Osman Ivan Rubio Bonilla

Expediente 436/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
436/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2021

Partes del expediente

  • Osman Ivan Rubio Bonilla

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de desechamiento.

  2. Principal

    Vista la demanda promovida por Jorge Luis López López, quien se ostenta como defensor de derechos humanos perteneciente a la asociación civil que menciona, a nombre de ****, quien también se hace llamar ****, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Primero del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 436/2021. DESECHAMIENTO Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: "La arbitraria privación de su libertad, por medio de la integración de Expedientes Penales, actuaciones y diligencias procesales, realizadas con violación a derechos humanos, sobre su identidad original. La violación a derechos humanos a no tomar en consideración sus datos de identidad originaria de Honduras y ser procesado arbitrariamente con un nombre que no corresponde al suyo. La inconstitucional e infundada medida cautelar de prisión preventiva en la que se encuentra actualmente, por más de 10 años sujeto a proceso". Sin embargo, a criterio de este juzgador, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, precepto que textualmente estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Así mismo, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determina le ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, y sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo establece: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Mientras que el artículo 15 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." De los preceptos legales antes mencionados se aprecia el siguiente supuesto: El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita. Por su parte, el artículo 15 de la Ley de Amparo, expresa que cualquier persona puede promover amparo a nombre del quejoso, siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; y, b) Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En ese orden de ideas, se deduce que en los términos de la fracción I, del artículo 107 Constitucional, 6 y 15 de la Ley de Amparo, que el juicio de amparo únicamente podrá ser promovido por la persona que manifieste tener un interés legítimo respecto del acto de autoridad atacado de inconstitucional, pudiendo hacerlo por sí misma, a través de su representante, por su defensor tratándose de actos que correspondan "a una causa criminal"; o en su caso, que cualquier persona puede promover amparo a nombre del directo quejoso cuando se encuentre imposibilitado para hacerlo por sí mismo y los actos que reclame importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por otra parte, tratándose de actos reclamados dentro de un procedimiento del orden penal, el artículo 14 de la Ley de Amparo, prevé que para la admisión de la demanda bastará la aseveración que de su carácter haga el defensor, sin que se pase desapercibido que Jorge Luis López López refiere ser defensor de derechos humanos perteneciente a la asociación civil que menciona y que promueve a nombre del directo quejoso Osman Iván Rubio Bonilla. Sin embargo, en el presente asunto, al derivar los actos que reclama de un proceso penal, era necesario que se demostrara que el promovente tiene reconocido en dicha causa penal el carácter de defensor particular del aquí quejoso; lo que no sucede así ni se menciona tal circunstancia. Además, en el caso, el directo quejoso no se encuentra imposibilitado para promover el presente juicio de amparo, ya que no se ejecuta en su contra ninguno de los actos previstos por el artículo 22 Constitucional, ya que si bien es cierto que el promovente manifiesta que el quejoso se encuentra privado ilegalmente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado Número Siete, con sede en Huixtla, Chiapas, no implica imposibilidad jurídica, física o material para que promueva el juicio de amparo por sí mismo, ni se advierte que esa restricción de su libertad acontezca fuera de procedimiento, pues indica que se está cumpliendo con una medida cautelar de prisión preventiva, derivado de un proceso penal. Además, del escrito de demanda, no se evidencia que en su contra se encuentren ejecutando actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como se advierte el quejoso se encuentra recluido sujeto a un procedimiento penal, sin embargo no se advierte que esté siendo sujeto de incomunicación. En estas condiciones, del escrito inicial de demanda, no se advierte que Osman Iván Rubio Bonilla, quien también se hace llamar José Alberto Gómez Díaz, se encuentre en los supuestos que establecen los artículos 6, 14 y 15, de la Ley de Amparo; por tanto, no se justifica la necesidad para que otra persona promueva la demanda de amparo a su favor, de lo que se colige que no se encuentra satisfecho el requisito de instancia de parte agraviada antes mencionada, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo en cuestión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 y 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica y en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley de la materia, a los abogados que nombra, siempre y cuando cuenten con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Poder Judicial de la Federación, y con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que designa. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020,16 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de mejorar la comunicación - no procesal- con dicha potestad en el presente juicio de amparo y aminorar cualquier riesgo sanitario para el peticionario y el personal judicial, se tiene designado como correo electrónico el siguiente: jllopez@frayba.org.mx. Por cuanto el promovente señala que se encuentra registrado con el usuario Jorge_luis093, se faculta su acceso al expediente electrónico y que las notificaciones también se realicen por esa vía. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que obtengan el certificado digital de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por conducto de alguna de las Unidades Certificadoras del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, cualquier certificado digital reconocido, como el certificado digital (FIEL) emitido por el Servicio de Administración Tributaria, para que presenten, tramiten y/o reanuden sus asuntos a través de la modalidad "Juicio en Línea", para lo cual es indispensable el uso de la misma. De esa manera, se encontraran en aptitud de obtener los diferentes beneficios que representa presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Ello en el completo entendido que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibir notificaciones electrónicas, pues para dicho efecto es menester que las partes lo soliciten expresamente. DATOS DE CONTACTO Y/O LOCALIZACIÓN Finalmente, y con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se propone y solicita a las partes que proporcionen como formas especiales y expeditas de contacto sus números telefónicos y correos electrónicos, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido se registre y, de ser necesario, se incorpore al presente expediente previa certificación. Lo anterior, conforme al diverso ordinal 23, fracción I de la referida normatividad, propiciará el éxito y seguridad de la práctica de notificaciones personales, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en la diligencia concerniente. Notifíquese electrónicamente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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