Osmara Marlene Leal Torres
Expediente 162/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 31 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 01/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Osmara Marlene Leal Torres
- Sharon Issamar Leal Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve (foja 348), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo por las consideraciones ahí expuestas. Inconforme por dicha determinación, las impetrantes interpusieron recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el presente juicio, el cual quedó radicado con el número 552/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en sesión de uno de abril de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa en los siguientes términos: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional que se otorga es para el efecto de que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, proceda conforme a lo siguiente: Deje sin efectos la resolución de veintidós de diciembre de dos mil catorce, emitida por la referida procuraduría en el procedimiento administrativo PROPAEM-AC/016/2014-IA, instaurado en relación con el bien inmueble ubicado en Cerrada del Parque y López Mateos, número 119, Colonia Amatitlán, Municipio de Cuernavaca, Morelos, así como sus consecuencias jurídicas; únicamente por lo que respecta a las quejosas Osmara Marlene y Sharon Issamar, ambas de apellidos Leal Torres. Previo a emitir la resolución respectiva, deberá respetar la garantía de audiencia de las promoventes de amparo involucradas Osmara Marlene y Sharon Issamar, ambas de apellidos Leal Torres, a fin de integrarlas al procedimiento y que hagan valer lo que a sus intereses convengan." A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable a través de oficio PROPAEM-073-2019, remitió, entre otras, copia certificada del acuerdo de inicio de procedimiento de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el cual, concedió un plazo para manifestar lo que a su derecho conviniera; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a las impetrantes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber dejado sin efectos la resolución reclamada y en su lugar, emitió un acuerdo de inicio de procedimiento en el que concedió a las partes plazo para realizar manifestaciones. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y en su lugar, diera oportunidad a las promoventes de integrarse al procedimiento y hacer valer sus intereses. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que dejó sin efectos el acto reclamado y procedió a emitir un nuevo auto de inicio de procedimiento en el que efectivamente integró a las promoventes del amparo para hacer valer sus intereses. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida uno de julio de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve (foja 348), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables han dado a la ejecutoria de amparo, sin que ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo por las consideraciones ahí expuestas. Inconforme por dicha determinación, las impetrantes interpusieron recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el presente juicio, el cual quedó radicado con el número 552/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en sesión de uno de abril de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa en los siguientes términos: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional que se otorga es para el efecto de que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, proceda conforme a lo siguiente: Deje sin efectos la resolución de veintidós de diciembre de dos mil catorce, emitida por la referida procuraduría en el procedimiento administrativo PROPAEM-AC/016/2014-IA, instaurado en relación con el bien inmueble ubicado en Cerrada del Parque y López Mateos, número 119, Colonia Amatitlán, Municipio de Cuernavaca, Morelos, así como sus consecuencias jurídicas; únicamente por lo que respecta a las quejosas Osmara Marlene y Sharon Issamar, ambas de apellidos Leal Torres. Previo a emitir la resolución respectiva, deberá respetar la garantía de audiencia de las promoventes de amparo involucradas Osmara Marlene y Sharon Issamar, ambas de apellidos Leal Torres, a fin de integrarlas al procedimiento y que hagan valer lo que a sus intereses convengan." A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable a través de oficio PROPAEM-073-2019, remitió, entre otras, copia certificada del acuerdo de inicio de procedimiento de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el cual, concedió un plazo para manifestar lo que a su derecho conviniera; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a las impetrantes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber dejado sin efectos la resolución reclamada y en su lugar, emitió un acuerdo de inicio de procedimiento en el que concedió a las partes plazo para realizar manifestaciones. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y en su lugar, diera oportunidad a las promoventes de integrarse al procedimiento y hacer valer sus intereses. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que dejó sin efectos el acto reclamado y procedió a emitir un nuevo auto de inicio de procedimiento en el que efectivamente integró a las promoventes del amparo para hacer valer sus intereses. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en representación del Titular de la Secretaría de Hacienda, de la Titular de la Coordinación de Política de Ingresos y del Titular de la Dirección General de Recaudación, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el cual informa que dejó sin efectos el crédito fiscal a nombre de ******************** y ********************. Téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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