Oscar Zamarripa Herrera
Expediente 872/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Oscar Zamarripa Herrera
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Del estado de autos se advierte que la promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
CUENTA. El veintidós de junio de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, da cuenta con lo siguiente: a) Demanda de amparo promovida por Oscar Zamarripa Herrera, registrada con el folio 12525 y anexos que se adjuntan. b) La circunstancia de que el licenciado Rodrigo Medina Garay (7114063), sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de junio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Oscar Zamarripa Herrera, contra actos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Cincuenta y Tres, con sede en Guadalupe, Zacatecas, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 Constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 872/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna causa de manera manifiesta e indudable, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De acuerdo con lo anterior, es procedente desechar de plano la demanda de derechos, toda vez que este órgano jurisdiccional determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 97, fracción II, inciso a) , de la Ley de Amparo. Primero, es importante precisar que en el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor justificación, en virtud de que su actualización se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios, de los documentos que se anexan a esas promociones, o bien de un diverso juicio de amparo. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y los anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. De esta manera, para advertir una notoria e indudable improcedencia debe atenderse al escrito de demanda, a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que no sea necesaria alguna otra constancia para configurar dicha improcedencia. En ese mismo sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de juicio y que, por sus características propias, no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen aquella cuestión no se superaría. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Consecuentemente, si la improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos en el pacto federal, dichas causales deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones. En el caso, se estima que se actualiza respecto del acto aquí reclamado, de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 97, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 97. El recurso de queja procede: (..) II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente; (.)" Como se aprecia de los numerales invocados, tratándose de actos relacionados con abstenciones o indebida tramitación de la demanda de amparo directo, por parte de la autoridad responsable, procede el recurso de queja. De manera que, el acto omisivo que impugna en esta instancia no puede reclamarse a través del presente juicio, ya que en términos de tal ordinal, debe impugnarse mediante el recurso que contempla la ley de la materia, que es el de queja ante el Tribunal Colegiado que corresponda; de donde se sigue la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se endereza contra tal proceder. De esta manera, de lo narrado en el escrito inicial de demanda de observa lo siguiente: a. Que desde el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se tramita juicio ordinario laboral; b. Que el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó laudo laboral en los autos del expediente 465/2016; c. Que el trece de diciembre de dos mil veintiuno, la impetrante de amparo, promovió juicio de amparo directo; y, d. Que debido a la abstención, dilación u omisión de la autoridad responsable, el siete de marzo de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó a la autoridad responsable se acordara lo procedente respecto al amparo directo interpuesto contra la supracitada determinación; es decir, se diera el trámite correspondiente a la demanda de amparo directo presentada, lo cual hasta la fecha no ha sucedido. En ese contexto, tenemos que el acto reclamado consiste en la omisión de tramitar la demanda de amparo directo promovida contra el laudo dictado en los autos del juicio laboral 465/2016, por ende, resulta patente la actualización de la causa de improcedencia invocada. Además, al tratarse de un acto derivado de un juicio de amparo directo no puede a su vez reclamarse en un diverso juicio de amparo, de ahí que en las relatadas circunstancias, al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo , en relación con el artículo 61, fracción XXIII, y con el 97, fracción II, inciso a), de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Asimismo, por su afinidad con el tema se invoca la tesis visible en la página 285, Tomo X, septiembre de 1992, sustentada por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de la voz siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACION DE LA FRACCION II, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE LA MATERIA. Las resoluciones dictadas por los órganos de control constitucional, juzgados de Distrito y tribunales colegiados, pueden ser de nueva cuenta revisados en los casos en que la ley lo permite y de acuerdo con los recursos en ella previstos, pero ni la decisión de fondo o cualquier otro tipo de proveído contenido en la sentencia de amparo, puede ser impugnado a través de un nuevo juicio constitucional. Tal principio descansa en la ley y en la lógica; la fracción II, del artículo 73 de la Ley de Amparo, hace improcedente el juicio constitucional "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". El precepto transcrito no distingue, entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional y los diversos proveídos que pueden estar contenidos en una ejecutoria; contra de estas resoluciones como en las primeras, no es dable promover demanda de amparo, ya que no compete a un órgano de control constitucional analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. La improcedencia prevista por la fracción II, del artículo antes citado, también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable." Sin que la actualización de la causa de improcedencia antes advertida configure una denegación de justicia de los artículos 8, numeral 1º, de la convención americana sobre derechos humanos y 17 de la constitución federal, pues al constituirse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Se cita en sustento a esto, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." También, se invoca la Jurisprudencia (Constitucional) XI.1o.A.T. J/1 (10a.), cuyo contenido es: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." Por analogía, la diversa emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA. SÓLO EL LEGISLADOR PUEDE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES". Cobra sustento a lo hasta aquí relatado la tesis jurisprudencia (Común): VII.2o.C. J/23, cuyo rubro refiere: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA" . Aunado a lo anterior, debe precisarse que en términos de lo previsto por el artículo 98, fracción II, de la Ley de Amparo, dicho recurso se podrá interponer en cualquier tiempo, por tratarse de un acto omisivo de tracto sucesivo; de ahí, que de ningún modo se afectaría el derecho humano de acceso a la justicia; más aún, que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad, en turno, resolverá lo que en derecho proceda sobre la denegación de justicia atribuida a la autoridad responsable. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Rodrigo Medina Garay (7114063), quien sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintitrés de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El veintisiete de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 12092. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta que remite la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Zacatecas, mediante la cual acusa de recibo el oficio 4707/2022 e informa la fecha en la que fue notificada de la sentencia dictada en autos, de lo cual este Juzgado se hace sabedor. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiocho de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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