Oscar Zeron Salazar
Expediente 295/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Oscar Zeron Salazar
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la Directora General de Recursos Humanos y la Titular, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido omisas en coadyuvar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que no han remitido las constancias con las que acrediten el cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa, esto es, que se pagó a la quejosa la cantidad líquida que asciende a $**,***.** (***)o cual les fue requerido mediante acuerdos de veinte de abril, seis de agosto, veintiocho de octubre, diecinueve de noviembre y seis de diciembre, todos de dos mil veintiuno y dos de febrero, diecisiete de marzo y seis de abril, estos últimos de dos mil veintidós, pese a estar debidamente notificados de los citados autos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de seis de abril de dos mil veintidós, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 192, 193 párrafo primero, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impone a las personas físicas que ostentan los cargos de DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y a su superior jerárquico, TITULAR, AMBAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por incumplimiento a la ejecutoria de amparo UNA MULTA DE CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; para lo cual, una vez que cause estado el presente proveído, gírese oficio al Servicio de Administración Tributaria correspondiente, para que haga efectivo el cobro de la multa impuesta a las citadas personas físicas. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, cuyo texto y rubro son: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. (Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis (226), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de dos mil tres (2003). En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento a las autoridades precisadas que cuentan con el plazo razonable de tres días para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia número P./J.54/2014 (10 a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo I, Noviembre 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por lo que transcurrido dicho término, se abrirá el incidente de inejecución de sentencia, que establecen los artículos 193, primer párrafo, en relación con el diverso 196, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vistos los oficios signados por el Secretario de Acuerdos del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio de los cuales, informa que admite a trámite los recurso de queja interpuestos en autos en contra del proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, por la Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones y la Directora General de Recursos Humanos, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quedando registrados con los números de expediente Q.A. 107/2022 y Q.A. 108/2022, de su índice, respectivamente. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha las autoridades responsables de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido contumaces en dar cumplimiento de la ejecutoria de amparo del presente juicio de amparo. Precisado lo anterior y toda vez que la sentencia de amparo de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, dictada por ese Juzgado, confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión número R.A. 286/2021, se concede la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos siguientes: se debe conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para que la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad ejecutora de los lineamientos declarados inconstitucionales en esta sentencia, desvincule de la esfera jurídica de la quejosa los lineamientos reclamados y, en consecuencia, realice el cálculo del aguinaldo que les corresponde para el ejercicio dos mil veinte, con base en el "salario tabular", considerado como la suma del "salario base" más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria; y toda vez que se advierte que ya se efectuó el pago correspondiente, se paguen las diferencias que resulten entre lo que se pagó y lo que debió pagársele. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que, en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2º, REQUIÉRASE al Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico de la Directora General de Recursos Humanos de la referida Fiscalía, la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dieron la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, solicita le sean remitidas las constancias necesarias y suficientes para estar en posibilidad de cumplir con la ejecutoria que nos ocupa; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, respecto a la solicitud de copias, no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que derivado de la escasez de recursos materiales con que cuenta éste juzgado y a fin de contribuir al ahorro de los mismos, dígasele a la oficiante que el expediente en que se actúa puede ser consultado vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Aunado a ello, dígasele que cualquier delegado de su parte puede acudir a las instalaciones de éste juzgado para reproducir por cualquier medio electrónico, tales como cámara fotográfica y/o escáner, las constancias que integran este expediente. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167,640, Novena Época, Tribunales de Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). Informándole que subsiste el apercibimiento decretado en párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
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