Osvaldo Leyva Quintino

Expediente 549/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 40 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
549/2016
Año
2016
Actuaciones
40
Última actuación
05/06/2017

Partes del expediente

  • Osvaldo Leyva Quintino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    A sus autos el oficio que remite la Juez Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, por medio del cual acusa recibo del comunicado con el que se le notificó el auto de veintidós de mayo del presente año, por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto y se le remitió el duplicado de la causa penal ***, de su índice y un cuadernillo 11/2015, de su índice; atento a lo anterior, se toma conocimiento.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, se observa que mediante proveído de doce de mayo inmediato anterior, SE tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada, y ordenó su archivo definitivo como asunto totalmente concluido; no obstante, aún permanece en este juzgado federal el duplicado de la causa penal ***, del índice del Juzgado Único Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, remitidos a esta potestad jurisdiccional. Luego, al resultar innecesaria su retención, devuélvanse a su lugar de origen las citadas documentales, solicitando el acuse de recibo respectivo.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que les transcurrió a las partes el término concedido en proveído de veinticuatro de abril próximo pasado, para que expusieran lo que a su interés legal conviniera con respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo que refirió el Magistrado de la Cuarta Sala Penal responsable, sin que hubieran hecho manifestación alguna; luego, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable ordenadora, además con fundamento en lo establecido por el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, de oficio este juzgado federal procede a determinar si el fallo se cumplió o no. De constancias se advierte que el núcleo esencial de la sentencia se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal fue en atención a las consideraciones y para el efecto siguiente: ". De la confrontación entre lo argumentado por el impetrante al interponer el recurso de apelación y lo resuelto por la responsable en la resolución reclamada, se evidencia que no examinó exhaustivamente los argumentos que formaron parte de la revisión en la alzada, pues omitió contestar lo relativo al agravio formulado en torno a que la juez de la causa aplicó en su determinación incidental un criterio de los tribunales federales correspondiente al año dos mil nueve, cuando, apuntó, ya se encuentra rebasado por otro publicado el siete de febrero de dos mil catorce. [.] Con lo que se destaca que la responsable desatendió el principio de justicia completa y de exhaustividad de las sentencias, pues en su fallo omitió dar contestación al motivo de disenso invocado, aunado a que tampoco estableció, acorde con lo previsto por el artículo 352 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, en suplencia de los agravios formulados por la defensa, por qué resultaba aplicable el criterio contenido en segundo orden, frente a la de rubro INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. ANÁLISIS QUE EL JUEZ DEBE REALIZAR PARA RESOLVERLO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 546, 547 Y 551 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, de la que el impetrante citó únicamente parte de su contenido, siendo el siguiente: "Por ende, en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, el Juez de instrucción tiene facultades para arribar a la "prueba plena" del desvanecimiento total de las "pruebas" o de los "datos", utilizando alguno o ambos sistemas de valoración probatoria; de ahí que no basta para considerar motivado lo resuelto en un incidente, en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, que el juzgador genérica y dogmáticamente precise que la valoración de las pruebas que favorecen la situación jurídica del quejoso, será materia de la sentencia definitiva, pues ello vulnera el derecho a una justicia pronta y el respeto a la libertad personal. [.] Deje insubsistente su resolución reclamada, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, o en uno diverso, pero purgando los vicios formales detectados, esto es, dé contestación de manera íntegra a los motivos de agravio formulados por el hoy quejoso, incluso en suplencia de la queja deficiente." Ahora, del examen de la constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal Justicia del estado de Guanajuato, las de que conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que mediante resolución de veinte de abril próximo pasado (f. 292 a 325), determinó en el considerando tercero (f. 295) dejar insubsistente el acto reclamado consistente en su resolución de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Penal 30/2016, relativo a la apelación interpuesta por el aquí quejoso contra la interlocutoria de once de noviembre de dos mil quince, dictada por la Juez Penal de Partido Judicial de Yuriria, Guanajuato, dentro de la causa penal número 56/2013, por la que declaró improcedente la libertad por desvanecimiento de datos del aquí quejoso, y en su lugar emitió nueva resolución que concluyó con los siguientes resolutivos (f. 324 vuelta y 325): "PRIMERO.- Se reitera, en acatamiento del fallo de amparo dictado por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, dentro del juicio de amparo indirecto *** de fecha veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete, SE DEJA SIN EFECTO la sentencia que en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséis, dictó esta Cuarta Sala Penal en el toca***, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del procesado Osvaldo Leyva Quintino, en contra de la resolución incidental de fecha once de noviembre de dos mil quince, donde la Juez Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, declara improcedente decretar la libertad por desvanecimiento de datos del inculpado Osvaldo Leyva Quintino, dentro del proceso ***, que se instruyó en su contra, por el delito de violación calificada, en agravio de Juana del Carmen Trigueros Barajas. SEGUNDO.- Por aquella misma razón y, en los términos precisados en esta ejecutoria, se emite la presente resolución, en la que determina que se CONFIRMA la resolución incidental de fecha once de noviembre de dos mil quince, dictada por la Juez Penal de Partido de Yuriria, Guanajuato, en la que declara improcedente decretar la libertad por desvanecimiento de datos del inculpado Osvaldo Leyva Quintino, dentro del proceso 56/2013, que se instruyó en su contra, por el delito de violación calificada, en agravio de ********** TERCERO.- Comuníquese al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el cumplimiento que se ha dado a la ejecutoria dictada el día veintiocho de febrero del año en curso, dentro del amparo indirecto número 549/2016-B, promovido por el quejoso *************, contra los actos reclamados a esta autoridad, lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes." Lo que determinó, en base a las consideraciones siguientes: "CUARTO.- Como es el defensor particular del procesado, quien en la especie tiene la calidad de recurrente, esta autoridad revisará en su integridad el fallo cuestionado, en relación con las constancias de autos para establecer si causa al inculpado, alguna de las violaciones a que se refiere el artículo 351 del Código de Procedimientos Penales, dando así cumplimiento a lo que dispone el número 352 del mismo Ordenamiento Procesal. [.] SEXTO.- Los conceptos de agravio así hechos valer por el defensor particular del sindicado Osvaldo Leyva Quintino, resultan infundados e inoperantes para revocar el fallo que recurre. Primeramente y en acatamiento a la ejecutoria de amparo que se da cumplimiento en este fallo, esta Alzada habrá de ocuparse del agravio que esgrime el recurrente consistente en que el Juez de la causa en el fallo impugnado omite la aplicación del criterio que invocó el defensor ante la primera instancia y que refiere supera el criterio jurisprudencial citado en el fallo impugnado por el Juez de la causa. Se refiere el defensor a la tesis aislada sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, visible a foja 2442, número I.6ºP.43 (10ª), con número de registro 2005449, consultable en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero 2014, tomo III, Décima Época, mismo que a la letra se transcribe: INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. ANÁLISIS QUE EL JUEZ DEBE REALIZAR PARA RESOLVERLO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 546, 547 Y 551 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL. (la transcribió). Primeramente resulta imperativo precisar si el criterio aislado que invoca el recurrente resulta aplicable o no al caso concreto. Para ello, resulta necesario precisar que la jurisprudencia es la interpretación de la Ley, de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas y por los Tribunales Colegiados de Circuito así como por los Plenos de Circuito. [.] En la especie la tesis aislada invocada por el defensor y que ha quedado transcrita en supralíneas se refiere a la interpretación de los artículos 546, 547 y 551 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, mismos que a la letra se transcriben: [.] De la lectura de los preceptos que regula la libertad por desvanecimiento de datos por el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en relación al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, se perciben diferencias muy importantes. La primera es que el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal requiere que se hayan desvanecido por prueba plena las pruebas que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito y que se hayan desvanecido por prueba plena los datos que sirvieron para acreditar la probable responsabilidad. El Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, establece que procede la libertad por desvanecimiento de datos cuando aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del procesado. De lo anterior se evidencia primeramente que el Código de Guanajuato no exige que se hayan desvanecido por prueba plena las pruebas que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito, pues no incluye en su redacción el concepto prueba plena si no que aparezcan plenamente desvanecidos, aunado a lo anterior, no hace diferencia entre pruebas para cuerpo del delito y datos para la probable responsabilidad. Por lo tanto, la estructura normativa resulta diferente y por ende se estima que la interpretación que en la tesis aislada realiza el Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito no resulta aplicable para el Estado de Guanajuato, pues a través de ella no se puede interpretar válidamente los dispositivos que regulan el incidente de libertad por desvanecimiento de datos pues obedecen a una estructura normativa diversa y por ende la tesis aislada que invoca el defensor del imputado no resulta aplicable. Aunado a lo anterior, se trata de una tesis aislada, la que no es obligatoria su observancia de conformidad con el artículo 217 de la Ley de amparo pues no se trata de una jurisprudencia por reiteración, por contradicción o por sustitución. Por lo tanto no se considera aplicable al caso concreto la tesis aislada que ha quedado transcrita y que cita la defensa cuyo rubro reza: INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. ANÁLISIS QUE EL JUEZ DEBE REALIZAR PARA RESOLVERLO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 546, 547 Y 551 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Ahora se dar respuesta a los agravios externados por el defensor. Como correctamente lo ponderó la de Origen, la libertad por desvanecimiento de datos, considerada en la legislación mexicana como un incidente. El artículo 410 del Código de Procedimientos Penales, establece que la libertad por desvanecimiento de datos procede cuando, en cualquier estado de la instrucción y después de pronunciado el auto de formal prisión, aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado. Conforme a esa prescripción, es imperativo que con posterioridad a aquella providencia, se desvirtúen con pruebas indubitables, los medios que sirvieron para comprobar la materialidad del delito o la responsabilidad presunta del procesado. De modo que, si se trata de destruir las bases en que se apoyó el auto de formal prisión, no basta entonces, con contar con pruebas en mayor o menor medida favorables al inculpado, si éstas no hacen cesar de plano, la eficacia de las tomadas en cuenta para la emisión del auto de formal prisión. Por tanto, es necesario fijarse en la precisión del verdadero desvanecimiento, atendiendo a la connotación de la palabra 'desvanecidos' que en nuestro Ordenamiento Adjetivo de la Materia se emplea para aplicar a los datos de que se trata. Así, desvanecer, significa, borrar, deshacer, disolver y en este caso, dejar totalmente destruidos, hacer desaparecer por completo los elementos de referencia; no atacarlos, o ponerlos en duda. Luego, no debe plantearse una revisión general de datos, de estudiar la ilegalidad o ineficacia de los que fundaron la formal prisión, o de suponer éstos desvanecidos cuando estén simplemente contradichos, impugnados o discutidos; y es que en todo proceso puede haber datos en contra y datos en pro, más no se trata precisamente del mayor valor de los unos sobre los otros, supuesto que está limitativamente reservado para la sentencia. Cierto, como en toda controversia incidental, no puede debatirse más que la cuestión accesoria que la motiva, nunca, ni de ninguna manera la culpabilidad o inculpabilidad definitiva del procesado. De conformidad con lo que antes se destaca, esta Sala considera, que la determinación incidental recurrida, mediante la cual se negó al inculpado Oswaldo Leyva Quintino y/o Osvaldo Leyva Quintino la libertad por desvanecimiento de datos, se encuentra apegada a derecho y por ello mismo, firme debe de permanecer, supuesto que contrariamente al criterio de su defensor particular, es absolutamente inexacto que los datos que fueron puntales del auto de formal prisión decretado en su contra, estén ahora desvanecidos, con los que se recabaron después de emitida esa providencia. Se afirma lo anterior, porque a diferencia de su apreciación, la declaración de la víctima Juana del Carmen Trigueros Barajas, así como de los testigos Juan Isais Hernández, Pedro Isais Martínez y Vicenta Hernández Zavala, no quedan destruidas por las divergencias que se aprecian entre la ofendida y los referidos circunstanciales, así como con la diversa ateste Raquel López Pérez, menos aún con la inspección judicial que en calidad de reconstrucción de hechos se practicó el veintitrés de junio de dos mil quince y de donde indica, se desprende el desconocimiento de Juana del Carmen Trigueros Barajas respecto del sitio donde presume fue violentada sexualmente. Y es que hay que destacar de nueva cuenta, que el incidente de libertad por desvanecimiento de datos es un procedimiento encaminado a determinar ante los tribunales ordinarios si las pruebas allegadas con posterioridad al auto de formal prisión anulan o destruyen, de manera directa y plena, las pruebas que sirvieron de base para dictar dicho auto. Por tanto, las contradicciones que el recurrente resalta de las pruebas de índole personal que ya se han señalado, no resultan datos novedosos, si de ellas deriva el planteamiento de un nuevo examen de las constancias procesales ya existentes, para signar valor a aquéllos depuestos que indica se contraponen, pues es en su caso, a través de los careos procesales, previstos en el artículo 253, en relación con el 255 del Código de Procedimientos Penales y cuya práctica deberá ordenarse oficiosamente por la Juez de Origen, que se diriman durante la etapa de instrucción, aquéllas discrepancias a que se ha hecho referencia, con la finalidad de llegar al debido esclarecimiento de los hechos que permita conocer la verdad que se busca. Atendiendo además al escrito que motivó el incidente que se analiza, así como a los agravios planteados, se sostiene que contrario a lo expuesto por la defensa del sindicado ************, la imputación que a éste último le realiza Juana ************, se mantiene hasta el momento firme, pues no se destruye con lo declarado por *********, pues si bien ésta afirma que entre las nueve y once de la noche de la fecha del evento, la ofendida tocó a la ventana de su domicilio, que se percató de que la había llevado **********y que además aquélla andaba alcoholizada, motivo por el que no permitió que permaneciera en su casa, retirándose nuevamente con el inculpado. Empero son los atestes ************quienes corroboran hasta el momento el dicho de la víctima, al precisar que ésta llegó gritando a su casa el día veintisiete de noviembre de dos mil trece, alrededor de las veintidós horas con veinte minutos -hora que se sitúa entre las veintiún y veintitrés horas en que dice **********, la ofendida acudió a su domicilio- solicitándoles su auxilio, pues les profería había sido violada y que la vieron llorando, asustada y sucia de la ropa, por lo que llamaron a la policía. Atento además que, como ya se señaló, las discrepancias que pudiesen surgir, entre los referidos testigos con la víctima, así como de éstos -ofendida y atestes de cargo- con **********, deberán dilucidarse en aquéllos careos procesales que por oficio ordene la Natural. En tanto que, la prueba de reconstrucción de hechos a que se refiere la defensa, no desvanece los datos que sirvieron para emitir formal prisión en contra del sindicado, en donde se dijo comprobado el cuerpo del delito de violación calificada y la probable responsabilidad de *********en su comisión, pues el hecho de que la víctima *********no identificara en aquélla diligencia el lugar preciso donde indica fue violentada sexualmente por el inculpado de marras, por ningún motivo demerita su dicho, pues debe atenderse que los hechos delictuosos acontecieron por la noche, que éstos se desarrollaron en un sitio carente de visibilidad, pues como lo precisa la ofendida, el sindicado y su acompañante enfilaron su camioneta por un camino de terracería que estaba "muy oscuro", pues sólo se alumbraba por la "luz de la luna" y las luces del vehículo, indicando encontrarse muy asustada ya que dicho camino no lo reconocía como el de su casa, de ahí que al referirse al lugar donde fue acostada y copulada, sólo exprese que era de tierra color oscura y sin piedras, por lo que entendible es entonces que tal evento traumático le haya ocasionado desorientación respecto al sitio donde tuvo lugar el hecho criminoso. Más aún hay que resaltarse que las probanzas de carácter científico y objetivo que también sirvieron como base para la emisión de la formal prisión del sindicado, quedan incólumes, es decir, permanecen con toda su fuerza legal al no haber sido desvirtuadas por pruebas de insuperable valía, siendo precisamente éstas, el dictamen ginecológico y proctológico realizado a la víctima *************-del que se desprende que fue agredida sexualmente-, relacionado con la inspección ministerial que durante su práctica se llevó, así como los resultados arrojados en el dictamen psicológico a ésta verificado y en el que se advierte que presenta indicadores de afectación emocional propios de las víctimas de agresión sexual. Por lo que, si ya se ha dicho que por expresa disposición del artículo 410 de la Ley Adjetiva de la Materia, la libertad por desvanecimiento de datos sólo procede cuando después de emitido el auto de formal prisión, los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado, estén plenamente desvanecidos y sin necesidad de ninguna especial reflexión, ello significa que para aquel propósito se requiere de prueba indubitable, esto es, de prueba cuya valía sea plena e indiscutible de toda obviedad, es que por ello las contradicciones expuestas por la defensa del sindicado, respecto de lo vertido por Juana del Carmen Trigueros Barajas, en relación con lo que ************dijeron, no puede constituirse en probanza del alcance radical de que se habla. Es que ello así se sostiene, en tanto que no se está en presencia de prueba nova, dado que no debe perderse de vista además, que el artículo 273 del Ordenamiento Adjetivo de la Materia establece claramente que todos los medios de prueba, incluyendo la testimonial, constituyen meros indicios, de donde entonces la postura del recurrente en el sentido de que las divergencias entre los ya referidos, puedan constituir prueba eficaz para destruir los datos que constituyeron la base de la emisión de la formal prisión en contra de Oswaldo ************, aunada con la reconstrucción de hechos que tanto alude, no resulta suficiente para sostener que existe prueba indubitable para que ello así acontezca. De ese modo, los conceptos de agravio a través de los cuales el apelante aduce que las pruebas de que se ha hecho referencia "desvanecen" los datos que fueron eficaces para soportar los capítulos del auto de formal prisión de ************* han de declararse infundados en atención a las razones ya expuestas. Y es que, si las pruebas que con posterioridad a ese proveído hubieron de recabarse, sólo logran cuestionar el valor de algunas de las que le dieron soporte a aquel auto de formal prisión, esto es, no las devastan a plenitud, por lo que es propio de la sentencia que ha de llevar a término la tarea de establecer cuáles son las pruebas favorables o no, al inculpado y las que han de prevalecer. Ahora bien, respecto al agravio que alude el defensor particular, respecto a que la A quo sustentó su consideración, en la tesis asilada de jurisprudencia correspondiente al año dos mil nueve, identificado bajo el rubro y texto: INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. PARA QUE SEA PROCEDENTE DEBEN DESVANECERSE TODOS AQUELLOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SIRVIERON PARA COMPROBAR EL CUERPO DEL DELITO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (la transcribió). Criterio que refiere el impugnante, fue indebidamente aplicado por la Juez de Origen, señalando el inconforme que éste se encontraba ya estaba superado por otro diverso de fecha veintisiete de junio del dos mil trece y publicado el viernes siete de febrero de dos mil catorce, de índice: INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. ANÁLISIS QUE EL JUEZ DEBE REALIZAR PARA RESOLVERLO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 546, 547 Y 551 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL y del que el que apelante citó únicamente parte de su contenido, siendo el siguiente: Por ende, en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, el Juez de instrucción tiene facultades para arribar a la prueba plena del desvanecimiento total de las pruebas" o de los datos, utilizando alguno o ambos sistemas de valoración probatoria; de ahí que no basta para considerar motivado lo resuelto en un incidente, en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, que el juzgador genérica y dogmáticamente precise que la valoración de las pruebas que favorecen la situación jurídica del quejoso, será materia de la sentencia definitiva, pues ello vulnera el derecho a una justicia pronta y el respeto a la libertad personal." Sin embargo, la tesis que alude el inconforme no resulta aplicable al caso que nos ocupa, dado que los dispositivos en ella contenidos -546 y 547 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal- establecen un criterio diverso al comprendido en el artículo 410 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, dado que mientras los primeros aluden al desvanecimiento de los fundamentos que hubiesen servido para decretar la formal prisión o sujeción a proceso, de los que, según lo establecido por el numeral 547 de la Ley Adjetiva del Distrito Federal, tienen dos vertientes, la primera de ellas, se produce cuando por prueba plena se hayan desvanecido las -pruebas plenas-que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito; y la segunda hipótesis se produce cuando sin que aparezcan datos posteriores de responsabilidad, estos se hayan desvanecido por prueba plena. De ahí que entonces, la tesis aislada I.6o.P.43 P (10a.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que según datos de su identificación, corresponde a la que invocó el apelante a favor del imputado, tanto en su escrito de incidente de libertad por desvanecimiento de datos, como en el que expone sus agravios, criterio que cabe resaltar, centra su contenido en la vulneración al derecho a una justicia pronta y al respeto a la libertad personal, cuando de manera genérica y dogmática el juzgador, al resolver el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, establece que la valoración de las pruebas que favorecen la situación jurídica del inculpado, debe ser materia de la sentencia definitiva. Empero también plantea, que para la procedencia del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, en ambos casos, es decir, los señalados por el numeral 547 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se requiere de prueba plena, la que acorde al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, debe entenderse ésta bajo dos sistemas de valoración: la de "tarifa legal o prueba tasada" y el de "libre valoración de las pruebas". En tanto que dicho supuesto de "prueba plena" que contienen los numerales 546 y 547 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y que precisamente se requiere para que el incidente que nos ocupa proceda, no se encuentra de ningún modo contemplado por el artículo 410 de nuestro Código de Procedimientos Penales, dado que establece que la libertad por desvanecimiento de datos procede cuando, en cualquier estado de la instrucción y después de dictado auto de formal prisión, aparezcan plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del procesado, razonamiento que evidentemente guarda semejanza con el previsto por la fracción I primera del artículo 422 del Código Federal de Procedimientos Penales, numeral contenido en la tesis asilada número 1a. XII/2010 y de rubro INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. PARA QUE SEA PROCEDENTE DEBEN DESVANECERSE TODOS AQUELLOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SIRVIERON PARA COMPROBAR EL CUERPO DEL DELITO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN., con la cual la A quo sostiene su criterio, dado que dicho dispositivo precisa que la libertad por desvanecimiento de datos procederá en cualquier estado de la instrucción y después de dictado el auto de formal prisión aparezca plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito. De ahí que entonces se coliga, que atento a los numerales que entre sí guardan correspondencia -410 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato y la fracción I primera del artículo 422 del Código Federal de Procedimientos Penales- para que proceda el incidente de libertad por desvanecimiento de datos deben aparecer plenamente desvanecidos los datos que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, esto es, todos aquéllos datos eficaces que llevaron a la comprobación del ilícito de que se trate, y como lo establece el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la norma a que se alude se refiere expresamente a "los datos", es decir, en plural, a todos y cada uno de los que así sirvieron para comprobar el cuerpo del delito, además como también lo interpretó la Primera Sala, el adverbio "plenamente" se compone de la forma adjetiva "pleno", que significa "absoluto" o "completo", de ahí que entonces se permita suponer que el desvanecimiento de cada uno de los datos debe ser total. De ahí que entonces, inaplicable resulte el criterio I.6o.P.43 P (10a.) invocado en primer término por el defensor particular del imputado en su escrito por el cual promueve el incidente de libertad por desvanecimiento de datos a favor del imputado Osvaldo Leyva Quintino, y de cuya inaplicación por parte de la A quo se duele ante esta Alzada, dado que, como ya se dijo, dicho criterio alude a dispositivos de contenido diverso a nuestra Legislación Procesal Penal referente precisamente al incidente que nos ocupa, además dicho criterio de haber sido aplicable, no hubiera resultado obligatoria su aplicabilidad para los Tribunales Judiciales del Estado de Guanajuato, ello atento a que fue emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que conforme a lo dispuesto por el último párrafo, en relación con el penúltimo párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria únicamente para los tribunales judiciales del orden común de las entidades federativas que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Caso contrario acontece con el criterio 1a. XII/2010, de rubro INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. PARA QUE SEA PROCEDENTE DEBEN DESVANECERSE TODOS AQUELLOS MEDIOS DE PRUEBA QUE SIRVIERON PARA COMPROBAR EL CUERPO DEL DELITO EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, el cual fuera emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el que precisamente la Juez Natural apoya la resolución que se combate y con la que esta Alzada respalda el criterio por ésta asumido, dado que también atendiendo al numeral 217 de Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 Y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su primer párrafo, que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para los tribunales y los juzgados del orden común de los Estados, por lo que entonces procedente resultaba su aplicabilidad, como bien lo determinó la A quo. Por las anteriores consideraciones, sólo cabe confirmar el sentido del fallo incidental combatido." Luego, si la protección constitucional concedida al impetrante del amparo, lo fue para que el Magistrado responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y, con plenitud de jurisdicción dictara una nueva que podría ser en el mismo sentido que la combatida, pero purgando los vicios de constitucionalidad detectados en el fallo ejecutorio, o en uno diverso, lo que en la especie aconteció pues de la anterior transcripción se observa dejó insubsistente el acto reclamado, procedió al análisis del recurso de apelación interpuesto sujetando se actuación a lo establecido por el 351 en relación con el 352 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, este último prevé la suplencia de la deficiencia de la queja y como finalmente determinó la inaplicabilidad del criterio señalado por la parte quejosa como vigente. En ese sentido, y toda vez que como se desprende en la certificación de cuenta, la parte quejosa no emitió pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; se concluye que con las documentales ofertadas, se acredita la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas.

  4. Principal

    A sus autos el oficio que remite la Secretaria de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por medio del cual acusa recibo del comunicado con el que se le notificó el auto de veinticuatro de marzo del presente año; atento a lo anterior, se toma conocimiento.Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Martínez Hernández, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, asistido del licenciado Alejandro Mendoza Vargas, Secretario que autoriza y da fe.

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