Osiris de la Cruz Espinoza
Expediente 561/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Osiris de la Cruz Espinoza
- Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula IV-6, Matías Romero, Estado de Oaxaca (denominación de la señalada como Fiscal del Ministerio Público Federal, Matías Romero, Oaxaca, llevador o titular de la carpeta de investigación OA
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
PRAL 561/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintidós. Autoridad acusa. Agréguese el oficio signado por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, a través del cual acusa recibo del diverso oficio mediante el cual se le remitieron las documentales originales ofertadas por la parte quejosa, ya que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 561/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio signado por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada a su favor, radicándolo con el juicio de amparo 720/2022, de su índice. 2. Archivo del cuaderno de antecedentes. Con motivo de lo anterior, se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3. Destino. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, este expediente es DESTRUIBLE; por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.1 Envió de documentos. Se precisa que en auto de cuatro de julio de dos mil veintidós se dejaron a disposición de la parte quejosa las documentales que acompañó a su ampliación de demanda de amparo, consistentes en: - Original de la carta factura 3978, de treinta de noviembre dos mil diecisiete del vehículo Marca Mitsubishi, Modelo 2017, tipo L200, con número de serie MMBML45G9HH037643, expedido a favor de Osiris de la Cruz Espinosa - Original de comprobante de pago de derechos de catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Sin que a la fecha haya acudido a este órgano jurisdiccional (en horas hábiles) a recoger dichas documentales; en consecuencia, como el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz aceptó la competencia planteada, se remiten dichas documentales al referido órgano jurisdiccional para que provea lo conducente; se solicita el acuse de recibo correspondiente. 4. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 561/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, específicamente de la demanda de amparo y su ampliación, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable ordenadora y ejecutora: Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula IV-6, Matías Romero, Estado de Oaxaca. Actos reclamados: 1. La omisión de dar contestación al escrito de devolución de un vehículo de motor marca Mitsubishi, tipo camión, Línea L200, estilo doble cabina Pick Up, color gris, con número de serie (identificación vehicular) MMBML45G9HH037643, modelo 2017, presentado el veinte de enero de dos mil veintidós (demanda de amparo). 2. Acuerdo ministerial de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación FED/OAX/00001834/2021, en la que determina no ha lugar a la devolución del vehículo de motor marca Mitsubishi, tipo camión, Línea L200, estilo doble cabina Pick Up, color gris, con número de serie (identificación vehicular) MMBML45G9HH037643, modelo 2017 (ampliación de la demanda de amparo) Por ello, se provee: 2. Incompetencia. En el caso, se precisa que la competencia constituye un presupuesto procesal que, por tanto, por ser de orden público, previamente, se debe considerar si el acto que se reclama en este juicio da motivo para que este Juzgado continúe conociendo del mismo y pueda analizarse su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin que obste que el análisis de la competencia se realice en este momento, pues antes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto debe resolverse si este Juzgado tiene o no competencia para conocer del asunto; de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo, al no tener competencia plena para resolver, lo que puede conllevar a la reposición del procedimiento, en perjuicio del quejoso y en contravención a la pronta administración de justicia, que prevé el artículo 17 constitucional. Es aplicable la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro 218721, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En consecuencia, se procede a examinar si, en el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por la parte quejosa, pues, como ya se dijo, ello es un presupuesto procesal de orden público y preferente. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la interpretación del artículo 37 de la Ley de Amparo, transcrito, se advierten tres supuestos básicos para que los jueces de Distrito conozcan de un juicio de amparo, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será legalmente competente el juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto, es decir, ante quien el gobernado presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo. De lo anterior se colige que lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, es que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material. En efecto, la primera regla se refiere al supuesto en que la ejecución se produzca en una jurisdicción; mientras que la segunda se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes, al precisar que el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro. Finalmente, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Luego, al ser el tema de la ejecución el factor a considerar es inconcuso que para establecer la competencia de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto por razón de territorio, debe analizarse si el acto reclamado, por su naturaleza, tiene o no ejecución material. El artículo 36 de la otrora Ley de Amparo, cuyo texto es similar al del 37 de la Ley de Amparo en vigor, se interpretó de la manera siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). Caso concreto. De la lectura de la demanda de amparo y de su ampliación, así como demás constancias se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable ordenadora y ejecutora: Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula IV-6, Matías Romero, Estado de Oaxaca. Actos reclamados: 1. La omisión de dar contestación al escrito en el que solicitó la devolución de un vehículo de motor marca Mitsubishi, tipo camión, Línea L200, estilo doble cabina Pick Up, color gris, con número de serie (identificación vehicular) MMBML45G9HH037643, modelo 2017, presentado el veinte de enero de dos mil veintidós (demanda de amparo). 2. Acuerdo ministerial de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación FED/OAX/00001834/2021, en la que determina no ha lugar a la devolución del vehículo de motor marca Mitsubishi, tipo camión, Línea L200, estilo doble cabina Pick Up, color gris, con número de serie (identificación vehicular) MMBML45G9HH037643, modelo 2017 (ampliación de la demanda de amparo). Luego, del informe justificado de la autoridad responsable y del acuerdo ministerial de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación FED/OAX/00001834/2021, se observa que la unidad de motor cuya devolución se negó, se encuentra depositada en las instalaciones de "GRÚAS Y MANIOBRAS EL TRÓPICO", a disposición del Ministerio Público de la Federación titular de la célula IV-6, Matías Romero, Estado de Oaxaca . Bajo el contexto referido, se estima que la competencia para conocer del juicio de amparo se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, toda vez que la parte quejosa reclama del agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula IV-6, Matías Romero, Estado de Oaxaca, no sólo una omisión de acordar su escrito en el que solicitó la devolución de su unidad de motor, sino el acuerdo ministerial de trece de junio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación FED/OAX/00001834/2021, en la que determina que no ha lugar la devolución del vehículo de motor marca Mitsubishi, tipo camión, Línea L200, estilo doble cabina Pick Up, color gris, con número de serie (identificación vehicular) MMBML45G9HH037643, modelo 2017; vehículo que se encuentra en "GRÚAS Y MANIOBRAS EL TRÓPICO", en Matías Romero, Oaxaca; esto es, son actos omisivo y negativo, con efectos positivos que se traducen en la retención del vehículo de motor (ejecución material), que se efectúa en la citada ciudad. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis I.9o.P.276 P (10a.) de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE BRINDAR DIVERSAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SOLICITAR AL JUEZ DE CONTROL COMPETENTE PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE DICHAS OMISIONES SEAN EJECUTABLES MATERIALMENTE, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 137 y 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales imponen al Ministerio Público la obligación de brindar diversas medidas de protección y solicitar al Juez de Control competente providencias precautorias a favor de las víctimas u ofendidos. Así, dicha omisión constituye un acto negativo con efectos positivos, pues se erige en actos de tal naturaleza capaz de producir, en el mundo fáctico o real, una consecuencia material, a saber, un riesgo inminente a la seguridad de la víctima u ofendido, así como garantizar la debida reparación del daño, para evitar que se destruyan, desaparezcan o dilapiden los bienes para poder hacer efectiva dicha reparación. En este orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde las omisiones reclamadas sean ejecutables materialmente." Así como la jurisprudencia I.1o.P. J/6 (10a.) de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." Y la tesis I.1o.P.35 P (10a.) que a la letra dispone lo siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." Se precisa que el Municipio de Matías Romero, Oaxaca, es lugar donde ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, conforme con lo establecido por el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo sustancial, establece: "ACUERDO GENERAL 3/2013: XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." (Lo resaltado es propio) En ese sentido, los efectos de la determinación emitida por el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula IV-6, Matías Romero, Estado de Oaxaca, que se reclama en este juicio de amparo, se emitieron por una autoridad con residencia en Matías Romero y tienen ejecución en dicho Municipio, por ello, el juez de Distrito que debe conocer de la demanda de amparo, promovida contra tales actos, es aquél en cuya jurisdicción se están ejecutando o se hayan ejecutado los actos reclamados. Los aspectos precisados resultan relevantes, si se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia entre jueces de distrito, alude a aquella ejecución que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, pues, precisamente, dichos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio constitucional. Por tanto, es inconcuso que el Juzgado de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, es legalmente competente para conocer del asunto, en términos del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 395560, de rubro: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Por las consideraciones expuestas, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca no es competente legalmente para conocer del juicio de amparo promovido por Osiris de la Cruz Espinosa, por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula IV-6, Matías Romero, Estado de Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, envíese este juicio de amparo 561/2022, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, para que lo remita al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, a fin de que determine si acepta o no el conocimiento del asunto; solicitándole atentamente el acuse de recibo respectivo. 3. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias relativas. 4. Sin efecto audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las TRECE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 561/20232 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintidós. Diferimiento de la audiencia constitucional. Vistos los autos, se advierte que en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós se dio vista a las partes con el informe justificado del agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula IV-6, Matías Romero, Estado de Oaxaca, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, el cual se notificó vía electrónica a la parte quejosa el veintinueve de agosto de este año; lo que denota que no ha transcurrido el plazo de ocho días a que se refiere dicho normativo. En esas condiciones, no es posible jurídicamente celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo cual se difiere y se fijan las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Oscar Núñez Quevedo601/2022
- Oscar Ornelas Guzmán597/2021
- Oscar Pinacho Lozano522/2022
- Óscar San Juan Juárez y Otros.936/2019
- Oscar Ulises González Avendaño1068/2023
- Osdeymi Crespo Abreu1083/2022
- Osiris Jiménez Matus355/2021
- Osmar Isaí Rivera Pérez830/2017
- Ossiel Melchor Martinez444/2020
- Osvaldo Hernández Pin731/2018
- Osvaldo López Uribe214/2017
- Osvaldo Murillo Rueda1230/2022