETIVO ES DEFENDER DE OTRAS AUTORIDADES SUS DERECHOS PUBLICOS. Es cierto que conforme a lo dispuesto por el artículo 9, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, las personas morales oficiales, como lo es un Municipio del Estado de Chihuahua, pueden promover el juicio de amparo, pero sólo en su carácter de entidad jurídica y en defensa de sus derechos privados, pero no en su carácter de entidad pública o autoridad y en defensa de sus derechos públicos, con objeto de protegerse contra actos de otras autoridades que lesionen dichos derechos, pues en este caso se está frente a derechos políticos, en el cual indiscutiblemente no pueden existir violaciones de garantías individuales. Consecuentemente, si en un caso particular, un municipio, por conducto de su presidente municipal, reclamó de diversas autoridades del gobierno del propio Estado de Chihuahua: "El acuerdo número cuatro de fecha 26 de enero de 1993, así como los acuerdos, órdenes verbales o escritas, oficios, comunicaciones, a fin de despojar y como consecuencia privar al municipio de Ciudad Delicias, Chihuahua, de las funciones relativas a la prestación del servicio del Registro Civil y en consecuencia afectar el patrimonio económico consistente en los ingresos que se obtienen con motivo de dicha prestación a través del cobro de la celebración, asiento y expedición de los actos del Registro Civil consistentes en nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, tutela, etc., así como el despojo de los bienes y enseres que constituyen las oficinas propiedad del municipio. De igual manera, todos los actos que deriven de dicho acuerdo"; y de la autoridad responsable ejecutora, jefe del Departamento del Registro Civil, reclamó la obediencia, cumplimiento y ejecución por sí o por medio de los agentes a sus órdenes de los actos reclamados a las autoridades responsables ordenadoras; es inconcuso que de tales actos reclamados, se evidencia que la autoridad municipal recurrente entabló su demanda de amparo para proteger sus derechos públicos, consistentes en la prestación del servicio del Registro Civil contra los actos de privación de dicho servicio, reclamados a las autoridades estatales mencionadas, por cuyas razones es indiscutible que la demanda de amparo del recurrente, conforme a lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, es notoriamente improcedente, puesto que con ella consta el motivo manifiesto e indudable de improcedencia aludido." Máxime, que de la lectura integral del escrito de demanda se deriva con meridiana claridad que la pretensión del promovente es proteger el cargo que ostenta como Director de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como del personal que tiene a su cargo y no cuestiones de índole patrimonial que afecten al área del que es titular, de ahí que la demanda de amparo que se provee se considere notoriamente improcedente, por lo que no representa obstáculo alguno a la determinación adoptada la circunstancia de que el promovente manifieste que la demanda de amparo que se provee, la promueve por propio derecho, pues como se dejó precisado, en párrafos precedentes, la esencia del acto que pretende combatir se encuentra íntimamente vinculado con la extinción de la Dirección a su cargo; de ahí que, se reitera que la demanda de amparo de que se trata resulta notoriamente improcedente. En las relatadas circunstancias, es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso numeral 7, ambos de la Ley de Amparo; por lo que se desecha de plano la demanda en cuestión. PRUEBAS. Ahora, toda vez que el promovente exhibió dos cuadernillos como pruebas, por lo que para un mejor manejo del expediente que se formó, manténganse por separado en la Secretaría de este Juzgado. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.Así lo acordó el licenciado Marcial Soto Montaño, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y notificada mediante oficio CCJ/ST/6841/2018, de once de diciembre de dos mil dieciocho, quien firma ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.

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