Osvaldo Paulino Colín Salazar

Expediente 757/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
757/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • Osvaldo Paulino Colín Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. SE ACEPTA COMPETENCIA Agréguese el oficio del Actuario judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual, acusa recibo del juicio de amparo 757/2020-IV-B, de este índice y comunica que aceptó la competencia declinada en el presente sumario; atento a ello, háganse las anotaciones respectivas. ARCHIVO Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, incisos j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia que carece de relevancia documental.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE,EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil veinte. RADICACIÓN Vista la demanda con la que se da cuenta, suscrita por Osvaldo Paulino Colín Salazar; regístrese bajo el número 757/2020-IV-C. ACTO RECLAMADO Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La sentencia emitida por La Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el recurso de revisión ****, interpuesto por el aquí quejoso, contra la sentencia emitida en el expediente ***** del índice de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. INCOMPETENCIA Las cuestiones de competencia, por ser de orden público y de estudio preferente, deben ser estudiadas de oficio a efecto de no violar las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio constitucional. El artículo 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal." Por su parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." En este orden de ideas, cabe destacar que en los preceptos citados se fija la competencia en materia de amparo directo con base en un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si se trata de una sentencia definitiva que decida el juicio en lo principal o de una resolución que ponga fin al juicio, es decir, que sin decidirlo en lo principal, lo dé por concluido. En efecto, como quedó asentado en párrafos posteriores, el acto aquí reclamado se hace consistir en la sentencia emitida por La Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el recurso de revisión ****, interpuesto por el aquí quejoso, contra la sentencia emitida en el expediente ****** del índice de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Por tanto, es evidente que la determinación emitida por el Tribunal responsable, constituye una sentencia definitiva que pone fin al juicio. De lo expuesto, en términos del artículo 170 de la legislación de la materia, se concluye que en contra de la sentencia reclamada procede el amparo directo; por lo que, deberá ser un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, el órgano de control constitucional que debe resolver sobre la demanda de amparo promovida por *******, en virtud de que la resolución que se reclama es una sentencia definitiva y que pone fin al juicio administrativo de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia ******, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y seis, del tomo XV, febrero de dos mil dos, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "(.)." Por tales motivos, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee; en consecuencia, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando el acuse de recibo correspondiente y de no tener inconveniente legal alguno comunique su determinación. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, de la Ley Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. MEDIO DE COMUNICACIÓN ALTERNO Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal) el correo electrónico proporcionado por el impetrante, a saber ******. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, en este acto se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número telefónico a efecto de poder establecer comunicación. CONSULTA FISICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos.

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