Osvaldo Martínez González

Expediente 167/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
167/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
13/03/2017

Partes del expediente

  • Osvaldo Martínez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VIII. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra del auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (fojas 32 a 35), en el cual se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la legislación citada por disposición expresa de su artículo 2º, para todos los efectos procedentes, se declara que el mismo adquirido firmeza procesal. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el amparo en este juicio. 2. El original incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso I,). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otro lado, mediante oficio remítase a la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado dada la tramitación del presente asunto en la vía indirecta, consistentes en la carpeta administrativa 1101/20126. Se le solicita el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento de que para el caso de omisión al respecto, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, una vez que obren las constancias de notificación respectivas, el expediente se enviará materialmente al archivo.

  2. Principal

    VIII. Visto el pedimento de cuenta a través del cual el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado de Distrito realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos y solicita se le expida copia certificada de la resolución que se emita en este sumario constitucional. En términos de lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguese a los autos el pedimento de cuenta, ello en atención a que mediante determinación de dieciséis de febrero del año actual, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Asimismo, en términos de los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su orinal 2º, expídase bajo su costa copia certificada de dicha resolución, previa comparecencia y firma que por su recibo obre en autos; asimismo, a fin de recibirla deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente para debida constancia legal de su entrega.

  3. Principal

    VIII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, remite las constancias consistentes en la carpeta administrativa 1101/2016, lo anterior para los efectos legales conducentes. A las constancias remitidas se les otorga valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2. Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, este juzgador advierte una causa de improcedencia en el presente asunto, con independencia de que las propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Ahora, de los antecedentes de la carpeta administrativa 1101/2016 de la cual deriva el acto reclamado, se aprecian los siguientes: 1. El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el Agente del Ministerio Público, solicitó se generara la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, en la carpeta de investigación 160240088915, relativa al hecho delictuoso de FRAUDE en agravio de Juan Leonardo Mejía Sánchez, contra Osvaldo Martínez González, donde se señalaron las doce horas del siete de noviembre de dos mil dieciséis, para que tuviera verificativo la audiencia referida. 2. Determinación que se notificó al imputado Osvaldo Martínez González, con el apercibimiento que de no comparecer, se ordenará su aprehensión o comparecencia según corresponda. 3. En audiencia de formulación de imputación de siete de noviembre de dos mil dieciséis, ante la inasistencia del indiciado Osvaldo Martínez González, pese a haber quedo debidamente notificado para ello, la autoridad responsable le concedió un término de tres días para que justificara su inasistencia a dicha audiencia, y para el caso de ser omiso, se dejarían a salvo los derechos de la representación social para proceder conforme a su interés corresponda. 4. Determinación que se ordenó notificar al imputado Osvaldo Martínez González. 5. El siete de octubre de dos mil dieciséis, el quejoso justificó su inasistencia. 6. El nueve de enero de dos mil diecisiete, nuevamente la representación social solicitó se generara la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, por el ilícito antes mencionado en contra del quejoso, por lo que la responsable señaló las diez horas con treinta minutos del veintitrés de enero de dos mil diecisiete. 7. Determinación que se ordenó notificar al imputado Osvaldo Martínez González con el apercibimiento de que en caso de no comparecer, se ordenará su aprehensión o comparecencia según corresponda. 8. En audiencia de formulación de imputación de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, ante la inasistencia del indiciado Osvaldo Martínez González se señalaron las ocho horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil diecisiete para que tenga verificativo la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión, quedando debidamente citados los intervinientes. 9. En audiencia de ocho de febrero de dos mil diecisiete, ante la inasistencia del imputado Osvaldo Martínez González, el juez de origen le concedió el término de tres días para que justifique su inasistencia a la misma, en el entendido que de no dar cumplimiento a ello, se procederá de conformidad con el artículo 290 del Código de Procedimientos Penales aplicable, por lo que quedaron a salvo los derechos de la representación social. Siendo hasta esta última actuación el estado procesal que guarda el asunto del cual deriva el acto reclamado. Este Juzgado Federal, de oficio, advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de corroborar lo anterior, conviene traer a colación el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De acuerdo con el citado artículo 61, fracción XXI, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquél exija. Ahora bien, de las constancias que integran la carpeta administrativa 1108/2016, se advierte que, efectivamente, el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de formulación de la imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión, donde se señaló el ocho de febrero de dos mil diecisiete, esta última que se llevó a cabo en sus términos Precisado lo anterior, se advierte que el acto reclamado consistente en la audiencia formulación de la imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión, de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo, y en la misma la responsable señaló el ocho de febrero de dos mil diecisiete; cesó en sus efectos. Se estima que los efectos del acto reclamado desaparecieron al haberse cancelado la audiencia para la cual fue citado, sin que trascendiera en la esfera jurídica del quejoso, tal y como si se hubiera otorgado la protección constitucional a la parte quejosa; pues en la hipótesis de que hubiese prosperado la pretensión constitucional del solicitante del amparo, hubiese sido para que la autoridad dejara sin efectos el auto en el que señaló la fecha para la audiencia de formulación de la imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, y volvieran las cosas al estado que tenían antes de su existencia, a fin de restituir al quejoso en el goce del derecho violado. Entonces, si la citación reclama dejó de surtir efectos al haberse ordenado la cancelación de la audiencia, se estima que no lesiona la esfera jurídica del quejoso. Sobre el tema, es aplicable, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis aislada del Pleno del Máximo Tribunal del siguiente contenido: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que obste a lo anterior que posteriormente se haya solicitado se señalara nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia de formulación de la imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, es decir, el ocho de febrero de dos mil diecisiete, pues constituyen un nuevo acto que a la fecha de presentación de la demanda no se había emitido, es decir, no existía y, por ende, no pudo ser impugnado por el quejoso y mucho menos puede ser analizado por este órgano de control constitucional, al no formar parte de la litis que integra el juico que se resuelve. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acuerdo y de la citación reclamada, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo en términos del numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal. No pasa desapercibido para este resolutor, el hecho de que en el presente juicio de amparo indirecto no haya sido emplazado el tercero interesado, así como la representación social que tuvo conocimiento de la carpeta de investigación, sin embargo, toda vez que es procedente sobreseer fuera de audiencia, la misma no le irroga perjuicio. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y cinco minutos del uno de marzo de dos mil diecisiete. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa . Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VIII. (CITATORIO QUEJOSA). Se hace efectivo el aperbimiento a la parte quejosa, en consecuencia se le notifica por medio de lista el auto de dieciséis de febrero del presente año, el cual es del tenor siguiente: " Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, remite las constancias consistentes en la carpeta administrativa 1101/2016, lo anterior para los efectos legales conducentes. A las constancias remitidas se les otorga valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2. Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, este juzgador advierte una causa de improcedencia en el presente asunto, con independencia de que las propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Ahora, de los antecedentes de la carpeta administrativa 1101/2016 de la cual deriva el acto reclamado, se aprecian los siguientes: 1. El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el Agente del Ministerio Público, solicitó se generara la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, en la carpeta de investigación 160240088915, relativa al hecho delictuoso de FRAUDE en agravio de Juan Leonardo Mejía Sánchez, contra Osvaldo Martínez González, donde se señalaron las doce horas del siete de noviembre de dos mil dieciséis, para que tuviera verificativo la audiencia referida. 2. Determinación que se notificó al imputado Osvaldo Martínez González, con el apercibimiento que de no comparecer, se ordenará su aprehensión o comparecencia según corresponda. 3. En audiencia de formulación de imputación de siete de noviembre de dos mil dieciséis, ante la inasistencia del indiciado Osvaldo Martínez González, pese a haber quedo debidamente notificado para ello, la autoridad responsable le concedió un término de tres días para que justificara su inasistencia a dicha audiencia, y para el caso de ser omiso, se dejarían a salvo los derechos de la representación social para proceder conforme a su interés corresponda. 4. Determinación que se ordenó notificar al imputado Osvaldo Martínez González. 5. El siete de octubre de dos mil dieciséis, el quejoso justificó su inasistencia. 6. El nueve de enero de dos mil diecisiete, nuevamente la representación social solicitó se generara la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, por el ilícito antes mencionado en contra del quejoso, por lo que la responsable señaló las diez horas con treinta minutos del veintitrés de enero de dos mil diecisiete. 7. Determinación que se ordenó notificar al imputado Osvaldo Martínez González con el apercibimiento de que en caso de no comparecer, se ordenará su aprehensión o comparecencia según corresponda. 8. En audiencia de formulación de imputación de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, ante la inasistencia del indiciado Osvaldo Martínez González se señalaron las ocho horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil diecisiete para que tenga verificativo la audiencia de formulación de imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión, quedando debidamente citados los intervinientes. 9. En audiencia de ocho de febrero de dos mil diecisiete, ante la inasistencia del imputado Osvaldo Martínez González, el juez de origen le concedió el término de tres días para que justifique su inasistencia a la misma, en el entendido que de no dar cumplimiento a ello, se procederá de conformidad con el artículo 290 del Código de Procedimientos Penales aplicable, por lo que quedaron a salvo los derechos de la representación social. Siendo hasta esta última actuación el estado procesal que guarda el asunto del cual deriva el acto reclamado. Este Juzgado Federal, de oficio, advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de corroborar lo anterior, conviene traer a colación el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De acuerdo con el citado artículo 61, fracción XXI, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquél exija. Ahora bien, de las constancias que integran la carpeta administrativa 1108/2016, se advierte que, efectivamente, el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de formulación de la imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión, donde se señaló el ocho de febrero de dos mil diecisiete, esta última que se llevó a cabo en sus términos Precisado lo anterior, se advierte que el acto reclamado consistente en la audiencia formulación de la imputación sin detenido y/o en su caso solicitud de orden de aprehensión, de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo, y en la misma la responsable señaló el ocho de febrero de dos mil diecisiete; cesó en sus efectos. Se estima que los efectos del acto reclamado desaparecieron al haberse cancelado la audiencia para la cual fue citado, sin que trascendiera en la esfera jurídica del quejoso, tal y como si se hubiera otorgado la protección constitucional a la parte quejosa; pues en la hipótesis de que hubiese prosperado la pretensión constitucional del solicitante del amparo, hubiese sido para que la autoridad dejara sin efectos el auto en el que señaló la fecha para la audiencia de formulación de la imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, y volvieran las cosas al estado que tenían antes de su existencia, a fin de restituir al quejoso en el goce del derecho violado. Entonces, si la citación reclama dejó de surtir efectos al haberse ordenado la cancelación de la audiencia, se estima que no lesiona la esfera jurídica del quejoso. Sobre el tema, es aplicable, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis aislada del Pleno del Máximo Tribunal del siguiente contenido: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que obste a lo anterior que posteriormente se haya solicitado se señalara nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia de formulación de la imputación sin detenido y/o en su caso de solicitud de orden de aprehensión, es decir, el ocho de febrero de dos mil diecisiete, pues constituyen un nuevo acto que a la fecha de presentación de la demanda no se había emitido, es decir, no existía y, por ende, no pudo ser impugnado por el quejoso y mucho menos puede ser analizado por este órgano de control constitucional, al no formar parte de la litis que integra el juico que se resuelve. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acuerdo y de la citación reclamada, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo en términos del numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal. No pasa desapercibido para este resolutor, el hecho de que en el presente juicio de amparo indirecto no haya sido emplazado el tercero interesado, así como la representación social que tuvo conocimiento de la carpeta de investigación, sin embargo, toda vez que es procedente sobreseer fuera de audiencia, la misma no le irroga perjuicio. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y cinco minutos del uno de marzo de dos mil diecisiete. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa . Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe."

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