Osiel Vazquez Guerrero

Expediente 667/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
667/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/12/2021

Partes del expediente

  • Osiel Vazquez Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 6.- Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, contra el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa a su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. ARCHIVO Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. 2. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Titular de la Delegación Chiapas, del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual designa como defensor de la parte quejosa al licenciado Humberto Salmerón Nájera, defensor público federal. En consecuencia se requiere al citado profesionista, al momento de la notificación de este proveído, manifieste si acepta el cargo conferido por la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el cual sin ulteriores acuerdos podrá imponerse de los autos del presente juicio; apercibido que de no hacerlo se acordará lo conducente. Asimismo, deberá hacer del conocimiento del citado defensor público que, con tal carácter, y para cumplir con el derecho a una defensa adecuada, tiene obligación de orientar y asesorar a su representado en todos los actos del juicio y en especial, los que impliquen requerimientos, por lo que, el citado abogado, deberá justificar a este órgano jurisdiccional, ante ese tipo de actos, que mantuvo comunicación con el impetrante de garantías, para asesorarlo. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional a efecto de que se constituya al Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS-CHIAPAS", en Villa Comaltitlán, y notifique al quejoso XXXXX, el contenido íntegro del presente. Lo anterior, se autoriza, no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.com.mx.

  3. Principal

    MESA 6-B Se recibe la demanda de amparo promovida por XXXXX, contra actos del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México y, otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 667/2021 6-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. Analizada la demanda de amparo, el suscrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desecharla de plano de cuenta, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del dispositivo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del numeral transcrito, en esencia, se aprecia que, es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Como se ve, concretamente, el quejoso reclama el traslado efectuado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, del Centro Estatal de Reinserción Social de Papantla de Olarte, Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán. En ese contexto, se determina que respecto de dicho acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que opera cuando se trata de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los que proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante su interposición, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la provisional. Lo anterior es así, porque el peticionario no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se explica. Dicha Ley contempla los siguientes tipos de traslados: a) Voluntarios; b) Involuntarios; y, c) Urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la Entidad de origen y la Entidad de destino, o en su caso, entre la Entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificará que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre su legalidad. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En el caso, la parte quejosa reclama el traslado de un centro penitenciario a otro, cuya ejecución atribuye a autoridades administrativas, sin ser inadvertido que refiere que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS", Chiapas, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. Ahora, al tratarse de un traslado el cual es regulado en el artículo 521 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, se observa que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, cuando se presenten casos en que la persona privada de su libertad no tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. En ese orden de ideas, queda de manifiesto que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Ahora, ¿el quejoso estaba obligado a agotar la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de acudir a la instancia constitucional? Para dar respuesta a lo anterior, debe corroborarse si a través del aludido medio de defensa, la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, puede acceder a la suspensión de la orden de traslado emitida por una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa; sin que para ello se le exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni se establezca un plazo mayor que el previsto para el otorgamiento de la suspensión provisional, como lo requiere la fracción XX del artículo 61 del ordenamiento legal de referencia. En el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De manera que lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cumple con las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional; medida que puede solicitarse por la persona privada de la libertad, o bien, decretarla de oficio el Juez de Control o de Ejecución. Consecuentemente, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; y por tanto, en el caso de la reclamada orden de traslado, urgente o excepcional, emitida por autoridad administrativa en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el aquí quejoso debía agotar la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por consiguiente, al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es desechar de plano la demanda presentada, en términos del numeral 113 de la citada legislación. No pasa inadvertido para el suscrito, que el promovente del amparo mencione como preceptos constitucionales violados entre otros, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, del contenido del escrito de cuenta, no se advierte que se reclame alguno de los actos a que se refiere el mencionado precepto legal. Lo anterior, en virtud que, como ya se estableció, únicamente reclama la orden de traslado efectuado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, del Centro Estatal de Reinserción Social de Papantla de Olarte, Veracruz, al Centro Federal del Reinserción Social Número Quince con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. SE SOLICITA DESIGNEN DEFENSOR Toda vez que el peticionario de amparo se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión y como lo solicita, gírese oficio vía correo electrónico, a la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en Tuxtla Gutiérrez, para que en el ámbito de sus atribuciones de ser procedente, designe profesionista que patrocine al quejoso Oziel Vázquez Guerrero en el presente juicio de amparo; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Federal de la Defensoría Pública. DOMICILIO En consideración a que el promovente del amparo Oziel Vázquez Guerrero, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. Quince, "CPS-CHIAPAS", en Villa Comaltitlán, Chiapas; por tanto, en términos del artículo 26 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente auto, por conducto del actuario adscrito a este Juzgado, en el lugar de su reclusión. Lo anterior, se autoriza, no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 136 segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx. AUTORIZACIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2o. de la Ley de la materia, expídase copia certificada del presente proveído, mismas que serán entregadas por el actuario al momento de la notificación del presente proveído. Se hace de su conocimiento que, las constancias consultadas en el expediente electrónico que cuenten con la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, como lo dispone el artículo 36 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar. En el acta correspondiente.

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