Osvaldo Mendoza Ramírez

Expediente 39/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
39/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Osvaldo Mendoza Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el arti´culo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el arti´culo 2° de la ley invocada, en relacio´n con el 355 y 356 fraccio´n II del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacio´n supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyo´ fuera de audiencia en el presente juicio, ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que en el escrito inicial de demanda el quejoso señaló como acto reclamado lo siguiente: "[.] segregación la insura de ir al médico por fractura en el pie derecho, con inflamación y dolor fuerte intenso.[.]" Asimismo, que de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable Director del Centro de Reinserción Social el Hongo, recibidas en este órgano jurisdiccional el veintiuno de enero, veinticinco de febrero, quince de marzo y dieciocho de abril todos de dos mil veintidós, se desprende: -Nota de atención médica de veinte de enero de dos mil veintidós relativa al paciente Osvaldo Mendoza Ramírez en la que se realiza la valoración médica correspondiente, se le ordena suministro de medicamento se desprende "se solicita valoración nuevamente por TyO para verificación de estado clínico y se solicita Rx dentro de 2 semanas para revaloración de estado físico. Hace mención que familiar puede valorar medidas terapéuticas y opciones de tratamiento quirúrgico". - Nota de atención médica de veintitrés de febrero de dos mil veintidós relativa al paciente Osvaldo Mendoza Ramírez, en la cual se advierte la valoración por el especialista en Traumatología del Centro de Reinserción Social el Hongo, en el cual refiere "se necesita gestionar cita con hospital de segundo nivel para valorar resolución quirúrgica de la fractura; se otorga Metamizol 1 cada 8 hrs por 10 días; se otorga receta por tramadol capsulas (administrar como medicamento controlado)." - Remite oficio de once de marzo de dos mil veintidós dirigido al Director del Hospital General de la ciudad de Tecate, Baja California, mediante el cual solicita una valoración de segundo nivel para valorar la resolución quirúrgica de la fractura que presenta el quejoso. - hoja de cita médica a nombre del aquí quejoso fijada para el veinte de mayo de dos mil veintidós con el especialista en traumatología en el Hospital General de Tecate. Constancias con las cuales en veinticuatro de enero, diecisiete y veinticinco de marzo y veinte de abril todos de dos mil veintidós se corrió traslado a la parte quejosa. De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, esencialmente consistente en: La omisión de brindar la atención y tratamiento médico requerido por el quejoso con motivo de padecimiento que aduce. Acto que ha cesado sus efectos, toda vez que en veintiuno de enero, veinticinco de febrero, quince de marzo y dieciocho de abril todos de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo promovida por el impetrante en diecinueve de enero dos mil veintidós, la autoridad señalada como responsable brindó la atención médica a la parte quejosa, como se desprende de las diversas notas de atención médicas relativas al paciente Osvaldo Mendoza Ramírez, donde se le valoró y se le suministró el medicamento correspondiente. Asimismo, previo a la valoración realizada por el médico del Centro de Reinserción Social el Hongo, realizó las gestiones necesarias a fin de que el quejoso de referencia acudiera al Hospital General a efecto de que se le realice una valoración de segundo nivel en relación a la especialidad que requiere -traumatología-. Por lo tanto, resulta inconcuso que, el acto reclamado por la parte quejosa consistente la omisión de brindar la atención y tratamiento médico requerido con motivo del padecimiento que aduce, ha cesado sus efectos. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, se estima que, en el caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]." Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previo a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentren previstos en la ley. En la especie, se estima que tal motivo de improcedencia se encuentra actualizado, pues el impetrante fue omiso en instar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual una persona privada de su libertad puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Ahora bien, tomando en consideración que en el caso concreto se reclama una omisión inherente a las condiciones de internamiento, resulta pertinente destacar el contenido de los artículos 1º, 2º, 4º, 9º, 25, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De la interpretación sistemática de los numerales invocados, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquier omisión que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Ésta tiene por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no, una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación Asimismo, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada y otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real de que el acto de ser positivo sea suspendido e, incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. El citado mecanismo también prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues la ley relativa establece que, si la solicitud es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes. Además, contempla la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que, si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez correspondiente a demandar esta omisión. De igual manera, la persona privada de su libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación, en caso de que considere que la resolución emitida por el Juez vulnera sus derechos. Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Así, el Máximo Tribunal del País ha reconocido que el mecanismo de control aludido constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2018548, que es del tenor que se transcribe: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Es oportuno destacar que el criterio antes invocado es aplicable tratándose de actos relacionados con la falta de atención médica, incluso cuando ello esté vinculado con el derecho a la salud, ya que al resolver la contradicción de tesis 304/2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la atención médica está contemplada dentro de las condiciones de internamiento y, por ende, las inconformidades relacionadas con aquella deben sujetarse al mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, la referida Primera Sala declaró sin materia la contradicción de tesis aludida, porque el tema ya había sido definido al resolver la diversa contradicción de tesis 57/2018 y, por tanto, sobre la cuestión que originó la divergencia de criterios (atención o servicios médicos de personas internas) debía prevalecer el criterio fijado en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.). En ese tenor, es claro que -en los términos apuntados- dichas omisiones son revisables o impugnables ante la propia autoridad carcelaria, o bien directamente ante el Juez del proceso o Juez de Ejecución (según la situación jurídica del agraviado) conforme al mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que el promovente estaba obligado a agotarlo antes de acudir a esta instancia constitucional y al no hacerlo, incumplió con el principio de definitividad. Ello, toda vez que -según se explicó- el mecanismo de control aludido, constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual el quejoso, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento; que prevé la suspensión de los actos impugnados sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, incluso tratándose de casos de suma urgencia; aunado a que, en el caso, no sólo se alegan violaciones directas a la Constitución, pues se reclaman infracciones directas e indirectas a ésta, porque se impugnan temas de servicios médicos regulados en los artículos 9º fracción II, 32, 34, 76, 77, 78 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese tenor, como se advierte que el promovente no promovió ante el juez de ejecución, la controversia atinente sus condiciones de internamiento, con motivo de la falta de atención médica que refiere; es claro que no ha agotado el citado mecanismo de control, por lo que se estima que se acredita la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, visible a página 1701, libro 58, septiembre de 2018, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Asimismo, se invoca la tesis III.2º.P.135 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 3318, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2016370, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia el presente juicio de amparo al actualizarse las causas de improcedencia previstas en artículo 61, fracción XX y XXI, de la misma ley. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Finalmente, toda vez que el quejoso, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con residencia en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación de emergencia sanitaria decretada en el país, en virtud de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia. Es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar, entre otras cosas, la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII, del Acuerdo General 12/2020, articulo 2, fracciones X y XII, del Acuerdo General 13/2020, ambos Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que notifique el presente auto personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "webex". Debiendo asentar en la constancia que para tal efecto elabore, que le dio lectura íntegra al presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que se señaló para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, aún no transcurre a la parte quejosa el término que refiere el segundo párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, a efecto de que se imponga del contenido del informe y anexos remitidos por la autoridad señalada como responsables, mediante proveído de dieciocho de abril último. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, para la celebración. Finalmente, toda vez que el quejoso, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con residencia en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación de emergencia sanitaria decretada en el país, en virtud de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia. Es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar, entre otras cosas, la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII, del Acuerdo General 12/2020, articulo 2, fracciones X y XII, del Acuerdo General 13/2020, ambos Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que notifique el presente auto personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "webex". Debiendo asentar en la constancia que para tal efecto elabore, que le dio lectura íntegra al presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la autoridad señalada como responsable, mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado en auto de veinticuatro de marzo del año en curso, y al efecto, remite las constancias respectivas; en consecuencia, dese vista a las partes con su contenido, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo y córrase traslado con el contenido de las mismas a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Asimismo, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de la materia, se tienen por anunciadas, las pruebas documentales que se anexan, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, toda vez que el quejoso Osvaldo Mendoza Ramírez, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con residencia en Tecate, Baja California; y atendiendo a la situación de emergencia sanitaria decretada en el país, en virtud de la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia. Es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar, entre otras cosas, la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII, del Acuerdo General 12/2020, articulo 2, fracciones X y XII, del Acuerdo General 13/2020, ambos Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, para que notifique el presente auto personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "webex". Debiendo asentar en la constancia que para tal efecto elabore, que le dio lectura íntegra al presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido. Notifíquese; personalmente al quejoso y a su asesor jurídico.

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