Osvaldo Pérez Hernández

Expediente 35/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
35/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
10/01/2022

Partes del expediente

  • Osvaldo Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diez de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del mismo artículo. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el once de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Osvaldo Pérez Hernández, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a las autoridades responsables para que justificaran haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento y la ejecutora también informó lo propio, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES I. El Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Pena Oral de este Octavo Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, deje insubsistente la audiencia inicial y su continuación, celebradas el tres, cinco y siete de enero de la presente anualidad I. El juez responsable el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, señaló las diez horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, para celebrar una audiencia para cumplimentar los efectos de la concesión del amparo. II. Señale fecha para celebrar una audiencia en la cual el Juez de Control: a) Realice las gestiones necesarias para cerciorarse de que obra en sus registros íntegros de audio y video de las audiencias de tres, cinco y siete de enero de dos mil veintiuno, esto es, si cuenta con el registro íntegro y fidedigno de la audiencia inicial en la que la fiscalía solicitó la vinculación a proceso, el imputado se acogió al plazo constitucional, se impuso la medida cautelar a éste último y lo actuado en la continuación de dicha audiencia. b) Se cerciore de que quien asistió al quejoso en la mencionada diligencia de siete de enero de dos mil veintiuno sea licenciado en derecho, siguiendo los lineamientos plasmados en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuesta en esta sentencia. II. Como ya se mencionó el juez responsable señaló para el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, a las diez horas, para celebrar una audiencia para cumplimentar los efectos de la concesión del amparo, la cual fue diferida para el doce de octubre del año en curso a las diez horas. Celebrada la audiencia el juez responsable realizó lo siguiente: a) Hizo constar haber realizado las gestiones necesarias para cerciorarse que obraban en sus registros de audio y video las audiencias íntegras de tres, cinco y siete de enero del año dos mil veintiuno, de los cuales: Al revisar los archivos digitales del juzgado a su cargo, en dicha audiencia constató que sí se encuentran registradas de manera íntegra y fidedigna en audio y video las audiencias de fecha tres, cinco y siete de enero del año dos mil veintiuno; todas celebradas por el ciudadano licenciado Jorge Luís Mapel Martínez, en el proceso penal 160/2020, de su índice; la duración de la audiencia inicial celebrada en fecha tres de enero del actual, esde una hora, dos minutos, cincuenta y nueve segundos (01:02:59). Y que en dicha audiencia, sí consta que la fiscalía formuló imputación en contra del ahora quejoso OSVALDO PÉREZ HERNÁNDEZ, por los delitos de Violencia Física y Pederastia, esto, ocurrió al minuto cinco con cincuenta y seis segundos (05:56), posteriormente solicito la vinculación a proceso en contra del mismo quejoso iniciando al minuto dieciocho con diecinueve segundos (18:19) del video, así también arrojó sus datos de prueba; culminando su solicitud al minuto cincuenta y seis con diecinueve segundos (56:19). Asimismo, que a los cincuenta y seis minutos con veintisiete segundos (56:27); el precitado Juez de Control, le informó al imputado OSVALDO PÉREZ HERNÁNDEZ, el término en el cual podría decidir fuera resuelta su situación jurídica, manifestándole que podría ser en el término de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas o al momento de la audiencia; por lo que una vez que consultó con su defensor particular por el que fue asistido, los licenciados Ezequiel Romero Torres y Constantino Segura Castillo, el quejoso se acogió al plazo constitucional de setenta y dos horas, lo que se corrobora en el minuto cincuenta y seis con cincuenta y nueve segundos (56:59) de la audiencia inicial celebrada en fecha tres de enero del año que transcurre, señalando las diecisiete horas del día cinco de enero del actual para su continuación. De la multicitada audiencia inicial y analizando la videograbación de la misma, se desprende que en el minuto cincuenta y siete con treinta y cinco segundos (57:35); el Juez del conocimiento, explica y da el uso de la voz a las partes para que se debata la medida cautelar que se impondrá al imputado, por lo que a la hora, con ocho segundos (01:00:08) de la grabación, resolvió que la medida cautelar que se impondría al imputado fue la de Prisión Preventiva Oficiosa por el término de un año. Que en fecha cinco de enero del año que transcurre, se dio continuación a la audiencia inicial, la cual tiene una duración de ocho minutos catorce segundos (08:14) iniciando a las diecisiete horas con dieciséis minutos y cuarenta y nueve segundo (17:16:49), y culminando a las diecisiete horas con veinticinco minutos y dos milésimas de segundos (17:25:02); audiencia en la que el imputado de marras revocó el nombramiento de su defensor particular y nombró como sus nuevos defensores particulares, a los licenciados en derecho CARLOS ALBERTO MORALES SOLÍS Y CARLOS MORALES. PÉREZ, quienes se individualizaron y en el minuto cinco con treinta y seis· segundos, aceptaron y protestaron el cargo que se les confirió. En el minuto cinco con treinta y siete segundos (5:37), de la grabación de la precitada audiencia, el nuevo Defensor, Licenciado CARLOS ALBERTO MORALES SOLIS, en uso de la voz solicitó al Juez del conocimiento la ampliación del término constitucional al plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, en virtud de que lo acaban de nombrar, que no se había impuesto de la Carpeta de Investigación y que la copia de la misma se la acababa de entregar el Defensor anterior; además de solicitar la copia del audio y video de la audiencia de imputación para una adecuada defensa; petición que fue acordada favorable por el Juez en el minuto seis con treinta segundos (6:30), señalando nueva fecha de continuación para el día siete de enero del actual y cierra la audiencia. Al analizar la audiencia de fecha siete de enero del año que se cursa, indicó que se encuentra dividida en dos partes; la primera audiencia, tiene una duración de treinta y ocho minutos con once segundos (38:11); pues se inicia a las nueve horas con cuarenta y un ·minutos y cuarenta y siete segundos (09:41:47) y culmina a las diez horas con diecinueve minutos y cincuenta y ocho segundos (10:19:58); dando un receso de cuarenta minutos (40:00); y el segundo video, tiene una duración de treinta y cuatro minutos con cuarenta segundos (34:40), inicia a las doce horas con cinco minutos y cincuenta y siete segundos (12:05:57) y culmina a las doce horas con cuarenta minutos y treinta y seis segundos (12:40:36) de ese mismo día. b) El juez responsable constató, que los ciudadanos licenciados CARLOS ALBERTO MORALES SOLÍS y CARLOS MORALES PÉREZ, sí son licenciados en derecho, que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, en virtud que el primero de los mencionados, su cédula profesional es la número 4155061; mientras que del segundo, su número de cédula profesional 11627466, las cuales constan registradas y dadas de alta en el Sistema Electrónico de Registro Nacional de Profesionistas; además de que ambos se encuentran registrados en la Base de Plataforma de Registro de Cedulas del Poder Judicial del Estado, el primero bajo el número de registro PJEVERACRUZ-2214 y el segundo bajo el número PJEVERACRUZ-10271. III. Si del ejercicio de verificación resulta que el órgano jurisdiccional no cuenta con el registro completo de las audiencias de tres, cinco y siete de enero de dos mil veintiuno, entonces, deberá reponer el procedimiento desde el comienzo de la audiencia inicial, y celebrar nuevamente dicha audiencia en su integridad. III. Por su parte, de la verificación en constatación que realizó el juez responsable advirtió que sí contaba con los registros completos de las audiencias de que se trata, estimó innecesario reponer el procedimiento desde el comienzo de la audiencia inicial y celebrarla nuevamente audiencia en su integridad. IV. En cambio, si del ejercicio de verificación resulta que dicho juzgador de control sí cuenta con el registro íntegro correspondiente, deberá quedar asentado el resultado de dicha verificación en la determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente, en cuyo caso deberá reiterar la audiencia inicial en su integridad. IV. El juez responsable hizo constar la existencia de sus registros y reiteró la audiencia inicial en su integridad, motivos por los que no se dejan insubsistentes la audiencia inicial y su continuación, celebradas el tres, cinco y siete de enero de la presente anualidad V. En caso de resultar que el defensor que asistió al imputado no cuente con la calidad de licenciado en derecho, ello implicaría la vulneración al derecho del quejoso a una adecuada defensa, en cuyo caso deberá reponer el procedimiento, dejando insubsistente la audiencia inicial en su integridad, a fin de que el imputado sea adecuadamente representado, llevándola a cabo nuevamente. V. El Juez responsable, constató que el defensor que asistió al imputado sí contaba con la calidad de licenciado en derecho, motivo por el cual no repuso el procedimiento. VI. En cambio, si se llega a la convicción de que el defensor sí era licenciado en derecho al momento de asistir al imputado en la audiencia correspondiente, deberá quedar asentado el resultado de dicha verificación en la determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente, en cuyo caso, de así considerarlo, podrá reiterar las determinaciones adoptadas en las audiencia mencionadas. VI. El juez responsable asentó que que Carlos Alberto Morales Solís y Carlos Morales Pérez, sí son licenciados en derecho, que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, en virtud que el primero de los mencionados, su cédula profesional es la número 4155061; mientras que del segundo, su número de cédula profesional 11627466, las cuales constan registradas y dadas de alta en el Sistema Electrónico de Registro Nacional de Profesionistas. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por las autoridades responsables, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede, en el que, además, se señalan las fojas en donde obra la actuación concreta con la que la autoridad dio debido cumplimiento. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Por otra parte, en relación a las manifestaciones realizadas por el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que se tenga por cumplida la ejecutoria del presente amparo, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese por lista de acuerdos al quejoso y a las terceras interesadas (víctimas identificadas en el proceso de origen con los números 117/2019/ESP1 y 169/2019-M), como está ordenado en proveídos de dos de febrero y treinta de abril de dos mil veintiuno; por oficio al fiscal tercero interesado y a las autoridades responsables; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos, los escritos de idéntico contenido signados electrónicamente por Carlos Alberto Morales Solís, por medio de los cuales solicita se cumpla con lo ordenado en auto de dos de febrero del año en curso y se le dé acceso al expediente electrónico; por tanto, se ordena a la Analista Jurídico SISE que realice el registró de los usuarios CARLOSMORALES y CARLOSAMS, en el presente expediente, tal y como fuera ordenado en auto de dos de febrero de la presente anualidad. Por otra parte, en atención al oficio SEADS/1136/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre del año en cita, funge como jueza de este órgano jurisdiccional, la suscrita Natividad Regina Martínez Ramírez, por así haberlo determinado el Pleno del aludido Consejo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio 51 de la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Papantla, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, al acusar recibo del oficio 17159/2021, relativo al acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno. Por otra parte, en atención al oficio SEADS/1136/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre del año en cita, funge como jueza de este órgano jurisdiccional, la suscrita Natividad Regina Martínez Ramírez, por así haberlo determinado el Pleno del aludido Consejo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario J Arturo Mojica Sosa, que autoriza y da fe.

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