Oscar Zaragoza Garcia
Expediente 143/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Oscar Zaragoza Garcia
- Presidente del Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con apoyo en el diverso 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su artículo 21, inciso a), del capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido dígasele que no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que como se advierte del proveído de veintiséis de abril del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, por lo que deberá estarse a lo proveído en dicha data. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinte de abril del año en curso, remite copia con firmas autógrafas del auto de veintiuno del mes y año en curso. Ahora bien, de las referidas constancias se advierte que es innecesario continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, por las razones que se explican a continuación: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama medularmente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, la omisión de hacer efectiva la multa de doscientos días de multa a José Luis Rendón Castañón, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, dentro del juicio laboral 723/2015, de su índice. En el presente caso de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y.". Es pertinente destacar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, que acude a él con el fin de restituirlo en el pleno goce de las prerrogativas que le hayan sido vulneradas, ya que tanto el legislador ordinario, como la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido e interpretado, respectivamente, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan éste a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse en cuanto a la ejecución de sus efectos y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En ese sentido, de la causa de improcedencia trascrita, se desprende que el legislador tomó en cuenta, que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Luego, en el presente caso, se actualizan los componentes de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, cuando ante la existencia del acto reclamado haya imposibilidad de que sus efectos se materialicen o continúen actualizándose por haber desaparecido totalmente su objeto o su materia, lo que bien puede ocurrir por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, por la simple prosecución del juicio, pudiendo ser entonces, por el transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales, y otros que impiden analizar la constitucionalidad de dicha decisión judicial. En esta tesitura, es importante recordar que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de hacer efectiva la multa de doscientos días a José Luis Rendón Castañón, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Eduardo Neri, Guerrero, dentro del juicio laboral 723/2015, del índice de la autoridad responsable. En ese sentido, de las constancias que remitió la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se aprecia que dictó el auto de veintiuno del mes y año en curso, dentro del juicio laboral 723/2015, de su índice; en el que, las partes llegaron a un acuerdo para dar por terminado el juicio de origen, exhibiendo un cheque por la cantidad de $18,089.26 (dieciocho mil ochenta y nueve pesos 26/100 M.N); solicitando ambas partes se eleve el citado convenio a la categoría de laudo ejecutoriado y se archive como asunto concluido; por lo que la autoridad responsable, determinó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 179 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley de la materia por haber sido emitido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. En mérito de lo anterior, y en atención a la causa de improcedencia que se propone es pertinente precisar que aun cuando subsiste el acto aquí combatido, se desprende que no puede surtir efecto legal o material alguno por haber desaparecido el objeto o materia del mismo, toda vez que el procedimiento laboral de donde emana el acto reclamado quedó sin efecto jurídico; en consecuencia, el acto atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia que le dio origen; resultando que el acto tildado de inconstitucional quedó sin materia, dejando de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, actualizándose de esta manera manifiesta e indubitable, la causal de improcedencia en comento. Luego, es intrascendente que mediante la sentencia del amparo concesoria que llegase a dictarse, se obligue a la autoridad responsable a realizar algún tipo de conducta referente al acto aquí combatido y que quedó precisado en los párrafos precedentes; ya que ello a nada práctico conduciría, pues no tendría el alcance de modificar o alterar la situación jurídica en que actualmente se encuentra la quejosa; por lo que es evidente que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Es aplicable por las razones que la sustentan la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y nueve, tomo XXIV, diciembre de 2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173858; cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." También sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la tesis número VI.2o.T.38 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 829, del Tomo XV, Febrero de 2002, registro digital 187785; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES. Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida." En las relatadas condiciones, resultan actualizadas la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento, obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías por los actos reclamados que quedaron precisados. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS; comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno Notifíquese y personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que para el día de hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que, para resolver el juicio de amparo en que se actúa, resulta necesario tener a la vista la totalidad de las constancias a partir del auto de ejecución a la presente data, dentro del expediente obrero de origen 723/2015, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75, de la Ley de la materia y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a Miriam Cortés Cisneros Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efecto la notificación del presente proveído, remita a este Juzgado Federal copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente obrero a partir del auto de ejecución a la presente data, dentro del juicio 723/2015, o bien, informe la imposibilidad que tenga para ello, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Apercibida que de no hacerlo en el plazo que para ello se le concede, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículo transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Tiene aplicación al caso la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia de mérito, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista electrónica a todas las partes, hecha excepción de la autoridad señalada en el presente acuerdo, en términos de la jurisprudencia 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."
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