Osvaldo Paredes Moreno

Expediente 217/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
217/2017
Año
2017
Actuaciones
22
Última actuación
03/08/2017

Partes del expediente

  • Osvaldo Paredes Moreno
  • Alejandro Jiménez Villarreal Juez de Control en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Unidad de Gestión Judicial Siete del Centro de Readaptación Social Sur

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia de la unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó y negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Cúmplase

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 217/2017, promovido por Osvaldo Paredes Moreno, contra los actos reclamados del Juez del Sistema Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Siete del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (Alejandro Jiménez Villareal) y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que se precisarán en el considerando segundo. II. El promovente de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se transgredieron sus derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 1°, 14, 16, 19, 20, Apartados A y B, y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente de su recepción, se admitió a trámite la demanda, que se registró con el orden 217/2017; se requirió a las autoridades señaladas como responsables rindieran su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se difirió en dos ocasiones. IV. En su oportunidad se emplazó los terceros interesados. V. Por último, se realizó la audiencia de ley al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido), que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que los actos reclamados son los siguientes: 1. La resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, pronunciada de manera oral en la audiencia inicial, derivada de la carpeta judicial 007/0140/2017, en que se vinculó a proceso al quejoso, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delitos robo agravado calificado y homicidio calificado tentado. Que atribuyó, con el carácter de ordenadora, al: a) Juez del Sistema Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Siete del Tribunal Superior de Justicia (Alejandro Jiménez Villareal). 2. El cumplimiento de dicha determinación. Que controvirtió, con la calidad de ejecutoras, al: b) Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur (denominación correcta); y al c) Agente del Ministerio Público, Encargada del Área de Carpetas de Investigación Sin Detenido en las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia AO-1 y AO-2 de la Fiscalía Desconcentrada en Álvaro Obregón de la Procuraduría General de Justicia (denominación correcta). Todos de la Ciudad de México. TERCERO. No son ciertos los actos de ejecución reclamados de las autoridades precisadas en los incisos b) y c), pues en relación con esta última, así lo manifestó al rendir informe justificado, sin que el quejoso ofreciera prueba en contrario; en tanto la restante, aun cuando refirió que era cierto, no debe perderse de vista que el justiciable está privado de la libertad personal con motivo de la medida cautelar decretada por el juez responsable, no así por el auto de vinculación a proceso controvertido. En esas condiciones, en razón de la inexistencia de los actos de ejecución reclamados de las autoridades preindicadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por otra parte, es cierto el acto reclamado de la autoridad judicial mencionada, pues así lo manifestó en su informe de ley; certeza que se corrobora con la videograbación relativa, así como de la copia autenticada de la determinación que remitió; documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En relación con la videograbación indicada, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de justicia del país, localizable en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, cuyo rubro es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, por lo que es procedente negar el amparo y protección de la Justifica Federal. En principio se analizará lo relativo al control de la legalidad de la detención y retención del quejoso, pues es un aspecto que destacó en los conceptos de violación. Al respecto, fue correcto que el juez responsable estableciera que la agente del Ministerio Público justificó la detención del quejoso, al precisar que se actualizó el supuesto de flagrancia, acorde con la fracción II inciso b) del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el peticionario de amparo fue detenido inmediatamente después de que en compañía de cinco sujetos desapoderaron a Marco Antonio Santillán Mayorga de un teléfono celular Samsung Galaxi A-3, a Joaquín Nava Ríos, Elizabeth y Stephanie, ambas de apellidos Luciano Molina, de sus respectivos teléfonos celulares, así como de dos mil pesos a Joaquín; detención que se realizó con motivo del señalamiento que hizo Marco Antonio contra el peticionario de amparo, al que después de que los policías preventivos Herminio Ferrer Flores e Irving Emanuel Muciño Cuellar revisaron corporalmente, le encontraron el teléfono celular Samsung indicado, aunado a que momentos previos a su detención, uno de los sujetos, que fue reconocido como uno de los que también desapoderaron a las víctimas de los objetos señalados, disparó un arma de fuego contra Miguel Ángel Hernández Vázquez, hiriéndole en la columna lumbar. Asimismo, como acertadamente estableció el juez responsable, no existió interrupción en la búsqueda o localización de los sujetos activos, pues destacó que acorde con los datos de prueba mencionados por la agente del Ministerio Público, las víctimas de robo siguieron a dichos individuos y se percataron del lugar al que se dirigieron, pues precisaron que se introdujeron a una cerrada, en que incluso ahí tenían su domicilio familiares de algunos de los sujetos pasivos. Por otra parte, la autoridad judicial responsable constató que los agentes remitentes hicieron saber los derechos que tenía el quejoso al momento de su detención. De igual forma, se advierte, como destacó la autoridad judicial responsable, que entre la detención del quejoso y la temporalidad en que lo dejaron a disposición de la autoridad investigadora existió un plazo razonable, que fue de una hora aproximadamente, esto si se toma en consideración la distancia del lugar en que aquél fue detenido y las instalaciones de la autoridad investigadora, acorde con los datos que aportó la agente del Ministerio Público en la audiencia inicial. En otro aspecto, el juzgador de origen correctamente corroboró que la retención del imputado ante la autoridad ministerial no excedió de cuarenta y ocho horas, pues para tal efecto tomó en consideración que a la una hora con catorce minutos del diecinueve de febrero del año en curso, los policías preventivos dejaron al justiciable a disposición de la autoridad investigadora y la relativa en que esta última lo dejó a disposición de la autoridad judicial, que fue a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del día siguiente, cuando se solicitó se fijaran fecha y hora para audiencia inicial. En ese contexto, el quejoso en uno de los conceptos de violación indicó que fue detenido de manera ilegal, porque el juez responsable, por una parte, inadvirtió que si bien es cierto el artículo 16, párrafo quinto, constitucional establece cualquier persona puede detener al indiciado, también es que el diverso 17 de la Carta Magna prevé que nadie puede hacerse justicia por sí misma, como en el caso sucedió con las personas que lo detuvieron y golpearon y, por otra, soslayó que en la entrevista relativa el testigo Miguel Ángel refirió circunstancias diversas a las relatadas por las restantes víctimas, pues el antes nombrado manifestó que en el lugar donde lo lesionaron había dos sujetos (que fueron reconocidos por las restantes víctimas), luego a ese lugar llegaron otros dos individuos en una motoneta y uno ellos fue el que lo hirió, en tanto, que los restantes ofendidos indicaron que en ese sitio había cuatro sujetos, quienes previamente los habían desapoderado ilegalmente de sus pertenencias, aunado a que genera "duda" en relación con lo que pasó con los otros dos individuos que indicaron también intervinieron en el robo. Sin embargo, no asiste razón al peticionario de amparo, dado que tales aseveraciones no se relacionan con los aspectos que se tomaron en consideración para para calificar de legal su detención y retención, esto es, acorde con la hipótesis que se estimó actualizada, la inmediatez con fue detenido después de que se le atribuyó la comisión de un hecho que la ley señala como delito de robo, la circunstancia de que se le encontró el teléfono celular (objeto material) de una de las víctimas, que los policías remitentes le hicieron saber sus derechos, así como el plazo razonable con que fue puesto a disposición de la autoridad investigadora y el tiempo en que permaneció retenido ante esta última. Con la precisión que si el imputado considera que las personas que lo detuvieron cometieron alguna conducta delictiva en su contra, tiene a salvo su derecho para que pueda denunciar el hecho relativo ante la autoridad correspondiente. Con base en lo expuesto, las tesis y jurisprudencias invocadas por el quejoso no pueden surtir los efectos que pretendió, pues como se estableció, este órgano de control constitucional considera que su detención y retención fue legal, por ende, no se advierte algún motivo para considerar que los datos de prueba aportados por la autoridad ministerial deban declararse nulos, como pretendió el justiciable. Ahora, antes de analizar la constitucionalidad de la vinculación a proceso decretada contra el quejoso, es menester señalar que respecto de las formalidades esenciales del procedimiento en la etapa de investigación de la que deriva el acto reclamado, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a cerciorarse de que no se haya trasgredido en perjuicio del imputado el artículo 14 constitucional, en lo concerniente a la resolución reclamada, de modo que debe interpretarse en relación con el numeral 20 de la propia Ley Fundamental, lo anterior de conformidad con las jurisprudencias que enseguida se transcriben. En primer lugar, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el orden 210 en la página 1156 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte -SCJN Décima Segunda Sección-, Debido proceso, cuyo título dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". En segundo término, la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de esa Alto Tribunal de justicia del país, impresa en la página 396 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, con el epígrafe: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO". En el caso específico, de constancias se advierte que hasta la etapa procedimental que se analiza se respetaron dichas formalidades, ya que en la audiencia inicial el quejoso designó a un defensor, quien aceptó y protestó el cargo; asimismo, el juez responsable constató que el amparista conocía sus derechos constitucionales y que previamente tanto él como su defensor tuvieron acceso a los registros de la carpeta de investigación; de igual manera, verificó que el peticionario de amparo conoció los hechos que la ley señala como delitos de robo agravado calificado y homicidio calificado tentado, con motivo de la imputación que se le realizó; del mismo modo, se le dio oportunidad de declarar, si así era su voluntad en relación con esos hechos, sin que lo hiciera; por otra parte, consta que se le hizo saber que tenía oportunidad de ofrecer datos y medios de prueba, sin que ofreciera alguno; así, con base en los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, atendiendo a los principios continuidad, concentración, inmediación y contradicción, se emitió la resolución respectiva, en el caso, el auto de plazo constitucional motivo del presente juicio; con lo anterior, se concluye que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento pertinentes para la etapa de la investigación inicial, por lo que respecto de ese tópico se estima justificado el acto reclamado en esta instancia. En otro contexto, del contenido de los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, así como de los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierten los requisitos de fondo y forma que debe reunir un auto de vinculación a proceso como el que se combate, que son: 1) Que la resolución esté fundada y motivada. 2) Que se realice en el plazo de setenta y dos horas a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez, o bien, en la duplicidad de esa temporalidad, cuando aquél lo solicite. 3) Que en dicha temporalidad se reciba la declaración inicial del imputado. 4) Que se exprese el hecho que la ley señala como delito. 5) Que se precise el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de ese hecho. 6) Que se indiquen los datos que establezcan que se ha cometido tal hecho y las razones de las que se aprecie que el imputado probablemente intervino en su comisión; y 7) Que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Requisitos que en el caso fue correcto que el juez responsable tuviera por satisfechos, pues contrario a lo establecido en los conceptos de violación, se advierte que la resolución controvertida se encuentra adecuada y suficientemente fundada y motivada, porque la autoridad judicial responsable apoyó su decisión en los artículos constitucionales, procesales y sustantivos que estimó aplicables; además, en estricta observancia al principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó la forma en que a su criterio, los datos de prueba mencionados por la agente del Ministerio Público, en su conjunto, permitían tener por acreditados los diversos hechos que la ley señala como delitos de robo agravado calificado y homicidio calificado tentado, así como la probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión, con lo cual adecuó los hechos materia de la imputación, a la descripción típica de los delitos señalados, con lo que ajustó su resolución a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Por otro lado, se observa que el auto de vinculación a proceso se dictó en el plazo que como mínimo prevé el artículo 19 de la Constitución Federal, que es de setenta y dos horas, ya que el quejoso quedó a disposición de la autoridad judicial a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de febrero del año en curso y el peticionario de amparo solicitó se resolviera su situación jurídica inmediatamente después de que se formuló imputación en su contra, concluyendo la audiencia inicial a las quince horas con nueve minutos del veintiuno del mes y año referidos, por lo que es inconcuso que entre ambos hechos no transcurrió la temporalidad señalada. En otro orden, se advierte que la autoridad judicial responsable precisó el hecho que la ley señala como delito de robo agravado calificado, previsto en el artículo 220, párrafo primero (Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena), en relación con los diversos 224 (se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa), fracción IX (contra transeúnte), 225 (las penas previstas en los artículos anteriores, se incrementarán con prisión de dos a seis años, cuando el robo se cometa), fracción I (violencia moral) y 252 (pandilla), así como el diverso de homicidio calificado tentado, previsto en el numeral 123 (al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión), en relación con el diverso 138, fracción I (ventaja), inciso d) [cuando el sujeto pasivo se halla inerme y el sujeto activo armado], y 20 (tentativa punible), todos del Código Penal para esta ciudad, por los cuales dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso, con lo cual colmó uno más de los requisitos formales requeridos. Ahora, en cuanto a la acreditación del hecho delictivo, es necesario precisar que basta con que el juez encuadre la conducta relativa a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, es decir, para tener por satisfecho ese tópico sólo es necesario acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal, esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio en relación con el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos de prueba, cuya diferenciación se hace patente en el artículo 261 del código procesal penal nacional, pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio respecto del delito y su autor o partícipe. Es aplicable la jurisprudencia 35/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete, cuyo conocimiento se obtuvo de la página de internet oficial del Alto Tribunal de Justicia, cuyo rubro y texto disponen: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones 'comprobar' por 'establecer' y 'cuerpo del delito' por 'hecho que la ley señala como delito', las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de 'pruebas' ni se exige 'comprobar' que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado 'cuerpo del delito', entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Asimismo, es importante destacar que el principio de contradicción, que rige el proceso penal, tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen, para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por el imputado y su defensor. Al respecto, es orientadora la tesis 1a. CCXLIX/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 292 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, que señala: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso (vinculación o no del imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo". Consecuentemente, a efecto de constatar si se respetó el principio de contradicción señalado, es menester mencionar los datos de prueba recabados por la autoridad ministerial, a partir de los cuales sustentó la solicitud de vinculación a proceso contra el quejoso. 1. Denuncia de Marco Antonio Santillán Mayorga, quien en la entrevista relativa indicó, en lo que interesa, que el diecinueve de febrero de dos mil diecisiete, aproximadamente a las cero horas con diez minutos, estaba con Joaquín Nava Ríos, Elizabeth y Stephanie, ambas de apellidos Luciano Molina, la menor de edad identificada como "GIHC" y Alexis Ariel Hernández, afuera de la tienda Oxxo, ubicada en la esquina de la avenida Observatorio y calle Huichapan, colonia Hidalgo, delegación Álvaro Obregón, cuando llegaron a ese sitio seis sujetos en tres motonetas, entre ellos el imputado, quien portaba un arma de fuego y se dirigió al deponente, luego lo amagó y desapoderó de su teléfono celular Samsung Galaxi A-3, al tiempo en que los restantes cinco individuos desapoderaban de sus pertenencias a Joaquín, Elizabeth y Stephanie; posteriormente, los sujetos activos subieron a las motonetas; los ofendidos se percataron que estos últimos se dirigieron a la cerrada Tulancingo, a la cual también acudieron; en ese lugar estaba el quejoso, el menor edad identificado como "AFC" y dos sujetos más, que previamente les quitaron sus pertenencias, así como las tres motonetas en que transitaban; precisó que en esa calle vivían familiares de las víctimas, a los cuales comentaron lo sucedido y después salieron para hablar con los sujetos activos, a fin de que les devolvieran los objetos que les desapoderaron, pues eran vecinos; sin embargo, en ese momento un sujeto, que vestía "chamarra, roja", sacó un arma de fuego y disparó contra ellos, hiriendo a Miguel Ángel Hernández Vázquez. 2. Entrevista de Joaquín Nava Ríos, quien, en lo medular, indicó: cuando estaba afuera de la tienda Oxxo mencionada, seis sujetos que transitaban en motonetas descendieron, tres de ellos portaban un arma de fuego, cada uno, entre los que se encontraba el peticionario de amparo, quien lo desapoderó de dos mil pesos y un teléfono celular Alcatel C-3, negro; observó que los otros cinco individuos desapoderaron de sus pertenencias a las personas que acompañaban al deponente; se percató que los sujetos activos se dirigieron a la cerrada Tulancingo, donde vio al imputado y al menor identificado como "AFC", así como dos personas más, que previamente les habían robado; solicitaron ayuda a sus familiares; cuando pedían los objetos que les habían quitado, uno de estos dos últimos sujetos activos, que vestía "chamarra, roja", sacó un arma de fuego y disparó, lesionando a Miguel Ángel, luego, ambos huyeron en una motoneta, mientras que los familiares y vecinos evitaron que el quejoso y el menor mencionado huyeran, pues los detuvieron hasta que los entregaron a los policías remitentes. 3. Entrevista de Stephanie Luciano Molina, quien, en lo que importa, mencionó que estaba en la tienda Oxxo supramencionada, cuando llegaron seis sujetos en tres motonetas, de los cuales tres portaban un arma de fuego, que el menor identificado como "AFC" la desapoderó de su teléfono celular Alcatel, "blanco con rosa"; se percató que el quejoso y el menor de referencia, así como dos sujetos, estaban en la cerrada mencionada, donde vivían sus familiares, a quienes comentaron lo sucedido y luego salieron de su domicilio; cuando hablaban con los sujetos activos, uno de ellos, que vestía "chaleco, rojo y una gorra", sacó un arma de fuego y disparó, hiriendo a Miguel Ángel, luego huyó con uno de los sujetos activos, mientras que el peticionario de amparo y el menor de referencia fueron detenidos por "los vecinos". 4. Entrevista de Elizabeth Luciano Molina, quien, en esencia, indicó que cuando estaba afuera de la tienda Oxxo mencionada, llegaron seis sujetos en tres motonetas, entre los que estaba el quejoso, quien portaba un arma de fuego, luego desapoderaron de sus pertenencias a todos los que estaban afuera de dicho establecimiento comercial, especificando que fue el menor identificado como "AFC", el que la desapoderó de su teléfono Samsung "color negro". 5. Entrevista de la menor de edad, identificada como "GIHC", quien, en lo sustancial, también expresó que estaba afuera de la tienda Oxxo multireferida, cuando llegaron a ese sitio seis sujetos armados; observó que el quejoso amagó a Joaquín, desapoderándolo de una cartera y un teléfono celular; después de que quitaron sus pertenencias a quienes se encontraban en ese lugar, los sujetos activos se dirigieron a la cerrada Tulancingo, donde también vivían familiares de las víctimas, a quienes solicitó auxilio, luego estos últimos salieron y pretendieron hablar con los sujetos activos (cuatro), pero uno de ellos, que vestía "chamarra, roja y gorra, blanca", disparó un arma de fuego, con que hirió a Miguel Ángel. 6. Denuncia de Miguel Ángel Hernández Vázquez, quien en la entrevista correspondiente refirió que estaba en su domicilio cuando uno de sus familiares le dijo que los robaron, que las personas que lo hicieron estaban afuera, por lo que salió de su casa y una de esas personas sacó un arma de fuego y disparó, hiriéndolo en la columna lumbar. 7. Certificado médico, expedido por Berenice Nolasco Cedillo, en que estableció que Miguel Ángel tenía fractura traumática en columna lumbar; lesión que corresponde a aquellas que producen la pérdida de la función de los miembros inferiores de forma incorregible. 8. Dictamen en materia de criminalística (mecánica de lesiones), elaborado por Martha Rodríguez Carrera, en que estableció, en lo que importa, que la lesión que tenía Miguel Ángel es compatible a la producida por proyectil de arma de fuego. 9. Dictamen en materia de criminalística, suscrito por Francisco Ramón Fonperoza Meza, relativo a la posición víctima-victimario, en que, en lo que interesa, estableció que el victimario, al momento de disparar el arma de fuego, estaba de pie, detrás de la víctima, en un mismo plano de sustentación. 10. Dos informes de Policía de Investigación, suscritos por Daniel Igor Márquez Casas, relativos a la ubicación de la tienda Oxxo mencionada, así como la existencia de la motoneta Italika, negra, placas 2M7RU y la diversa Italika, negra, placas 4D2ME, respectivamente; y 11. Informe suscrito por el perito en criminalística Alejandro Zamuano Morales, en que estableció la existencia de la tienda multireferida. Con base en lo anterior, la agente del Ministerio Público expuso las razones a través de las cuales solicitó la vinculación a proceso contra el quejoso, pues aseveró que existen datos suficientes para establecer que se cometieron dos diversos hechos que la ley señala como delito de robo agravado calificado y homicidio calificado "en pandilla" tentado, respectivamente, acorde con las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución relatadas por las víctimas y testigos mencionados, de las que se advierte que el quejoso y otros cinco sujetos desapoderaron a los ofendidos del numerario y teléfonos celulares que cada uno refirió, asimismo, que uno de los sujetos activos, que vestía "chaleco, rojo, y gorra, blanca", disparó un arma de fuego contra Miguel Ángel, hiriéndolo en la columna lumbar, estableciendo que este último hecho es atribuible al peticionario de amparo en términos del artículo 25 (delito emergente), fracciones I, II y IV, del Código Penal para esta ciudad. Solicitud con la que estuvieron de acuerdo los asesores jurídicos de las víctimas. Por su parte, el defensor del quejoso, en la réplica concedida, solicitó que no se vinculara a proceso al imputado, pues algunos de los datos de prueba expuestos eran "subjetivos", pues Marco Antonio refirió que tres sujetos activos estaban armados, asimismo, Stephanie refirió la existencia de tres armas, en tanto, que la menor de edad identificada como "GIHC" indicó que el sujeto que vestía "chaleco, rojo, y gorra, blanca", era el único que portaba arma de fuego, mientras que Elizabeth mencionó que los seis sujetos portaban armas de fuego. Por otra parte, Miguel Ángel precisó que platicó de manera "amigable" con el quejoso, para no tener algún "problema", dado que eran vecinos, pero quince minutos después llegó tercera persona (que fue la que lesionó al antes nombrado), sin que el peticionario de amparo tuviera la "capacidad, ni la apropiación" para detenerlo, "porque está fuera de sus sentidos, con ánimo de tener ese ilícito, que es por causa de un tercero"; asimismo, destacó que la menor de edad identificada como "GIHC" y Joaquín precisaron que el imputado vestía sudadera blanca, cuando en autos consta que vestía de diferente manera. Posteriormente, en la dúplica, la representación social, en lo que interesa, precisó que las manifestaciones del defensor eran "subjetivas", pues las víctimas y los testigos de cargo reconocieron "sin duda" al quejoso, como uno de los seis sujetos activos; máxime que Marco Antonio y Joaquín lo vieron de frente, precisando que el peticionario de amparo fue el que materialmente los desapoderó de sus pertenencias. Al respecto, los asesores jurídicos reiteraron que las manifestaciones del defensor eran "subjetivas" y existían datos de prueba suficientes para vincular a proceso al imputado. Por su parte, al conceder al defensor y al imputado el derecho para contestar la dúplica, el primero refirió, en lo que interesa, que Miguel Ángel no realizó imputación contra el quejoso. Cerrado el debate, el juez responsable, de manera oral, pronunció su determinación, en que estimó acreditados dos diversos hechos que la ley señala como delitos de robo agravado calificado y homicidio calificado tentado, respectivamente, cuya previsión se ha señalado en párrafos precedentes, pues precisó que tales eventos, acorde con los datos de prueba expuestos, sucedieron de la siguiente manera: aproximadamente a las cero horas con diez minutos del diecinueve de febrero de dos mil diecisiete, cuando Marco Antonio Santillán Mayorga, Joaquín Nava Ríos, Elizabeth y Stephanie, ambas de apellidos Luciano Molina, entre otras personas, estaban afuera de la tienda Oxxo, ubicada en la esquina de la avenida Observatorio y calle Huichapan, colonia Hidalgo, delegación Álvaro Obregón, el quejoso y otros cinco sujetos que transitaban en tres motonetas, de los cuales tres portaban un arma de fuego, respectivamente, entre ellos el peticionario de amparo, desapoderaron al primero de los antes nombrados de un teléfono Samsung Galaxi A-3, al segundo de dos mil pesos y el teléfono celular Alcatel C-3, a la tercera el teléfono celular Samsung "color negro" y a la restante, de un celular Alcatel, "blanco con rosa" (hecho relativo al robo); después, los ofendidos de referencia se percataron que los sujetos activos se dirigieron a la cerrada Tulancingo; en este último lugar, se encontraba el quejoso, el menor de edad identificado como "AFC" y dos sujetos más, a quienes reconocieron como los que previamente les quitaron sus pertenencias; acto seguido, los sujetos pasivos de referencia y familiares de ellos requirieron al quejoso para que devolviera los objetos robados; sin embargo, un sujeto que vestía "chaleco, rojo, y gorra, blanca", sacó un arma de fuego y disparó contra ellos, hiriendo a Miguel Ángel Hernández Vázquez (evento correspondiente al homicidio tentado). Conclusión que este órgano de control constitucional considera fue legal, porque el juez responsable valoró los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público, de manera libre y lógica, acorde con el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son eficaces, hasta la etapa procedimental que se analiza, para demostrar tales hechos delictivos imputados al quejoso. Establecido lo anterior, en principio, para una mejor comprensión de esta determinación, se realizará el estudio constitucional relativo al hecho que la ley señala como delito de robo agravado calificado y, después, el diverso correspondiente al homicidio calificado tentado, dado que este último fue atribuido al quejoso como delito emergente. En ese entendido, fue correcto que el juez responsable considerara, de manera preponderante, la entrevista de Marco Antonio y Joaquín, quienes fueron categóricos en afirmar que en la circunstancia de tiempo precisada, el quejoso y otros cinco sujetos llegaron a la tienda Oxxo en que se encontraban, luego el peticionario de amparo los amagó con un arma de fuego y desapoderó del numerario y teléfonos que cada uno refirió. Asimismo, fue legal que la autoridad judicial responsable relacionara la respectiva entrevista de Elizabeth y Stephanie, ambas de apellidos Luciano Molina, de las que obtuvo que el menor edad identificado como "AFC", que acompañaba al quejoso, fue el que las desapoderó de sus respectivos teléfonos celulares. De igual forma, fue acertado que el juzgador de origen ponderara la entrevista de la testigo menor de edad identificada como "GIHC", quien precisó que ella se encontraba con los ofendidos de referencia cuando el imputado y otros cinco individuos los desapoderaron de sus pertenencias. Datos de prueba que hilvanó con los informes que dieron cuenta de la ubicación de la tienda Oxxo multireferida, así como de la existencia de la motoneta Italika, negra, placas 2M7RU y la diversa Italika, negra, placas 4D2ME. De lo anterior, con base en la información obtenida, fue legal que la autoridad judicial responsable estimara que quedó demostrado que los sujetos activos se apoderaron de cosas muebles (celulares y numerario mencionados), ya que cada uno puede ser trasladado de un lugar a otro sin alterar su esencia, y ajena (respecto de los sujetos activos), puesto que no eran de su propiedad, con lo cual lesionaron el bien jurídico tutelado por la norma, que es el patrimonio de las personas, en la especie de los ofendidos de que se trata. Ahora, en lo referente a las dos calificativas y agravante previstas en los artículos 224, fracción IX, 225, fracción I, y 252, todos del Código Penal para esta ciudad, respectivamente, fue correcto que el juez responsable estimara que las mismas se actualizaron en el caso concreto. En efecto, respecto a la calificativa inherente a que el robo se cometió contra transeúnte, fue acertado que se tuviera demostrada, porque conforme a lo declarado por los ofendidos y testigos de cargo, los primeros fueron desapoderados de los bienes que cada uno refirió en el momento en que se encontraban en vía pública, esto es, afuera de la tienda Oxxo multicitada. En cuanto a la diversa relativa a que el robo se cometa con violencia moral, la misma quedó acreditada, pues los datos de prueba informan que tres de los sujetos activos amagaron a los ofendidos con un arma de fuego, acción que fue intimidatoria y eficaz para vencer su posible resistencia y apoderarse de tales bienes. Por otra parte, por lo que respecta a que el ilícito se cometa con la agravante relativa a la pandilla, fue correcto que el juez responsable estimara que se acreditó dada la pluralidad de sujetos activos (el quejoso y cinco personas más), quienes se encontraban reunidos en forma ocasional y sin estar organizados con fines delictuosos -sin que exista prueba que revele lo contrario- cometieron en común el hecho que la ley señala como delito de robo que se les atribuyó. De igual forma, fue correcto que la autoridad judicial responsable considerara que la forma de intervención del promovente de amparo en la comisión de ese hecho delictivo fue a título de coautor, en términos de la fracción II del artículo 22 del código punitivo local, ya que fue ejecutada por pluralidad de sujetos activos (seis), teniendo dominio funcional del hecho, atendiendo a la división de tareas entre los activos, mediante un acuerdo previo, aunado a que el juez responsable especificó cuál fue el rol esencial que desplegó el quejoso, pues precisó que amagó con un arma de fuego a Marco Antonio y a Joaquín, luego los desapoderó de los objetos que cada uno indicó. Del mismo modo, fue legal que el juzgador de origen tuviera acreditado que el quejoso actuó dolosamente, dado que sabía que el apoderarse de una cosa ajena mueble, sin el consentimiento de la persona que legalmente podía otorgarlo está tipificado como delito y aun así quiso su concreción. En cuanto al ánimo de dominio respecto del bien mueble ajeno, se acredita dado que el quejoso ejerció sobre los bienes en cita un poder de hecho que en derecho correspondía a su legítimo propietario, en virtud de que la acción física ejecutada siempre va acompañada del propósito del agente de apoderarse de la cosa y ponerla bajo su poder. Por otra parte, en relación con el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado tentado, fue correcto que el juez responsable lo tuviera acreditado, pues de los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público obtuvo que después de que los ofendidos fueron desapoderados de sus pertenencias, estos últimos se percataron que cuatro de los sujetos activos, entre ellos el quejoso, se encontraban en la cerrada Tulancingo, en la colonia y delegación mencionadas, donde también tenían su domicilio algunos familiares de las víctimas de referencia; asimismo, estableció que cuando estos últimos exigieron al quejoso devolviera los objetos robados, uno de los sujetos activos, que vestía "chaleco, rojo, y gorra, blanca", disparó un arma de fuego y lesionó a Miguel Ángel en la columna lumbar. Asimismo, fue correcto que la autoridad judicial responsable estimara que las entrevistas mencionadas se corroboran con el certificado médico señalado, en que se estableció que la lesión ocasionada a Miguel Ángel corresponde a aquellas que producen la pérdida de la función de los miembros inferiores de forma incorregible, así como con el dictamen en mecánica de lesiones, en que se indicó que la misma es compatible con aquella que produce un proyectil de arma de fuego, y con la diversa experticial en materia criminalística, en que se concluyó que el victimario estaba de pie detrás de la víctima, en un mismo plano de sustentación, al momento de disparar el arma de fuego. Lo anterior, permite establecer que fue correcto que el juzgador de origen tuviera acreditada la calificativa de ventaja, a la que se ha hecho referencia, pues el sujeto activo, que vestía "chaleco, rojo, y gorra, blanca", portaba un arma de fuego, con que lesionó a la víctima, mientras que esta última se encontraba inerme, por lo que el sujeto activo no corrió peligro de ser muerto o herido por el sujeto pasivo, por tanto, se colmaron los dos elementos que requiere dicha calificativa, esto es, el material, relativo a la posesión del arma y, el subjetivo, inherente al conocimiento de la superioridad que el arma le brindaba. Es importante destacar que si bien es cierto que el juez responsable no precisó que el resultado que requiere el homicidio, es decir, la privación de la vida, no se consumó por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo, también es que esa circunstancia puede inferirse en razón del daño potencial que puede causar un disparo de arma de fuego y, que en el caso, la lesión ocasionada a la víctima no afectó alguno de sus órganos vitales. En ese contexto, fue correcto que el juez responsable estableciera que ese hecho delictivo es atribuible al quejoso, acorde con el artículo 25 del Código Penal para esta ciudad, que prevé la figura jurídica del delito emergente, esto es, si varias personas toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto al acordado, todos serán responsables de este, según su propia culpabilidad, específicamente en el supuesto establecido en la fracción IV, inherente a que cuando hayan estado presentes en su ejecución, no hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo. Así se considera, porque el juez responsable estableció que el hecho relativo al delito de homicidio calificado tentado es atribuible al quejoso, dado que fue consecuencia inmediata y directa del correspondiente al robo, respecto del cual los sujetos activos se pusieron de acuerdo para cometerlo, cualquiera que fuesen las consecuencias que resultasen, pues tres de ellos portaban arma de fuego, que fue el medio idóneo para desapoderar a los pasivos de sus pertenencias, aunado a que el peticionario de amparo estuvo presente cuando el diverso sujeto activo, que vestía "chaleco, rojo, y gorra, blanca", sacó un arma de fuego y disparó contra ellos, hiriendo a Miguel Ángel, sin que haya hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo, ya que los datos de prueba, hasta ese momento, revelaron que no realizó alguna acción para evitar que tal individuo dispara contra la víctima. Por otra parte, fue correcta la determinación del juez responsable, al concluir que en el caso no se actualiza en favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Establecido lo anterior, son infundados los conceptos de violación. Así se considera, porque contrario a lo aseverado por el quejoso, la circunstancia relativa a que Marco Antonio, Stephanie y Joaquín precisaron que tres de los seis sujetos activos portaban un arma de fuego, en tanto que Elizabeth indicó que todos ellos estaban armados y la menor identificada como "GIHC" mencionó que sólo el que vestía "chaleco, rojo y una gorra" era quien portaba un arma de fuego, así como que exista incongruencia en cuanto al color de la sudadera que vestía el peticionario de amparo al momento de su detención, no trascienden en el sentido en que resolvió el juez responsable, pues este último consideró, de manera preponderante, que Marco Antonio y Joaquín fueron categóricos en señalar que el imputado fue quien los amagó con un arma de fuego y luego los desapoderó de sus pertenencias, en tanto, que Elizabeth y la menor de edad de referencia corroboraron ese hecho delictivo. De igual manera, no trasciende al sentido de la resolución reclamada, el que el imputado cuestionara la legal propiedad que tenía Marco Antonio respecto del teléfono celular que le fue desapoderado, pues no debe perderse de vista que lo cierto es que era ajeno al justiciable. Tampoco asiste razón al quejoso al manifestar que el juez responsable incorrectamente tuvo acreditada la calificativa de violencia moral, prevista en la fracción II del artículo 225 del Código Penal para esta ciudad y la agravante de pandilla, dado que existe incompatibilidad entre ambas; lo anterior es así, porque el supuesto a que se refiere la fracción preindicada de dicho dispositivo no fue aplicada al peticionario de amparo. Ahora, en relación con el señalamiento del quejoso relativo a que fue incorrecto que la autoridad judicial responsable estimara actualizado el hecho de la ley señala como delito de homicidio calificado tentado, de manera emergente, dado que "estaba fuera de su alcance e imposibilitado para realizar algún acto para impedir ese hecho", ya que desconocía que un tercero dispararía contra la víctima, por lo que debió atenderse a la "Teoría de la autonomía", la cual propone que "el delito producido por varios individuos pierde su unidad al considerar que los concurrentes a la producción del evento delictivo realizan comportamientos autónomos y surgen así distintos delitos, cada uno de ellos con vida propia". Al respecto, se reitera, como correctamente resolvió el juzgador de origen, ese hecho delictivo es atribuible al imputado, dado que fue consecuencia inmediata y directa del correspondiente al robo, respecto del cual los sujetos activos se pusieron de acuerdo para cometerlo, cualquiera que fuesen las consecuencias que resultasen, pues tres de ellos portaban arma de fuego, que fue el medio idóneo para desapoderar a los pasivos de sus pertenencias, de ahí que no pueda establecerse que son hechos autónomos, como afirmó el quejoso, aunado a que los datos de prueba revelaron que este último no realizó alguna acción para evitar que tal individuo, que también intervino en dicho desapoderamiento, disparara contra la víctima, para estar en posibilidad de determinar si hizo cuanto estaba de su parte para impedirlo, atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Decisión del juez responsable que es acorde con el criterio sustentado en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, consultable en la página 73 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 133-138, Segunda Parte, que dispone: "DOLO EVENTUAL EN LA PARTICIPACIÓN DELICTIVA, CONCURRENCIA DEL. La circunstancia de que el quejoso no haya ejecutado materialmente el hecho constitutivo del delito de homicidio imputado, no lo releva de responsabilidad en el mismo, como participe, si, según se advierte de autos, había acordado con sus coinculpados la realización de los diversos delitos de robo a mano armada, por los que también se le procesó, dado que, resulta evidente la concurrencia, en dicho homicidio, del dolo eventual, el cual se caracteriza por la representación que el sujeto activo del delito concertado tiene con relación a otro diverso, de naturaleza contingente o de posible surgimiento, que no constituye por sí y en forma directa e inmediata, el objeto de su designio delictuoso. Si el inculpado, dado el 'modus operandi' del grupo del que formaba parte, estaba en condiciones de prever y previó, como resultado emergente, la causación de un daño a la integridad física de las víctimas, que en un momento dado, pudieran oponerse a la acción ilícita consistente en el apoderamiento violento de sus bienes, que constituía la meta inicial, y por ello, al persistir al igual que sus coacusados a pesar de tal representación, en su propósito de delinquir, empleando la coacción moral ejercida en sus víctimas, a través del uso de las armas, debe responder del resultado antijurídico previsto y aceptado, precisamente en calidad de participe, con el autor material, a título de dolo eventual. En efecto al no haberse opuesto el quejoso al empleo de las armas, ni haber realizado algo de su parte para impedirlo, tácitamente aceptó el resultado en que consistió el nuevo delito. En consecuencia, no resulta violatoria de garantías la sentencia que lo condena por los diferentes delitos de robo con violencia y homicidio". Sin que en el caso deba analizarse este motivo de disenso acorde con las teorías de "comunicabilidad" (de las circunstancias) y "dominio funcional del hecho", invocadas por el peticionario de amparo, porque no se relacionan con los supuestos que prevé la actualización del delito emergente, dado que la primera, acorde con el artículo 74 del Código Penal para esta ciudad, deriva de aspectos relativos al aumento o disminución de la pena, sin que en el caso se esté en ese supuesto; mientras que la segunda, desarrollada de manera principal por Claus Roxin, según la cual es autor del delito aquel sujeto que domina el hecho en el sentido propio del término, es decir, quien decide de manera libre el sí, el cómo y el cuándo del hecho ilícito y, por ello, puede, si lo decide, suspender la ejecución del plan global o llevarlo a buen término. En tanto, que la figura del delito emergente, denominado por algunos autores como "exceso de uno de los coautores", presupone la realización conjunta, mediante acuerdo previo de un hecho delictivo a título doloso, en el cual durante el transcurso de la secuela delictiva uno de los coautores -sin acuerdo previo- comete un nuevo delito que excede el ámbito de la decisión común acordada, lo que repercutirá en la forma de imputación subjetiva del resultado que se haya cometido por exceso. Así, unos pueden responder -respecto del delito que emerge- a título de dolo (directo o eventual), y otros a título de imprudencia o no responder en absoluto del exceso. Con base en todo lo expuesto, contrario a lo aseverado por el quejoso, se concluye que no se violó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia como estándar de prueba, tomando en consideración la etapa procesal en que se emitió la resolución reclamada, pues como se dijo, fue correcto que el juez responsable estimara, más allá de cualquier duda razonable, que la agente del Ministerio Público aportó datos de prueba suficientes y eficaces para acreditar los dos diversos hechos delictivos imputados al justiciable, con lo cual desestimó la hipótesis de inocencia alegada por la defensa. Es orientadora, la jurisprudencia 1a./J. 28/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 546 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, que dispone: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora". Es importante destacar, como indicó la autoridad judicial responsable, que el artículo 19 constitucional establece la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del hecho delictivo, lo que implica que los datos recabados hasta la etapa procedimental sólo deben reunir el estándar probatorio necesario para satisfacer tal extremo, pues no debe perderse de vista que la vinculación a proceso, como la que se controvierte, tiene como principal objetivo que el Ministerio Público esté en posibilidad de realizar una investigación complementaria del hecho delictivo, en la que pueda recabar datos y medios probatorios, a través de los cuales, eventualmente, pueda proceder acorde con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, solicitar el sobreseimiento (parcial o total), suspensión del proceso o formular acusación. Con base en lo expuesto, este órgano de control constitucional estima que se encuentran satisfechos los requisitos de forma y fondo que exige el artículo 19 Constitucional y los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ya que de los datos de prueba se advierte que aparecen datos suficientes hasta este momento, para establecer que se han cometido diversos hechos que la ley señala como delitos de robo agravado calificado y homicidio calificado tentado y existe probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión; máxime que, como se dijo, no es requisito indispensable en dicha resolución tener pruebas plenas o contundentes para acreditar la plena responsabilidad penal de los justiciables, sino sólo datos que la hagan probable su intervención o participación. En ese contexto, toda vez que la resolución reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Osvaldo Paredes Moreno, respecto de los actos reclamados del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur y de la Agente del Ministerio Público, Encargada del Área de Carpetas de Investigación Sin Detenido en las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia AO-1 y AO-2 de la Fiscalía Desconcentrada en Álvaro Obregón de la Procuraduría General de Justicia, ambos de la Ciudad de México, consistentes en: - El cumplimiento de la resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, pronunciada de manera oral en la audiencia inicial, derivada de la carpeta judicial 007/0140/2017, en que se vinculó a proceso al quejoso, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delitos de robo agravado calificado y homicidio calificado tentado. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Osvaldo Paredes Moreno, contra acto que reclamó del Juez del Sistema Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Siete del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (Alejandro Jiménez Villareal), consistente en: - La resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, pronunciada de manera oral en la audiencia inicial, derivada de la carpeta judicial 007/0140/2017, en que se vinculó a proceso al quejoso, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delitos de robo agravado calificado y homicidio calificado tentado.

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