Osvaldo Amaya Ríos
Expediente 761/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Osvaldo Amaya Ríos
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Así, en observancia al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda con evidencia criptográfica de...por derecho propio, regístrese bajo el número 761/2022-VII. DESECHAMIENTO Al respecto, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previo a la interposición del juicio de amparo la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo que prevé el artículo 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por los motivos que a continuación se exponen. El citado artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual descansa en la carga procesal del impetrante de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación, así como las excepciones a la obligación de agotar los recursos ordinarios. Ese principio encuentra justificación en la naturaleza del juicio constitucional, el cual se erige como un medio extraordinario de defensa procedente contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le origina afectación, previamente a solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, los artículos 186, 229, fracción VI, 230 y 231, así como el 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establecen: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: . VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación; . "Artículo 230. Serán partes en el juicio: I. El actor; II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares. c) La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. d) El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. e) La persona que se ostente como autoridad estatal o municipal, sin serlo. III. El tercero interesado, que es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal.. Artículo 231. Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad. . Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." En la especie, se advierte que el juicio contencioso administrativo, procede contra actos relativos a las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de diez días siguientes a su presentación, supuesto que se actualiza en la especie, atento a que los actos reclamados por la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa, consisten en: A) La omisión de dar trámite a la solicitud de "Alta de vehículo de otra entidad" folio de cita o trámite 6500516 y en consecuencia, la entrega de placas, engomado y tarjeta de circulación. B) La omisión de dar respuesta por escrito y fundada y motivada respecto de la solicitud de trámite de "Alta de vehículo de otra entidad". En este contexto, en términos de los numerales transcritos, resulta evidente que en la especie la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no agotó previamente a acudir a este juicio, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, tal como lo establecen los numerales ya transcritos; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión en el juicio contencioso, pues en ambas legislaciones se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), registro 2003858, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo I, junio de 2013, página 933, de rubro y texto siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." En adición a lo expuesto, cabe resaltar que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad contempladas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. No se soslaya que el acto reclamado pueda ser considerado como de imposible reparación; empero, esa circunstancia no exime a la parte quejosa de agotar el juicio, recurso o medio ordinario de defensa procedente, en términos del criterio jurídico contenido en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), registro 2017117, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Tomo I, junio de 2018, Página 8, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Por tanto, la obligación de apegarse al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, no constituye una negativa a dicha protección ni un eximente al cumplimiento de la obligación de tutela y garantía de los derechos humanos por parte de las autoridades nacionales, ya que el sometimiento del caso al conocimiento de la autoridad competente en la vía ordinaria, no significa que esté exenta de realizar el análisis de los argumentos en los que los quejosos sostienen violaciones directas a derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales, en virtud de que el Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, es la autoridad jurisdiccional competente para conocer del juicio contencioso administrativo, y se encuentra obligada a examinarlos y resolverlos conforme a derecho, en ejercicio de un control difuso de convencionalidad, el cual también le compete. Aunado a que en la demanda no se reclaman exclusivamente violaciones directas a la constitución, sino que el quejoso también atribuye cuestiones de legalidad respecto del acto tildado de inconstitucional, controvirtiendo que no se le puede negar el trámite de alta de vehículo solicitado, pues satisfizo los presupuestos previstos en el artículo 47, fracciones II y III del Código Financiero de la Entidad. Tópicos de legalidad que son factibles de conocerse previamente por los tribunales del fuero común, pues el análisis de esos requisitos forman parte de la competencia de los tribunales ordinarios, los que están facultados para revisar y, en su caso, declarar la nulidad de los actos sometidos a su jurisdicción, por falta de dichos requisitos o su indebido cumplimiento. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/1, registro 205283, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Abril de 1995, página 94, Novena Época, Materias(s): Común, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Cabe precisar que el criterio aquí adoptado, fue sustentado en la ejecutoria dictada por el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, el doce de julio de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 185/2019; lo que se invoca como un hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "OsvaldoAR"; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Sin que amerite pronunciamiento respecto a los autorizados, toda vez que no señaló a persona alguna para tal efecto. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1238, dentro de un horario de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. En la inteligencia que, previo a comparecer revisar su expediente, recoger copias o documentos a este juzgado de Distrito, deberá realizar una cita en la AgendaOJ, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, de lunes a viernes, dentro del horario establecido por el Consejo para laborar de manera presencial (7:45 A.M. a 15:00 P.M.), la cual le otorga un código QR, que deberá presentar de forma impresa o digital al acudir a su cita.. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa..."
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