Osvaldo Gabriel Martínez Leo
Expediente 96/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Osvaldo Gabriel Martínez Leo
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, Punto 2, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista a la parte promovente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el promovente ********************, mediante el cual desahoga la prevención efectuada mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés; en tales circunstancias, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de la misma, se desprende que la parte promovente señala como acto reclamado el siguiente: El acuerdo dictado el treinta de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente laboral ******************** del índice de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual se reprogramó la audiencia fijada para esa propia fecha para su celebración el doce de mayo de dos mil veintitrés. Una vez precisado el acto que se impugna en esta vía, debe decirse que, no ha lugar a dar trámite a la demanda de amparo, puesto que habrá de desecharse de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, en atención a su naturaleza de orden público. El suscrito estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el promovente, en atención a los motivos y consideraciones que a continuación se establecen. En principio, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en el juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" Por otra parte, los plazos para promover el juicio de amparo se encuentran normados por el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." A su vez, la forma en que deben computarse tales plazos, se encuentra establecida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Asimismo, la precisión de los días hábiles e inhábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, se encuentra prevista en el artículo 19 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo acorde a la temporalidad general para la interposición de la demanda que es de quince días, contados a partir de los siguientes supuestos: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, 3. Desde el día siguiente al en que se haya ostentado sabedor de su existencia o de su ejecución. Así, el referido artículo 18 de la Ley de la materia, hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y, no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo se hiciera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese contexto, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, el acuerdo dictado el treinta de noviembre de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente laboral ******************** del índice de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante el cual se reprogramó la audiencia fijada para esa propia fecha para su celebración el doce de mayo de dos mil veintitrés. Ahora bien, en el escrito aclaratorio de cuenta, la parte quejosa precisó que fue notificada del acuerdo que constituye el acto reclamado, de manera personal, el treinta de noviembre de dos mil veintidós, esto es, en el propio día que se reprogramó la audiencia fijada para el doce de mayo de dos mil veintitrés. En ese tenor, de conformidad con el artículo 747, de la Ley Federal del Trabajo, las notificaciones personales surten efectos el día y la hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley. En tales condiciones, si el acto reclamado fue notificado a la parte quejosa de manera personal el treinta de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el referido artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo, surtió sus efectos en esa propia fecha. Por tanto, en el caso concreto, se colige que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar la demanda de amparo contra el acuerdo reclamado, transcurrió del uno de diciembre de dos mil veintidós al cinco de enero de dos mil veintitrés, descontándose los días tres, cuatro, diez y once de diciembre de dos mil veintidós, y uno de enero de dos mil veintitrés, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; así como del dieciséis al treinta y uno de ese mes y año, debido a que la autoridad responsable gozó de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintidós, del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, tal como lo comunicó mediante oficio 4174, recibido en este Juzgado el quince de diciembre de dos mil veintidós, el cual fue acordado el dieciséis siguiente en el Cuaderno de Varios Vacaciones "Correspondiente al Año 2022" del índice de este Juzgado. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, el nueve de febrero de dos mil veintitrés, tal como se desprende del sello estampado en el margen superior del escrito inicial; resulta evidente que fue presentada con posterioridad a que feneció el plazo de quince días que la ley señala para su interposición. Lo anterior es así, ya que conforme con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo, en el presente caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años. De igual forma, no se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años. Asimismo, la resolución reclamada no constituye un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento judicial; ni se advierte que, con la emisión del mismo, exista en perjuicio de la parte quejosa, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Por ende, no se actualiza ninguna de la hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal, por lo que nos encontramos en el plazo genérico de quince días, contado a partir del siguiente al en que surtió efectos la notificación del mismo. Tiene apoyo a lo anterior por su sentido, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 193-198, Primera Parte, página 71, Séptima Época, registro digital 232213, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En ese orden de ideas, al tener el acto reclamado en este juicio la calidad de consentido tácitamente al no haberse combatido dentro del término establecido de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la misma Ley, razón por la cual, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de mérito, por su notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la referida legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese por lista a la parte promovente, por así haberlo solicitado expresamente en su demanda.
- Principal
¡¡¡ Boca del Río, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda promovida por********************, contra actos de los Integrantes de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz; con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente y anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 96/2023-VI, que es el que le correspondió. PREVENCIÓN Luego, para estar en posibilidad de acordar sobre la admisión de la aludida demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el numeral 108, fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído, por escrito al que debe acompañar copias para cada una de las partes, bajo protesta de decir verdad, cumpla con la siguiente prevención: ÚNICA. Manifieste con precisión cuál es el acto reclamado en el presente juicio de amparo; lo anterior, dado que, el capítulo relativo al mismo, manifestó que lo era la falta de impartición de justicia pronta y expedita dentro de los autos del expediente laboral ******************** del índice de la Junta Especial número 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz; sin embargo, de la lectura integral de los capítulos relativos a los antecedentes del acto reclamado, así como a los conceptos de violación, se desprende que el quejoso reclama el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el referido expediente laboral, en el cual se reprogramó la audiencia fijada en esa propia fecha, a efecto de que se celebrara el doce de mayo de dos mil veintitrés. Por tanto, deberá precisar si el acto reclamado es la falta de impartición de justicia pronta y expedita en el referido expediente laboral, o bien, el diferimiento de la audiencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós antes precisada; y en caso de ser ésta última, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, la fecha de conocimiento de dicho acto. APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con la prevención señalada, en los términos indicados y dentro del plazo que para ello se le concede, su demanda se tendrá por no presentada, de acuerdo a lo que establece el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En el entendido de que la parte promovente al cumplir con la prevención a que se contrae el presente acuerdo, deberá observar lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la citada Ley, en el sentido de que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, a la parte quejosa, a su abogado autorizado o a ambos que en un juicio de amparo al formular su demanda afirmen hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, siempre y cuando no se reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 15 de la referida Ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente; asimismo, téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por tener registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva en los órganos del Poder Judicial de la Federación; mientras que con las facultades restringidas previstas en el referido artículo, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a ********************, por no encontrarse registrado en el aludido Sistema, ni haber proporcionado su cédula profesional, así como al resto de las personas señaladas, por así haberlo solicitado expresamente la parte promovente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. Notifíquese por lista a la parte promovente, por así haberlo solicitado expresamente en su demanda.
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