Osvaldo Valdez Medina
Expediente 583/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 583/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/02/2016
Partes del expediente
- Osvaldo Valdez Medina
Actuaciones
- Principal
SSe tiene por recibido y glosa a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, remite copia certificada de la ejecutoria dictada en la queja administrativa 262/2015, de la que se aprecia que el referido Tribunal declaró infundado el recurso hecho valer por la parte quejosa Osvaldo Valdez Medina, en contra del auto de dos de diciembre de dos mil quince, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, acúsese recibo a la Superioridad; y hágase del conocimiento de las partes la anterior circunstancia, para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías, no existen documentos originales y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Se agrega a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual transcribe el proveído de veintidós de diciembre de dos mil quince, en el que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de dos de diciembre de dos mi quince, dictado en el presente juicio de amparo, quedando registrada con el número 262/2015-I; lo anterior, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Osvaldo Valdez Medina; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de dos de diciembre de dos mil quince. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de dos de diciembre de dos mil quince, en el que se desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por tanto, una vez notificado el presente proveído, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso de mérito. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra la resolución que desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y por ende, no hay partes en el asunto.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de dos de diciembre de dos mil quince, que dice: "Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Osvaldo Valdez Medina, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Administrador Central del Cobro Coactivo del Servicio de Administración Tributaria. 2. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California 3 del Servicio de Administración Tributaria. 3. Administrador Central de Cobro Coactivo del Servicio de Administración Tributaria. 4. Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California 3 del Servicio de Administración Tributaria. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 583/2015-I-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo; precepto que a la letra señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]" Ahora bien, realizando una interpretación sistemática del precepto señalado con antelación, tenemos que la instancia constitucional es improcedente, cuando ésta se promueve, y a su vez se encuentra en trámite un recurso o medio de impugnación que pudiera tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto que se tilde de inconstitucional. Lo anterior conduce a determinar que no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de garantías que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, ya que la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, solo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Establecido lo anterior, y analizada la demanda en su integridad, se advierte que los quejosos señalaron como acto reclamado el siguiente: La orden de remate, y el remate mismo del inmueble ubicado en la avenida Miramar, número 332-A, Zona Cetro de esta ciudad. En la especie, de los antecedentes de las actuaciones impugnadas, destacados en párrafos que anteceden, se advierten colmados los citados presupuestos. En efecto, el primer requisito que ha sido señalado en el inciso a) se acredita plenamente, toda vez que el quejoso Osvaldo Valdez Medina, manifestó bajo protesta de decir verdad que interpuso Juicio de Nulidad ante la Segunda Sala del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en contra de los créditos fiscales que le fueran determinados, los que si bien no constituyen propiamente el acto reclamado en el juicio de amparo, dieron origen al procedimiento administrativo de ejecución en el que se ordenó el remate del bien inmueble ubicado en la avenida Miramar, número 332-A, Zona Cetro de esta ciudad, que dice el quejoso es de su propiedad. En lo concerniente al requisito identificado con el inciso b), se considera que en la especie también se acredita, pues el juicio de nulidad en comento fue interpuesto con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, a saber, el siete de octubre de dos mil quince, y se admitió a trámite el diecinueve de noviembre del actual, encontrándose pendiente de resolver, tal y como se advierte de las manifestaciones que bajo protesta hizo el quejoso en su demanda, específicamente en el capítulo relativo a los hechos, así como de las documentales que anexó a la misma. De igual forma, el requisito señalado con el inciso c) se estima probado, en virtud de que el citado juicio de nulidad persigue la insubsistencia de los créditos fiscales que le fueron determinados al quejoso, los que al ser exigibles motivaron el inicio del procedimiento económico coactivo del que posteriormente derivaran los actos reclamados en la presente instancia constitucional, esto es, la orden de remate, y el remate mismo del inmueble ubicado en la avenida Miramar, número 332-A, Zona Cetro de esta ciudad. Luego, aun cuando no pasa desapercibido para esta juzgadora que la resolución combatida en sede administrativa es diversa del acto reclamado en el juicio de amparo, es de estimarse que el juicio contencioso administrativo se erige como un medio de defensa idóneo para obtener la insubsistencia de los actos de autoridad que la solicitante de amparo aduce trasgrede sus derechos fundamentales, pues de estimarse procedente, no solamente produciría la insubsistencia de los créditos fiscales recurridos, sino de todo lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución que tiene su génesis en dichos adeudos de carácter tributario. Sustentando los referidos argumentos, los que se estiman aplicables al asunto que nos ocupa, por identidad jurídica, nuestro Máximo Tribunal emitió la jurisprudencia P./J. 144/2000 , de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Ahora bien, tal y como se adelantó en párrafos precedentes se actualiza la causal de improcedencia que se analiza, cuya finalidad es la de evitar que una situación jurídica sea analizada al mismo tiempo en dos instancias. Por lo anterior, se desecha de plano la demanda en estudio, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión con anterioridad, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en avenida Adolfo López Mateos, casa 885, despacho 14, de esta ciudad. Además, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a José Martín Aguilar Ojeda, Rogelio Ibarguen Guzmán y Arturo Rivera Pozo, toda vez que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo a Angélica Carbajal Álvarez, y María Eugenia Hurtado Castro, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente."
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