Osmin Briseño Linares
Expediente 1067/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1067/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Osmin Briseño Linares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en funciones de Juez de Control, de cuyo contenido se desprende que en acatamiento a la instrucción del Tribunal de Alzada, mediante audiencia de cumplimiento de lo resuelto por el tribunal de apelación en veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, negó imponer al aquí quejoso, la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación e impuso la medida cautelar consistente en presentación periódica mensual, y exhibición de una garantía económica de ********************, asimismo ordenó la inmediata libertad del imputado -aquí quejoso- única y exclusivamente por lo que se refiere a la causa penal ********************, para tal efecto acompaña la resolución por escrito de dicha audiencia relativa a la causa penal antes mencionada, de su índice, instruida a (1) ******************** y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que la autoridad acompaña en su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en el caso concreto, de la demanda de amparo podemos advertir que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: "[.] IV. ACTOS RECLAMADOS: A) La resolución de fecha 12 de agosto de 2023, emitida en la audiencia inicial en su fase de control de la detención, celebrada en la causa penal ********************, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Pena Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en funciones de Juez de Control, en la que ratificó de legal la detención de ********************B) La resolución de imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a ********************en audiencia inicial celebrada entre las 19:11 horas del 12 de agosto de 2023 a las 03:00 horas del 13 de agosto de 2023, en la misma causa penal ********************, por la autoridad señalada como responsable (la medida cautelar fue impuesta el 13 de agosto de 2023). [.]" En la especie, respecto del acto reclamado consistente en la prisión preventiva oficiosa, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa mediante el acto reclamado, cuyos efectos cesan por la actuación de la propia autoridad; o sea, esa causa de improcedencia se puede actualizar también por ejemplo si el acto reclamado cesa en sus efectos al ser sustituido procesalmente por otro, que es el que rige la situación jurídica sobre el problema específico. Además, la causa de improcedencia de trato también tiene un propósito práctico, pues a fin de cuentas no hay justificación para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando éste ya no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, es factible entonces destacar dos hipótesis de cesación de efectos de un acto de autoridad, a saber: a) por revocación, y, b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda, como se dijo por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, y que procesalmente lo sustituye, de manera que el acto primigenio deja de surtir efectos. En la especie, se actualiza el segundo supuesto -por sustitución-, según se explica a continuación: El solicitante del amparo, como se anticipó, reclamó la resolución dictada en audiencia de doce de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, en la que sustancialmente se calificó de legal la detención y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso ********************Luego, de las constancias certificadas allegadas por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede Mexicali, y agregadas en el presente auto, se advierte que sobrevino la actualización de la citada causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Documentales públicas que por cierto tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte, sin lugar a dudas, que en la audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal ********************, la autoridad responsable en acatamiento a la instrucción del Tribunal de Alzada, mediante audiencia de cumplimiento de lo resuelto por el tribunal de apelación en veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, negó imponer al aquí quejoso, la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación e impuso las medidas cautelares siguientes: Presentación periódica mensual, los días uno de cada mes o día inhábil siguiente ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Garantía económica por la cantidad de ******************** ($******************** pesos m.n.) en un plazo de ocho días hábiles en billete de depósito. Por lo que ordenó la libertad inmediata del imputado, por lo que hace a la causa penal de que se trata. Lo anterior revela que mediante la precitada audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal ********************, la propia autoridad responsable dejó sin efectos la prisión preventiva impuesta al directo quejoso, y ordenó su inmediata libertad en los términos establecidos en párrafos precedentes. En ese contexto, lo decidido mediante la audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, sustituyó procesalmente a la inicialmente reclamada -de doce de agosto de dos mil veintitrés -, lo cual tuvo como resultado la cesación de efectos de la prisión preventiva oficiosa impuesta y, por ende, las violaciones alegadas vía conceptos de violación no podrían repararse mediante la protección constitucional, ya que esa cuestión de la prisión preventiva oficiosa quedó como se hubiera concedido el amparo, dado que ya no agravia al justiciable. Al efecto, se invoca la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "Registro digital: 197367 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. CL/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En lo conducente, igualmente se estima aplicable el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual establece: "Registro digital: 2008961 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: II.1o.18 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1693 Tipo: Aislada CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata." Con independencia de lo anterior, al tratarse de una cuestión novedosa, este órgano de control constitucional estima que respecto del acto reclamado consistente en la resolución dictada en audiencia de doce de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, en la que sustancialmente se negó revocar al quejoso ********************la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; al efecto, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en virtud de haberse suscitado un cambio de situación jurídica en el procedimiento de origen, toda vez que la propia autoridad responsable, como ya se estableció, en la audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable resolvió, en lo que interesa, dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva impuesta, y se ordenó la inmediata libertad del imputado -aquí quejoso- ********************única y exclusivamente por lo que hace a la carpeta de investigación ********************, imponiendo otra medida cautelar pero diversa a la prisión preventiva. Dicho en otras palabras, el acto reclamado en cuestión ya no puede ser sujeto a examen en este juicio de amparo, a la luz de los conceptos de violación planteados, dado que no podría estudiarse su legalidad o constitucionalidad sin afectar la nueva resolución emitida por la Juez responsable en la carpeta de investigación de la que emerge el acto reclamado en cuestión. En este punto es importante mencionar que, no se soslaya el hecho de que con el informe justificado y sus anexos no se da vista a la parte quejosa para que amplié su escrito inicial de demanda con la nueva resolución emitida por el Juez responsable, pues es obligación del Juzgador decretar el sobrealiento en cuanto aparece la causal. Al respecto, se cita la jurisprudencia siguiente, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las razones que la informan con datos de identificación siguientes: "Registro digital: 169410 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 17/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Decisión. En las relatadas condiciones, al actualizarse las dos causales de improcedencia aludidas, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio constitucional con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado en cuestión, únicamente por cuanto hace al acto reclamado de la imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la causa penal ******************** del índice de la responsable. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia número sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. Sin que sea el caso, el dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés; por continuar el procedimiento respecto al otro acto que reclamó. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Raquel Fernanda García Ojeda, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo presentado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento efectuado el trece de octubre de dos mil veintitrés, respecto de las constancias necesarias para resolver el presente juicio. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las probanzas que adjuntó la autoridad responsable, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Disco versátil digital. Respecto del anexo que la autoridad responsable remite, consistente en un disco óptico, guárdese para su seguridad en el lugar destinado para ello en este Juzgado, mismo que se encuentra a disposición de las partes y una vez que cause ejecutoria la sentencia que se llegue a dictar en el presente juicio, se ordenará glosar a los autos para que siga la suerte del principal. Acuse de recibo. Acúsese el recibo correspondiente a la autoridad oficiante, por así haberlo solicitado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Raquel Fernanda García Ojeda, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista concedida a las partes mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, con la documental consistente en la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de uno de septiembre de dos mil veintitrés, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se designan las diez horas con diez minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Raquel Fernanda García Ojeda, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, del Estado de Baja California, con sede en Mexicali en funciones de Juez de Control, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, se acuerda lo siguiente: Hecho notorio. Atento a lo anterior, agréguese copia de la promoción con registro 12469 agregada mediante auto de seis de septiembre del presente año, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, de la cual se advierte que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, del Estado de Baja California, con sede en Mexicali en funciones de Juez de Control, en cumplimiento a la cumplimiento a ejecutoria de queja fundada, en audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de uno de septiembre de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y en su lugar impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en la causa penal ********************. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tal antecedente se invoca como hecho notorio, sin que sea necesario que se certifique ya que la misma se tiene a la vista; por tanto, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la prueba documental en comento, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y cinco, Tomo XXV, correspondiente al mes de Junio de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO, PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Registro digital: 174899 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 74/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Junio de 2006, página 963 Tipo: Jurisprudencia HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con la documental consistente en la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de uno de septiembre de dos mil veintitrés, para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional relativa. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, lo procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las nueve horas con treinta minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a dicha responsable para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita a este juzgado copia certificada del disco versátil de la audiencia de uno de septiembre del presente año, en la que dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y en su lugar impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en la causa penal ********************; disco compacto que se estima necesario que obre en el presente juicio para el dictado de la sentencia definitiva. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se les impondrá a cada una, multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cincuenta, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Nancy Guadalupe Baltazar del Prado, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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