Osvaldo Ruben Reyna Martinez
Expediente 577/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Osvaldo Ruben Reyna Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
SE TIENE POR CONSENTIDO EL AUTO QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL JUICIO COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EN CINCO AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. REQUIERASE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE COMPAREZCA A RECOGER DOCUMENTO SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCIÓN APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO EN NOVENTA DÍAS SERÁ DESTRUIDO AL DEPURARSE EL EXPEDIENTE.
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, la siguiente determinación: SE TIENE POR CONSENTIDO EL AUTO QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL JUICIO COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EN CINCO AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. REQUIERASE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE COMPAREZCA A RECOGER DOCUMENTO SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCIÓN APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO EN NOVENTA DÍAS SERÁ DESTRUIDO AL DEPURARSE EL EXPEDIENTE.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. A efecto de iniciar el estudio propuesto, es menester precisar que el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: - No se aplicara al quejoso Osvaldo Rubén Reyna Martínez, ni en lo presente ni en lo futuro, los artículos 40, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí; - Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa las imposiciones que se establecen a su cargo con motivo del pago previsto por los artículos 40, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí y que se vieron reflejadas en los comprobantes de pago con números de folio 11-12163530, 11-12163531, 11-12163532 y 11-12163533.; - Se recalculara el monto de los derechos a pagar por esas operaciones conforme a la tarifa de cinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente prevista por el artículo 40, fracción V, en correlación con el último párrafo de este numeral, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, y se devolviera al justiciable la diferencia que resultara a su favor. En la inteligencia de que la concesión también implicaba calcular nuevamente el concepto de asistencia social por el monto de veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 93 de la citada ley, ya que su cálculo dependería de la suma del derecho a pagar, por lo que una vez que este último hubiere sido recalculado, sobre esa nueva cantidad debía calcularse ese porcentaje y la diferencia resultante se debía devolver al agraviado. En ese orden, en proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió al Director de Recaudación y Política Fiscal de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para que informara lo conducente. En virtud de lo anterior, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante oficio recibido en este Juzgado el cuatro de septiembre del año en curso, remitió copia certificada del diverso 1537/2019, signado por la Directora Jurídica y de Capacitación Fiscal, del que se advierte que: - Ordenó la no aplicación de los artículos 40, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, al aquí quejoso. - Se ordenó llevar a cabo las acciones que correspondiesen, a fin de desincorporar de la esfera jurídica al quejoso, la aplicación de los artículos 40, fracción I, inciso a) y 93 de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí, así como dejar insubsistentes los enteros relativos a los recibos con folios 11-12163530, 11-12163531, 11-12163532 y 11-12163533. - Ordenó recalcular los montos de los derechos a pagar por dichas operaciones conforme a la tarifa de cinco veces al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, prevista en el artículo 40, fracción V, en correlación con el último párrafo de ese numeral de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. - Ordenó llevar a cabo el recálculo por el veinticinco por ciento a que se refiere el numeral 93 de la citada ley, y realizar la devolución en términos de la ejecutoria de amparo. Asimismo, el Procurador oficiante remitió copia certificada de la póliza de cheque a favor del quejoso, donde consta la firma de recibido y copia simple de la credencial de elector del mismo. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, al cual se adjuntan copias de las constancias con las que refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, así como con los diversos recibidos el dieciséis de agosto del año en curso, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copia de los mismos; en la inteligencia de que transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente.
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