Osvaldo de Jesus Valencia Ortiz

Expediente 786/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
786/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Osvaldo de Jesus Valencia Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial y tomando en cuenta que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución en la que se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y remita en el mismo plazo copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto. Se apercibe a la referida responsable que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supra líneas, y si informan actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $8,962.00 moneda nacional (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos, cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. Finalmente, únicamente para que obre como corresponda, agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria de acuerdos encargada por ministerio de ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ejutla de Crespo, Oaxaca, mediante el cual informa en relación a lo solicitado en proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, que la demandada ********************, no ha sido llamada a juicio, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento en virtud de que ya se dictó resolución en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos, se advierte que a la fecha no existe constancia de que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca; y el Agente del Ministerio Público adscrito al referido juzgado, hayan quedado legalmente notificados de la sentencia pronunciada por este juzgado el diez de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, requiérase al Jefe de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita el acuse de recibo que ampara la entrega de los oficios 19791/2022 y 19792/2022, dirigidos al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca y el Agente del Ministerio Público adscrito al referido juzgado, respectivamente, los cuales fueron depositados en la oficina a su cargo el doce de octubre de dos mil veintidós, quedando registrados con los números MN680123171MX y MN680123172MX, en su caso, envíe copia certificada de las referidas piezas postales. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, o bien, de no informar el impedimento material que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización vigente, que asciende a un monto de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, cero centavos, moneda nacional), que resulta de multiplicar $96.22 que corresponde a la unidad de medida actual por cincuenta días. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA "... VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 786/2022, promovido por Osvaldo de Jesús Valencia Ortíz, contra actos de la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, y otras autoridades; y, ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza familiar, seguido ante un órgano jurisdiccional dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados son: La aprobación y promulgación del decreto 591 de quince de abril de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual, entre otras, se adicionó el artículo 664 Quinquies al Código de Procedimientos Civiles de Oaxaca. El acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial de divorcio incausado 40/2022, promovido por Osvaldo Jesús Valencia Ortíz, contra Maribel Cortés Cisneros, mediante el cual se ordenó emplazar a la demandada, y hecho esto, el actor compareciera dentro del plazo de tres días a ratificar su escrito de demanda, para después decretar la disolución del vínculo matrimonial de forma inmediata. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de actos. SON CIERTOS los actos reclamados a las autoridades responsables, ya que así lo manifestaron en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo las autoridades responsables, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Además de que, respecto del decreto legislativo reclamado, su notoria existencia no está sujeta a prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y atento al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 15, Tomo 65, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro dispone: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitió la Juez responsable, las cuales previamente fueron valoradas. Mediante acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós (fojas 1 y 11 a 17 del anexo del informe justificado de la Juez responsable), en atención al escrito de Osvaldo Jesús Valencia Ortíz, se formó expediente con el número 40/2022 y se le tuvo al promovente demandado a Maribel Cortés Cisneros en la vía especial de divorcio incausado. Enseguida, se ordenó emplazar a la demandada y se indicó que una vez ocurriera esto, se daría cumplimiento a lo dispuesto en la primera parte del numeral 664 Quinquies del Código de Procedimientos Civiles de Oaxaca, reformado mediante decreto 616, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve; es decir, la parte actora tendría que comparecer dentro del plazo de tres días a ratificar su escrito de demanda, para después la Juzgadora estar en condiciones de decretar la disolución del vínculo matrimonial en forma inmediata. Y fijó fecha para que la celebración de la audiencia preliminar con la finalidad de que las partes pudieran ponerse de acuerdo respecto a sus convenios. Esta resolución es el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Respecto a los actos reclamados al Congreso del Estado de Oaxaca y al Gobernador de dicha Entidad, consistentes en: La aprobación y promulgación (respectivamente) del decreto 591 de quince de abril de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual, entre otras, se adicionó el artículo 664 Quinquies al Código de Procedimientos Civiles de Oaxaca. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos del decreto 591, en la parte que adicionó el artículo 664 quinquies al Código de Procedimientos Civiles de Oaxaca; dado que mediante posterior decreto 616 de diez de abril de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el veintinueve de mayo de ese año, se reformó dicho precepto. El artículo invocado de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." La causa de improcedencia invocada se actualiza cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la ley de la materia. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. La eficacia de la causa de improcedencia a que se alude, sólo se registra cuando la cesación de los efectos del acto reclamado es total, pues subsistiendo uno de ellos, dicha causa no operaría. Esta observación se justifica si se toma en cuenta que la referida cesación equivale al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, por lo que, si éste no se realiza cabalmente, no puede afirmarse que los efectos de los actos combatidos hayan dejado de producirse en su integridad. ... En el caso, la parte quejosa reclama la aprobación y promulgación del decreto 591 de quince de abril de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual, entre otras, se adicionó el artículo 664 Quinquies al Código de Procedimientos Civiles de Oaxaca, cuyo contenido, conforme la copia certificada del referido decreto aportada por el Congreso del Estado de Oaxaca al rendir informe justificado, por conducto de la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta legislatura; es el siguiente: "[.] SEGUNDO.- Se REFORMA la denominación del TÍTULO UNDÉCIMO; la denominación del CAPÍTULO PRIMERO "Divorcio por mutuo consentimiento", se ADICIONA el CAPÍTULO SEGUNDO "Divorcio Incausado", los artículos [.] 664 Quinquies [.] para quedar de la siguiente manera: [.] Artículo 664 Quinquies.- Admitida la demanda de divorcio, el juzgador debe ordenar notificar personalmente al otro cónyuge sobre la demanda y propuesta de convenio, y se le emplazará para que conteste dentro del plazo de cinco días, manifestando si está de acuerdo o no con la referida propuesta de convenio. Además, se señalará día y hora para la audiencia preliminar que tendrá verificativo después de cinco y antes de quince días, contados a partir de la notificación del propio auto. En el mismo auto en que admita la demanda de divorcio, el juzgador de oficio proveerá sobre las medidas provisionales correspondientes. Contra estas medidas no se admite más recurso que el de responsabilidad. [.]." Del contenido del precepto reformado mediante decreto 591, se deduce que una vez admitida la demanda, se ordenará emplazar a la parte demandada; enseguida se fijará día y hora para la audiencia preliminar; y se acordará lo relativo a las medidas provisionales conducentes, respecto de las cuales, sólo podrá interponerse el recurso de responsabilidad. Ahora, al rendir informe justificado, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, ofreció copia certificada del decreto 616, publicado en el extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve; que en lo de interés, establece: "[.] ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos [.] 664 Quinquies [.] para quedar como sigue: [.] Artículo 664 Quinquies.- Admitida la demanda de divorcio, el juzgador requerirá al actor para que en término de tres días ratifique su demanda y una vez ratificada, se decrete el divorcio inmediatamente; asimismo debe ordenar notificar personalmente al otro cónyuge sobre la demanda y propuesta de convenio y se le emplazará para que conteste dentro del plazo de cinco días, manifestando si está de acuerdo o no con la referida propuesta de convenio. Además se señalará día y hora para la audiencia preliminar que tendrá verificativo después de cinco y antes de quince días contados a partir de la notificación del propio auto. En el mismo auto en que admita la demanda de divorcio, el juzgador de oficio proveerá sobre las medidas provisionales correspondientes. Contra estas medidas no se admite más recurso que el de responsabilidad. [.]. TRANSITORIOS: PRIMERO.- El presente Decreto surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan al presente Decreto." De acuerdo al contenido del precepto transcrito, una vez admitida la demanda de divorcio, se requerirá al actor para que dentro del plazo de tres días la ratifique; y en caso de hacerlo, se decretará el divorcio; enseguida se ordenará emplazar a la demandada y se fijará día y hora para la audiencia preliminar y se proveerá sobre las medidas provisionales correspondientes. Asimismo, conforme los artículos transitorios del decreto en cuestión, se derogaron las disposiciones opuestas a las ahí publicadas. En ese sentido, si mediante decreto 616, publicado en el extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se reformó el artículo 664 Quinquies del Código de Procedimientos Civiles de Oaxaca, mismo que fuera adicionado a dicho conjunto normativo mediante el diverso decreto 591, publicado en el extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el doce de mayo de dos mil diecisiete; y del contenido de ambos se advierte que sustancialmente la reforma a dicho artículo, consistió en que, conforme la reforma vigente, una vez presentada la demanda de divorcio se requerirá al actor para que la ratifique y, hecho esto, de inmediato se decretará la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, el texto del artículo 664 Quinquies invocado, contenido inicialmente en el Decreto 591 mediante el cual fue adicionado dicho precepto al Código Adjetivo Civil de Oaxaca, que requería previo a decretar la disolución del vínculo matrimonial, no sólo la ratificación de la demanda por parte de la parte actora, sino también el emplazamiento a la parte demandada; quedó sin efecto al haber sido reformado mediante decreto 616 publicado en el extra del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Por ende, al haber sido reformada la disposición normativa adicionada mediante decreto 591, en virtud del diverso 616, en la parte sustancial indicada en el párrafo anterior, es evidente que sus efectos jurídicos cesaron desde el momento que entró en vigor la reforma del precepto legal -664 Quinquies-. Por lo tanto, dada la actualización de la causa de improcedencia invocada, PROCEDE SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado al Congreso del Estado de Oaxaca y al Gobernador de dicha Entidad. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 178010 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. LVII/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, página 958 Tipo: Aislada CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UNA NUEVA LEY SE DEROGA EL DECRETO DEL EJECUTIVO QUE SE IMPUGNA, DEBE ESTIMARSE QUE CESARON SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO.- Cuando con motivo de la creación de una ley se deroga el decreto del titular del Poder Ejecutivo impugnado por el órgano legislativo que emitió aquélla, se actualiza la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de la norma general materia de la controversia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Se viola en su perjuicio el derecho de acceso a la justicia, pues la autoridad no actuó de manera expedita, pronta, completa e imparcial, al reservarse actuaciones y condicionando otras. La Juez responsable, mediante acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, inaplica el decreto 616 de diez de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca reforma el artículo 664 Quinquies, del Código de Procedimientos Civiles de Oaxaca, pues funda y motiva su determinación en el diverso decreto 591 de quince de abril de dos mil diecisiete, aprobado por la Sexagésima Tercer Legislatura del Estado de Oaxaca, por el cual adicionó el capítulo segundo denominado "Divorcio incausado", al Código invocado, que condiciona la disolución del vínculo matrimonial al emplazamiento de la parte demandada y al desahogo de la audiencia preliminar, lo que se traduce en que no sea suficiente la solicitud unilateral de dicha disolución para que el Juez la decrete de forma inmediata; con lo que se da preferencia a un derecho procedimental sobre un derecho humano, en concreto, el libre desarrollo de la personalidad. Refiere el quejoso que la Juez responsable restringe injustificadamente su derecho al libre desarrollo de la personalidad, dado que considera una postura contraria a lo dispuesto por el artículo 664 Quinquies, al considerar necesario, primeramente, el llamamiento a juicio de la parte demandada; así como señalar día y hora para la ratificación de la demanda y no decretar de manera inmediata la disolución del vínculo matrimonial una vez ratificada. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación expresados por el quejoso. Es así, porque efectivamente, el derecho humano que involucra el divorcio incausado, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad sustentado en la voluntad o decisión de la persona de querer extinguir el vínculo matrimonial, sin que tenga que expresar, menos justificar o demostrar, la existencia de una causa; por ello, congruentemente, el derecho a la jurisdicción en ese caso, implica que el procedimiento a seguir debe ser ágil, sencillo y falto de obstáculos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 5420/2018, consideró inconstitucional el artículo 1126 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, al establecer un obstáculo procedimental al grado del desechamiento de la demanda de divorcio, precepto cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 1126.- Si transcurridos treinta días naturales contados a partir de que la solicitud de divorcio incausado fue admitida y, por cualquier causa, no se ha emplazado al cónyuge del solicitante, el juez de oficio declarará sin efectos la solicitud y ordenará el archivo definitivo del expediente." Ahora, las consideraciones comprendidas en la ejecutoria en mención, son las siguientes: Que con el requisito establecido por la norma, no se alcanza la finalidad pretendida por la medida legislativa, y que tampoco se supera la tercera grada del test de proporcionalidad, porque la consecuencia que establece la medida legislativa es notoriamente desproporcionada y afecta sin justificación válida el acceso a la jurisdicción de la recurrente para lograr la disolución del matrimonio y con ello el ejercicio a la libre determinación del plan de vida privada. Especialmente, porque la consecuencia de tener por no presentada la solicitud de divorcio ante la falta de emplazamiento dentro de los treinta días siguientes a que fue presentada, es desproporcionada a la limitación al derecho de libre desarrollo de la personalidad, al no tomar en consideración que la falta de emplazamiento no puede ser reprochada o atribuida únicamente al incumplimiento de las cargas procesales del solicitante, sino que también esta falta de emplazamiento puede ser incluso a causa de la inacción total de los funcionarios facultados para realizar dicho emplazamiento lo cual denota la desproporción con la consecuencia que limita el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos. Que si lo pretendido por la norma es procurar el impulso procesal del juicio a fin de lograr el procedimiento ágil y breve pretendido, es preciso que se distinga claramente cuáles constituyen las cargas procesales de la parte solicitante que de no realizarse sí pueden dilatar el procedimiento, mismas que pueden establecer consecuencia en aras precisamente del derecho a la tutela judicial efectiva, pero mientras la medida legislativa no establezca distinción respecto al motivo que impide el emplazamiento, la misma constituye un obstáculo injustificado para el ejercicio de los derechos fundamentales que se encuentran afectados según se ha analizado. Que al verificar que la medida legislativa del artículo 1126 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, interviene los derechos de acceso a la jurisdicción y libre desarrollo de la personalidad, no obstante en un primer análisis del test de proporcionalidad, puede considerarse que dicha disposición persigue como finalidad constitucionalmente válida el establecer un juicio ágil y breve de divorcio sin causa, se concluye que dicha finalidad no supera el test de proporcionalidad de la norma, en tanto no resulta idónea para lograr el fin pretendido, aunado que constituye un obstáculo que limita de forma injustificada el derecho al libre desarrollo de la personalidad de forma notoriamente desproporcionada. Por otra parte, la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el diverso amparo directo en revisión 3614/2015, en el que analizó el artículo 582 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila, también ha considerado que el derecho a la jurisdicción en el divorcio incausado, se manifiesta como una restricción al derecho de audiencia y debido proceso de la persona a quien se le demanda el divorcio; precepto que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 582. Del procedimiento de divorcio. El divorcio se tramitará de acuerdo con las reglas siguientes: I. El juez, recibida la solicitud de divorcio, examinará si satisface los requisitos del artículo 578; si no es así, prevendrá al promovente para que subsane las deficiencias en el plazo previsto en el artículo 391 de este Código II. Una vez satisfechos los requisitos de ley, admitirá a trámite la solicitud y emplazará al cónyuge que no pidió el divorcio, haciéndole saber los términos de la misma. De igual manera se le concederá el plazo de nueve días a fin de que manifieste su conformidad con el convenio exhibido o, en su caso, presente su contrapropuesta, en la que expondrá los hechos en que la funde y deberá ofrecer las pruebas respectivas relacionadas con la misma. En el mismo auto dará vista al Ministerio Público para su intervención de acuerdo a sus atribuciones. III. En el proveído inicial, el juzgador decretará las medidas provisionales que fueren procedentes. IV. El juez decretará el divorcio mediante resolución una vez desahogadas las vistas anteriores o cuando haya transcurrido el plazo para ello. V. En el caso de que ambos cónyuges hubieren presentado la solicitud, que lleguen a un acuerdo total o parcial respecto del convenio señalado en el artículo 363 del Código Civil o que no se hubiere suscitado controversia respecto de su contenido, y éste no contravenga ninguna disposición legal, el juez aprobará lo conducente en la misma resolución de divorcio. De no haber acuerdo, luego de decretar el divorcio el juez, de oficio, correrá traslado personal al solicitante con la contrapropuesta, la expresión de los hechos en que se funda y las pruebas ofrecidas, por un plazo de nueve días para que manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca las pruebas de su intención. El solicitante podrá, en la vista indicada, formular a su vez las pretensiones que estime oportunas, expresando los hechos en que se funda y ofreciendo las pruebas que las justifiquen. De este escrito se dará vista al cónyuge que no pidió el divorcio por tres días para que manifieste lo que a su interés convenga. Desahogadas las vistas correspondientes o transcurrido el plazo de ley para ello, en proveído especial el juzgador tomará las determinaciones a que se refiere el último párrafo del artículo 412 de este código. El juicio continuará conforme a las reglas del juicio ordinario civil, tomando en consideración las especiales que rigen a los procedimientos del orden familiar. VI. Sin perjuicio de decretar el divorcio en los términos de la fracción anterior, si de las vistas a que se refiere la fracción II de este artículo aparecieren cuestiones relativas a los presupuestos procesales, se dará vista al solicitante con las mismas por el plazo de tres días, siguiendo las reglas de los incidentes. VII. El acuerdo de las partes, su allanamiento o rebeldía no vincula al juzgador respecto de los términos del convenio o su contrapropuesta. VIII. Se notificará personalmente la resolución que decrete el divorcio." Siendo las consideraciones que integran la aludida resolución, las siguientes: Que el procedimiento establecido en el artículo 582 2 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila efectivamente contiene una restricción al derecho fundamental de audiencia y debido proceso; dicho derecho, como todos, no es absoluto, admite límites, no obstante, estos no pueden ser arbitrarios, por lo que para determinar si la restricción es válida, debe analizarse si es razonable y proporcional. En términos de lo resuelto por esta Primera Sala, resulta que la restricción al derecho fundamental de audiencia y debido proceso supera el examen de proporcionalidad, de acuerdo con lo siguiente: Finalidad constitucionalmente válida. La restricción contenida en el artículo impugnado obedece a una finalidad objetiva contemplada en la Constitución Federal, consistente en el derecho superior a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Con la expresión de la voluntad de no continuar con el matrimonio se ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir no continuar casado constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida, esto es, el individuo decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida. o Razonabilidad. La restricción en análisis es instrumentalmente adecuada para cumplir con el objetivo, pues la resolución del divorcio en esas condiciones atiende a la autonomía de la voluntad de uno de los cónyuges, lo cual es una forma en la que el individuo desarrolla su personalidad; por tanto, la restricción es idónea para garantizar el desarrollo de la personalidad, pues se trata de un procedimiento en el que prevalece la voluntad del individuo de no continuar con el vínculo matrimonial. o Proporcionalidad. La medida no es desproporcional, pues el grado de restricción es justamente necesario para garantizar el derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad. Que ningún derecho es absoluto, todos admiten restricciones, mismas que, en ocasiones, están expresamente contenidas en el texto fundamental y, en otras, el límite al goce de un derecho proviene de manera indirecta de alguna otra norma, atendiendo a la necesidad de proteger o preservar otros bienes constitucionalmente protegidos. Sin embargo, se ha reiterado que, a fin de determinar si una restricción es o no válida, debe estudiarse si son admisibles dentro del ámbito constitucional, necesarias y proporcionales. Que la medida legislativa, en primer término, atiende a una finalidad constitucionalmente válida consistente en el derecho superior a la dignidad humana contemplado en el artículo 1° de laConstitución Federal. Que la medida es razonable en razón de que la resolución de divorcio es instrumentalmente adecuada para cumplir con la finalidad constitucional de respeto al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que la disolución de la unión matrimonial atiende preponderantemente a la voluntad del individuo que no desea seguir casado, sin mediar explicación alguna o demostración de una causal. Y que la medida resulta proporcional al respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos constitucionales; el grado de afectación al derecho de audiencia es el necesario para garantizar el derecho a la dignidad humana en la vertiente de libre elección del proyecto de vida. Lo que se plasma en la tesis 1a. LXI/2015 (10a.) pronunciada por la referida Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Materias Constitucional y Civil, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1392, registro digital 2008493, con el contenido: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 582 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, IMPONE UNA RESTRICCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO, ATENDIENDO A UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. Del mencionado artículo 582, que establece el procedimiento de divorcio sin expresión de causa, se advierte que la resolución respectiva se emite sin considerar la conformidad o no del cónyuge que no lo pidió, esto es, se decreta la disolución del vínculo matrimonial sin escuchar y darle oportunidad de defensa al cónyuge que no lo solicitó, pues si bien se le otorga un plazo de nueve días, éste sólo es para el efecto de que manifieste su conformidad con el convenio exhibido por la solicitante, no así con la disolución del vínculo. En esas circunstancias, si bien pudiera estimarse que la disolución del vínculo matrimonial tiene como consecuencia que al cónyuge que no solicitó el divorcio se le prive de diversos derechos, entre los que se encuentran su estado civil, su derecho a heredar, a percibir alimentos y a la seguridad social, sin haber sido oído y vencido en juicio, lo cierto es que ello se trata de una restricción constitucionalmente admisible. Considerando que ningún derecho fundamental es absoluto, que los mismos admiten restricciones, siempre y cuando no sean arbitrarias, resulta que la restricción al derecho fundamental de audiencia y debido proceso que contiene el artículo 582 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tiene una finalidad constitucionalmente válida; es razonable y proporcional, pues atiende al derecho superior a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Así, la restricción al derecho de audiencia y debido proceso, resulta idónea y justamente necesaria para garantizar el derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad.". Acorde a esas directrices, se obtiene que el artículo 664 Quinquies del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, dispone: "Artículo 664 Quinquies.- Admitida la demanda de divorcio, el juzgador requerirá al actor para que en término de tres días ratifique su demanda y una vez ratificada, se decrete el divorcio inmediatamente; asimismo debe ordenar notificar personalmente al otro cónyuge sobre la demanda y propuesta de convenio y se le emplazará para que conteste dentro del plazo de cinco días, manifestando si está de acuerdo o no con la referida propuesta de convenio. Además se señalará día y hora para la audiencia preliminar que tendrá verificativo después de cinco y antes de quince días contados a partir de la notificación del propio auto. En el mismo auto en que admita la demanda de divorcio, el juzgador de oficio proveerá sobre las medidas provisionales correspondientes. Contra estas medidas no se admite más recurso que el de responsabilidad.". Precepto legal del cual se advierten los efectos procedimentales derivados de la admisión de la demanda de divorcio incausado, siguientes: a). El juzgador requerirá al actor para que en término de tres días ratifique su demanda y una vez ratificada, se decrete el divorcio inmediatamente; b) Asimismo, debe ordenar notificar personalmente al otro cónyuge sobre la demanda y propuesta de convenio y se le emplazará para que conteste dentro del plazo de cinco días, manifestando si está de acuerdo o no con la referida propuesta de convenio; c) Además se señalará día y hora para la audiencia preliminar que tendrá verificativo después de cinco y antes de quince días contados a partir de la notificación del propio auto; d) En el mismo auto en que admita la demanda de divorcio, el juzgador de oficio proveerá sobre las medidas provisionales correspondientes. Acorde con esa disposición, en lo de interés, es de señalar que el dispositivo legal prevé que admitida la demanda de divorcio incausado, el juzgador requerirá al actor para que en término de tres días ratifique su demanda y una vez ratificada, se decrete el divorcio inmediatamente. Seguido, el precepto legal, dispone que el juez ordenará la "notificación personal" al otro cónyuge sobre la demanda y la propuesta de convenio, para emplazarlo a que dentro del plazo de cinco días, "conteste", manifestando si está de acuerdo o no, con la propuesta de convenio. De ahí que tanto el requerimiento al promovente para que ratifique la demanda, como la orden de notificación personal y emplazamiento al otro cónyuge para que conteste si está o no de acuerdo con la propuesta de convenio, deben emitirse al admitirse la demanda, esto es, en el mismo proveído de admisión de la demanda, pues así está literalmente dispuesto y el sentido gramatical es claro, lo que se enfatiza en la previsión de que el juez al ordenar la ratificación de la demanda, "asimismo", ordenará notificar personalmente al otro cónyuge. Robustece lo anterior, la tesis 1a. CCLXIII/2012 (10a.) pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 63/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Materia Civil, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 845, registro digital 2002930, del texto: "UNIDAD DEL JUICIO DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL). El procedimiento del juicio de divorcio es uno solo, pues si bien en el juicio se reconocen dos momentos en que las partes pueden formular sus pretensiones, tal distingo no implica el desconocimiento de los principios de unidad y concentración que rigen dicho juicio, pues tal precisión solamente resulta útil para conocer, precisamente, en qué momento las partes están en posibilidad de formular sus pretensiones y ofrecer pruebas para acreditar los hechos que las sustentan (esto es, en el escrito de demanda y después de dictarse la disolución del vínculo matrimonial, una vez que se dejan a salvo sus derechos), situación que de ninguna manera conlleva a sostener la apertura de un procedimiento diverso, pues el juicio es uno solo y no se encuentra dividido en etapas o fases; por ello es de suma importancia destacar que si bien en la tesis aislada 1a. CCXXIII/2009, que lleva por rubro: "DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL CÓNYUGE. LOS ARTÍCULOS 266, 267, 282, 283, FRACCIONES IV, V, VI, VII Y VIII, 283 BIS, 287 Y 288 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE OCTUBRE DE 2008, QUE REGULAN SU TRAMITACIÓN, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE DEBIDO PROCESO LEGAL.", esta Primera Sala estableció que en el juicio de divorcio sin expresión de causa existen dos etapas, una denominada "no contenciosa" (relativa a la declaración de divorcio) y otra en la que sí existe contienda (donde se deciden las cuestiones inherentes al divorcio), un nuevo análisis de las disposiciones que rigen el divorcio sin expresión de causa lleva a abandonar en lo conducente dicho criterio, pues éste se desarrolla sobre la base de que se trata de un procedimiento único, de tipo contencioso, en el que no puede afirmarse de manera categórica la distinción de dos etapas que puedan regir de momento a momento y menos aún, que en cada una de ellas se resuelvan temas específicos; así, por ejemplo, en lo que entonces se denominó "primera etapa" (comprendida desde la presentación de la demanda hasta la declaración de divorcio) el juzgador no solamente resuelve el asunto del divorcio, sino que antes bien, también debe emitir decisión sobre cuestiones inherentes al divorcio, específicamente al decretar las medidas provisionales a que se refiere el artículo 282 del Código Civil para el Distrito Federal; de ahí que, como se dijo, es el caso de abandonar, en lo conducente, las consideraciones contenidas en la tesis aislada mencionada, en las partes que se opongan al desarrollo del proceso de divorcio sin expresión de causa. En los mismos términos, es decir en lo conducente, debe abandonarse el criterio sostenido por esta misma Sala en la jurisprudencia 1a./J. 137/2009, publicada en la página ciento setenta y cinco, del Tomo XXXI, abril de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE DISUELTO EL MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008).", en virtud de que en ésta se afirma que el juicio de divorcio sin expresión de causa termina con la resolución que ordena la disolución del vínculo matrimonial y que, en su caso, las cuestiones inherentes al divorcio han de reservarse para ser resueltas en la vía incidental. Al respecto, debe decirse que dicha interpretación no advierte los principios de unidad, concentración, celeridad y economía procesal que deben regir en el juicio de divorcio y que sirven de base para dar lógica y contenido a las normas que regulan el proceso de que se trata, máxime si se considera que con tal interpretación existe el riesgo de incurrir en una incongruencia externa, al dejar de resolver cuestiones que quedaron planteadas desde la demanda y que no encontrarán solución con el dictado de la sentencia de divorcio, sobre todo porque, una vez roto el lazo conyugal, no se tiene la certeza de que las pretensiones de las partes se vean resueltas en la vía incidental con el consecuente perjuicio de alguno de los excónyuges.". Sobre todo, que además de la precisión literal y gramatical de lo dispuesto, la razón legislativa en que dichas medidas sean coetáneas e inmediatas, desde el momento de admitir la demanda, atiende a que el derecho a la jurisdicción en el caso del divorcio sin expresión de causa, se trata de un primordial derecho de la personalidad, en acudir a la instancia judicial para que se declare la disolución del vínculo matrimonial, como voluntad o deseo personalísimo y respecto del cual no está condicionado al emplazamiento del otro cónyuge, ni es factible que se impida el divorcio por la voluntad de éste; de manera que, al ya no depender de la voluntad o interés del otro cónyuge, desde el auto admisorio, el juez debe ordenar la ratificación de la demanda de divorcio, y de colmarse los presupuestos del divorcio incausado, decretar el divorcio "inmediatamente", como también enfatiza el contenido del precepto legal. Cabe precisar así, que la notificación personal y emplazamiento al otro cónyuge no solicitante del divorcio incausado, es para efectos de que conteste si está de acuerdo o no con la propuesta de convenio, pueda manifestar lo que a su interés convenga, oponerse al convenio propuesto y formular contrapropuesta; esa es la finalidad del emplazamiento previsto en el artículo en análisis, pero no tiene alcances jurídicos respecto de la procedencia del divorcio incausado, ya que como se ha visto en la interpretación dada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad que tutela en el divorcio sin expresión de causa, sí es un límite constitucional al derecho de audiencia del otro cónyuge. Entonces, la orden de ratificación de la demanda de divorcio incausado, no está condicionada al emplazamiento del otro cónyuge, ni debe postergarse a otro momento; de modo que al no proceder así la juez responsable, bajo la consideración de que primeramente debe emplazarse al otro cónyuge para ratificar la demanda y enseguida decretar la disolución del vínculo matrimonial, es inexacto y por ello, debe otorgarse la protección constitucional al quejoso. En esas condiciones, al haber resultado fundados los conceptos de violación, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitada por Osvaldo de Jesús Valencia Ortíz, contra actos de la Juez Mixto de Ejutla, Oaxaca, consistente en el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial de divorcio incausado 40/2022, promovido por Osvaldo Jesús Valencia Ortíz, contra Maribel Cortés Cisneros. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión de amparo es para el efecto: Deje insubsistente la parte conducente del acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial de divorcio incausado 40/2022, mediante el cual condiciona y posterga la orden de ratificación de la demanda de divorcio incausado y el pronunciamiento en torno a la disolución del vínculo matrimonial, hasta en tanto se emplace a la parte demandada. En su lugar, ordene requerir al promovente para que raifique su demanda de divorcio incausado, en los términos correspondientes, y una vez ratificada, proceda conforme lo dispuesto en el artículo 664 quinquies del Código de Procedimientos Civiles de Oaxaca, es decir, se pronuncie en torno a la disolución del vínculo matrimonial. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados al Congreso del Estado de Oaxaca y Gobernador de dicha Entidad, en términos de lo dispuesto en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... contra actos de la Juez Mixto de Ejutla, Oaxaca, consistente en el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio especial de divorcio incausado 40/2022, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VI "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Únicamente para que obre como corresponda, agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos encargada del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ejutla de Crespo, Oaxaca, mediante el cual devuelve el despacho 137/2022 orden 318/2022, en virtud de que respecto de su contenido se proveyó el uno de septiembre de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE.

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