Oscar Yañez Trejo

Expediente 1325/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1325/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Oscar Yañez Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de septiembre de dos mil veintitrés. I. Acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio recibido vía interconexión, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Querétaro, mediante el cual transcribe el contenido del acuerdo dictado el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en los autos del Juicio de Amparo 1304/2022-IV, de cuyo contenido se advierte que se avocó al conocimiento del sumario por lo que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, lo que se toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. II. Archivo. En consecuencia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de destrucción, por lo que será destruido una vez que transcurran SEIS MESES, contados a partir de la presente data. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. III. Otras consideraciones. Como se precisó en la certificación de cuenta, en el caso, las partes no allegaron documentos que por sus características ameriten ser devueltos.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. I. Oficio como constancia. Agréguese a los únicamente para que obre como constancia, el oficio signado por el Titular del Centro Penitenciario CP3 Varonil de San Juan del Río, Querétaro, a través del cual pretende rendir su informe respecto de la suspensión de plano; lo anterior, en virtud de que por auto inmediato anterior, ya se acordó dicho comunicado, para lo cual se ordenó remitir al órgano que se estimó competente para conocer del presente asunto. II. Boleta. Por otra parte, súmese a los autos la boleta de turno ..., proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, por medio de la cual, se hace del conocimiento de este juzgado que por razón de turno le correspondió conocer de la incompetencia declinada por este Juzgado, al Juzgado Primer de Distrito en Materia Penal del Querétaro, lo que se asienta para los efectos a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. I. Nuevo autorizado y domicilio. Agréguese a los autos el escrito suscrito por el quejoso ...., atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en auto inicial en que se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito que aquí se acuerda. Además, como se dijo en ese proveído, reitérese que se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ...., por no contar con su cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por ....en favor de..., contra actos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con sede en San Juan del Río, Querétaro y Fiscalía de Investigación del Delito con sede en San Juan del Río, Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1325/2022, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Precisión de actos reclamados. De la lectura integral de la demanda de cuenta, se advierte que el promovente del amparo reclama lo siguiente: "Privación ilegal de la libertad. Incomunicación. Tortura Física. Tortura Psicológica. Golpes. Amenazas. Temor de Desaparición forzada de Personas. Ocultamiento de Personas. Detención sin orden de Aprehensión". IV. Suspensión de plano respecto a los actos identificados como 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) y 8). En esa medida, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de la Ley de Amparo, atendiendo a que se reclama la Privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura física, psicológica, golpes y amenazas; además del temor de Desaparición forzada de personas y ocultamiento de personas, del directamente quejoso..., pues además se afirma que se encuentra detenido en los separos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, con sede en San Juan del Río, Querétaro, y que constituyen actos prohibidos por los numerales citados con antelación; con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión, para el efecto que cesen de inmediato los actos tendientes a desaparecer o privar de la vida o libertad al quejoso, ocultar dichos actos u omitir proporcionar información sobre su paradero, así como todos los actos que impliquen la desaparición de conformidad con los artículos 27 y 28 de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero." "Artículo 28. Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30." ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ACTO QUE CONSTITUYA ALGUNO DE LOS PREVISTOS EN EL NUMERAL 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, pues de tratarse de algún acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a la parte quejosa del goce de los derechos humanos peticionados. Asimismo en términos del artículo 5 fracción X de la citada Ley General, deberán permitir la participación directa de los familiares en las tareas de búsqueda del quejoso. V. Suspensión de plano respecto al acto identificado como 9). Con apoyo en las disposiciones contenidas en los artículos 164, 165 y 166 de la Ley de Amparo en vigor, procede conceder a...., la suspensión de plano del acto reclamado consistente en los ataques a la libertad personal, para los siguientes efectos: a) Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención de la quejosa no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. b) En caso de que se trate de una detención ordenada por el Ministerio Público, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo, la suspensión tiene como efecto que la autoridad responsable, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad, o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Cuando el quejoso se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesta a disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores y en la detención por caso urgente, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de la quejosa, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. VI. Requerimiento de informe respecto de la suspensión de plano. Con fundamento en los artículos 125, 127, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídanse los informes correspondientes a las autoridades señaladas como responsables, los cuales deberán rendir de inmediato, incluso antes de las veinticuatro horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, en el que expresará si son ciertos o no los actos reclamados que se le atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionar la información que tengan a su alcance relativa a los actos reclamados. En el entendido de que en el informe que rindan en cumplimiento a la suspensión de plano aquí otorgada, dichas autoridades responsables deberán acompañar las constancias con las que demuestren haber dado cumplimiento a dicha suspensión, en la forma y términos que fueron señalados en los párrafos que anteceden. VII. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. VIII. Ratificación de demanda. Ahora bien, como de la demanda por si advierte que la parte promovente refiere que el quejoso se encuentra incomunicado en la Fiscalía General del Estado de Querétaro sede San Juan del Río; por tanto, se comisiona al actuario adscrito a este órgano federal para que se constituya en dichas instalaciones, o bien, en el lugar en donde se encuentre el directamente agraviado, y realice lo siguiente: 1. Verifique que en el caso no se aplique en perjuicio del agraviado..., cualquiera de los actos a que se hizo referencia en el apartado relativo a la suspensión de plano, o los señalados por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, y las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión concedida en este proveído y cesen de inmediato tales actos. 2. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiera al quejoso para que en ese acto, o bien, dentro del término de tres días, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor; en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas en este expediente principal, así como todo requerimiento relativo formulado a las autoridades señaladas como responsables. 3. Asimismo, verifique el estado de salud en que se encuentra el quejoso. 4. Requiera al quejoso para que el momento de la notificación del presente auto, si es su deseo designar como domicilio el señalado por el promovente, así como las personas autorizadas, en los términos amplios establecidos en el numeral 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta al Actuario Judicial de la adscripción, a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de las autoridades responsables, quedando éstas vinculadas al cumplimiento de la medida cautelar, pues de conformidad con el artículo 1° Constitucional, segundo párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, las normas relativas a los derechos humanos se deberán interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; de modo que, las autoridades no designadas quedan obligadas a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. Prevéngase a las autoridades que tengan a su disposición a..., para que otorguen las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado de Distrito para el efecto de que pueda dar cabal y debido cumplimiento a lo ordenado en este auto, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. Por otra parte, en términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a las autoridades responsables que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo. Con independencia de lo anterior, se faculta al Actuario adscrito, para que se traslade a cualquier lugar que tenga separos y donde le informen que pueda ser localizada el quejoso, pues la finalidad de la presente medida, entre otras, es lograr que se acate la suspensión de plano concedida. IX. Declaratoria de incompetencia. Por otra parte, se advierte que este juzgado federal carece de legal competencia para conocer del presente asunto por cuestión de MATERIA, en razón a que el acto reclamado versa sobre cuestiones referentes a la detención del quejoso al parecer derivado de un delito grave sin especificar cuál, por lo que compete al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en turno, en atención a las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen a continuación: En primer término, es pertinente atender lo dispuesto por el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 86, fracciones III, IV, V y XXIV y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.]"Artículo 86. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: [.] III. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República, así como las regiones a las que pertenezcan, en las cuales ejercerán jurisdicción los plenos regionales; IV. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción III de este artículo; V. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 100 Constitucional, en los casos en que el Consejo de la Judicatura Federal así lo determine mediante acuerdos generales, podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. La decisión sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del interés social y el orden público, lo que constituirá una excepción a las reglas de turno y competencia [.]" Artículo 124. Para los efectos de esta Ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos y regiones que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados de circuito, colegiados de apelación y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. En cada región funcionará un pleno regional con jurisdicción sobre los circuitos que le correspondan." Además, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las oficinas de correspondencia común que les presentarán servicio; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Del marco normativo antes expuesto, se advierte que, a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional conoce de la materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales. En el caso, como ya se precisó, se señala como autoridades responsables a la Fiscalía General del Estado de Querétaro con sede en San Juan del Río y a la Fiscalía de Investigación del Delito con sede en San Juan del Río, Querétaro, de quienes se reclama entre otras cosas la detención sin orden de aprehensión del directamente quejoso ...., quien, según se afirma, estaba detenido por un delito grave sin especificar cuál. En ese contexto, se evidencia que el acto reclamado actualiza la hipótesis prevista en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que si bien se reclama a la Fiscalía y ser formalmente administrativo, en tanto depende del Poder Ejecutivo, lo cierto es que se reclaman actos tendentes a la afectación a la libertad personal que como se precisó en la demanda, tienen que ver con la investigación de un hecho que la ley señala como delito, lo cual tiene una naturaleza intrínsecamente penal; por lo que, tomando en consideración que la competencia atiende exclusivamente a la naturaleza de la materia del juicio de donde emana el acto reclamado, independientemente de que se señalen autoridades administrativas en el presente juicio, el acto es de naturaleza penal, pues los actos de la Fiscalía se efectúan en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 21 y 102 de la Constitución Federal, por tratarse de la titular de la acción penal y encargada de aportar al juzgador las pruebas relacionadas con la acreditación de la existencia del delito y la responsabilidad del imputado, y esos actos se rigen conforme a las normas sustantivas y adjetivas penales; de ahí que, el juicio de amparo que se promueva contra tales actos deben ser del conocimiento de un Juez de Distrito en Materia Penal. De ahí que sean actos cuyo análisis implica necesariamente el estudio de la debida aplicación e interpretación de preceptos especializados en esa materia. Por consiguiente, no sería jurídicamente posible entrar al estudio del acto reclamado, toda vez que de hacerlo, forzosamente se abordaría al análisis de aspectos de naturaleza penal, siendo que este juzgado está especializado en materia civil, administrativa y de trabajo, que conforme a los diversos numerales 57, 58, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no encuadran en el ámbito de competencia. Cobra aplicación, por analogía, en lo conducente y por el criterio que sostiene, la tesis de la Séptima Época, visible en la página 29, del tomo 217- 228 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN. De conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad responsable debe ser específicamente judicial; b) Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los ordene o ejecute, siempre que no se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; c) Contra actos que traigan consigo el peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos que como penas prohibidas menciona el artículo 22 de la Carta Magna, sin que tenga relevancia la autoridad que los ordene o ejecute, ni la materia específica de que emanen. Cabe advertir, en relación con las hipótesis competenciales identificadas en los incisos b) y c), que éstas no se establecen en razón de actos de naturaleza formal y materialmente penal, como sucede tratándose del supuesto señalado en el inciso a), pues lo que se toma en cuenta fundamentalmente es que el acto, así sea emanado de un orden distinto al penal y emitido por autoridad administrativa, civil, agraria, o de cualquiera otra naturaleza, traiga consigo o tenga como consecuencia la privación de la libertad o de la vida del gobernado, la deportación, el destierro o alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, debe estimarse que los actos reclamados, independientemente de que se lleven a cabo por una autoridad distinta a la judicial y no como consecuencia de la comisión de un delito, deben ser del conocimiento de un Juez de Distrito en materia penal, si los imputados al secretario de gobernación y a otras autoridades, consisten en la orden de detención, reclusión y deportación, por una parte, afectan la libertad personal de una persona y, además, existe la posibilidad de que se le deporte.". Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia identificada con el número P./J. 83/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintiocho del tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 56, 57, 58, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las oficinas de correspondencia común que les presentarán servicio; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado DECLARA carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y la DECLINA a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en turno, a quien estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, por lo que ordena enviarle los autos, solicitándole que en su oportunidad se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, así como informar la decisión que asuma en cuanto a la competencia que se declina. Ahora bien, conforme al contenido del artículo 48 de la ley de la materia, debido a la notoria incompetencia decretada con antelación, y dado que ya se proveyó sobre la suspensión de plano, por tanto, remítase de plano la demanda y copias de la misma, al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro, en turno. Sin que, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". X. Forma de recepción de informes provenientes exclusivamente de autoridades responsables. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, y dada la emergencia sanitaria que prevalece, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, PARA QUE HAGAN LLEGAR -DEBIDAMENTE ESCANEADOS Y FIRMADOS- LOS INFORMES O CONSTANCIAS QUE SEAN SOLICITADAS O QUE ESTIMEN NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a la autoridad responsable que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. XI. Acuerdo General que rige. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XII. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 23 fracción II del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. XIII. Domicilio y Autorizados. En otro orden de ideas, como lo solicita el promovente del amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con lo que establecen los artículos 3 y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y toda vez que la parte actora proporciona como nombre de usuario "..." que corresponde a ...se autoriza la consulta del expediente electrónico en que se actúa; así como las notificaciones electrónicas que deriven del presente expediente, aun las de carácter personal, se realicen a través del usuario aludido. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta y notificaciones electrónicas, y agréguese a los autos la constancia respectiva, ello para los efectos legales conducentes En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. XIV. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XVI. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XVII. Se solicita boleta de turno. Finalmente, con fundamento en los artículos 39 y 44 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, mediante oficio que derive del presente proveído, remítase a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, copia de la demanda de amparo que nos ocupa, a efecto de que remita la boleta de turno respectiva y realice en el sistema de turno la compensación correspondiente a favor de este juzgado. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables y a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro; y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano