Osvaldo Sánchez Valencia

Expediente 376/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
376/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
26/06/2019

Partes del expediente

  • Osvaldo Sánchez Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    ...Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa la parte quejosa no se inconformó en contra de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 117 y 118), mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional y definitiva. En ese tenor de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, primer y segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales". ...

  2. Principal

    ... En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. ...

  3. Principal

    ...se tiene por recibido el escrito de cuenta del quejoso********************, a través del cual solicita se le tenga por desistido en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo constituye una cuestión de orden público que debe ser cumplimentada, como se expondrá a continuación. Las sentencias al adquirir el carácter de resolución firme o sentencia ejecutoriada, constriñen indefectiblemente a las autoridades responsables a cumplirlo a partir de ese momento, restituyendo al quejoso en el goce y disfrute de la garantía o derecho violentado, tal y como lo prevé la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución y los diversos 77, 192 y 214 de la Ley de Amparo. Esta es la finalidad esencial que persigue el procedimiento previsto en la Ley de Amparo para lograr el total cumplimiento de las sentencias que en materia de amparo dictan los órganos del Poder Judicial de la Federación, lo cual explica el alto principio de obligatoriedad con el que la Constitución Federal reviste a los fallos constitucionales, de fundamental importancia para la eficacia del juicio de amparo. Además, la obligatoriedad que para acatar una sentencia de amparo impone el artículo 107 de la Ley Suprema a cualquier autoridad del Estado se funda en el principio de que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, pues ello no sólo interesa a toda la sociedad, sino que además ostenta vital importancia para la vida institucional de México, ya que independientemente de que la observancia cabal de un fallo constitucional redunda en beneficio personal del quejoso, también es verdad que contribuye a consolidar el imperio de la Constitución Federal, obligando a su respeto a todas las autoridades del país, lo cual garantiza que exista seguridad jurídica. De igual forma, la parte final de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución así como el numeral 214 de la Ley de Amparo, impone la obligación a los juzgadores de no archivar ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, en razón de que existe un interés social en que cualquier acto juzgado y probado como injusto por parte de la autoridad, deba ser resarcido por aquélla, pues representa el apego al orden y respeto de los derechos de todos los gobernados dentro del sistema jurídico que enmarca el Estado de Derecho. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el desistimiento de la acción de un amparo consiste en la declaración de voluntad de la parte quejosa en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio constitucional, el cual, debidamente ratificado, origina una resolución con la que finaliza la instancia de amparo sin importar la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida), sin necesidad de que el órgano jurisdiccional entre a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado o en su defecto el fondo de los agravios de la revisión. ... Así, aún cuando la Ley de Amparo, sólo hace referencia al desistimiento de la demanda de amparo, el hecho de que reconozca el desistimiento de la acción constitucional, trae como consecuencia que, aunque no esté expresamente regulado, también se incluya el de los diversos recursos interpuestos, ya que se trata de medios de impugnación accesorios a la pretensión principal. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal ha sostenido que la parte quejosa también goza de la facultad de desistirse del recurso de revisión que haya intentado contra la sentencia recurrida. ... En esa tesitura, resulta innegable que la figura del desistimiento en la etapa de ejecución del fallo protector, no procede, en virtud de la existencia de una sentencia de amparo que adquirió firmeza se debe cumplir por la autoridad responsable. Así, en el caso en concreto, el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, este juzgado de Distrito celebró audiencia constitucional y dictó sentencia en la que concedió la protección de la Justicia Federal a********************, respecto de los actos reclamados consistentes en el encierro del vehículo ********************, con placas de circulación ********************del Estado de Puebla, en el corralón respectivo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla y la omisión de dar contestación al escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, referente a la liberación del vehículo referido. Ello, pone de manifiesto que en este asunto existe una sentencia que ya causó ejecutoria en la que el citado quejoso obtuvo un amparo respecto de la inconstitucionalidad de los actos reclamados y con motivo de ello, en términos del segundo párrafo de la fracción II, del artículo 77 de la Ley de Amparo, fueron fijados los lineamientos que debía seguir la autoridad responsable a fin de dar total cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, se reitera, resulta improcedente el desistimiento de la acción en el juicio de amparo en que se actúa por encontrarse en la etapa de ejecución del fallo protector. ...

  4. Principal

    ...téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, de la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, a través del cual informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, al tenor de las constancias que adjunta a su comunicación oficial. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se imponga de su contenido y, en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto del aludido cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Finalmente, agréguese la copia de conocimiento del oficio que remite la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal al Director de Tránsito Municipal de dicha dependencia, a través del cual le solicita que dé cumplimiento al fallo protector; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento y no hace mayor pronunciamiento en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden. ...

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