Osvaldo Gonzalo Díaz Flores
Expediente 880/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/08/2022
Partes del expediente
- Osvaldo Gonzalo Díaz Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el oficio signado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja 89/2022 de su índice así como tres cuadernos de pruebas; por tanto, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes para sus efectos, que dicho recurso fue resuelto en los siguientes términos: "ÚNICO. Esta queja resulta infundada". Al respecto, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para los efectos legales conducentes. Acúsese de recibo correspondiente, hágase saber la circunstancia anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; consecuentemente, es susceptible de destrucción, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de destruible. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por el delegado de la autoridad vinculada al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al respecto, téngase a la autoridad en vías de cumplimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 77, último párrafo, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo Tesorero Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, de cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo y remita constancia fehaciente de ello, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular, una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que el amparo fue concedido para los siguientes efectos: "SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento al fallo protector y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, el Tesorero Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco -autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo-, deberá realizar lo siguiente: Aplicar a la quejosa la tasa más baja prevista en el artículo 44 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, es decir, la relativa a la reparación y remodelación, incluyendo la construcción de muros y adaptación. Devolver la cantidad enterada en exceso y que pago por concepto del impuesto sobre negocios jurídicos, debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido. Cabe precisar que los efectos del amparo contra leyes, cuando se establece la protección constitucional, únicamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia protectora no tiene por objeto liberar a la parte quejosa del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación. Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato al amparista que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros Sustenta lo razonado, la jurisprudencia P./J. 18/2003, emitida por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 21/2001-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede leer en la página 17, del tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de julio de dos mil tres, que dice: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO. La declaratoria de que un precepto que establece la exención parcial de un tributo es inequitativo, no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte inconstitucional, es decir, tratándose de una norma que concede dicho beneficio a determinados contribuyentes en detrimento de otros que se encuentran en la misma situación, como el amparo se concede sólo respecto de dicha porción normativa y no de las normas que establecen los elementos esenciales del tributo, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en hacer extensiva en su favor únicamente la exención parcial otorgada a los demás." En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la referida autoridad; para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirán en las mismas responsabilidades que las autoridades responsables.
- Principal
Previo a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, se estima necesario realizar las siguientes precisiones: VISITA PARA CONSULTA DE EXPEDIENTES EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Con fundamento en el artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hágase saber a las partes que en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación estará el micrositio 'Servicios jurisdiccionales' donde encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de este órgano jurisdiccional, así como las listas de acuerdos. Asimismo, en el referido micrositio encontrarán el sistema 'Agenda OJ' en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el presente expediente, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó. El Código QR deberá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o impresamente, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita; en el entendido que no se podrá utilizar ese Código para visitar otros órganos jurisdiccionales. HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JUSTICIABLES Con apoyo en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para evitar el riesgo sanitario, se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y proporcionen formas especiales y expeditas de contacto, como pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (WhatsApp), a efecto de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación del Secretario. MEDIDAS SANITARIAS Y CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO En el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos que se establezcan para tal efecto. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que cuando acudan a este órgano jurisdiccional (previa cita) deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; bajo apercibimiento que podrán ser expulsados del recinto. OFICIALÍA DE PARTES COMÚN En atención a lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que dentro del complejo de Ciudad Judicial se habilitará una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente y dirigidas a éste órgano jurisdiccional. PUBLICACIONES DE LISTAS DE ACUERDOS En términos del artículo 21 del multirreferido acuerdo, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, asimismo, se colocará en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con cita previa; lo anterior, dado que no se permitirá la entrada libre a las instalaciones de Ciudad Judicial Federal. NOTIFICACIONES Con relación a lo previsto en el artículo 23 del Acuerdo General de referencia, se hace saber que la práctica de notificaciones personales, se deberá desahogar con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a efecto de resguardar la integridad de los Actuarios Notificadores y de los justiciables. SE PROVEE SUSPENSIÓN Vista la cuenta que antecede, y como está ordenado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 11/2022, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable su informe previo, el cual deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; por tanto, remítansele copia de la demanda. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental. Atendiendo a que subsiste una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19; con fundamento en el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se informa a las partes que la audiencia se celebrará sin su presencia física, como una medida para reducir los contagios en el local del juzgado, al tratarse de un espacio cerrado en donde los servidores públicos pueden permanecer por un periodo prolongado, por lo que se hace de su conocimiento que hasta el día y hora señalados para su verificativo podrán presentar alegatos físicos o electrónicamente. Por otro lado, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, infórmese a las autoridades responsables que las notificaciones en el presente incidente de suspensión; entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe previo, el acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, se notificaran por lista; salvo aquellas que se estime deban efectuarse en forma personal, las cuales se harán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./.176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo II, página mil doscientos cincuenta y tres, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". PRUEBAS Con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse por presentada la prueba documental que acompañó a su demanda de amparo, de la cual se ordenó agregar previo cotejo y compulsa. SE PROVEE SUSPENSIÓN En el caso particular, del análisis de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: La adjudicación y la orden de escrituración del porcentaje correspondiente de veinticinco por ciento del inmueble marcado con los números 1101 y 1103 de la calle 9 del sector Libertad, actualmente Pedro María Anaya, manzana 126, colonia Oblatos, cuartel 11, finca que tiene además los números 252 y 254 (actualmente 256 de la calle 38, sector Libertad, actualmente Juan R. Zavala), municipio de Guadalajara, Jalisco, dentro de los autos del juicio testamentario 1364/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. Luego, solicitó la suspensión de los actos reclamados en los siguientes términos: ".para los efectos de que no se continúe con el procedimiento hasta en tanto sea resuelto el juicio de amparo, y no sea escriturado el mismo en el juicio donde nace el acto reclamado .". Con base en lo anterior, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre la suspensión de los actos reclamados que se solicita atendiendo a las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que, en su caso, se conceda la medida cautelar, sin importar que para ello el suscrito se pueda apartar de los efectos propuestos por la parte quejosa en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, en tanto se refieran a los actos reclamados, pues lo que interesa es conservar la materia del juicio de amparo y no limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por la parte quejosa. Requisitos de procedencia de la suspensión: Ahora bien, la suspensión en el juicio de amparo a petición de parte únicamente procede cuando se cumplen los siguientes requisitos que establece la Constitución y la Ley de Amparo: Que la solicite el quejoso. Que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión. Que la suspensión no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho. Los presupuestos para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados son las razones por las cuales se justifica que en un proceso se pueda afectar a la parte demandada sin haberse dictado sentencia, conciliando la eficacia (tutela efectiva) y el debido proceso legal. La doctrina y la jurisprudencia han adoptado de manera uniforme que los presupuestos de las medidas cautelares son el peligro en la demora (periculum in mora) y la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris). La Suprema Corte de Justicia de la Nación define al peligro en la demora como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, aunque ésta fuere en sentido favorable. La apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Tal presupuesto es una valoración positiva, jurídicamente aceptable, de la posición del solicitante de la medida, constituye una estimación prima facie del derecho del promovente que no prejuzga sobre el fondo del asunto; cuando resulta evidente, es una valoración rápida y no pormenorizada de que éste tiene derecho a que se le otorgue la medida cautelar; se trata de una apariencia lo suficientemente consistente para otorgar en el proceso cautelar la protección definitiva solicitada en relación con ese derecho, hay por tanto un juicio de probabilidad y verosimilitud. Análisis de los requisitos de procedencia de la suspensión. Solicitud de suspensión. El primero de los requisitos para conceder la suspensión se encuentra satisfecho, en razón de que existe petición expresa de la parte promovente en el sentido de que se provea respecto de la medida cautelar. Certeza de los actos reclamados. El segundo requisito se actualiza, ya que para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. De manera que este órgano jurisdiccional toma en consideración las manifestaciones de la parte quejosa hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, pues son los elementos con que se cuenta para resolver sobre la suspensión provisional. Naturaleza de los actos reclamados. Al quedar satisfecha la condición de procedencia indicada en el punto 2, corresponde analizar la siguiente, esto es, determinar si la naturaleza de los actos reclamados permite su paralización. Al respecto, debe considerarse que la suspensión del acto reclamado tiene como finalidad la interrupción de manera temporal de la aplicación o de la ejecución del acto dictado por la autoridad señalada como responsable y cuyo objetivo es mantener las circunstancias que prevalecían antes de la posible conculcación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, lo que perdurará hasta que el procedimiento de amparo se resuelva en forma definitiva, sin que tal situación genere la destrucción o insubsistencia del acto reclamado, por lo que se insiste en que la concesión de esa medida cautelar sólo ocasiona que las cosas continúen en el estado en que se encuentran, mas no las restituye. En este punto, es importante destacar que lo narrado en la demanda de amparo, permite establecer, que la quejosa se duele de la adjudicación y la orden de escrituración del porcentaje correspondiente al veinticinco por ciento del inmueble marcado con los números ****), dentro de los autos del juicio testamentario ****, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, por tanto, es dable afirmar que se trata de un acto de carácter positivo cuyos efectos, de concretarse en perjuicio del quejoso, son de tracto sucesivo. Que la suspensión no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho. Para verificar si el cuarto requisito se cumple, debe señalarse que en relación al concepto de orden público e interés social, para efectos de la suspensión del acto reclamado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que ambos conceptos se encuentran íntimamente vinculados, y ha concluido que el orden público y el interés social se afectan cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. La misma Sala ha establecido que el interés social y el orden público son conceptos que deben apreciarse de conformidad con el caso concreto, por lo que al momento de resolver sobre la medida cautelar, el juzgador está obligado a exponer de manera casuística las razones pertinentes para sustentar su determinación de cómo es que se tienen o no por satisfechos tales requisitos. Ahora, la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual, el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderando la apariencia del buen derecho y el interés social. Tal exigencia constitucional, se ve reflejada en el texto normativo de la Ley de Amparo, en tanto que, en su artículo 138, se dispone que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderando la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. De esta forma, en el contexto normativo constitucional y legal mencionado, para resolver sobre la suspensión, cuando la naturaleza del acto lo permita, a partir de la sola presentación de la demanda de amparo, el juzgador estará obligado a realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. Luego, debe decirse que el interés social y el orden público a que alude el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, debe ser delineada por el juzgador acorde a las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar. Esto es así, porque si se atiende a que dicha fracción limita el otorgamiento de la suspensión en aquéllos casos en que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contienen el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realiza esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría. Tiene aplicación a lo anterior, las tesis de jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número I.3o.A. J/16, visible a página trescientos ochenta y tres, del tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, que por rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad". Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos cuarenta y tres, del tomo VI, Parte SCJN, del apéndice mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, en su Séptima Época: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". Por consiguiente al realizar un estudio conjunto de los requisitos para conceder la suspensión arriba citados, se concede a ****, la suspensión provisional solicitada, para que se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se lleve a cabo movimiento registral alguno en relación al bien inmueble descrito en la demanda de amparo. La suspensión provisional surte sus efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, toda vez que la parte quejosa acude en defensa del inmueble siguiente: Inmueble marcado con los números ****. Y, para acreditar su interés suspensional exhibió copia certificada por notario público de un contrato de compraventa celebrado el tres de junio de mil novecientos noventa y seis, con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que se estableció a favor de la parte quejosa la propiedad de dicho inmueble. De esta forma, la parte quejosa allegó a este Juzgado los elementos de prueba suficientes para establecer, al menos de forma indiciaria o presuntiva, que se ve afectada con la tramitación del juicio testamentario ****, del índice de la responsable. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 1012413, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Novena Sección, materia común, página mil ciento uno, que al rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." La tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página doscientos veinticinco, del Tomo VIII, Julio de mil novecientos noventa y uno, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA." Así como la tesis con número de registro 344254, pronunciada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIII, materia civil, página mil setecientos ochenta y tres, cuyo rubro y texto dice: "REGISTRO PÚBLICO, SUSPENSIÓN DE INSCRIPCIONES EN EL. Procede la suspensión de la inscripción del embargo de un inmueble, en los libros del Registro Público de la Propiedad, si el registrador público informa que no ha llevado a cabo esa inscripción." Son aplicables las jurisprudencias citadas con anterioridad, toda vez que las mismas no se oponen a la Ley de Amparo que se encuentra vigente, de conformidad con lo dispuesto en su artículo Sexto Transitorio. Es preciso enfatizar que la presente medida cautelar que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, no surtirá efectos en caso de que los actos reclamados se hubiesen consumado (que ya hubiese realizado algún movimiento catastral o registral); si los mismos obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo; o, si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables. En la inteligencia, de que la presente medida cautelar no suspende cualquier otro acto, que no sea materia de los hechos narrados en la demanda de amparo. GARANTÍA Con fundamento en los artículos 132 y 136 de la ley de la materia, la medida cautelar decretada surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte peticionaria no exhibe dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, garantía a satisfacción de este juzgado en cualquiera de las formas legales, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), que se fija de manera discrecional, acorde con lo dispuesto por el artículo 132 de la ley de la materia, teniendo en consideración la naturaleza del acto reclamado y el efecto para el cual se concede la medida cautelar decretada. En el entendido que, en caso de que opte por billete de depósito, éste deberá ser expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI); asimismo, requiérase a la parte quejosa para que de exhibir dicho billete, en éste deberá incluirse la autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos; no obstante lo anterior, dicha garantía deberá presentarse en cualquiera de las formas establecidas en la ley y cumpliendo además con lo dispuesto en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo; que a la letra dicen: "Artículo 879. La institución depositaria deberá emitir documento en el que conste, cuando menos, el monto de la cantidad depositada, que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante y cualquier otro dato que se convenga con la institución depositaria". "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. --- En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior". Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; el texto deberá ser el siguiente: "para garantizar la reparación del daño e indemnizar los perjuicios que pudieran causarse con motivo de la suspensión provisional dictada en el incidente de suspensión 11/2022". Caución que se fija para garantizar el pago de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, con el otorgamiento de la medida cautelar decretada, en caso de que la parte quejosa no obtuviere sentencia favorable a sus intereses. Se apercibe a la parte quejosa que en el supuesto de que la póliza de fianza o billete de depósito que allegare, no cumpla con los requerimientos que le fueron indicados, no se tendrá como exhibida la garantía de que se trata. TERCERO INTERESADO Se ordena notificar personalmente a la parte tercera interesada la presente determinación. Resulta aplicable, la jurisprudencia por contradicción, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 143/2000, visible en la página veintitrés, del Tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE." AUTORIZADOS Se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas señaladas en el proemio de su demanda de amparo, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para el desahogo de todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, lo anterior, para su adecuado despacho. DOMICILIO En términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 a 3, 9, 11, fracción VI, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional protegerá la información que exhiban que se clasifique como reservada o confidencial, por lo que no será objeto de publicación en las versiones públicas de las resoluciones que genere este órgano jurisdiccional, salvo el consentimiento expreso de la parte correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la citada ley, y en los casos de excepción previstos en dicho numeral; asimismo, se hace del conocimiento de las partes que al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, tienen derecho a manifestar de forma expresa si ésta contiene información reservada o confidencial, señalando el fundamento de dicha clasificación, a efecto de que este juzgado tome las medidas adecuadas de protección. Asimismo, se informa que en términos de los artículos 1, 16 y 80 a 82 y demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en el tratamiento de datos personales y en el uso de las bases de datos para su almacenamiento, este juzgado federal observará los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad y garantizará, en el ámbito de su competencia, la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, con el fin de protegerla contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, con apoyo en el artículo 17 Constitucional en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias a costa de las partes de las constancias que integren el presente expediente, previa toma de razón que de su recibo se deje en autos, por persona autorizada para tal efecto. Asimismo, con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, indíquese a las partes que a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, podrán descargar, en su equipo de cómputo, copia de las constancias que obren en el expediente electrónico y la cual se considerará como copias certificadas electrónicamente, ya que contará con la evidencia criptográfica. De igual forma, y en atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, dígasele a las partes que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el presente juicio de amparo, se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos, previa constancia que se deje en autos de la reproducción obtenida. En el entendido de que las partes serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Con apoyo en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se le tiene proporcionando correo y teléfono, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación del Secretario. Notifíquese; y, personalmente a la parte tercera interesada.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaría del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informa el contenido del auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, derivada del recurso de revisión 199/2022 de su índice, del cual se advierte que returnó dicho asunto al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Notifíquese.
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