Osvaldo Tovar Cardenas

Expediente 926/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
926/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Osvaldo Tovar Cardenas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo Vigente; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo; para todos los efectos legales correspondientes y en términos del artículo vigésimo primero fracción II del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. De conformidad con los puntos Noveno, fracción IV y Vigésimo último párrafo del artículo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Advirtiéndose que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y en específico la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no manifestó inconformidad respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en proveído de trece de octubre del presente año; por ende, con fundamento en los artículos 202 y 205 de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la resolución que declara cumplida la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. De conformidad con el artículo noveno, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del punto Vigésimo Primero fracción IV del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Debiéndose conservar la demanda; en su caso, escrito aclaratorio de ésta, demandas de los expedientes acumulados, las interlocutorias existentes y las sentencias respectivas. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 196 y en el diverso 214 de la Ley de Amparo, procede archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  3. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Visto el escrito de demanda signado por ***, con el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo y otra. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 926/2020-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E- DETERMINACIÓN JUDICIAL I. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analiza la procedencia del juicio que se intenta. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se advierte que la juzgadora de amparo tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; pues las causales deben estudiarse de oficio por ser una cuestión de orden público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553; tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." II. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: "EL ACUERDO Y/0 RESOLUCIÓN JUDICIAL DE FECHA 23 VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE dictado por la MTRA. BIANCCA MORALES TELLEZ en su carácter de Jueza Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo dentro del Expediente Familiar número 838/2017, en el cual, entre otras cosas, se acordó que el suscrito debo salir de manera inmediata de mi domicilio ubicado en Avenida del Trabajo número 6, de la Comunidad de Batha, Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, a fin de que en él, sean puestos en depósito la C. REYNA ANGELES RODRIGUEZ y nuestros hijos ALISON TOVAR ANGELES y J. T. A." "EL ACUERDO DE DATA 06 SEIS DE NOVIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE emitido por la MTRA. BIANCCA MORALES TELLEZ en su calidad de Jueza Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo dentro del Expediente Familiar número 838/2017, en el cual, autorizó u ordenó el Auxilio de la Fuerza Pública así como el rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario, a fin de que se proceda a poner en depósito a la señora REYNA ANGELES RODRIGUEZ y a nuestros hilos en el domicilio ubicado en Avenida del Trabajo número 6. de la Comunidad de Betha, Municipio de Atotonilco de Tula. Hidalgo." III. El juicio de amparo es improcedente en virtud de que no se agotó el principio de definitividad que prevén los artículos 364, fracción I, 373 a 376 y 382 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]" (Lo resaltado es propio). Del dispositivo en comento se desprende que para la procedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, respecto de los cuales conceda la ley algún recurso que pueda tener como consecuencia su modificación, revocación o nulificación, es necesario que previamente se agoten, ya que sólo de esa manera se cumple con el principio de definitividad previsto en el artículo 107 de la Ley Suprema. Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en el acuerdo y/o resolución judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veinte dictado por la Jueza Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo dentro del expediente familiar número 838/2017, en el cual, entre otras cosas, se acordó que el quejoso tenía que salir de manera inmediatadel domicilio ubicado en avenida del trabajo número 6, de la comunidad de Batha, Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, a fin de que en él, sean puestos en depósito la tercero interesada Reyna Ángeles Rodríguez y sus hijos Alison Tovar Ángeles y le menor de iniciales J. T. A.; así como el acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinte, en el cual, autorizó y ordenó el auxilio de la fuerza pública así como el rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario, a fin de que se proceda a poner en depósito a la señora Reyna Ángeles Rodríguez y a sus hilos en el domicilio citado. Acto que es impugnable a través del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 364, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que disponen: Artículo 364. Este Código prevé los siguientes recursos: (.) II.- Apelación;; (.) Artículo 379.- El Tribunal Superior de Justicia, es el competente para conocer y resolver del recurso de apelación. Artículo 382.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 383.- Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también. Artículo 395.- De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento. La correlación de dichos numerales permite afirmar la procedencia del recurso de apelación contra autos de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación. En ese tenor se afirma, que las determinaciones judiciales que ordenan al aquí quejoso el acuerdo y/o resolución judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veinte dictado por la Jueza Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo dentro del expediente familiar número 838/2017, en el cual, entre otras cosas, se acordó que el quejoso tenía que salir de manera inmediata del domicilio ubicado en avenida del trabajo número 6, de la comunidad de Batha, Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, a fin de que en él, sean puestos en depósito la tercero interesada Reyna Ángeles Rodríguez y sus hijos Alison Tovar Ángeles y le menor de iniciales J. T. A.; así como el acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinte, en el cual, autorizó y ordenó el auxilio de la fuerza pública así como el rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario, a fin de que se proceda a poner en depósito a la señora Reyna Ángeles Rodríguez y a sus hilos en el domicilio citado, constituye un acto que produce una ejecución irreparable o de difícil reparación pues. De ahí que, como el acto reclamado en el presente juicio consiste en un auto de ejecución irreparable o de difícil reparación, implica que debe cumplirse con el principio de definitividad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 364, fracción II, 379, 382, 383 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo. Además, el artículo 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo establece que la apelación se podrá admitir en ambos efectos cuando el recurrente lo solicite, para lo cual, lo único que se exige es la exhibición de una garantía; de lo que se colige que también procede la suspensión contra un acto como el que se reclama. Por tanto, no opera esa excepción al principio de definitividad, de acuerdo con lo que establece la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo II, página 990, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Cabe señalar que si bien es cierto que el acto reclamado se considera como uno de imposible reparación, esa circunstancia no significa que los peticionarios de amparo estén exentos de observar el principio de definitividad, pues aun cuando el amparo es procedente contra actos de esa naturaleza, ello será una vez que se agoten los recursos procedentes. Al caso es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, Décima Época, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En ese tenor, si en la especie el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo prevé el recurso de apelación contra resoluciones que sean de imposible o difícil reparación; entonces, la parte quejosa, en observación al principio de definitividad, debió hacer valer dicho medio de impugnación en contra del auto de veintitrés de mayo dos mil dieciocho, antes de promover el juicio de amparo. En esa tesitura, al contener la legislación familiar el recurso analizado en párrafos que anteceden, que puede tener por efecto revocar o modificar el acto reclamado, es incuestionable que la parte quejosa se encontraba obligada a agotarlo, previo a acudir a la tutela constitucional, en virtud de que no es optativo cumplir o no con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, sin que se actualice alguna de las excepciones a dicho principio. Tiene aplicación, por igualdad de razón, la tesis XVII.1o.C.T.9 C(10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 2306, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. CONTRA EL ACUERDO EN EL QUE SE SEÑALAN DE MANERA PROVISIONAL DÍAS, HORAS Y LUGAR EN QUE EL PROGENITOR QUE NO TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR, PUEDA CONVIVIR CON ÉSTE, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a los artículos 903-4 y 903-6 del título décimo cuarto del capítulo único del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con los diversos 824 y 826, inciso a), del mismo ordenamiento legal, contra los proveídos que de manera provisional señalan días, horas y lugar para que se lleve a cabo la convivencia del progenitor que no tiene la guarda y custodia de su menor hijo, procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, ya que el gravamen que pudiera ocasionarse con el citado régimen de convivencia, no se repararía en sentencia definitiva, porque en ésta se analizaría si se acreditaron las acciones y excepciones, pero no el horario provisional y el domicilio fijados para que se efectuara tal convivencia. Sin perjuicio de lo anterior lo manifestado por el quejoso en el sentido de que se acaba de enterar de los actos que ahora reclama ya que se los antecedentes del acto reclamado se advierte que es parte demandada en el juicio de origen aunado a que refirió bajo protesta de decir verdad expresamente que: En el año 2017 se promovió ante el Juzgado Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, y a petición de la señora REYNA ANGELES RODRIGUEZ en legal representación de nuestros hijos de iniciales O. T. A., A. T. A. y J. T. A. en contra del suscrito, el Juicio Escrito Familiar de Guarda, Custodia y Alimentos número 838/2017 que quedó radicado en el Índice de Gobierno del citado órgano Jurisdiccional, dentro del cual, mediante convenio celebrado entre el suscrito y la señora REYNA ANGELES RODRIGUEZ se emitió la resolución de fecha 17 de Septiembre del año 2017, se determinó que la Guarda y Custodia de nuestros hijos la ejercería la señora REYNA ANGELES RODRIGUEZ y que el suscrito otorgaría una pensión suficiente a favor de mis vástagos, a fin de satisfacer en forma digna todos y cada uno de los conceptos que integran el concepto de alimentos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E Único. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada por Osvaldo Tovar Cárdenas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Notifíquese personalmente.". NOTIFÍQUESE

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