Osvaldo Benjamín López Peralta

Expediente 684/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
684/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Osvaldo Benjamín López Peralta
  • Jesús Ortega Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran los presentes autos, de las que se advierte que mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 380 a 387), se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el término de los quince días que establece el artículo 202, párrafo primero de la Ley de Amparo, para inconformarse contra la citada determinación de veinticinco de noviembre de la presente anualidad, ha fenecido; en consecuencia, queda firme el referido auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Por lo anteriormente expuesto, como se ordenó en ese proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 380 a 387), en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase los presentes autos al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, el presente expediente si es susceptible de depuración con excepción del escrito inicial de demanda, del escrito de ampliación en su caso, de la sentencia y su ejecutoria, de la resolución ejecutoria en su caso, del auto en que se tuvo por cumplida, y de este proveído, toda vez que este Juzgado de Distrito estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Ahora bien, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y se advierte la existencia de documentos originales exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se pone a disposición de la parte quejosa dicho documento por el término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que recoja el mismo, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido al ser depurado el expediente. Finalmente, para el caso de que se encuentre en período vacacional la autoridad a quien se dirija el oficio con el cual deba notificarse el presente proveído, se comisiona a la sección de actuaría para que resguarde y entregue dicho oficio una vez que la referida autoridad reanude sus labores.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve (foja 376), a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo; en desahogo a lo anterior, mediante escrito registrado con el número de promoción "27880" (fojas 377 y 378), el autorizado de la parte quejosa manifestó su inconformidad con el cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los siguientes términos: "[.] En consecuencia, ante lo fundado del citado concepto de violación y al quedar acreditado que se transgreden los principios que establece el artículo 16 constitucional, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Sala responsable provea lo conducente para dejar insubsistente la resolución de ocho de mayo dos mil dieciocho, dictada en el expediente ********************, en la que se declaró procedente y parcialmente fundada la queja por defecto; y para que, con libertad de jurisdicción pero atendiendo a los razonamientos expuestos en este fallo, resuelva lo que en derecho corresponda, sin perjuicio de reiterar su decisión y los diversos aspectos que no fueron objeto de análisis en esta sentencia." (foja 309) Del análisis a lo anterior, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, se debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de ocho de mayo dos mil dieciocho, dictada en el expediente ********************, en la que se declaró procedente y parcialmente fundada la queja por defecto; y para que, con libertad de jurisdicción pero atendiendo a los razonamientos expuestos en este fallo, resuelva lo que en derecho corresponda, sin perjuicio de reiterar su decisión y los diversos aspectos que no fueron objeto de análisis en esta sentencia. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio registrado con el folio "27363" (foja 360), el Secretario de Acuerdos y el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; remitieron, entre otros, copia certificada de la siguiente documental: Resolución de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ******************** (fojas 361 a 374). De la anterior constancia se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de ocho de mayo dos mil dieciocho, dictada en el expediente ********************; y en su lugar emitió otra en la que con libertad de jurisdicción atendió los razonamientos expuestos en la ejecutoria de amparo. Documental que por ser pública, merece eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y la constancia remitida en cumplimiento a los mismos, se advierte lo siguiente: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL CONSTANCIAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO Deje insubsistente la resolución de ocho de mayo dos mil dieciocho, dictada en el expediente ********************, en la que se declaró procedente y parcialmente fundada la queja por defecto. Resolución de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ******************** (fojas 361 a 374), en la que se determinó lo siguiente: "(.) I.- En cumplimiento a la sentencia de fecha veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el Juicio de Amparo Indirecto número 684/2018; se deja insubsistente la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho." EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL CONSTANCIAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO Con libertad de jurisdicción pero atendiendo a los razonamientos expuestos en este fallo, resuelva lo que en derecho corresponda, sin perjuicio de reiterar su decisión y los diversos aspectos que no fueron objeto de análisis en esta sentencia, a saber: "(.) Precisado lo anterior, se advierte que la Sala responsable se ocupó de verificar el cumplimiento del fallo de nulidad, declarando parcialmente fundada la queja por defecto al concluir de manera sustancial, lo siguiente: - Que la autoridad demandada se encontraba obligada al pago de la indemnización y demás prestaciones a los ahora quejosos; sobre esa base indicó que por demás prestaciones debía entenderse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja, y hasta que se realice el pago correspondiente; sin embargo, señaló que dichas prestaciones no debían ir más allá de lo que realmente le hubiera podido corresponder, es decir, el pago por ese concepto no debía rebasar prestaciones que forzosamente implicaran que estuviera en activo; tal como acontecía, con el bono de operatividad, el cual adujo que era otorgado al personal que se encontraba comisionado fuera de la Ciudad de México, o bien, en un porcentaje menor dentro de esa entidad; por ello, concluyó que no le asistía la razón a la ahora parte quejosa. - De igual modo, consideró que no le asistía la razón a los hoy impetrantes en relación a los conceptos denominados "SUELDO COMPACTADO" y "ESTÍMULOS AL PERSONAL", pues manifestó que de ninguna manera acreditaron, que hubiera habido modificaciones en los montos de los haberes que les correspondió a cada uno de ellos, y que hubiera realizado algún decomiso de mercancías. - Por otra parte, precisó que no le asistía la razón a los hoy quejosos en el argumento consistente en que la autoridad demandada fue omisa en declarar la nulidad de la resolución impugnada, pues, sostuvo que esa declaratoria ya se había realizado en la propia sentencia de nulidad. - Finalmente, estimó que resultaban parcialmente fundados los argumentos hechos valer por la parte actora en esa instancia, porque la autoridad demandada no había realizado el pago correspondiente hasta el día que se les notificó la disponibilidad de los recursos; motivo por el cual, ordenó a la demandada diera estricto cumplimiento al fallo de anulación. No obstante lo anterior, del análisis de la resolución reclamada, se advierte que carece de la debida motivación y fundamentación en relación a la procedencia o no del bono de operatividad que reclamaron los ahora impetrantes. Se dice lo anterior, porque la Sala responsable únicamente se limitó a señalar lo siguiente: "(.)Sin embargo, tales prestaciones no deben ir más allá de lo que realmente le hubiese podido corresponder, pues en todo caso si bien la autoridad demandada debe pagar todas y cada una de las prestaciones que por ley les eran otorgadas, ello no debe rebasar a prestaciones que forzosamente implicarían que estuviesen en servicio; tal como acontece con el concepto "BONO DE OPERATIVIDAD", el cual es otorgado, tal como lo aducen los quejosos, al personal que se encuentra comisionado fuera de la Ciudad de México o bien en un porcentaje menor dentro de esta entidad (.)"; sin que en el particular realizara mayor razonamiento tendente a concluir por qué no les asistía la razón a los ahora quejosos, menos indicó el fundamento legal en el que sustentara la determinación a la que arribó. Por ello, a criterio de quien resuelve, aun cuando la Sala se encargó de analizar el argumento de la parte actora relativo a que les correspondía el pago del bono de operatividad, lo hizo en forma dogmática, ya que no bastaba que la responsable señalara que el pago de prestaciones no debía ir más allá de lo que les correspondía a los actores, como ocurría con el mencionado concepto; situación que genera incertidumbre al desconocerse las razones que orientaron la decisión de la responsable. De ahí que, la Sala debió fundar y motivar debidamente su resolución con la finalidad de determinar si asistía la razón o no a los actores hoy quejosos en cuanto a la procedencia del pago por concepto de bono de operatividad. Bajo esas circunstancias, acorde a lo manifestado por la parte quejosa, se actualiza una violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica y de congruencia interna; así como una indebida motivación y fundamentación de la resolución reclamada." (fojas 307 a 309) Resolución de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ******************** (fojas 361 a 374), en la que se determinó lo siguiente: "(.) (.)" Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que la sala responsable acató los extremos de la concesión de la protección constitucional; se dice lo anterior, pues la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de ocho de mayo dos mil dieciocho, dictada en el expediente ********************; y en su lugar emitió otra en la que con libertad de jurisdicción atendió los razonamientos expuestos en la ejecutoria de amparo. Así, con dicha documental en proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 376), este órgano jurisdiccional le dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo; en desahogo a lo anterior, mediante escrito registrado con el número de promoción "27880" (fojas 377 y 378), el autorizado de la parte quejosa manifestó su inconformidad con el cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, ello en razón de que aduce que la responsable no tomó en consideración que de las constancias que integran el expediente administrativo del procedimiento disciplinario se desprende que al momento en que causaron baja se encontraban comisionados fuera de la ciudad, motivo por el cual, si les correspondía el pago del concepto "bono de operatividad". Atento a lo anterior y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. Sin que obste a lo anterior, las manifestaciones de inconformidad que realiza la parte quejosa, en el escrito relacionado en el presente proveído; pues como quedó precisado, el efecto del amparo fue para que la autoridad demandada, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente la resolución de ocho de mayo dos mil dieciocho, dictada en el expediente ********************, en la que se declaró procedente y parcialmente fundada la queja por defecto; y para que, con libertad de jurisdicción pero atendiendo a los razonamientos expuestos en este fallo, resuelva lo que en derecho corresponda, sin perjuicio de reiterar su decisión y los diversos aspectos que no fueron objeto de análisis en esta sentencia. Circunstancias que la autoridad ha acreditado ante este Juzgado con las documentales referidas en párrafos que anteceden; y no así para cuestiones diversas como las que aduce la parte quejosa, lo anterior, ya que esta Juzgadora debe atender a los alcances fijados por la ejecutoria de amparo, sin analizar el cumplimiento de la autoridad responsable sobre aspectos novedosos que no fueron analizados en la ejecutoria que se cumplimenta, máxime que el efecto del amparo otorgó libertad de jurisdicción a la responsable a efecto de resolver la queja por defecto interpuesta en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 87/2010, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XXXII, Septiembre de 2010, consultable en su página: 6, del tenor literal siguiente: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada." Sin que lo anterior implique pronunciamiento alguno sobre la legalidad de la resolución de siete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 361 a 374), al no ser materia de análisis del presente sumario constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial I.6o.T.J/5, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Julio de 1995, consultable en su página 148, de rubro y tenor siguientes: "QUEJA, CUESTIONES QUE NO PUEDEN IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE, POR NO HABER SIDO OBJETO DE ESTUDIO EN LA EJECUTORIA DE AMPARO.- Si la cuestión planteada en el recurso de queja, no fue objeto de estudio en la ejecutoria de amparo, no cabe la posibilidad jurídica de impugnarla por exceso o defecto en su cumplimiento, ya que sólo puede ser materia del recurso, aquello que se ordenó a la autoridad cumplir o acatar, mas no lo que resulta ajeno a los lineamientos de la ejecutoria que se cumplimenta." Más aun tomando en cuenta que este juzgado de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo vigente, se encuentra limitando a verificar si se cumplió o no la ejecutoria sin excesos ni defectos, cotejándola con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. Resulta aplicable la jurisprudencia 9/2001, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, octubre de dos mil uno, página trescientos sesenta y seis, cuyo rubro y tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de la parte tercero interesada la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, se tiene por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración al momento de realizar el pronunciamiento respectivo.

  4. Principal

    ...agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos y por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por el cual remite diversa documental con la que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo de cuenta, dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que intenta dar la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo y en caso de así considerarlo, se pronuncie en relación con dicho cumplimiento, si existe exceso o defecto en la ejecución del fallo protector. Por otra parte, visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos y por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por medio del cual, acusa recibo del oficio por el que le fueron devueltos los autos originales del juicio de nulidad ***, del índice de la oficiante; atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, quedando enterada esta juzgadora de su contenido. Apercibido que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se acordará lo que en derecho corresponda con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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