Osmay Gutierrez Cruz
Expediente 2218/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2218/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Osmay Gutierrez Cruz
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a seis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído que tuvo por no presentada su demanda. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. Asimismo, y en cumplimiento a lo ordenado en autos, déjense sin efecto las providencias decretadas en el presente asunto, por haberse declarado firme tal determinación. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, notifíquese la presente determinación a las autoridades responsables a quienes se les comunicó la suspensión de plano decretada en autos, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente será susceptible de destrucción, transcurridos más de cinco años a partir de este acuerdo. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. AUTORIDAD INEXISTENTE A continuación, incorpórese a este expediente el sobre devuelto por la Oficina Postal de esta ciudad, que contiene el oficio con que se solicitó su informe a la Delegación Regional en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, presuntamente residente en Ciudad Hidalgo, Chiapas, en cuyo dorso aparece la leyenda de inexistente. Al respecto, y tomando en consideración que en párrafos precedentes se declaró firme la determinación en que se tuvo por no presentado la demanda que originó este expediente, se tiene por inexistente a la citada autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargada del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número SECJ/ST/1830/2019 de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, asistida por el licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que al día de hoy ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte promovente en el acuerdo inicial, para que diera cumplimiento a la prevención de demanda ahí efectuada, sin que lo hubiere hecho. Por lo tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo. En consecuencia, una vez que cause estado el presente proveído, quedarán sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el referido auto inicial. Comuníquese la presente determinación a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por la Subdirectora de Regulación Migratoria Zona Sur de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde informe de suspensión de plano con relación a los actos reclamados en esta vía. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, se da vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para los efectos legales procedentes. Se tiene como domicilio de la autoridad oficiante, el que señala y para los efectos legales que indica en su informe. Enseguida, incorpórense a este expediente la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, mediante la cual devuelve el oficio con que se solicitó su informe a la Delegación Regional en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, presuntamente residente en esta ciudad, en virtud de que al haberse constituido a la dependencia relativa, fue informado que en el organigrama de esa institución no existe autoridad con tal denominación, proporcionada por la parte quejosa en su demanda de amparo. Consecuentemente, con apoyo en el precepto arriba invocado, se da vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que su interés legal convenga; apercibida que de no hacerlo, se tendrá por inexistente a la citada autoridad, con las consecuencias legales inherentes al caso. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dos de octubre de dos mil diecinueve. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda promovida por Osmay Gutiérrez Cruz, Yurima Rodríguez Valle, por sí y en representación de los menores Yosnay Gutiérrez Rodríguez, Yosmay Gutiérrez Rodríguez, Jozsef Diego Varela Rodríguez; Yuniel Rodríguez Esperón, Madelaine Mirabal Oramas, por sí y en representación de los menores Anyeline Rodríguez Mirabal y Yandel Osmin Rodríguez Mirabal; Frank David Pérez Sánchez, Marley García Parra, por sí y en representación del menor Darío Pérez García; Miguel Ángel Gálvez LLoverá, Dorian David Roque Hernández y Liasni Tiant Achong, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Delegada Estatal del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 2218/2019. SUSPENSIÓN DE PLANO Del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama, en esencia, lo siguiente: La posible orden de detención, deportación, expulsión y restricción de su libertad ambulatoria, y su ejecución. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberán abstenerse de detener a la parte quejosa para ser deportada, expulsada o repatriada a su país de origen de manera arbitraria, es decir, sin agotar el cauce legal previsto en la normatividad aplicable, así como de propinar malos tratos o privación de la libertad que equivalga a una desaparición forzada. Además, para el caso de los peticionarios menores de edad migrantes, la propia Ley de Migración y su norma reglamentaria reconocen que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad, de modo que las autoridades responsables deberán implementar las acciones pertinentes que permitan brindar una atención asistida y adecuada que refuerce su bienestar y privilegie el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, acorde con lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Por otro lado, toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de una posible restricción de su libertad de tránsito, es necesario establecer que esta prerrogativa debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, conforme al cual queda claro que tal derecho no es absoluto ni irrestricto, pues está sujeto a límites y subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración; cuestiones todas ellas de interés social y de orden público. En ese contexto, si la detención (o presentación) de la parte quejosa ante las autoridades migratorias obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere ser extranjera, estas últimas deberán sujetarse a los plazos y términos previstos en la ley de la materia y su reglamento, a fin de que se regularice o resuelva su situación migratoria acorde a las particularidades del caso; lo cual a su vez implica la obligación de iniciar y proseguir los procedimientos administrativos respectivos, dar respuesta a las gestiones que en ese entorno se realicen y, en general, el respeto al derecho humano al debido proceso. Finalmente, debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente. Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se impondrá a la omisa, multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la legislación de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentren notificadas de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que han dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se impondrá a la omisa, la medida de apremio antes apuntada También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea sustancial, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por realizada, además de que se le impondrá multa de cien unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Tocante a que la parte quejosa señala como tercero interesado al Embajador de la República de Cuba en México, se hace de su conocimiento que no puede tenérsele como tal, ya que tal figura no encuadra en alguna de las hipótesis prevista en el artículo 5 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los aspectos siguientes: Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en la orden de detención y deportación que reprocha, ya que si bien indica que en determinada fecha acudió ante la autoridad administrativa competente a solicitar la regularización de su situación migratoria, lo cierto es que no manifiesta la data en que se percató de la existencia de los diversos actos potestativos que igualmente reclama; de ahí que las manifestaciones vertidas en el apartado de antecedentes del acto reclamado en su demanda de amparo, resulte ambigua. Señale si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que <como se refirió con antelación> señala como acto una deportación en contra, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. Asimismo, deberá precisar qué actos reclama a las autoridades domiciliadas fuera de la jurisdicción de este Juzgado, habida cuenta que el señalamiento de los actos reclamados a las mismas resulta ambiguo, es decir, no se justifica cuál es la razón de incorporarlas a la contienda constitucional. De igual forma, indique si ha promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa y ordenada a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que deberá exhibir siete copias de su escrito aclaratorio, ya que son necesarias para emplazar a las autoridades responsables (seis) y correr traslado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (una). En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se habilita para el único efecto de oír y recibir notificaciones a las personas que señalan en el citado libelo, hasta en tanto acrediten que se encuentran facultadas para ejercer la profesión de abogado y que tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia Notifíquese personalmente a la parte promovente y por oficios a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, asistido del licenciado Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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