Óscar Villarruel Castro
Expediente 540/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2020
Partes del expediente
- Óscar Villarruel Castro
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el trece de noviembre de dos mil veinticinco. Por último, se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico que corresponda, el trece de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que promueve Óscar Villarruel Castro, de propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 5º, 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 540/2020-E. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por constituir un hecho notorio, habrán de tomarse en consideración para el desarrollo del presente auto, las constancias relativas al juicio de amparo 401/2020 del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, promovido por el quejoso Óscar Villarruel Castro. Sin que resulte necesario agregar al presente juicio copia certificada de las documentales mencionadas en el párrafo precedente, toda vez que es suficiente que las mismas se tengan a la vista en este acto dado que corresponden al índice estadístico de este juzgado de distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXII. J/12, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, enero de 1997, tomo V, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Se desecha demanda de amparo En ese orden, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dado que el término de quince días con el que contaba el quejoso para presentar la demanda de amparo por lo que hace a los actos reclamados que expresa en su escrito de demanda, trascurrió en exceso, como se expondrá a continuación. El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." La causa de improcedencia contenida en el artículo antes transcrito, descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el amparo dentro de los plazos que la propia ley señala. Además, cabe precisar que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen el término de quince días como regla general para la presentación de la demanda de derechos fundamentales, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento, o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama, salvo el caso de una norma general autoaplicativa, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En ese sentido, del contenido del escrito de demanda, se advierte que el impetrante señala como acto reclamado destacado el oficio número SSC/DIREC/156/2020, emitido por la responsable Director de Planeación, Prevención y Combate al Delito de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, con residencia en Playas de Rosarito, Baja California, virtud del cual a partir del ocho de mayo del año en curso, quedaría adscrito a la Sección Comercial, Bancaria e Industrial, así como sus consecuencias relativas a la disminución de salario que refiere; de lo que el quejoso categóricamente manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento el dos de mayo de dos mil veinte. De dichas afirmaciones del impetrante, así como del contenido del informe justificado rendido por el Secretario de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, obrantes en el juicio de amparo 401/2020, del índice de este tribunal, se desprende que el quejoso Óscar Villarruel Castro fue notificado del oficio que reclama el dos de mayo de este año, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, de ahí que es válido concluir que desde esa data el agraviado tuvo conocimiento del acto que reclama, y por ende, de las consecuencias que pretende impugnar a través del presente juicio. De esa manera, si el promovente tuvo conocimiento del contenido del oficio que reclama, desde el dos de mayo de dos mil veinte, luego, el plazo de quince días con el que contaba para promover el juicio de amparo en contra de los actos reclamados, empezó a contar a partir del día hábil siguiente, esto es, el tres de agosto de dos mil veinte, fecha en que se reanudaron los plazos para la presentación de demandas de amparo según el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de ahí que el plazo de quince días a que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, feneció el veintiuno de agosto del actual; con exclusión de los correspondientes días inhábiles. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.42/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 5, septiembre de 2002, tomo XVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." Por ende, si el escrito de demanda que dio origen al presente juicio, fue presentado hasta el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales, en esta ciudad, según se advierte de la boleta de turno; es dable concluir que su presentación fue extemporánea, al haberse presentado después de que feneció el plazo de quince días que la ley concede para instar el juicio constitucional y, como consecuencia, los actos reclamados deben considerarse tácitamente consentidos. Sin que en el caso, se esté en alguno de los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; de ahí que se estima actualizada la causa de improcedencia en estudio. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Óscar Villarruel Castro. Domicilio y autorizados Ténganse como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quienes menciona, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Petición especial Por otra parte, se tiene al quejoso proporcionando el número de teléfono celular que señala en su demanda, para facilitar la comunicación en relación con el presente expediente a través de la aplicación "WhatsApp", al respecto dígasele que la utilización del citado medio únicamente está permitida por la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para entablar comunicación no procesal con las partes; por tanto, si es de su interés que las notificaciones se le realicen vía electrónica, así deberá solicitarlo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente. hago constar que se notifica por medio de lista a a la parte quejosa, la determinación de treinta de septiembre de dos mil veinte, emitido en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe
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