Osmar Adolfo Alfonzo Gómez y Otros.
Expediente 1088/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2023
Partes del expediente
- Osmar Adolfo Alfonzo Gómez y Otros.
- Osmar Adolfo Alfonzo Gómez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, de cuyo contenido se advierte que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, dictado en el presente asunto, y se registró bajo el número 289/2023. Se toma nota de lo informado, quedando a la espera este órgano de lo resuelto por el Tribunal de Alzada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de julio de dos mil veintitrés. Visto el ocurso de cuenta, signado por José Hermilo Flores Sánchez, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de garantías; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99,100 y 101 de la Ley de Amparo, glósese copia del referido escrito al juicio en que se actúa, téngase por interpuesto el recurso que hace valer el promovente y remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, para la substanciación del mismo, enviándose al efecto el original y copia del aludido ocurso. Ríndase informe justificado, manifestando que es cierto el acto reclamado en relación con la materia de la queja, toda vez que este juzgado dictó el proveído de referencia, sin embargo, fue dictado en estricto apego a derecho. Para apoyar lo anterior, remítase a la Superioridad el original del juicio de amparo en que se actúa, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
... Ahora, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/75, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 215188, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 68, Agosto de 1993, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Del análisis integral de la demanda, se aprecia que la cuestión efectivamente planteada en esta instancia es: La dilación de notificar el auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, el cual señala las nueve horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones ordenando el emplazamiento del demandado en expediente J/O/420/2019 del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas. Acto reclamado respecto del cual, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu. Los artículos citados en el párrafo que antecede, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores. El prototipo de estos actos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar alguna huella en su esfera jurídica. Es decir, los actos de imposible reparación se actualizan cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Al respecto, debe destacarse que en la actual Décima Época las excepciones establecidas para la procedencia del juicio de amparo biinstancial relativas a cuando las violaciones procesales causan una afectación de grado predominante o superior, que ya no puedan repararse en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, ya no se ubican en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. A partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo transcrito ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; de ahí que puede afirmarse que con esa precisión el legislador proporcionó mayor claridad al texto y seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación. Por consiguiente, el legislador estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación debía recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tanto que la fracción V del segundo dispositivo transcrito, estatuye la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales dentro de juicio que produzcan situaciones de carácter irreparable para el quejoso, en su persona o en sus bienes. Por tanto, para determinar si un acto encuadra en la fracción transcrita, debe verificarse lo siguiente: Que no encuadre en alguno de los supuestos que prevén los artículos 172 (violaciones al procedimiento que afectan las defensas del quejoso en materia civil, administrativa o del trabajo) y 173 (en materia penal), ambos de la Ley de Amparo; pues las infracciones que contemplan estos preceptos solamente podrán reclamarse, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo. Que la presunta violación no pueda repararse mediante la promoción de un recurso, o bien, que sea susceptible de estudiarse en la resolución final que se dicte en el juicio natural; y, Que la violación procedimental afecte materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México sea parte. De ahí que, tal y como lo ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la omisión reclamada en el presente juicio de amparo, se da dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales a partir de haber concluido el término legal para que la autoridad actuara, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto, consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso, puesto que no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que el quejoso es parte, sino que se da en el contexto del juicio, por lo que tiene un carácter adjetivo. Ello, en tanto que, lo único que reclama es que la autoridad responsable ha sido ha dilatado en dictar auto de requerimiento y embargo dentro del juicio de origen, ante su potestad. Por lo que se concluye que el acto reclamado no se puede considerar como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da juntamente dentro del mismo, esto es, la falta de prosecución del trámite; puesto que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En el caso concreto, la parte promovente se duele que la autoridad responsable no haya notificado el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual ordena el emplazamiento de la parte de demandada en el juicio laboral de origen. Luego, atinente al tema de dilaciones dentro de procedimientos laborales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmó en la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, que "para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Entonces, a partir del catorce de junio de la anualidad que transcurre, es que se inicia a computar el plazo de 45 días naturales que refiere la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia en México en su criterio jurisprudencial, que se deben tomar en cuenta para decretar una abierta demora en el procedimiento; teniendo como fecha de vencimiento el veintinueve de julio actual. En ese sentido, la demanda de amparo fue presentada en la oficialía de partes de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, el tres de julio de dos mil veintitrés, por lo que desde que feneció el plazo legal de la autoridad responsable actuar, a la fecha en que se instó la acción constitucional, únicamente transcurrieron diecinueve días. Se insiste, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente, dado que se pretende combatir una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional en el que el impetrante de amparo, por falta de prosecución en los términos establecidos en el código obrero referido; cuando ha sido sentado como regla general, que ello no produce una afectación de ejecución irreparable, sino que constituye una violación de carácter adjetivo, porque no se trata de una omisión o dilación autónoma al procedimiento, sino que se cristalizó dentro del mismo. Criterio que como se vio, ha sido reiterado mediante jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que acorde con lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria para este Juzgado de Distrito. Sin que se concreten los casos de excepción para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta consistentes en: a) la existencia de una abierta dilación del procedimiento, por más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse la autoridad responsable. b) la paralización total del mismo. Es así, porque si bien, la autoridad responsable no ha dictado el acuerdo de radicación de la demanda laboral que instó, no se observa que haya transcurrido los cuarenta y cinco días de se habla. Entonces, si el acto reclamado consiste en la omisión/dilación por parte de la Junta especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Chiapas, residente en esta ciudad, en notificar /emplazar el proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés dictado en el juicio de origen, al demandado ********************, lo que se encuentra dentro del término que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo vigente, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento laboral, porque no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales desde que feneció dicho término, por ello resulta improcedente el juicio de amparo. Así las cosas, sí en el presente caso no acontece el supuesto antes referido, es indudable que la demanda de amparo promovida es notoriamente improcedente. Resulta aplicable, en sentido contrario, la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Así, como la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y textos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En ese orden de ideas, el admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, ha surgido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 con relación al diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu; en ese sentido, PROCEDE DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por identidad jurídica la Jurisprudencia, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACIÓN AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en la demanda de amparo, y como autorizados en los términos legales solicitados, a las personas que señala en su escrito.
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