Oscar Vidal Vergara

Expediente 156/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
156/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Oscar Vidal Vergara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de mayo de dos mil veintitrés.... se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar.... archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.... Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, el Secretario Luis Daniel Domínguez López, adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, previo a la celebración de la audiencia constitucional, hace constar y CERTIFICA: que en este juicio de amparo 156/2023-I-A, promovido por Óscar Vidal Vergara, por propio derecho, se emplazó a las autoridades señaladas como responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de Distrito, las autoridades responsables rindieron el informe justificado que les fue requerido con la oportunidad de ochos días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, no existe vista o plazo pendiente que desahogar y las constancias que se encuentran incorporadas a este asunto se consideran suficientes para resolver. Doy fe. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo 156/2023, promovido por Óscar Vidal Vergara, por propio derecho, ante la presencia de Nelson Loranca Ventura, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Luis Daniel Domínguez López, Secretario con quien actúa, procedió a la celebración de la referida audiencia, sin la comparecencia de las partes, precisado lo anterior se declara abierta la audiencia. Enseguida se impone hacer una relación de las constancias que obran en este asunto, entre las que se encuentran la demanda de amparo, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con los que se dio vista a las partes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, y la constancia de emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede. Abierto el período probatorio: El Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes; a Por lo que el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. En período de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. Por lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para expresarlos. Con lo que este juzgado considera desahogado este periodo, y al no existir escrito pendiente por acordar ni diligencia que practicar, se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 156/2023-I, promovido por Óscar Vidal Vergara, por propio derecho, por considerarlos violatorios, entre otros, del derecho humano de audiencia. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (fojas 2 a 72), mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, Óscar Vidal Vergara, por propio derecho y en su calidad de Regidor de la Comisión de Planificación y Desarrollo, Asuntos de la Juventud, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos (personalidad que le fue reconocida en auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, fojas 73 a 84), solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y los actos que se transcriben a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "ORDENADORA Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. EJECUTORA Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos,. C. Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos." ACTOS RECLAMADOS "DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: Se constituye por la resolución de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos IMPONE DE FORMA INDEBIDA. multa equivalente a 60 Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha de la imposición de la multa, en términos del artículo 129 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la cual NO ME FUE NOTIFICADA PERSONALMENTE. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORIAS: COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIEBNDA DEL ESTADO DE MORELOS. El cumplimiento de la multa derivada de la INDEBIDA IMPOSICIÓN de la fracción II del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, actuación que generó la INDEBIDA EJECUCIÓN del crédito fiscal con número MEJ20221153 de fecha 29 de noviembre de 2022, el cual deriva de una resolución que carece de fundamentación y motivación, violando los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C. NOTIFICADOR Y EJECUTOR FISCAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS. Actuación consistente en la INDEBIDA EJECUCIÓN del crédito fiscal MEJ20221153 de fecha 29 de noviembre de 2022, el cual fue notificado en una oficina diversa del Municipio de Yautepec, Morelos, el cual deriva de una resolución que carece de fundamentación y motivación, violando los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y audiencia constitucional. Por auto de dos de febrero de dos mil veintitrés (fojas 73 a 84), este juzgado de Distrito formó el expediente 156/2023-I, se desechó parcialmente la demanda promovida por Óscar Vidal Vergara, en su calidad de Regidor de la Comisión de Planificación y Desarrollo, Asuntos de la Juventud, Protección Ambiental y Desarrollo sustentable del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y se admitió la demanda de amparo promovida por Óscar Vidal Vergara, por propio derecho, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 74, fracción I de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en estrecha relación con el contenido del diverso numeral 76 de la propia Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los actos efectivamente planteados como reclamados y las autoridades a las que se les atribuyen son: I.- De la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, lo siguiente: a) la resolución de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJA/3aS/97/2019, mediante el cual impone al quejoso una multa equivalente a sesenta Unidades de Medida y Actualización. II.- Del Director General de Recaudación; y, 3.- Del Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la citada Dirección General de Recaudación, dependientes de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, (en su correcta denominación), lo siguiente: b) La ejecución del acuerdo indicado. TERCERO. Actos reclamados existentes. La Secretaria de Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (fojas 95 a 97), la Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales en representación del Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, así como del Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación en mención (fojas 98 a 110), al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que a cada uno de ellos se le reclamó. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se robustece con las copias certificadas de las constancias relativas al expediente administrativo TJA/3ªS/97/2019, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo antes citado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Página 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". .CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía se reclaman, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Precisado lo anterior, este juzgado de Distrito, de oficio, advierte que este juicio de amparo es improcedente respecto del acto reclamado consistente en el dictado del acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo TJA/3ªS/97/2019, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento de multa en contra del quejoso, por no haberse promovido este juicio dentro de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, cuyo texto en la parte que interesa, es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De las normas reproducidas, en lo que interesa, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los cuales no se promueva juicio de derechos humanos dentro del término ordinario de quince días. Dicho plazo, conforme a los diversos artículos 17 y 18 de la legislación en cita, debe computarse a partir del día siguiente al en que: a) Hubiere surtido efectos la notificación del acto reclamado practicada al quejoso, conforme a la ley que lo rige. b) El quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; o, c) El solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado o su ejecución. Cabe destacar que dichas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Ahora bien, como ya se dijo, Óscar Vidal Vergara, reclama el dictado del acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo TJA/3ªS/97/2019, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento de multa en su contra, acto del que, bajo protesta de decir verdad, precisó que tuvo conocimiento el once de enero de dos mil veintitrés, cuando: ".el suscrito fui informado de la existencia de un requerimiento de pago, derivado de la resolución decretada en fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, por parte de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en multa equivalente a 60 Unidades de Medida y Actualización vigentes a la fecha de la imposición de la multa y que la misma debía ser contribuida en perjuicio de mi peculio, sin que hayan sido notificados de manera personal el apercibimiento y el auto por medio del cual se hace efectiva la multa impuesta por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos" (foja 5 de este juicio de amparo). Sin embargo, de las copias certificadas remitidas por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; se advierte que el quejoso, entre otros, por medio del delegado del Ayuntamiento demandado, promovió recurso de reconsideración en contra del ".acuerdo de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, emitido por esta Tercera Sala del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos." Y, señaló lo siguiente: ".el auto que se impugna fue notificado el día nueve de noviembre de dos mil veintidós." (foja 152) Luego, como se advierte de las transcripciones y de las constancias antes precisadas, valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 123 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, Óscar Vidal Vergara, tuvo conocimiento del acto aquí reclamado consistente en el acuerdo dictado el catorce de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo TJA/3ªS/97/2019, desde el nueve de noviembre de dos mil veintidós, fecha en la que su delegado manifestó fue notificado; entonces, si el hoy quejoso presentó la demanda de amparo origen de este juicio en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, tal como se desprende de la papeleta de turno y del sello del reloj fechador impreso en la primera foja de dicha demanda, resulta evidente su extemporaneidad. Tiene aplicación a lo aquí precisado, la jurisprudencia VI.2o. J/21, con registro 204707, con datos de localización: Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Materia(s): Común, página: 291, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Lo anterior es así, ya que si el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclamó (acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós) el nueve de noviembre de dos mil veintidós, con motivo de la notificación que se le realizó, dicha notificación surtió efectos el diez de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, por lo que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del once de noviembre al dos de diciembre de dos mil veintidós, sin contar el doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, es claro que su promoción no es oportuna y se acredita la actualización de la improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por lo que se impone decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridad aquí precisados. Cabe precisar que la determinación aquí considerada no inadvierte el principio pro persona y el control de convencionalidad, pues se estima que su observación por este órgano jurisdiccional de ninguna manera implica soslayar las formalidades previstas en el orden jurídico mexicano. En efecto, la garantía de acceso a la justicia no se menoscaba por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan presupuestos o plazos para ejercerlo, porque ese derecho es limitado, pues las impugnaciones no deben entenderse en el sentido de que pueden realizarse en cualquier tiempo, porque se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto, por estar a la espera de si el promovente estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, lo que desde luego generaría inseguridad jurídica. Lo anterior implicaría que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos. Al caso es aplicable, en lo conducente, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), con registro 2002286, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización de la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". En ese contexto, el principio pro persona no implica necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados se resuelvan de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, con los datos de localización: Semanario Judicial de la Federación, Décima Época Libro XXV, Octubre de 2013, página 906, del siguiente contenido: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.". En virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso como lo es el sobreseimiento del juicio; por tanto, al actualizarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente imposibilitado para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis con registro 239006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, materia común, página 49, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". No se inadvierte que en el caso este juzgado de Distrito considera que respecto del acto reclamado (acuerdo dictado el catorce de octubre de dos mil veintidós), se actualiza diversa causal de improcedencia, consistente en que se encuentra pendiente de resolver algún recurso ordinario o medio de defensa legal que el gobernado haya interpuesto, previo o simultáneo a la promoción de la vía constitucional, en virtud del cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, conforme lo dispone el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues como se advierte de lo ya expuesto, la multa impuesta a la parte quejosa en el acuerdo dictado el catorce de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo TJA/3ªS/97/2019, fue combatida por medio del recurso de reconsideración; medio ordinario de defensa que fue resuelto el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 164 a 168), en el que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- son inoperantes por una parte e infundados por otra. SEGUNDO.- Se confirma el auto dictado el catorce de octubre de dos mil veintidós; conforme a las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución." Sin embargo, se estima que la inejercitabilidad de este juicio de amparo relativa a su presentación, con base en el conocimiento del acto reclamado por parte del quejoso, tiene preferencia en relación con la diversa prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que se considera también se encuentra actualizada en este juicio. En razón de lo anterior, se hace extensivo el sobreseimiento decretado, respecto del acto de ejecución atribuido a la Dirección General de Recaudación, así como al Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la citada Dirección General de Recaudación, dependientes de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, consistente en la ejecución del crédito fiscal impuesto a la parte quejosa por la autoridad ordenadora, por ser consecuencia directa e inmediata de dicho acto. QUINTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en este juicio de amparo promovido por Óscar Vidal Vergara, por propio derecho, en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma, Nelson Loranca Ventura, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Luis Daniel Domínguez López, Secretario con quien actúa y da fe. LuisaCuernavaca, Morelos, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, el Secretario Luis Daniel Domínguez López, adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, previo a la celebración de la audiencia constitucional, hace constar y CERTIFICA: que en este juicio de amparo 156/2023-I-A, promovido por Óscar Vidal Vergara, por propio derecho, se emplazó a las autoridades señaladas como responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de Distrito, las autoridades responsables rindieron el informe justificado que les fue requerido con la oportunidad de ochos días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, no existe vista o plazo pendiente que desahogar y las constancias que se encuentran incorporadas a este asunto se consideran suficientes para resolver. Doy fe. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo 156/2023, promovido por Óscar Vidal Vergara, por propio derecho, ante la presencia de Nelson Loranca Ventura, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Luis Daniel Domínguez López, Secretario con quien actúa, procedió a la celebración de la referida audiencia, sin la comparecencia de las partes, precisado lo anterior se declara abierta la audiencia. Enseguida se impone hacer una relación de las constancias que obran en este asunto, entre las que se encuentran la demanda de amparo, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con los que se dio vista a las partes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, y la constancia de emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede. Abierto el período probatorio: El Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes; a Por lo que el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. En período de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. Por lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para expresarlos. Con lo que este juzgado considera desahogado este periodo, y al no existir escrito pendiente por acordar ni diligencia que practicar, se procede a dictar la siguiente resolución.V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 156/2023-I, promovido por Óscar Vidal Vergara, por propio derecho, por considerarlos violatorios, entre otros, del derecho humano de audiencia. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés (fojas 2 a 72), mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, Óscar Vidal Vergara, por propio derecho y en su calidad de Regidor de la Comisión de Planificación y Desarrollo, Asuntos de la Juventud, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos (personalidad que le fue reconocida en auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, fojas 73 a 84), solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y los actos que se transcriben a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "ORDENADORA Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. EJECUTORA Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos,. C. Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos." ACTOS RECLAMADOS "DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: Se constituye por la resolución de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos IMPONE DE FORMA INDEBIDA. multa equivalente a 60 Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha de la imposición de la multa, en términos del artículo 129 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la cual NO ME FUE NOTIFICADA PERSONALMENTE. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORIAS: COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIEBNDA DEL ESTADO DE MORELOS. El cumplimiento de la multa derivada de la INDEBIDA IMPOSICIÓN de la fracción II del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, actuación que generó la INDEBIDA EJECUCIÓN del crédito fiscal con número MEJ20221153 de fecha 29 de noviembre de 2022, el cual deriva de una resolución que carece de fundamentación y motivación, violando los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C. NOTIFICADOR Y EJECUTOR FISCAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS. Actuación consistente en la INDEBIDA EJECUCIÓN del crédito fiscal MEJ20221153 de fecha 29 de noviembre de 2022, el cual fue notificado en una oficina diversa del Municipio de Yautepec, Morelos, el cual deriva de una resolución que carece de fundamentación y motivación, violando los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y audiencia constitucional. Por auto de dos de febrero de dos mil veintitrés (fojas 73 a 84), este juzgado de Distrito formó el expediente 156/2023-I, se desechó parcialmente la demanda promovida por Óscar Vidal Vergara, en su calidad de Regidor de la Comisión de Planificación y Desarrollo, Asuntos de la Juventud, Protección Ambiental y Desarrollo sustentable del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y se admitió la demanda de amparo promovida por Óscar Vidal Vergara, por propio derecho, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 74, fracción I de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en estrecha relación con el contenido del diverso numeral 76 de la propia Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los actos efectivamente planteados como reclamados y las autoridades a las que se les atribuyen son: I.- De la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, lo siguiente: a) la resolución de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJA/3aS/97/2019, mediante el cual impone al quejoso una multa equivalente a sesenta Unidades de Medida y Actualización. II.- Del Director General de Recaudación; y, 3.- Del Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la citada Dirección General de Recaudación, dependientes de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, (en su correcta denominación), lo siguiente: b) La ejecución del acuerdo indicado. TERCERO. Actos reclamados existentes. La Secretaria de Acuerdos habilitada en suplencia por ausencia del Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (fojas 95 a 97), la Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales en representación del Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, así como del Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación en mención (fojas 98 a 110), al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que a cada uno de ellos se le reclamó. Apoyo lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se robustece con las copias certificadas de las constancias relativas al expediente administrativo TJA/3ªS/97/2019, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo antes citado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Página 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". .CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía se reclaman, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Precisado lo anterior, este juzgado de Distrito, de oficio, advierte que este juicio de amparo es improcedente respecto del acto reclamado consistente en el dictado del acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo TJA/3ªS/97/2019, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento de multa en contra del quejoso, por no haberse promovido este juicio dentro de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, cuyo texto en la parte que interesa, es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De las normas reproducidas, en lo que interesa, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los cuales no se promueva juicio de derechos humanos dentro del término ordinario de quince días. Dicho plazo, conforme a los diversos artículos 17 y 18 de la legislación en cita, debe computarse a partir del día siguiente al en que: a) Hubiere surtido efectos la notificación del acto reclamado practicada al quejoso, conforme a la ley que lo rige. b) El quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; o, c) El solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado o su ejecución. Cabe destacar que dichas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Ahora bien, como ya se dijo, Óscar Vidal Vergara, reclama el dictado del acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo TJA/3ªS/97/2019, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento de multa en su contra, acto del que, bajo protesta de decir verdad, precisó que tuvo conocimiento el once de enero de dos mil veintitrés, cuando: ".el suscrito fui informado de la existencia de un requerimiento de pago, derivado de la resolución decretada en fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, por parte de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en multa equivalente a 60 Unidades de Medida y Actualización vigentes a la fecha de la imposición de la multa y que la misma debía ser contribuida en perjuicio de mi peculio, sin que hayan sido notificados de manera personal el apercibimiento y el auto por medio del cual se hace efectiva la multa impuesta por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos" (foja 5 de este juicio de amparo). Sin embargo, de las copias certificadas remitidas por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; se advierte que el quejoso, entre otros, por medio del delegado del Ayuntamiento demandado, promovió recurso de reconsideración en contra del ".acuerdo de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, emitido por esta Tercera Sala del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos." Y, señaló lo siguiente: ".el auto que se impugna fue notificado el día nueve de noviembre de dos mil veintidós." (foja 152) Luego, como se advierte de las transcripciones y de las constancias antes precisadas, valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 123 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, Óscar Vidal Vergara, tuvo conocimiento del acto aquí reclamado consistente en el acuerdo dictado el catorce de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo TJA/3ªS/97/2019, desde el nueve de noviembre de dos mil veintidós, fecha en la que su delegado manifestó fue notificado; entonces, si el hoy quejoso presentó la demanda de amparo origen de este juicio en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, tal como se desprende de la papeleta de turno y del sello del reloj fechador impreso en la primera foja de dicha demanda, resulta evidente su extemporaneidad. Tiene aplicación a lo aquí precisado, la jurisprudencia VI.2o. J/21, con registro 204707, con datos de localización: Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Materia(s): Común, página: 291, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". Lo anterior es así, ya que si el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclamó (acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós) el nueve de noviembre de dos mil veintidós, con motivo de la notificación que se le realizó, dicha notificación surtió efectos el diez de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, por lo que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del once de noviembre al dos de diciembre de dos mil veintidós, sin contar el doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, por ser inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, es claro que su promoción no es oportuna y se acredita la actualización de la improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por lo que se impone decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridad aquí precisados. Cabe precisar que la determinación aquí considerada no inadvierte el principio pro persona y el control de convencionalidad, pues se estima que su observación por este órgano jurisdiccional de ninguna manera implica soslayar las formalidades previstas en el orden jurídico mexicano. En efecto, la garantía de acceso a la justicia no se menoscaba por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan presupuestos o plazos para ejercerlo, porque ese derecho es limitado, pues las impugnaciones no deben entenderse en el sentido de que pueden realizarse en cualquier tiempo, porque se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto, por estar a la espera de si el promovente estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, lo que desde luego generaría inseguridad jurídica. Lo anterior implicaría que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos. Al caso es aplicable, en lo conducente, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), con registro 2002286, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización de la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". En ese contexto, el principio pro persona no implica necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados se resuelvan de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, con los datos de localización: Semanario Judicial de la Federación, Décima Época Libro XXV, Octubre de 2013, página 906, del siguiente contenido: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.". En virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso como lo es el sobreseimiento del juicio; por tanto, al actualizarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente imposibilitado para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis con registro 239006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, materia común, página 49, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". No se inadvierte que en el caso este juzgado de Distrito considera que respecto del acto reclamado (acuerdo dictado el catorce de octubre de dos mil veintidós), se actualiza diversa causal de improcedencia, consistente en que se encuentra pendiente de resolver algún recurso ordinario o medio de defensa legal que el gobernado haya interpuesto, previo o simultáneo a la promoción de la vía constitucional, en virtud del cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, conforme lo dispone el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues como se advierte de lo ya expuesto, la multa impuesta a la parte quejosa en el acuerdo dictado el catorce de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente administrativo TJA/3ªS/97/2019, fue combatida por medio del recurso de reconsideración; medio ordinario de defensa que fue resuelto el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 164 a 168), en el que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- son inoperantes por una parte e infundados por otra. SEGUNDO.- Se confirma el auto dictado el catorce de octubre de dos mil veintidós; conforme a las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución." Sin embargo, se estima que la inejercitabilidad de este juicio de amparo relativa a su presentación, con base en el conocimiento del acto reclamado por parte del quejoso, tiene preferencia en relación con la diversa prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que se considera también se encuentra actualizada en este juicio. En razón de lo anterior, se hace extensivo el sobreseimiento decretado, respecto del acto de ejecución atribuido a la Dirección General de Recaudación, así como al Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la citada Dirección General de Recaudación, dependientes de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, consistente en la ejecución del crédito fiscal impuesto a la parte quejosa por la autoridad ordenadora, por ser consecuencia directa e inmediata de dicho acto. QUINTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en este juicio de amparo promovido por Óscar Vidal Vergara, por propio derecho, en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual remite las constancias solicitadas por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. De igual manera, dese vista a las partes con dicho oficio y anexo para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a favor dicha parte procesal, las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito, por lo que se deja insubsistente el apercibimiento ahí decretado. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de tres días, concedido a la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, para que remita las documentales relativas al recurso de reconsideración interpuesto en contra del acto reclamado, tal como consta del acuse de recibo del oficio 5818/2023; en consecuencia, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que, se difiere la misma y, en su lugar, se fijan para su celebración las ONCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

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