Osvaldo Mauricio Lara Casco
Expediente 414/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 14/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juez Sexto de lo Penal de la Ciudad de Puebla
- OSVALDO MAURICIO LARA CASCO y Otros.
- Osvaldo Mauricio Lara Casco
- Brenda Estefany Merino Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el uno de diciembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del recurso de inconformidad número 26/2016, el expediente de amparo número 414/2016, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió declarar infundado el recurso de inconformidad interpuesta por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto Penal y a la Fiscalía General del Estado de Puebla en contra del auto de once de octubre del año en curso. Por otra parte, glósese el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por cuanto hace a las constancias que obran en original; lo anterior, a fin de hacer práctico el manejo de éste y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; en consecuencia devuélvase al archivo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto Penal y a la Fiscalía General del Estado de Puebla, por medio del cual interpone recurso de inconformidad en contra del acuerdo de once de octubre del año en curso dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 203 de la Ley de Amparo y en atención al punto séptimo del "INSTRUMENTO NORMATIVO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS PUNTOS SEGUNDO, FRACCIÓN XVI; CUARTO, FRACCIÓN IV; OCTAVO, FRACCIÓN I; NOVENO, AL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, Y DÉCIMO TERCERO, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2013, DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL TRECE, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE EL PLENO CONSERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN, Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO" de fecha nueve de septiembre de dos mil trece emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, remítase el original del escrito de inconformidad, así como el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente con las constancias necesarias y distribúyanse entre las partes copias simples de la inconformidad interpuesta.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por las autoridades responsables ordenadora en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, vista que fue desahogada por la autoridad tercera interesada; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que la Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: "I. Deje insubsistente el auto de plazo constitucional reclamado; y, II. En su lugar, dicte otra resolución en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente sentencia: a) Aplique las normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la naturaleza de los ilícitos concretados, es decir, para el delito de trata de personas, la adecuación normativa tendrá fundamento en la legislación especial y en lo no previsto en la misma conforme a los ordenamientos aplicables supletoriamente, mientras que para el delito local, el ordenamiento jurídico penal del Estado de Puebla. b) El proceso penal lo rija por las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, y en lo no previsto en la misma en los ordenamientos aplicables supletoriamente. c) Para el caso de que se haya decretado el cierre de instrucción y ordenado la suspensión del procedimiento en espera de que se resuelva el medio de control constitucional, una vez realizadas las acciones precisadas en los incisos anteriores, se deje también sin efectos el auto que declaró el cierre de instrucción para mantener abierta la etapa procedimental de instrucción, a fin de que las partes, a través de un plazo probatorio extraordinario, estén en posibilidad de ejercer su derecho de defensa, mediante el ofrecimiento de los medios de convicción que a su interés convenga en relación con la traslación normativa efectuada en el nuevo auto de plazo constitucional dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. d) Prescinda de citar como sustento del acto reclamado el artículo 42, fracción IX, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, al no poder coexistir esta calificativa con el tipo básico previsto en el artículo 13 del mismo ordenamiento legal, en virtud de que éste ya trae inmersa la cualidad del sujeto pasivo (una o más víctimas)." Ahora bien, de las constancias que envió la Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se advierte que mediante resolución de treinta y uno de agosto de este año dictada dentro del proceso 90/2016 de su índice, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de plazo constitucional reclamado de once de marzo de este año, así como el diverso de quince de agosto de la presente anualidad, con el que pretendió acatar el fallo protector. En su lugar, aplicó las normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la naturaleza de los ilícitos concretados, es decir, para el delito de trata de personas, la adecuación normativa tuvo fundamento en la legislación especial y en lo no previsto en la misma conforme a los ordenamientos aplicables supletoriamente, mientras que para el delito local, el ordenamiento jurídico penal del Estado de Puebla. El proceso penal lo rigió por las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, y en lo no previsto en la misma en los ordenamientos aplicables supletoriamente. Prescindió de citar como sustento de su nueva determinación el artículo 42, fracción IX, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos. Hecho lo anterior, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor del aquí quejoso Osvaldo Mauricio Lara Casco, al señalar que las probanzas que obran en la indagatoria respecto de las cuales decretó su ilictud, son insuficientes para tener por acreditados los elementos del cuerpo de los delitos de trata de personas y corrupción de menores, por los que se le inició el citado proceso y, como consecuencia de ello, la probable responsabilidad del inconforme en su comisión. Lo anterior resultó así, puesto que, señaló, la detención del procesado resultó arbitraria, declarando la ilicitud de todos los medios de prueba obtenidos en tal suceso, siendo estos: la declaración de los elementos remitentes Alberto González Muñoz, Álvaro Vargas Martínez, Marco Antonio Zayas González, Genovevo Barrios Carrillo, Rodrigo Amador Ordaz, Antonio Bermúdez Olguín, Ángel Gaona Méndez, Cesáreo Peralta Rojas, Mario Díaz Cruz y Kenia Jaquelín Mozo Cacalo; así como su parte informativo de seis de marzo de este año; las declaraciones de las menores Brenda Estefany Merino Rodríguez, Sarahí León Mier, Alma Isabel Vázquez Juárez y María Fernanda Ríos Cruz y su fe de lesiones. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad de Puebla y la Jefe del Departamento Jurídico de dicho Centro Penitenciario, en cumplimiento a la ejecutora de amparo, el primero, realizó las anotaciones correspondientes en el expediente penitenciario del quejoso y, el segundo, informó que a las dieciocho horas con cincuenta minutos del quince de agosto de la presente anualidad dio cumplimiento a lo ordenado por el juez responsable. En las condiciones relatadas y con independencia de que sea correcto o no el estudio de fondo del auto de libertad, pues ese tema no fue motivo de estudio en la sentencia al no haberse considerado necesario, este juzgado estima que la sentencia dictada se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable ordenadora; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en su carácter de autoridad tercera interesada, en el sentido de que la ejecutoria no se encuentra cumplida por los motivos siguientes: Que la juez responsable debió emitir la nueva determinación ajustándose a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues no se concedió un amparo liso y llano, generando con ello un exceso en sus funciones jurisdiccionales. Que la autoridad responsable, al resolver la situación jurídica del inconforme, realiza el estudio de diversos aspectos que no se fijaron en la ejecutoria, a saber, estudió la flagrancia, analizó la puesta a disposición del inconforme, mencionó principios de progresividad, analizó la conducta de los elementos aprehensores al momento de suscitarse los hechos, así como de las actas que motivaron la visita de la autoridades administrativas, declaró la ilicitud de las deposiciones de las menores agraviadas, finalmente dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor del inconforme y, como consecuencia de ello, ordenó su inmediata libertad, para lo cual giró el oficio respectivo al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad de Puebla. Ahora bien, los aspectos aducidos por la autoridad tercera interesada no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues la concesión de la protección constitucional únicamente implicó que la autoridad responsable: Dejara insubsistente el acto reclamado. Aplicara las normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la naturaleza de los ilícitos concretados. Rigiera el proceso penal por las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, y en lo no previsto en la misma en los ordenamientos aplicables supletoriamente. Finalmente, prescindiera de citar como sustento del acto reclamado el artículo 42, fracción IX, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos. Por tanto, si en el caso la autoridad responsable mediante resolución de treinta y uno de agosto de este año determinó dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Osvaldo Mauricio Lara Casco (aquí inconforme), al señalar que las pruebas que obran en la indagatoria, respecto de las cuales no decretó su ilictud, resultan insuficientes para acreditar los elementos del cuerpo de los delitos de trata de personas y corrupción de menores, ello no contraviene lo establecido en el fallo protector, pues lo que alega son cuestiones ajenas que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, ya que, previo a concluir en los términos que lo hizo, dejó insubsistente la resolución tildada de inconstitucional, aplicó las normas de previsión de las conductas delictivas y de sanción en atención a la naturaleza de los ilícitos concretados, rigió el proceso penal por las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, y en lo no previsto en la misma en los ordenamientos aplicables supletoriamente y, finalmente prescindió de citar como sustento del acto reclamado el artículo 42, fracción IX, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas de estos Delitos, tal y como se estableció en la sentencia amparadora. Por tanto, el actuar del juez responsable no conlleva a determinar que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, al existir exceso, puesto que en la ejecutoria nada se dijo en relación a que el juez responsable se encontraba constreñido a actuar en algún sentido, es decir, que reiterara los elementos del cuerpo de los delitos en estudio y la probable responsabilidad del peticionario; ello a fin de justificar el exceso manifestado por el fiscal tercero interesado. Entonces, al no haberse fijado lineamentos en los términos antes establecidos, previo a acatar lo citado en el fallo protector, el juez responsable se encontraba en posibilidad de actuar con libertad de jurisdicción, como aconteció. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Así mismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Finalmente, devuélvase a la juez responsable, las constancias que se tuvieron por recibidas mediante acuerdo de veintiuno de septiembre pasado (anexos III, IV y V); lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en su carácter de autoridad tercera interesada; visto su contenido, téngasele haciendo diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable ordenadora, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución que determine si la ejecutoria está cumplida o no.
Quedan 22 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes
- Oscar Velazquez Ceron936/2020
- Osciel Alfonso Rivera Hernandez719/2018
- Osmar Constantino Denis Morales (Representante)852/2022
- Osvaldo Carreño Manzano756/2016
- Osvaldo Carreño Manzano874/2016
- Osvaldo Huerta Saldaña1076/2021
- Osvaldo Sánchez Valencia1056/2017
- Osvaldo Tenorio Aldana940/2022
- Osvaldo Vicen Munguia155/2018
- Oswaldo Alberto Herrera Lozada548/2016
- Oswaldo de Jesus Mercado Lopez288/2019
- Oswaldo Enrique Vieyra Genis156/2018