Oscar Vizcarra Vizcarra
Expediente 1087/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 27 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1087/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Oscar Vizcarra Vizcarra
- Oscar Vizcarra Vizcarra y Otros.
- Laura Cortez Serrano y Otros.
- José Martín De La Cruz Rosas
- Magistrado de la Segunda Ponencia de la Sala Penal Colegiada "C", del Tribunal Superior de Justicia en el Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
I. Vista de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de once de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio por lo que se ordenó el archivo de este asunto. Asimismo, como lo informa la certificación de cuenta, ha transcurrido el plazo de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad contra la resolución que calificó el cumplimiento. II. Devolución de anexos (discos). Ahora, resulta innecesario que obren diversos discos ópticos que fueron remitidos por la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, que adjuntó como complemento al informe justificado, esto, porque ya fue calificado el cumplimiento y la resolución relativa no fue impugnada. Por tanto, devuélvansele a la citada entidad los tres discos indicados, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remiten, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese.
- Principal
AVISO: PARTE TERCEROS INTERESADOS. PROVEÍDO 11-JULIO-2023 ....Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. II. Sentencia ejecutoria. El veintiséis de abril de dos mil veintitrés fue dictada sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Dicho fallo causó ejecutoria el catorce de junio dos mil veintitrés, por lo que la autoridad responsable fue requerida para dar cumplimiento a la sentencia. Mediante acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el cumplimiento de la sentencia, sin que manifestaran algo al respecto. III. Pronunciamiento sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo. En principio, la autoridad responsable cumplió con el primer efecto del fallo constitucional, pues mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós dictada en el toca 106PU/2021, en la que dictó auto de no vinculación a proceso a favor de los aquí tercero interesados. En su lugar, emitió una nueva resolución el veintidós de junio de dos mil veintitrés. En relación con el resto de los efectos de la sentencia, al emitir la nueva resolución, la autoridad responsable quedó constreñida a valorar nuevamente los datos de prueba para verificar si de ellos puede establecer razonablemente los hechos relevantes de la imputación bajo las directrices precisadas en la parte considerativa de la sentencia de amparo; y, una vez realizado, tenía que verificar, con libertad de jurisdicción, si la conducta puede consistir en un engaño, argucia, artimaña, maquinación o aprovechamiento del error, a fin de hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido, que permita encuadrar el hecho en el delito de fraude y así resolver la situación jurídica de los imputados. En relación con lo anterior, en la sentencia se precisó que la autoridad responsable indicó que el hecho imputado era el siguiente: "Que el día (04) cuatro de octubre del año (2018) dos mil dieciocho, siendo aproximadamente las doce horas, en la oficina ubicada en c*****, **** le entregó a ****y a *** la cantidad de (****) ***, en billetes de diferentes denominaciones, esto con el fin de conseguir diez mil dólares americanos en la cantidad de (16.80.00) dieciséis punto ochenta pesos, saliendo en ese momento José Martín de la Cruz Rosas y Laura Cortez Serrano de la oficina ya mencionada, diciendo que iban por los dólares que tenían al interior de un vehículo y al subir de nueva cuenta a la oficina le dice a *****, que no completaba los dólares, diciéndole que a más tardar en dos horas le dejaría los dólares, cosa que no sucedió ya que no regresó, engañando **** y ****diciéndole que le iban a conseguir diez mil dólares en la cantidad de (**** /100) ciento sesenta y ocho mil pesos alcanzando **** y ****un lucro indebido por la cantidad de (**** M.N /100) ciento sesenta y ocho mil pesos propiedad de ****.". Así, en el fallo constitucional se indicó que la autoridad responsable consideró que los datos de prueba arrojaban hechos que no fueron expuestos al formular imputación, específicamente por lo que respecta a la mecánica de hechos, pues destacó los puntos de las declaraciones de la víctima y testigos donde se hace referencia a que fue José Martín de la Cruz Rosas quien arribó a la oficina de la víctima a ofrecer el intercambio de divisas y que Laura Cortez Serrano se encontraba en el exterior del inmueble en un vehículo; que la víctima salió de la oficina junto a José Martín para encontrarse con Laura con quien se discutió la operación; luego, que José Martín y la víctima regresaron a la oficina donde se hizo entrega de los $168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), para de ahí salir José Martín de la oficina con rumbo al vehículo donde se encontraba Laura; finalmente, que José Martín regresó a la oficina para informar a la víctima que no contaban con los dólares americanos para realizar el intercambio y que Laura le indicó que necesitaban el dinero para conseguir los dólares americanos, de lo que derivó el convencimiento para partir ambos con el numerario bajo la promesa de volver en dos horas para culminar la operación. Así, al reproducir el hecho expuesto por el Ministerio Público al formular imputación, la autoridad responsable destacó los puntos donde se indicó que, en la oficina de mérito, José Martín de la Cruz Rosas y Laura Cortez Serrano recibieron de la víctima la cantidad mencionada, para después abandonar esa oficina para ir por los dólares que tenían en el interior del vehículo; que posteriormente volvieron a la oficina y Laura indicó a la víctima que no completaba los dólares pero que a más tardar en dos horas regresarían para concretar el intercambio de divisas. Conforme a ello, se precisó que la autoridad responsable consideró que los datos de prueba contenían hechos no precisados en la imputación, específicamente la forma en que participó Laura Cortez Serrano en el hecho imputado, ya que esta no entró a la oficina de la víctima como se narra en la imputación. De tal manera, esta juzgadora arribó a la conclusión de que, si bien en las declaraciones reseñadas como datos de prueba, se refirieron ciertas circunstancias de la forma en que sucedieron los hechos que no fueron precisadas de forma detallada en la imputación, lo cierto es que ello no justificaba la no vinculación a proceso si se toma en cuenta que la imputación partió de un hecho genérico que en lo substancial coincide con las declaraciones de la víctima y testigos. Por lo que la autoridad responsable sólo debió verificar que existiera coincidencia en lo substancial con la imputación y que la hiciera la versión más probable, esto es, que pudiera establecerse razonablemente que ambos imputados obtuvieron de la víctima el numerario precisado a fin de intercambiarlo por diez mil dólares, haciéndole creer que en ese momento no contaban con lo dólares y que regresarían en determinado tiempo para entregarle lo pactado, lo cual no ocurrió a pesar de que conservaron el dinero entregado por la víctima, alcanzando con ello la obtención del efectivo para sí. Lo cual fue en esencia el hecho materia de imputación, ya que el ministerio Público optó por una imputación genérica, al no incluir en ella los aspectos que detallaran que la imputada Laura no entró a la oficina, sino que esperó fuera de ella en un vehículo; circunstancia que únicamente incidía en el grado de participación del hecho pero no excluía su participación, pues lo relevante es que se buscó evidenciar la existencia de un contubernio entre ambos imputados para hacerse del dinero de la víctima por medio de las conductas precisadas en la imputación. Por ende, se determinó que la autoridad responsable estaba en condiciones de verificar si los elementos fácticos relevantes del hecho, aun cuando fueran genéricos, encuadraban o no en el delito de fraude, o en algún otro ilícito; reservando para etapas posteriores del proceso penal, la valoración y acreditación de los detalles que incidan en el grado de participación de cada imputado y en la comprobación fehaciente del hecho; pues lo trascendental es que se buscó establecer que los imputados maquinaron lo ya indicado para hacerse del dinero de la víctima bajo la falsa promesa de otorgar a cambio diez mil dólares americanos, y que aunque existe una variación al detallar la ubicación de Laura en el hecho, ello no trasciende en la posibilidad de que haya cometido el hecho ilícito, sino únicamente en su grado de participación, en tanto todas las versiones apuntan a que Laura tuvo intervención en la negociación del intercambio de divisas y que estaba en el área donde ocurrió el hecho; caso contario sería que de los datos de prueba no se apreciara ningún tipo de participación por parte de Laura, ni que estuviera dentro del área donde tuvo lugar el acontecimiento. En ese entendido, esta juzgadora indicó que para establecer la posible conducta ilícita, sólo se requería analizar los elementos relevantes del hecho que, conforme a lo expuesto en la imputación, consisten en establecer: a) que en el momento y lugar precisados, los imputados lograron recibir de la víctima el numerario indicado haciéndole creer que recibiría a cambio diez mil dólares americanos; b) que los imputados indicaron a la víctima que en ese momento no contaban con los dólares y que necesitaban conservar el dinero para ir a conseguirlos; c) que en virtud de no contar con los dólares, convencieron a la víctima de que les permitiera conservar el dinero bajo la promesa de que volverían en dos horas a culminar con la transacción, lo cual no ocurrió. Elementos que en esencia se desprendían de las declaraciones de la víctima y de los testigos, en tanto todos son coincidentes en precisar que ambos imputados se encontraban en las inmediaciones de la oficina en cuestión y recibieron por parte de la víctima la cantidad de $168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) con la finalidad de recibir a cambio diez mil dólares americanos; además, que bajo la justificación de no contar con la totalidad de dólares y de que necesitaban el numerario para conseguirlos, convencieron a la víctima de permitirles partir con el dinero con la promesa de volver en dos horas para culminar el intercambio, lo cual no ocurrió. De ahí que los elementos substanciales de la imputación podían establecerse razonablemente de las declaraciones que fueron expuestas como datos de prueba, mismas que hacen que la versión del Ministerio Público sea verosímil. Por otro lado, quedó indicado que la responsable consideró que en la imputación no se detalló en qué consistió el engaño, argucia, maquinación o el medio que provocó el convencimiento de la víctima, a fin de encuadrar el hecho en el delito de fraude; sin embargo, pasó por alto que del hecho imputado sí se desprende que el Ministerio Público buscó establecer aquello, en tanto refirió que los imputados recibieron de la víctima la cantidad de $168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100) para a cambio otorgarle diez mil dólares americanos, pero que bajo la justificación de no completar esa cantidad de dólares partieron con el capital con la promesa de volver en dos horas para proporcionárselos a la víctima, lo cual no ocurrió a pesar de que los imputados conservaron el dinero. Conforme a ello, lo que se buscó establecer es que los imputados obtuvieron de la víctima la cantidad de $168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100), haciéndole creer que recibiría a cambio diez mil dólares con los que no contaban en ese momento, para con esa justificación partir con el numerario con la falsa promesa de volver en dos horas para culminar la transacción, sin que ocurriera, haciéndose de esa manera con el efectivo. Por tanto, la autoridad responsable debió partir de esos elementos fácticos y verificar si una vez establecida la conducta, ella podría consistir en un engaño, argucia, artimaña, maquinación o, inclusive, en el aprovechamiento del error, pues se resaltó que el delito de fraude no comprende únicamente la existencia de un engaño para hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido, sino también su configuración puede ocurrir debido al aprovechamiento del error de una persona; aspecto que no fue valorado por la Sala responsable. Ahora, para dar cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable emitió una nueva resolución donde reasumió jurisdicción para analizar los datos de prueba y, en lo que resulta relevante para calificar el cumplimiento, determinó lo siguiente: Al analizar los datos de prueba, indicó que el Ministerio Público buscó establecer un engaño a partir del hecho de que los imputados obtuvieron cierta cantidad de dinero haciendo creer a la víctima que recibiría a cambio diez mil dólares, con los cuales no contaban en ese momento, por lo que bajo la falsa promesa de volver en dos horas, partieron con el dinero sin regresar a culminar la operación, haciéndose con el efectivo; por lo que existió un engaño al hacerle creer que recibiría dichos dólares a cambio de su efectivo, los cuales recibiría en dos horas pero no ocurrió. Indicó que la imputación partió de un hecho genérico, el cual coincidía en lo substancial con los datos de prueba, ya que de las declaraciones de la víctima y testigos, se puede establecer que ambos imputados obtuvieron de la víctima el numerario precisado a fin de intercambiarlo por diez mil dólares, haciéndole creer que en ese momento no contaban con los dólares y que regresarían en determinado tiempo para entregar lo pactado, lo cual no ocurrió a pesar de que conservaron el dinero entregado por la víctima, alcanzando con ello la obtención del efectivo para sí. Precisó que no era obstáculo que en la imputación no se detallara que Laura no entró a la oficina, sino que esperó fuera de ella en un vehículo; esto, porque ello sólo incide en el grado de participación, pero no excluye su participación en el hecho que se le atribuye, pues lo relevante es que se puede establecer la existencia de un contubernio entre ambos imputados para hacerse del dinero de la víctima por medio de las conductas ya precisadas, y que todas las versiones de las declaraciones coinciden en que tuvo intervención en el hecho y que estaba en el área donde ocurrió. Determinó que lo importante es que los elementos fácticos relevantes formulados de manera genérica en la imputación, encuadran en el hecho señalado por la ley como delito de fraude, pues los imputados maquinaron lo precisado para obtener el dinero de la víctima bajo la falsa promesa de otorgar a cambio diez mil dólares. En virtud de lo anterior, dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados. La comparativa anterior refleja que la sentencia de amparo fue cumplida a cabalidad, sin excesos o defectos, pues la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución combatida y dictó una nueva donde atendió las directrices del fallo constitucional. Por tanto, lo conducente es tener por cumplido el fallo protector con apoyo en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. IV. Valoración del expediente. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. III. Valoración del incidente de suspensión. SUSPENSIÓN DEFINITIVA NEGADA. En virtud que en el presente asunto se negó la suspensión definitiva, el cuaderno original del incidente de suspensión relativo es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del expediente a través de sello, la leyenda "Destruible". IV. Destrucción de duplicado de incidente de suspensión. Con apoyo en el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión en un plazo de seis meses siempre que se cuente con su original, previa la anotación correspondiente. V. Se reserva devolución de anexos a la autoridad responsable. Se reserva la devolución de los discos de audio y videos remitidos por la autoridad responsable, hasta en tanto transcurra el término que concede el artículo 202 la Ley de Amparo para recurrir esta determinación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; así como electrónicamente al agente de Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
AVISO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. II. Sentencia ejecutoria. El veintiséis de abril de dos mil veintitrés fue dictada sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Dicho fallo causó ejecutoria el catorce de junio dos mil veintitrés, por lo que la autoridad responsable fue requerida para dar cumplimiento a la sentencia. Mediante acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el cumplimiento de la sentencia, sin que manifestaran algo al respecto. III. Pronunciamiento sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo. En principio, la autoridad responsable cumplió con el primer efecto del fallo constitucional, pues mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós dictada en el toca 106PU/2021, en la que dictó auto de no vinculación a proceso a favor de los aquí tercero interesados. En su lugar, emitió una nueva resolución el veintidós de junio de dos mil veintitrés. En relación con el resto de los efectos de la sentencia, al emitir la nueva resolución, la autoridad responsable quedó constreñida a valorar nuevamente los datos de prueba para verificar si de ellos puede establecer razonablemente los hechos relevantes de la imputación bajo las directrices precisadas en la parte considerativa de la sentencia de amparo; y, una vez realizado, tenía que verificar, con libertad de jurisdicción, si la conducta puede consistir en un engaño, argucia, artimaña, maquinación o aprovechamiento del error, a fin de hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido, que permita encuadrar el hecho en el delito de fraude y así resolver la situación jurídica de los imputados. En relación con lo anterior, en la sentencia se precisó que la autoridad responsable indicó que el hecho imputado era el siguiente: "Que el día (04) cuatro de octubre del año (2018) dos mil dieciocho, siendo aproximadamente las doce horas, en la oficina ubicada en ***, le entregó a *** y a *** la cantidad de (***) ***, en billetes de diferentes denominaciones, esto con el fin de conseguir diez mil dólares americanos en la cantidad de (16.80.00) dieciséis punto ochenta pesos, saliendo en ese momento *** y *** de la oficina ya mencionada, diciendo que iban por los dólares que tenían al interior de un vehículo y al subir de nueva cuenta a la oficina le dice a ***, que no completaba los dólares, diciéndole que a más tardar en dos horas le dejaría los dólares, cosa que no sucedió ya que no regresó, engañando *** y *** diciéndole que le iban a conseguir diez mil dólares en la cantidad de (***/100) ciento sesenta y ocho mil pesos alcanzando *** y *** un lucro indebido por la cantidad de (*** M.N /100) ciento sesenta y ocho mil pesos propiedad de ***. Así, en el fallo constitucional se indicó que la autoridad responsable consideró que los datos de prueba arrojaban hechos que no fueron expuestos al formular imputación, específicamente por lo que respecta a la mecánica de hechos, pues destacó los puntos de las declaraciones de la víctima y testigos donde se hace referencia a que fue *** quien arribó a la oficina de la víctima a ofrecer el intercambio de divisas y que *** se encontraba en el exterior del inmueble en un vehículo; que la víctima salió de la oficina junto a José Martín para encontrarse con Laura con quien se discutió la operación; luego, que José Martín y la víctima regresaron a la oficina donde se hizo entrega de los $168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), para de ahí salir *** de la oficina con rumbo al vehículo donde se encontraba ***; finalmente, que *** regresó a la oficina para informar a la víctima que no contaban con los dólares americanos para realizar el intercambio y que *** le indicó que necesitaban el dinero para conseguir los dólares americanos, de lo que derivó el convencimiento para partir ambos con el numerario bajo la promesa de volver en dos horas para culminar la operación. Así, al reproducir el hecho expuesto por el Ministerio Público al formular imputación, la autoridad responsable destacó los puntos donde se indicó que, en la oficina de mérito, *** y *** recibieron de la víctima la cantidad mencionada, para después abandonar esa oficina para ir por los dólares que tenían en el interior del vehículo; que posteriormente volvieron a la oficina y Laura indicó a la víctima que no completaba los dólares pero que a más tardar en dos horas regresarían para concretar el intercambio de divisas. Conforme a ello, se precisó que la autoridad responsable consideró que los datos de prueba contenían hechos no precisados en la imputación, específicamente la forma en que participó *** en el hecho imputado, ya que esta no entró a la oficina de la víctima como se narra en la imputación. De tal manera, esta juzgadora arribó a la conclusión de que, si bien en las declaraciones reseñadas como datos de prueba, se refirieron ciertas circunstancias de la forma en que sucedieron los hechos que no fueron precisadas de forma detallada en la imputación, lo cierto es que ello no justificaba la no vinculación a proceso si se toma en cuenta que la imputación partió de un hecho genérico que en lo substancial coincide con las declaraciones de la víctima y testigos. Por lo que la autoridad responsable sólo debió verificar que existiera coincidencia en lo substancial con la imputación y que la hiciera la versión más probable, esto es, que pudiera establecerse razonablemente que ambos imputados obtuvieron de la víctima el numerario precisado a fin de intercambiarlo por diez mil dólares, haciéndole creer que en ese momento no contaban con lo dólares y que regresarían en determinado tiempo para entregarle lo pactado, lo cual no ocurrió a pesar de que conservaron el dinero entregado por la víctima, alcanzando con ello la obtención del efectivo para sí. Lo cual fue en esencia el hecho materia de imputación, ya que el ministerio Público optó por una imputación genérica, al no incluir en ella los aspectos que detallaran que la imputada Laura no entró a la oficina, sino que esperó fuera de ella en un vehículo; circunstancia que únicamente incidía en el grado de participación del hecho pero no excluía su participación, pues lo relevante es que se buscó evidenciar la existencia de un contubernio entre ambos imputados para hacerse del dinero de la víctima por medio de las conductas precisadas en la imputación. Por ende, se determinó que la autoridad responsable estaba en condiciones de verificar si los elementos fácticos relevantes del hecho, aun cuando fueran genéricos, encuadraban o no en el delito de fraude, o en algún otro ilícito; reservando para etapas posteriores del proceso penal, la valoración y acreditación de los detalles que incidan en el grado de participación de cada imputado y en la comprobación fehaciente del hecho; pues lo trascendental es que se buscó establecer que los imputados maquinaron lo ya indicado para hacerse del dinero de la víctima bajo la falsa promesa de otorgar a cambio diez mil dólares americanos, y que aunque existe una variación al detallar la ubicación de Laura en el hecho, ello no trasciende en la posibilidad de que haya cometido el hecho ilícito, sino únicamente en su grado de participación, en tanto todas las versiones apuntan a que *** tuvo intervención en la negociación del intercambio de divisas y que estaba en el área donde ocurrió el hecho; caso contario sería que de los datos de prueba no se apreciara ningún tipo de participación por parte de Laura, ni que estuviera dentro del área donde tuvo lugar el acontecimiento. En ese entendido, esta juzgadora indicó que para establecer la posible conducta ilícita, sólo se requería analizar los elementos relevantes del hecho que, conforme a lo expuesto en la imputación, consisten en establecer: a) que en el momento y lugar precisados, los imputados lograron recibir de la víctima el numerario indicado haciéndole creer que recibiría a cambio diez mil dólares americanos; b) que los imputados indicaron a la víctima que en ese momento no contaban con los dólares y que necesitaban conservar el dinero para ir a conseguirlos; c) que en virtud de no contar con los dólares, convencieron a la víctima de que les permitiera conservar el dinero bajo la promesa de que volverían en dos horas a culminar con la transacción, lo cual no ocurrió. Elementos que en esencia se desprendían de las declaraciones de la víctima y de los testigos, en tanto todos son coincidentes en precisar que ambos imputados se encontraban en las inmediaciones de la oficina en cuestión y recibieron por parte de la víctima la cantidad de $168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) con la finalidad de recibir a cambio diez mil dólares americanos; además, que bajo la justificación de no contar con la totalidad de dólares y de que necesitaban el numerario para conseguirlos, convencieron a la víctima de permitirles partir con el dinero con la promesa de volver en dos horas para culminar el intercambio, lo cual no ocurrió. De ahí que los elementos substanciales de la imputación podían establecerse razonablemente de las declaraciones que fueron expuestas como datos de prueba, mismas que hacen que la versión del Ministerio Público sea verosímil. Por otro lado, quedó indicado que la responsable consideró que en la imputación no se detalló en qué consistió el engaño, argucia, maquinación o el medio que provocó el convencimiento de la víctima, a fin de encuadrar el hecho en el delito de fraude; sin embargo, pasó por alto que del hecho imputado sí se desprende que el Ministerio Público buscó establecer aquello, en tanto refirió que los imputados recibieron de la víctima la cantidad de $168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100) para a cambio otorgarle diez mil dólares americanos, pero que bajo la justificación de no completar esa cantidad de dólares partieron con el capital con la promesa de volver en dos horas para proporcionárselos a la víctima, lo cual no ocurrió a pesar de que los imputados conservaron el dinero. Conforme a ello, lo que se buscó establecer es que los imputados obtuvieron de la víctima la cantidad de $168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100), haciéndole creer que recibiría a cambio diez mil dólares con los que no contaban en ese momento, para con esa justificación partir con el numerario con la falsa promesa de volver en dos horas para culminar la transacción, sin que ocurriera, haciéndose de esa manera con el efectivo. Por tanto, la autoridad responsable debió partir de esos elementos fácticos y verificar si una vez establecida la conducta, ella podría consistir en un engaño, argucia, artimaña, maquinación o, inclusive, en el aprovechamiento del error, pues se resaltó que el delito de fraude no comprende únicamente la existencia de un engaño para hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido, sino también su configuración puede ocurrir debido al aprovechamiento del error de una persona; aspecto que no fue valorado por la Sala responsable. Ahora, para dar cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable emitió una nueva resolución donde reasumió jurisdicción para analizar los datos de prueba y, en lo que resulta relevante para calificar el cumplimiento, determinó lo siguiente: Al analizar los datos de prueba, indicó que el Ministerio Público buscó establecer un engaño a partir del hecho de que los imputados obtuvieron cierta cantidad de dinero haciendo creer a la víctima que recibiría a cambio diez mil dólares, con los cuales no contaban en ese momento, por lo que bajo la falsa promesa de volver en dos horas, partieron con el dinero sin regresar a culminar la operación, haciéndose con el efectivo; por lo que existió un engaño al hacerle creer que recibiría dichos dólares a cambio de su efectivo, los cuales recibiría en dos horas pero no ocurrió. Indicó que la imputación partió de un hecho genérico, el cual coincidía en lo substancial con los datos de prueba, ya que de las declaraciones de la víctima y testigos, se puede establecer que ambos imputados obtuvieron de la víctima el numerario precisado a fin de intercambiarlo por diez mil dólares, haciéndole creer que en ese momento no contaban con los dólares y que regresarían en determinado tiempo para entregar lo pactado, lo cual no ocurrió a pesar de que conservaron el dinero entregado por la víctima, alcanzando con ello la obtención del efectivo para sí. Precisó que no era obstáculo que en la imputación no se detallara que Laura no entró a la oficina, sino que esperó fuera de ella en un vehículo; esto, porque ello sólo incide en el grado de participación, pero no excluye su participación en el hecho que se le atribuye, pues lo relevante es que se puede establecer la existencia de un contubernio entre ambos imputados para hacerse del dinero de la víctima por medio de las conductas ya precisadas, y que todas las versiones de las declaraciones coinciden en que tuvo intervención en el hecho y que estaba en el área donde ocurrió. Determinó que lo importante es que los elementos fácticos relevantes formulados de manera genérica en la imputación, encuadran en el hecho señalado por la ley como delito de fraude, pues los imputados maquinaron lo precisado para obtener el dinero de la víctima bajo la falsa promesa de otorgar a cambio diez mil dólares. En virtud de lo anterior, dictó auto de vinculación a proceso en contra de los imputados. La comparativa anterior refleja que la sentencia de amparo fue cumplida a cabalidad, sin excesos o defectos, pues la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución combatida y dictó una nueva donde atendió las directrices del fallo constitucional. Por tanto, lo conducente es tener por cumplido el fallo protector con apoyo en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. IV. Valoración del expediente. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es CONSERVABLE en su integridad y deberá transferirse al área coordinadora de archivos en un plazo de tres años, por lo que en términos del numeral 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Conservable" mediante uso de sello. III. Valoración del incidente de suspensión. SUSPENSIÓN DEFINITIVA NEGADA. En virtud que en el presente asunto se negó la suspensión definitiva, el cuaderno original del incidente de suspensión relativo es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del expediente a través de sello, la leyenda "Destruible". IV. Destrucción de duplicado de incidente de suspensión. Con apoyo en el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión en un plazo de seis meses siempre que se cuente con su original, previa la anotación correspondiente. V. Se reserva devolución de anexos a la autoridad responsable. Se reserva la devolución de los discos de audio y videos remitidos por la autoridad responsable, hasta en tanto transcurra el término que concede el artículo 202 la Ley de Amparo para recurrir esta determinación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; así como electrónicamente al agente de Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
AVISO TERCEROS INTERESADOS, AUTO RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 26-JUNIO-2023 gréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio ASI/560/2023, firmado por la Titular de la Segunda Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. II. Se ordena dar vista a las partes. En tal virtud, previo a calificar el cumplimiento al fallo constitucional, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista de manera personal a las partes, para que dentro del término de tres días computado legalmente, expresen lo que a sus derechos convenga. Hecho lo anterior, con desahogo de la vista o sin ella, acuérdese lo conducente respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercera interesada; electrónicamente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio al agente del Ministerio Público tercero interesado.
Quedan 23 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
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