Osmel Vázquez del Ángel

Expediente 726/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
726/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Osmel Vázquez del Ángel

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3 fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Recepción. Téngase por recibido el escrito de demanda promovida por *******, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de la Zacatecas, con sede en Zacatecas, y otra autoridad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 726/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Se exhorta a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción I, y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General. 5. Desechamiento. A efecto, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo1. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión expone que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 5.1 Caso concreto. El promovente demanda el amparo y protección de la justicia Federal contra el Juez Tercero de Distrito de lo Familiar, con sede en Zacatecas, Zacatecas respecto del acto reclamado consistente en el auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, emitido en el expediente *********, relativo al juicio oral de alimentos, guarda y custodia promovido por *******; en el que se ordenó su emplazamiento en términos del acuerdo de seis de julio de dos mil veinte, en el que se decretaron las medidas provisionales consistentes en la guarda y custodia de la menor de edad B.V.I.3 a favor de su madre y alimentos provisionales a favor de la niña en comento; y su ejecución. 5.2 Improcedencia de la demanda de amparo. Este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII4, de la Ley de Amparo. 5.3 Premisas argumentativas con relación a la improcedencia. La causal invocada recoge el principio de definitividad, que constituye una de las reglas fundamentales del juicio de amparo, consistente en la obligación de agotar, siempre que no se esté en alguno de los casos de excepción, los recursos o medios ordinarios de defensa que prevé la ley del acto con el objeto de modificar, revocar o anular la resolución reclamada, previo a acudir a esta vía constitucional. Conviene precisar que para que se surta la referida causa de improcedencia es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: i) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial o del trabajo; medio del cual, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; iii) El recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y iv) No se actualice una de las excepciones al principio de definitividad establecidas en el propio precepto, como es el caso de los terceros extraños a juicio; cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea o cuando el recurso o medio de defensa se preste a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. En esa tesitura, con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, incluso en aquellos casos que los actos reprochados sean de imposible reparación y esté involucrado un menor de edad. Son aplicables a lo anterior las jurisprudencias 11/20185 y 113/20136 sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Primera Sala del Alto Tribunal, respectivamente. En el caso, se estiman satisfechos todos los requisitos descritos para la actualización de la causal de improcedencia, en virtud de que el acto reclamado proviene de una autoridad judicial y la legislación que rige el acto reclamado, como son los artículos 711, 712 y 713, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establecen las medidas preparatorias, cautelares y provisionales, la forma de decretarlas y el recurso procedente en caso de inconformidad. De los artículos en mención se obtiene que las medidas provisionales dictadas en los juicios familiares, ya sea que se concedan o se nieguen, pueden ser impugnadas mediante un recurso ordinario de defensa. Bajo esa premisa, es claro que contra el acto aquí reclamado consistente en el auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, emitido en el expediente ******, relativo al juicio oral de alimentos, guarda y custodia promovido por ****; en el que se ordenó su emplazamiento en términos del auto de seis de julio de dos mil veinte, en el que se decretaron las medidas provisionales consistentes en la guarda y custodia de la menor de edad B.V.I. a favor de su madre y alimentos provisionales a favor de la niña en comento, procede el recurso de apelación, a través del cual puede ser modificado o revocado, mismo que debió agotar la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo. Lo anterior, dado que, en el caso, no se advierte que se actualice alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, con motivo de que el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. Tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De la misma manera, no se actualiza la excepción señalada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el quejoso *********, sea tercero extraño al juicio de origen, toda vez que el amparista es parte demandada dentro del juicio del que deriva el acto reclamado. Aunado a que la procedencia del recurso o medio de defensa no se encuentra sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el último párrafo del artículo 712 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas es claro al establecer que el recurso de apelación procede contra la determinación que conceda los alimentos provisionales. Además, es pertinente precisar, que la Primera Sala de la Suprema Corte determinó que la resolución que decreta una pensión alimenticia provisional y fija su monto constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, en tanto que la afectación que sufre el obligado a pagarla incide directa e inmediatamente en su derecho fundamental de disponer de los frutos de su trabajo o de sus bienes, y tal afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de obtener una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; sin embargo, es necesario agotar los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común se pueda analizar ese acto, con el objeto de modificarlo, revocarlo o nulificarlo. En ese contexto, respecto a los términos en que se atendió la diligenciación del emplazamiento a que hace referencia la parte quejosa también pueden ser modificados, revocados o nulificados a través de diversos medios ordinarios de defensa, pues procede el incidente de nulidad de actuaciones de conformidad con lo establecido en los artículos 154 y 155 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas.9 Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la circunstancia de que el quejoso conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte demandada y aún no se dicte la sentencia definitiva, desvirtúa su calidad de persona extraña al procedimiento, en cuyo caso, el juicio de amparo indirecto que se promueva con tal carácter, deberá declararse improcedente en términos artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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