Osvaldo Amaya Ríos

Expediente 844/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
844/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Osvaldo Amaya Ríos

Actuaciones

  1. Principal

    I... Vista la certificación que antecede se advierte que ha fenecido el término que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley invocada, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente asunto. De conformidad con el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. Notifíquese ...

  2. Principal

    I... Naucalpan de Juárez, Estado de México; dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica, por Osvaldo ..., por propio derecho, contra actos de la Magistrada Titular de la Cuarta Sala Regional Ecatepec de Morelos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 844/2022-I. En principio, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora en el presente asunto el quejoso señala como acto reclamado la omisión de la Cuarta Sala Regional Ecatepec de Morelos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México de acordar sobre la admisión de demanda de juicio sumario administrativo, así como la notificación de dicha determinación. DESECHAMIENTO En ese orden, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del mismo ordenamiento y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los dos últimos aplicados a contrario sensu, los cuales establecen: Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, el artículo 107 constitucional establece como una de las bases del juicio de amparo, que cuando éste se promueve contra actos emitidos dentro de juicio, sólo procede si son de "imposible reparación". El artículo 107 de la ley reglamentaria define qué debe entenderse por actos de tal naturaleza, al establecer que tienen tal carácter aquéllos que violen derechos sustantivos. De esta manera, para que se considere que un acto tiene tal carácter es necesario que los actos reclamados incidan en bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas y además, que la afectación sea actual, es decir, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juicio de amparo es improcedente contra omisiones aisladas dentro de un procedimiento, salvo que se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Entonces, si el retardo alegado no se traduce en una abierta dilación del procedimiento, tomando en cuenta la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente deberán pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos, el juicio será improcedente, y, por ende, no es de imposible reparación. Lo anterior es así, toda vez que del análisis integral de la demanda y de las manifestaciones que el quejoso realizó bajo protesta de decir verdad se advierte que el treinta de junio de dos mil veintidós la parte actora presentó demanda de juicio administrativo en la vía sumaria, a través del Tribunal Electrónico para la Justicia Administrativa del Estado de México, y al catorce de julio de dos mil veintidós -diez días hábiles- después de la presentación de la demanda registrada con el número 237772, UNE 2022-4484, la autoridad responsable ha sido omisa en cumplir con sus obligaciones toda vez que no se ha dictado el auto de admisión, ni se ha notificado determinación alguna. De ahí que, si bien es cierto la responsable no ha realizado pronunciamiento respecto a la admisión, prevención o desechamiento de su demanda, como se ha dicho, no puede considerarse que exista una abierta dilación procesal que amerite el estudio del asunto a través del juicio de amparo. En ese tenor, a consideración del suscrito el acto reclamado en este momento, no afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo del quejoso, por lo que se considera que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se advierte que exista una dilación excesiva. Así, la dilación reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción VII, constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad señalado en párrafos precedentes. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia advertida se desecha la demanda de amparo, en términos de lo que dispone el artículo 113, 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu. DOMICILIO QUEJOSO En términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 77, 78, 79, 80, 81 y 82 del acuerdo general conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, únicamente las notificaciones de carácter personal, se le practicarán vía electrónica en el correo con usuario "OsvaldoAR", como expresamente lo solicita la quejosa, en el entendido de que la promovente queda obligada a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. En lo que hace al resto de notificaciones, practíquensele por medio de lista. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consultar vía internet de las actuaciones del presente juicio de amparo, en virtud que al realizar la búsqueda correspondiente se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el usuario citado en el párrafo que antecede. AUTORIZADOS Por otro lado, se tienen por autorizadas a las personas que indica en términos amplios del artículo 12 de la legislación en cita, siempre que tengan debidamente registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", en caso contrario únicamente en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral y del diverso 24, párrafo segundo, de la propia normatividad. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

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