Osvaldo Sandoval Partida

Expediente 269/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
269/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Osvaldo Sandoval Partida

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el auto de doce de abril de dos mil veintiuno, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso el recurso que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a, de la Ley de la Materia, en contra de dicho proveído. Por tanto, al ser un asunto totalmente concluido con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia se ordena el archivo del presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    En Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el ocurso de demanda firmado por Osvaldo Sandoval Partida, por propio derecho. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 269/2021-V-B, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROCEDENCIA En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. El precepto transcrito faculta al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la causa de improcedencia. Ahora, se precisa que el acto reclamado por el quejoso, consiste en "Todas aquellas notificaciones, actuaciones, fracciones, multas, sanciones y resoluciones derivadas de un procedimiento iniciado por el TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI." Por lo que, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De esos dispositivos legales se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra actos de autoridad, concepto que se describe en el último numeral citado; el cual, en la especie, se estima que no se actualiza en los actos impugnados en el juicio. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto autoridad responsable a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete, quien señala que para efectos del juicio de amparo es autoridad la que teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Esto es, autoridad es aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de facto o de jure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Ello es así, ya que para que una persona pueda ser considerada como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, con independencia de que pueda ejercer la fuerza pública de manera directa o por conducto de otras autoridades como órgano del Estado, ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la Ley, de manera unilateral, a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del gobernado. Asimismo, como característica distintiva que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para efectos del amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que dicha relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una potestad para actuar, cuyo ejercicio es irrenunciable; c) Que con motivo de dicha relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise el conceso de la voluntad del afectado; e) Que su emisor tenga características de órgano público. Como puede observarse, esas características restringen el concepto de autoridad, pues no siempre serán autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que deberá atenderse a las características particulares de quien se le imputa el acto reclamado y la naturaleza, pues no todo acto, aun emitido por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente, cuyo numeral señala limitativamente los requisitos que estos deben reunir para tener dicha calidad; los cuales son: a) realicen actos equivalentes a los de autoridad; b) que afecten derechos; y c) mediante el uso de funciones determinadas por una norma general. Así, el primero de los elementos consistentes en que el acto sea equivalente a los de autoridad implica la acción u omisión de dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, con características de imperatividad, unilateralidad, coercitividad. A su vez, debe analizarse: a) El origen material y la finalidad del acto respectivo; b) El carácter de la relación jurídica entre los sujetos -actualización de la relación de supra a subordinación-; y c) El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. En todo caso, tratándose de particulares que también se encuentran sujetos al imperio de la autoridad del Estado, es importante delimitar si el acto que se les atribuye incide en un ámbito de decisión, o bien simplemente es consecuencia de la vinculación que ellos mismos como particulares guardan, al igual que el quejoso, respecto del acto reclamado. Es decir, si el particular está obligado a cumplir un acto de autoridad o bien, emite un acto equivalente a los de autoridad. El segundo elemento relativo a que se afecten derechos, si bien se precisa en el contenido de la normativa que en términos de la propia fracción II del artículo quinto, lo cierto es que esa afectación de derechos debe ser vista en contexto de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la tramitación del juicio de Amparo, de ahí que se estime que el acto u omisión desplegado por los particulares debe traducirse en la afectación de algún interés legítimo o jurídico, según sea el caso, pero en todo caso debe afectar por sí mismo los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el elemento consistente en que la afectación de derechos se dé mediante el uso de funciones determinadas por una norma general, en concepto de esta autoridad, se traduce en que el actuar u omisión desplegada por el particular imputado como responsable, debe responder a un ámbito específico de atribuciones reconocidas en una norma general, en términos de lo que ha sido definido como tal en la jurisprudencia. Es decir, el particular debe actuar al amparo de una determinada normativa emitida por el Estado Mexicano mediante los procedimientos establecidos para ello. Así, en el caso concreto, se desprende que tales elementos no se actualizan en el acto atribuido, pues ello no significa que se le deleguen facultades que corresponden propiamente a una autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, al encontrarse desprovisto de su carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo en ese caso, no le resulta atribuible la aplicación de aquella disposición, ya que no constituye un acto de autoridad, no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad, dígase coordinación. Así, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Criterio contenido en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número XXVII/97, visible en la página 118, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el caso que se examina, ha de considerarse que el TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI señalado por el quejoso como responsable, al informarle su separación del cargo de docente en dicho instituto, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter; por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P.XXVIII/97 Laboral, visible en la página 119, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, procede DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio, con apoyo en el artículo 113 de la aludida ley de la materia vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Dígase al quejoso que no es procedente tener como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, en razón de que en la Ley de Amparo, no se encuentra prevista tal circunstancias, por ende, téngase como tal, la lista, que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este órganos de control constitucional, acorde a lo dispuesto por los artículos 28, fracción II y 30, fracción I y II, de la ley de la materia. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ESTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Por otra parte, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******, y en términos de la parte final del segundo párrafo del numeral en cita a las demás personas que refiere; en virtud de no tener permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. NOTIFICACIÓN POR EL ACTUARIO En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al artículo 28, fracciones I y II de la Ley de Amparo, y atendiendo a las medidas de seguridad establecidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la notificación se realice por correo electrónico o vía fax del oficio respectivo y en caso de no ser posible se haga de manera personal por conducto del actuario judicial de la adscripción, para que a su vez, de manera inmediata notifique a la autoridad responsable el citado proveído. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En términos del numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en aras de una pronta impartición de justicia, sin necesidad de ulterior acuerdo, en términos del numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a las partes a su costa copia certificada de las constancias que soliciten por comparecencia, previo acuse de recibo que se glose en autos, las cuales serán entregadas en cuanto las cargas de trabajo lo permitan. Hágase la precisión al solicitante, que la expedición de copias únicamente se realizara por un tanto, dado que si bien el numeral en cita no restringe a un solo juego el número de copias que las partes pueden solicitar, dicha expedición se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 20/2017 (10a.), visible en la página 308, libro 42, Décima Época, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo I, Mayo de 2017, del tenor literal siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO." Con independencia de lo anterior, a fin de que las partes puedan obtener las constancias de manera más ágil e inmediata, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las mismas. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que quien se presente a recoger las copias deberá agendar su cita en términos del artículo 3, en relación con el diverso 15 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). VERSIÓN PÚBLICA. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que quien se presente a recoger las copias deberá agendar su cita en términos del artículo 3, en relación con el diverso 15 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. VERSIÓN PÚBLICA. Indíquesele a las partes que de conformidad con los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 1, 3, 68, 71, 108, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de que solicite mediante el procedimiento de acceso a la información copia de las resoluciones emitidas en este juicio, se realizará una versión pública de las mismas, con supresión de sus datos personales o sensibles de las partes. De igual forma, se elaborará la versión pública de la sentencia que, en su caso, se llegue a emitir a fin de que se encuentre a disposición del público en general en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal. Hecha la salvedad de los casos que se encuentren proscritos por la ley.

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