Osvaldo Emmanuel Castillo Martin
Expediente 1030/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 23 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Osvaldo Emmanuel Castillo Martin
- Rosalía de los Ángeles Aquino Tacú
- Osvaldo Emmanuel Castillo Martin y Otros.
- Marisol Rodríguez Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, que puso fin al presente juicio de amparo, dentro del término previsto por los artículos 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición de su ordinal 2, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se ordena su archivo como asunto concluido, en los siguientes términos: 1. PLAZO DE CONSERVACIÓN. Expediente destruible en un plazo de tres años. Toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, el cual carece de relevancia documental, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente, deberá ser DESTRUIDO una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes y remitir el Acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. 2. En términos de lo dispuesto en el numeral 21, inciso c), del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que tanto la suspensión provisional y definitiva, fueron negadas, se precisa que el cuaderno original del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, y remitir el Acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. 3. El duplicado del incidente de suspensión es destruible en un plazo de seis meses. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo General que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.1., apartado 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha de archivo como asunto concluido, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, siempre que se cuente con el cuaderno original, por tanto se ordena archivar por separado el duplicado del cuaderno incidental, y una vez cumplido dicho término, se proceda a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, previa formulación del acta de baja documental correspondiente, que se deberá remitir a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo en mención, así como haciéndose la anotación respectiva en el libro de gobierno. Debiendo hacerse constar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas del expediente, relativo al juicio sumario hipotecario, que remitió en apoyo a su informe justificado; lo anterior, por carecer de razón su permanencia en autos. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha fenecido el término de tres días hábiles, que se concedió a los quejosos ***, mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, para recoger los edictos ordenados por este órgano de control jurisdiccional a fin de emplazar a la tercera interesada ***, sin que hasta el día de hoy aparezca que lo haya cumplido. En consecuencia, al no cumplir con lo ordenado en el proveído antes mencionado, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se declara que en el caso se actualiza, la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 5°, fracción III, inciso b) y 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés de la parte quejosa en recoger los edictos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, y así lograr el emplazamiento de la tercera interesada, a este juicio de amparo. De lo que se colige la falta de interés de la parte quejosa para la continuación del presente juicio, toda vez que transcurrió el término concedido en auto de nueve de febrero del año en curso, para que se presentara a recoger los edictos para su publicación. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, y en virtud de que las determinaciones que se adopten en éste, pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, resulta atribuible a la parte quejosa por no recoger los edictos para su publicación respectiva; o bien, manifestar al respecto el impedimento que tuviere para cumplir con su ordenada publicación; lo que impide a esta Juzgadora pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En las relatadas circunstancias, resulta evidente que con la paralización del juicio constitucional, por la no publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto. Sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el invocado precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que su resolución no quede al arbitrio de una de las partes, en este caso de los quejosos, razones que llevan a determinar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 5°, fracción III, inciso b), y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, vigente a la presentación de la demanda, SE SOBRESEE EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA por falta de interés de la parte quejosa, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, cuyo rubro dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." En otro orden de ideas, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE TIENE NOTIFICADA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SINTESIS DICE: "San Francisco de Campeche, Campeche, uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha fenecido el término de tres días hábiles, que se concedió a los quejosos ***, mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, para recoger los edictos ordenados por este órgano de control jurisdiccional a fin de emplazar a la tercera interesada ***, sin que hasta el día de hoy aparezca que lo haya cumplido. En consecuencia, al no cumplir con lo ordenado en el proveído antes mencionado, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se declara que en el caso se actualiza, la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 5°, fracción III, inciso b) y 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés de la parte quejosa en recoger los edictos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, y así lograr el emplazamiento de la tercera interesada, a este juicio de amparo. De lo que se colige la falta de interés de la parte quejosa para la continuación del presente juicio, toda vez que transcurrió el término concedido en auto de nueve de febrero del año en curso, para que se presentara a recoger los edictos para su publicación. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, y en virtud de que las determinaciones que se adopten en éste, pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, resulta atribuible a la parte quejosa por no recoger los edictos para su publicación respectiva; o bien, manifestar al respecto el impedimento que tuviere para cumplir con su ordenada publicación; lo que impide a esta Juzgadora pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En las relatadas circunstancias, resulta evidente que con la paralización del juicio constitucional, por la no publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto. Sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el invocado precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que su resolución no quede al arbitrio de una de las partes, en este caso de los quejosos, razones que llevan a determinar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 5°, fracción III, inciso b), y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, vigente a la presentación de la demanda, SE SOBRESEE EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA por falta de interés de la parte quejosa, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, cuyo rubro dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." En otro orden de ideas, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente."
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene por recibido y agrega a los autos el oficio remitido por el responsable de la Zona Comercial Campeche de la Comisión Federal de Electricidad, Suministradora de Servicios Básicos, con residencia en esta ciudad, con el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, informa que no encontró en sus registros ningún domicilio a nombre de ***, a quien le asiste el carácter de tercera interesada en este asunto; en tal virtud, téngase por cumplida dicha encomienda, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, se advierte que este órgano de control constitucional ya agotó las diligencias necesarias para cumplir cabalmente con la búsqueda del domicilio donde pudieran ser emplazada la tercera interesada, la cual fue infructuosa dado que la investigación respectiva se realizó en los lugares en los que se tuvo conocimiento de que ésta tenía su residencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a la tercera interesada, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, porque a pesar de la investigación oficiosa ordenada en autos se desconoce su domicilio. Cabe señalar que los edictos contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, de conformidad con lo estatuido en el arábigo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia. En dicho edicto también se hará saber a las terceras interesadas que deberán apersonarse al presente juicio dentro del término de treinta días, contado del siguiente al de la última publicación, así como que queda a su disposición, en la secretaría de este juzgado copia de la demanda de amparo. Del mismo modo, en acatamiento a lo ordenado por el invocado numeral, se ordena fijar en los estrados de este órgano de control constitucional una copia íntegra del edicto, por todo el tiempo del emplazamiento. Al respecto, resulta aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1463, Tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 170760), cuyo rubro y texto dicen: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO. GENERAL PARA EL QUEJOSO LAS OBLIGACIONES DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA. De la jurisprudencia 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que a la orden de emplazar por edictos a los terceros perjudicados le siguen tres distintos momentos, y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir ésta, de tal suerte que la parte demandante de garantías debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que, primero, recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, según se desprende de la lectura correlacionada de los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ende, no puede exigirse a los quejosos que, en un solo término procesal, den cumplimiento a las tres obligaciones a su cargo, pues podrán recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista en el precepto invocado en segundo término". De lo anterior, se desprende que la orden de emplazar por edictos a la parte tercera interesada le siguen tres distintos momentos y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, que son: Recoger los edictos; Pagar su publicación; y, Exhibir ésta. De tal suerte que los solicitantes del amparo deben satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrán hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que primero recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, de conformidad con el imperativo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Concluyendo que no pueda exigirse a la parte quejosa que, en un solo término procesal, cumpla con las tres obligaciones a su cargo, pues podrá recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista. En ese sentido, con fundamento en el numeral 297, fracción II, de la legislación federal supletoria, requiérase a la parte quejosa para que: a. En el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se les practique, recojan los edictos correspondientes para emplazar a la tercera interesada. b. Dentro de otro plazo de veinte días, que se computará a partir del día siguiente al en que se le entreguen los edictos, acrediten haber realizado las gestiones necesarias para su publicación; y, c. Respecto a la obligación de exhibir las publicaciones, se acordará lo conducente hasta en tanto se colmen los dos requisitos anteriores y transcurra la periodicidad legalmente prevista para ello. Apercibidos que de hacer caso omiso a cualquiera de los supuestos anteriores, se decretará el sobreseimiento del presente asunto, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso dispositivo 27, fracción III, del propio ordenamiento. En mérito de lo anterior, al no encontrarse debidamente integrado este expediente, no es posible que se lleve a cabo la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del diez de los corrientes, por lo que la misma se deja sin efectos, señalándose como nueva fecha paras su celebración las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo ese acto procesal. Notifíquese y personalmente a los quejosos.
Quedan 19 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · 16,452 expedientes
- Osiris Manuel Domínguez Casanova280/2021
- Osmar Santiago Sánchez Matus1021/2015
- Osmar Ulises Salazar Huchín739/2020
- Osuel Argenis Chan Kantún1214/2014
- Osvaldo Cauich Beberaje1055/2017
- Osvaldo Cauich Beberaje862/2017
- Osvaldo Vargas Cruz915/2014
- Osvaldo Vargas Cruz7/2015
- Oswaldo Abel Ortiz Matú454/2023
- Oswaldo de Jesús Cach Peña753/2020
- Oswaldo del Carmen Estrella Cuy288/2014
- Oswaldo del Carmen Estrella Cuy670/2013