Osvaldo Guzmán Romero
Expediente 3/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/01/2018
Partes del expediente
- Osvaldo Guzmán Romero
Actuaciones
- Principal
II.- se declara que EL AUTO que se sobreseyó en el presente juicio, ha causado ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
II.- RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo que promueve EL QUEJOSO, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Genero dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 3/2018-II. PRECISION DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso hace consistir el acto en: Investigación que realizan las autoridades responsables. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la procedencia del juicio de garantías, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II.1º.J/5 consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito: En ese sentido, el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: La causa de improcedencia citada, interpretada en sentido contrario, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de garantías, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente, es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el impetrante, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio por las razones que a continuación se exponen: En efecto, del análisis integral al escrito de demanda se advierte que el impetrante de garantías alude, entre otros, como actos reclamados: La orden de investigación en contra del quejoso EL QUEJOSO. Ahora bien, cabe precisar que la orden de investigación consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 21 constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, la indagatoria en sí misma, no es un acto que vulnere la esfera de derechos de los indiciados, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, aún en el caso que sean los mismos quejosos, las personas a quienes se dirige la investigación de los hechos denunciados, tal actuación de la autoridad no les afecta directamente, por ser la investigación de los delitos de orden público conforme al citado precepto Constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues la integración de la mencionada indagatoria, no transgrede de manera alguna derechos sustantivos de la parte quejosa; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición Constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Resulta aplicable a lo antes expuesto la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 351, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: De igual forma, es aplicable la jurisprudencia número J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 689, del Tomo V, Segunda Parte-2, enero a Junio de 1990, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: Por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 112 de la ley de la materia, respecto del acto reclamado consistente en la orden de investigación en contra del quejoso.
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