Osvaldo Morales Cano

Expediente 572/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
572/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Osvaldo Morales Cano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de marzo de dos mil veintitrés. EXHIBE ACTA DE DEFUNCIÓN. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por Olivia Benítez Reyes, asesora jurídica federal de la parte quejosa, por medio del cual, exhibe copia certificada del acta de defunción del quejoso Osvaldo Morales Cano, misma que cuenta con los siguientes datos de localización, número de certificado de defunción F1593830, oficialía 1, Libro 6, acta 184, del municipio de Paracho de Verduzco, Michoacán de Ocampo, con fecha de registro veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. OFICIO. Asimismo, glósese para que obre como legamente corresponda el diverso comunicado suscrito por el Jefe de Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales de la Dirección del Registro Civil en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento; lo anterior, en virtud a que la parte quejosa ya exhibió la documental de que se trata, como se expuso en párrafos precedentes. ANÁLISIS DE IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, si existe o no imposibilidad manifestada en relación al cumplimiento a la ejecutoria emitida por este juzgado. Así, de las constancias se advierte que el veintiuno de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en la que se determinó sobreseer el juicio de amparo en que se actúa. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la citada resolución; por lo que previa integración del presente expediente y ordenada su remisión a la superioridad, por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, devolviendo los autos del juicio en que se actúa, así como testimonio de la ejecutoria dictada por el Tribunal de su adscripción, en la que se determinó revocar la sentencia recurrida para ahora conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Ahora bien, los efectos de la sentencia amparadora, fueron los siguientes: "(.) Dicten cuanta medida sea necesaria, a fin de salvaguardar la vida del quejosa Osvaldo Morales Cano; para ello, deben girar las instrucciones, a efecto de que se realice un diagnóstico -que se registre en el expediente clínico- donde conste que un profesional médico realizó la valoración integral que determine los servicios de salud necesarios para el tratamiento o tratamientos de su patología y la existencia completa del cumplimiento a la obligación de aportar al paciente todos los elementos necesarios para que éste tome una decisión libre e informada sobre su tratamiento o ausencia del mismo. De existir lo anterior, deben girar las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando las sesiones dialíticas al quejoso relativo al padecimiento de insuficiencia renal crónica e hipertensión, ya por conducto de la institución o de forma subrogada; además, la institución de salud a su cargo brinde la adecuada atención médica, tanto en el nivel de especialidad médica, como hospitalaria y por cuanto insumo material o recurso humano requiera. Deberán suministrar todas las prestaciones en especie y dinero que requiera para el tratamiento, cuidados o las medidas que requiera para efecto de seguir practicando los procedimientos de hemodiálisis. Incluso, deberá dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud del hoy quejoso." (sic) Luego, como se advierte de la narrativa realizada con anterioridad, la imposibilidad material con la que cuenta la autoridad responsable a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo es ante el fallecimiento del quejoso Osvaldo Morales Cano, circunstancia que fue informada por el autorizado de la parte quejosa; lo que se corrobora con la copia la certificada del acta de defunción, exhibida con anterioridad. Por lo tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió la protección constitucional. Lo anterior, porque el efecto protector consistente en que las responsables continúen proporcionando de forma integral, completa y continúa al quejoso, prestándole la atención médica, lo cual, evidentemente no puede realizarse materialmente; aunado a lo informado por la parte quejosa, sustentándolo con el certificado de defunción con fecha de registro veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. De ahí que esta autoridad declara la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que pase inadvertida la obligación que impone el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando una sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, se deberán remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el diverso numeral 193, de la legislación en consulta. No obstante, este Juzgado de Distrito advierte que la imposibilidad que tiene la autoridad responsable no deviene de alguna de las circunstancias previstas en el mencionado artículo 193, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, o bien, que se actualice alguna conducta que demuestre su omisión o evasiva en el debido cumplimiento; por tanto, no está justificado legalmente proceder conforme a lo establecido en las porciones normativas invocadas. Tampoco resulta razonable volver a requerir el debido cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, puesto que a ningún fin práctico conduciría, habida cuenta que, se reitera, existe imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, ajena a la potestad reglamentaria de la autoridad en cuestión. Tiene apoyo a lo anterior en lo conducente, la Tesis: XXIV.2o.2 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2019, página 2612, registro 2019824, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CONSIDERACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE DECRETÓ LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR CON EL FALLO PROTECTOR, AUN CUANDO DICHO RECURSO LO INTERPONGA LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA IMPUGNAR EXCLUSIVAMENTE LAS MULTAS IMPUESTAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN RESPECTIVO." Así como la diversa 1a./J. 42/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Mayo de 2014, página 476, registro 2006470, cuyo contenido es el siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. CUANDO LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL PROMOVENTE DE DICHO RECURSO RESULTEN INOPERANTES EN SU TOTALIDAD, PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del apartado siete punto cuatro, del capítulo siete del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno, a través del oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020, toda vez que fue concedida la suspensión de plano de los actos reclamados dentro del presente juicio de amparo; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo a que se hace mención en dicho manual, conservando las respectivas documentales. Hágase la anotación en la carátula. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, realizada la depuración del mismo, solicítese la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General del Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se instruye al secretario para que realice las anotaciones que correspondan. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de marzo de dos mil veintitrés. ESCRITO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el escrito firmado por Olivia Benítez Reyes, asesora jurídica federal de la parte quejosa, por medio del cual, comunica que fue informada vía correo electrónico por la hija del aquí quejoso, que las autoridades responsables proporcionaron el tratamiento oportuno; sin embargo manifiesta que éste falleció; sin proporcionar más datos; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. REQUERIMIENTO. No obstante, con finalidad de evitar mayores dilaciones procesales, mediante oficio que derive del presente auto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Director del Registro Civil del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que reciba la notificación respectiva, remita copia certificada del acta de defunción del quejoso ********************, a fin de estar en aptitud de proveer lo correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en los autos del presente expediente. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad que de hacer caso omiso al requerimiento en cuestión, se hará acreedora a la imposición de multa de CIENTO CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 259 de la Ley de la materia en vigor. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de febrero de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el correo electrónico de cuenta, por medio del cual Vicente Zarco Suayd, apoderado legal de las autoridades responsables la Secretaria de Salud y/o Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, por si y en cuanto representante legal del Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto anexa las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dése vista a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente en que surta efectos su legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. NOTÍFIQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de diciembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que las autoridades responsables Secretario de Salud del Estado de Michoacán con residencia en la ciudad de Morelia y Directora del Hospital "Dr. Pedro Daniel Martínez" en la ciudad de Uruapan, no han informado el cumplimiento dado al fallo protector dictado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, dentro del amparo en revisión 64/2022, como se le requirió en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Por tanto, toda vez que el cumplimiento de las sentencias es de orden público e interés social, de tal manera que este órgano federal debe vigilar su eficaz observancia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las referidas responsables, para que dentro del plazo de tres días hábiles, computado a partir de la legal notificación del presente proveído, acaten en sus términos la sentencia amparadora; remitiendo copia certificada de las actuaciones que demuestren tal extremo, o bien, informe los actos que realice para ese efecto, o en caso contrario, indique la imposibilidad legal que tenga para ello. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones, que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a DOSCIENTOS DÍAS el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. NOTIFÍQUESE.

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