Osvaldo Aguilar Bedolla o Oswaldo Aguilar Bedolla
Expediente 660/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Osvaldo Aguilar Bedolla o Oswaldo Aguilar Bedolla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido.
- Principal
MESA III. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta mediante el cual el actuario de la adscripción manifiesta su impedimento para notificar el oficio 26962, a la defensora ***, toda vez que al constituirse en el domicilio que señaló para recibir notificaciones fue informado que, ya no se encuentra adscrita a la Defensoría pública. En tales condiciones, a efecto de no dejar en estado de indefensión al quejoso, requiérase al Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, para que, en el plazo de tres días, contados a partir de que reciba el oficio que al efecto se le envíe, indique el nombre del defensor que sustituirá a la antes mencionada, para asistir al quejoso ***, en el presente juicio de amparo. En el entendido que, subsiste el apercibimiento contenido en auto de diecisiete de septiembre pasado. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que tiene a su disposición, a efecto de remitir la información solicitada, el correo electrónico ***; también, puede hacer uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, debiéndose incluir en el informe los datos generales de quien envía y número telefónico de contacto.
- Principal
MESA III. Ciudad de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta presentado vía electrónica por ***, defensora pública, mediante el cual solicita se le tenga aceptando y protestando el cargo conferido como defensora pública del quejoso ***, en el presente juicio de amparo, y al efecto adjunta copia de la cédula profesional que la acredita como Licenciada en Derecho; así como, de la credencial expedida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, agréguense a los autos. En tales condiciones, tomando en consideración, lo previsto en los artículos 23, fracciones I y III, y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se le tiene por reconocida la calidad de asesora jurídica del citado quejoso, en este juicio de amparo; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; se autoriza a la citada defensora pública para consultar y promover en el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto con el nombre de usuario que indica en la promoción de cuenta; exhortándosele para que continúe la tramitación del expediente a través del juicio en línea. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala y como autorizados para tales efectos a las personas que señala. Asimismo, se le reitera que si así lo desea, puede solicitar que las notificaciones que sean de carácter personal se le practiquen vía electrónica mediante el usuario proporcionado, previa manifestación expresa, de conformidad con el numeral 26, fracción IV de la Ley de la Materia. Se hace de su conocimiento que cuenta con los servicios que se han implementado a través del Portal de Servicios en Línea, entre los cuales, cuenta con la posibilidad de generar una cita para acudir ante este Juzgado Federal para consulta física del expediente. Ahora bien, dado el estado procesal del presente asunto, córrase traslado a la defensora pública con copia de los autos de veintisiete de agosto y diecinueve de septiembre del año en curso, dictados en este expediente, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. CONSTANCIA DE ASESORÍA Ese sentido, a fin de brindar una garantía eficaz para el acceso a la justicia acorde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en relación a la tutela jurisdiccional efectiva, con el objeto de no dejar al quejoso en estado de indefensión y que se encuentre plenamente asesorado, dígase a la defensora pública que deberá acreditar fehacientemente la asesoría jurídica proporcionada.
- Principal
MESA III. Ciudad de México, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la constancia de notificación personal de cuenta, se advierte que el quejoso ***, manifestó ante el actuario de la adscripción su deseo a desistirse del juicio de amparo; en consecuencia, tomando en consideración que la parte quejosa tiene el derecho para desistirse en cualquier momento, hasta en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoria, lo cual no ha sucedido en este controvertido; con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo. Ahora, la intención de abandonar el trámite del juicio, puede efectuarse en cualquier actuación, incluso, en el acto de la notificación, en razón de que las diligencias practicadas por los Actuarios de los Juzgados de Distrito tienen plena validez, ya que cuentan con la capacidad legal para realizarlas y su resultado tiene el valor de prueba plena, ya que el Actuario está investido por disposición de la ley de fe pública. Al caso es aplicable la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, Sexta Parte, Materia Común, página 16, que dice: ACTUARIOS DE JUZGADOS DE DISTRITO, ACTUACIONES EFECTUADAS POR LOS, VALOR PROBATORIO PLENO DE LAS. El Juez de Distrito está obligado a atribuir valor probatorio pleno a las actuaciones realizadas por los actuarios del propio juzgado, según lo previenen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (conforme a los cuales los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan); con mayor razón, desde luego, cuando tales actuaciones no fueron declaradas nulas, en términos de lo previsto por el artículo 32 de la Ley de Amparo. Sobre esa base, atendiendo a que el quejoso Osvaldo Aguilar Bedolla u Oswaldo Aguilar Bedolla, expresó su deseo de desistir del juicio de amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene al referido impetrante por desistido de esta instancia constitucional, y en vía de consecuencia, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL el juicio biinstancial. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 70, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 54, de rubro y texto: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- Asimismo, es aplicable la tesis 2a./J. 10/2003, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Se ordena a la Secretaría supervisar la captura de esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregar la constancia que así lo acredite a los presentes autos. Por otra parte, del estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo concedido al quejoso ***, en proveído de veintisiete de agosto pasado, para que nombrara abogado para que lo represente en el presente juicio, ha fenecido sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se provee: A fin de brindar una garantía eficaz para el acceso a la justicia acorde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en relación a la tutela jurisdiccional efectiva, con el objeto de no dejar al quejoso en estado de indefensión y que se encuentre plenamente asesorado en el presente juicio de amparo, solicítese al Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, que en el plazo de tres días, designe a un defensor que asesore al aquí quejoso, quien se encuentra privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta Ciudad, toda vez que no cuenta con profesional del derecho autorizado que lo asista en el presente juicio de amparo, circunstancia que resulta un impedimento para enfrentar adecuadamente el juicio constitucional, ya que lo ubican como parte de un grupo vulnerable conforme al Capítulo I, Sección 2a. "Beneficiarios de las Reglas", punto 10, "Privación de libertad", reglas 22 y 23 de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e) y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; se le debe nombrar defensor en aras de tutelar los derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, atendiendo a sus condiciones de precariedad para acceder a la justicia, así como las graves consecuencias que la falta de representación jurídica puede tener para sus derechos humanos. Resulta indispensable mencionar, que la Defensoría Pública de la Ciudad de México, en concordancia con lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Federal, contempla en su normatividad interna (ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal), específicamente en su artículo 19 fracción XVI: es obligación de los Defensores Públicos del Distrito Federal, interponer los recursos procesales procedente en beneficio de sus representados, así como el juicio de amparo cuando los derechos humanos de sus representados se estimen violados. Lo anterior, en virtud de que el impetrante de amparo, señaló como autoridad responsable a una de índole local (Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México), de ahí que la competencia para la designación de defensor o asesor jurídico es de naturaleza local, por ser ésta la jurisdicción de la autoridad responsable. Apercibido que de incumplir con lo anterior, con fundamento en el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización. Resulta aplicable la Jurisprudencia 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pendiente de publicarse, cuyo rubro indica: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Notifíquese personalmente.
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