Osman Ramses Leyva Laveaga
Expediente 33/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Osman Ramses Leyva Laveaga
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, tres de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en los que consta que a la fecha el promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecisiete de enero del año en curso, dictado dentro del presente juicio, en el cual se desechó la demanda de amparo interpuesta; atento a lo anterior, se declara que queda firme dicho auto. Atento a lo anterior, archívense las actuaciones como asunto concluido. Ahora, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de diecisiete de enero del año en curso: Demanda Vista la demanda de amparo promovida por Osman Ramses Leyva Laveaga, contra actos del Juez de Control del Distrito Cuatro de San Luis Río Colorado, Sonora, y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 33/2022-6, en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se desecha de plano demanda. El análisis de la demanda de amparo, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable causa de improcedencia que determinan el desechamiento, en términos del artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del suscrito para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, Página 403, Novena Época, que reza: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." En el caso, la parte quejosa se duele de la orden de citación girada el doce de enero de dos mil veintidós, en la causa penal 900/2021 del índice del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Cuatro con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, para desahogarse el día uno de febrero de la presente anualidad. De ahí que se advierta que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, como a continuación se expone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público." De la interpretación sistemática de las disposiciones normativas en cuestión, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiende a proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades; y que debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, aquella que acredite su interés jurídico o legítimo. Luego, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En la inteligencia que, por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma subjetiva. Para la mejor comprensión de dichas figuras es conveniente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber: El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, localizable en la página 1598, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de título siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico. Ello, toda vez que de la lectura integral de las constancias que integran el sumario en que se actúa, se advierte que de lo que se duele la parte quejosa es de una posible transgresión a su libertad personal, pues teme ser privado de ella. Hecha esta precisión se tiene que, el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra del acto reclamado que se hace consistir en la orden de citación girada el doce de enero de dos mil veintidós, en la causa penal 900/2021 del índice del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Cuatro con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, para desahogarse el día uno de febrero de la presente anualidad, debido a que dicho acto no causa un perjuicio al quejoso, pues no produce una afectación real y actual en su esfera jurídica. Es así, ya que el auto que ordena la citación de una persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra o para el desahogo de alguna actuación judicial, es una forma de conducción del imputado al proceso; que, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que, se le leerán los hechos y derechos que existen, en la que además, podrá o no ser vinculada a proceso, y en su caso, sometida a una medida cautelar. Por lo que, ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado promovente. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la parte quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.
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