Osvaldo Lazaro Marcos
Expediente 1268/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1268/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/12/2019
Partes del expediente
- Osvaldo Lazaro Marcos
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, intégrese al expediente el escrito del quejoso OSVALDO LÁZARO MARCOS, en atención a su petición, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, previa copia autorizada que obre agregada en autos, dígase que deberá comparecer personalmente ante este juzgado federal, con original y copia de identificación oficial vigente, de lunes a jueves hábiles, en un horario comprendido de nueve a doce horas, por así permitirlo las labores del juzgado, para que se haga la devolución correspondiente. En el entendido que al momento de comparecer deberá precisar cuál o cuáles son todos los documentos originales que solicita le sean devueltos; lo anterior, atento a que únicamente se localizó como original un Acta de Infracción de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve. Sin que haya lugar a tener por autorizadas a las personas que menciona en su escrito de cuenta, para recibir la documentación a devolver, dada la responsabilidad que tiene este juzgado federal para su guarda y custodia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio 9156/19 signado por la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual anexa copia certificada de las constancias de notificación a las partes del auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-3/1185/2017. En consecuencia, se le tiene informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el escrito de Almadelia Lerdo de Santiago, autorizada en términos amplios del quejoso Víctor Hugo Bautista Hernández, por medio del cual promueve "incidente de ejecución y liquidación de sentencia". Atento a lo anterior, en atención al contenido del escrito de la parte quejosa, se le tiene promoviendo incidente de liquidación de sentencia. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 193 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 66 y 67 de la misma legislación, se ordena tramitar el incidente de liquidación de sentencia, para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y en términos del ordinal 359 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en razón a que esta incidencia obstaculiza la continuación del procedimiento de ejecución, se tramitará en este expediente principal, por lo que se suspenden los requerimientos realizados para lograr el cumplimiento de la ejecutoria, hasta que quede firme la determinación en la que se cuantifique su monto. Por otra parte, atendiendo a que de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que no podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, y el diverso 192 de la Ley de Amparo, que prevé que las ejecutorias deben ser puntualmente cumplidas, y a que es necesario especificar el monto exacto que la autoridad responsable deberá pagar al demandante constitucional para cumplir con la ejecutoria, con fundamento en el artículo 67 de la última legislación citada, se requiere a las partes a efecto de que en el término de tres días, manifiesten lo que a su interés convenga y de considerarlo necesario ofrezcan las pruebas de las que se desprendan los elementos necesarios a fin de que: "paguen al quejoso Víctor Hugo Bautista Hernández, la indemnización constitucional y legal a que tenga derecho" a que se constriñó a la autoridad en la sentencia ejecutoria. En atención a lo anterior, se apercibe a las partes que en caso de no ofrecer pruebas de su parte, se tendrá por precluido su derecho. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de su parte las documentales públicas y presuncional legal y humana, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, se admite la prueba pericial en contabilidad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, con copia del cuestionario al tenor del cual se desahogará la prueba de que se habla, córrase traslado a las partes, para que en el término de tres días, contados a partir de que queden notificadas de este proveído, si es su deseo, adicionen el cuestionario y designen perito de su parte, con el apercibimiento que de no hacerlo perderán su derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto por la jurisprudencia 1ª./J.44/2002, visible en la página 212 del tomo XVI, septiembre del 2002, materia común de la novena época de la Primera Sala del Semanario Judicial y su Gaceta, publicada bajo el rubro: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA OTORGAR A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EL DERECHO A ADICIONAR EL CUESTIONARIO QUE ESTE EXHIBIÓ. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles que en materia de amparo establece el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido el criterio de que respecto de instituciones contempladas en dicha ley que no tengan reglamentación o que teniéndola sea insuficiente, procede la supletoriedad, con la única limitación de que las disposiciones que se apliquen supletoriamente no estén en contradicción con el conjunto de normas que se deba suplir, sino que sean congruentes con los principios del juicio de amparo. En este tenor, si las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles no contravienen lo dispuesto en la Ley de Amparo, sino que, por el contrario, resultan acordes con el principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de garantías, a efecto de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento de la garantía de pronta administración de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, se concluye que procede la aplicación supletoria del artículo 146 del mencionado código, para otorgar a las contrapartes del oferente de la prueba pericial el derecho de adicionar el cuestionario exhibido al efecto, pues con ello se privilegia la economía procesal y la pronta administración de justicia, lo que no acontece en el supuesto contrario, pues de negarse la aplicación supletoria señalada, implicaría que las contrapartes del oferente de la prueba pericial tendrían que ofrecer también esa probanza, a efecto de que se pudiera emitir un dictamen que, aunque se refiriera a la misma materia del debate, comprendiera puntos distintos de los abarcados en el primer cuestionario." En esas condiciones, se ordena girar oficio al Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en el Estado, para que facilitando al Poder Judicial de la Federación el auxilio que le es menester para el expedito ejercicio de sus funciones, proporcione el nombre de un perito de los adscritos a esa dependencia para que funja como tal por parte de este juzgado federal, en la prueba pericial en contabilidad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Osvaldo Lázaro Marcos, contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 1268/2019-III; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, de la demanda de amparo se advierte que Osvaldo Lázaro Marcos señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional, los siguientes "Reclamo de EL (sic) SECRETARIO Y/O (sic) EL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE PUEBLA, LA INFUNDADA, ILEGAL Y ERRÓNEA ACTA INFRACCIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 1411910545000425, REALIZADA EN MI PERJUICIO POR EL AGENTE DE TRÁNSITO C. ULISES GONZÁLEZ CHÁVEZ, ante tal acción se me violenta mi derecho humano de libre tránsito, así como mi derecho humano de AUDIENCIA a ser oído y vencido en juicio, y mi derecho humano al trabajo. Por lo cual es ilegal e infundado dicho actuar de la Autoridad responsable." Es decir, el promovente reclama en la presente instancia constitucional la multa contenida en el acta de infracción con número de control 1411910545000425, emitida el cinco de julio de dos mil diecinueve por el agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, al haber infringido el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, por "hacer paradas en lugares distintos a los señalados para tal efecto, así como realizar las maniobras de ascenso o descenso de pasajeros, en carril distinto al de extrema derecha", por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, cero centavos, moneda nacional). No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Del precepto legal en cita, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes, se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa de que se trate, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Ahora bien, los artículos 3° de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla y 4°, apartado A, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, establecen: De los preceptos en cita, se observa que -entre otras cuestiones- el juicio contencioso administrativo, procede en contra de las resoluciones que impongan multas por infracción a las normas administrativas aplicables. Por ende, la multa contenida en el acta de infracción con número de control 1411910545000425, emitida el cinco de julio de dos mil diecinueve por el agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, al haber infringido el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, por "hacer paradas en lugares distintos a los señalados para tal efecto, así como realizar las maniobras de ascenso o descenso de pasajeros, en carril distinto al de extrema derecha", por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, cero centavos, moneda nacional), es susceptible de ser recurrida mediante el juicio contencioso administrativo. Máxime que de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." De los precitados numerales se advierten los requisitos, o condiciones, previstos en la Ley de Amparo, a fin de que sea procedente otorgar la suspensión del acto. A saber, el artículo 128 de la mencionada legislación establece como requisitos I. Que la solicite el quejoso; II. Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social, ni la contravención a disposiciones de orden público. Asimismo, en el ordinal 135, de la ley en cita, indica que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, ésta se concederá discrecionalmente; y, la misma surtirá sus efectos previo depósito que se realice a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio correspondiente. Por otra parte, el diverso 136 de la ley de la materia, establece que el auto en el que el Juez de Distrito, conceda la suspensión del acto surtirá sus efectos aun cuando se interponga el recurso de revisión, sin embargo, si dentro del término de cinco días el quejoso no da cumplimiento a los requisitos exigidos dejará de surtir los efectos correspondientes. En ese orden de ideas, a efecto de evidenciar que la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no prevé mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo, en lo atinente a la suspensión de los actos administrativos, es menester citar el numeral 55, de la citada ley administrativa, el cual es del tenor siguiente El precepto normativo de referencia, indica en forma concreta, los supuestos ante los cuales se otorgará la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, mismos que no exceden de los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión. Asimismo, en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable; y, para el caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. De igual forma, establece que el Magistrado deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. De lo expuesto, se desprende que el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 132, 135 y 136, de la Ley de Amparo; por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes, y por tanto, no se surte la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Aunado, el acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales; no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción y; el acto reclamado no es de los contenidos en el artículo 22 constitucional, por ser una resolución administrativa. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos 112 y 113, del mismo ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Osvaldo Lázaro Marcos. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 del citado ordenamiento legal a Facundo de los Santos Sánchez, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizado en los términos restringidos que prevé el citado numeral a José René Marcos Martínez, por no acreditar el supuesto anterior. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada.
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