Oscar Vera Arrieta
Expediente 706/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Oscar Vera Arrieta
Actuaciones
- Principal
.. se declara que ha causado estado el referido auto... archívese este juicio como concluido. este expediente es susceptible de ser destruido....
- Principal
... Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de mayo de dos mil quince. Vista; la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que existió para notificar personalmente al quejoso Oscar Vera Arrieta, el auto de ocho de mayo último, en el domicilio que señaló en autos, en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la nueva Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto el quejoso subsane dicha omisión, toda vez que de la razón actuarial de cuenta, se advierte que el domicilio señalado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones resultó inexacto. Notifíquese, y por lista de acuerdos el auto de ocho de mayo pasado... Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de mayo de dos mil quince. Vista; Por presentada la demanda de amparo que promueve Oscar Vera Arrieta, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, por violación a las garantías contenidas en los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 706/2015. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla, el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: ".La sentencia interlocutoria de fecha 24 de marzo de 2014 dictada en autos del juicio de nulidad 14/9277-13-01-02-08OT, del índice de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde en la parte que causa afectación a mi representada resolvió como inoperante el incidente de nulidad promovido en contra de las notificaciones de los acuerdos de fecha 03 de julio de 2014 y de 08 de septiembre de 2014, reconociendo la legalidad de las notificaciones relativas." Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado, se desprende que ante la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, se encuentra radicado el expediente 14/9277-13-01-02-08OT promovido por Oscar Vera Arrieta (parte promovente). El doce de febrero de la presente anualidad, el aquí quejoso promovió ante la Sala responsable incidente de nulidad de notificaciones en contra de los acuerdos de tres de julio y ocho de septiembre de dos mil catorce, el cual fue declarado inoperante el veinticuatro de marzo pasado, reconociéndose la legalidad de las notificaciones, siendo esta resolución el acto que por esta vía se reclama. En esas condiciones, este Juzgado estima que en el caso, debe desecharse la presente demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, en relación con el acto reclamado, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual resulta de relacionar los artículos 107, fracción V, 172, fracción V, y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del promovente, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; o sea, cuando afecten de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio natural, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trata. Para una mejor comprensión del asunto, se considera necesario transcribir los artículos 61, fracción XXIII, y 172, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo: (...) V. Se deseche o se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad." Aunado a lo anterior, cabe precisar que el artículo 172, de la Ley de Amparo, contempla de manera enunciativa cuáles son las violaciones a las leyes del procedimiento que afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultando del fallo, y que por ello, sólo pueden ser reclamables cuando se recurra en amparo directo la sentencia definitiva que ponga fin al juicio donde se cometieron tales violaciones, momento en el que pueden válidamente invocarse como agravios en los conceptos de violación, para ser objeto de análisis por el tribunal competente. En ese orden de ideas, es evidente que la resolución interlocutoria de veinticuatro de marzo de dos mil quince, pronunciada por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del juicio de nulidad 14/9277-13-01-02-08OT, donde se declaró inoperante el incidente de nulidad de notificaciones hecho valer por la parte aquí promovente no es un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal a favor del promovente, sino que se trata de un acto intraprocesal, el cual de entrañar alguna violación, se ubicaría concretamente en la establecida en la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo, con efectos meramente procesales, dado que la vulneración de garantías que llegare a cometerse en el dictado de ese tipo de determinaciones, puede quedar subsanada con posterioridad; toda vez que el promovente puede optar por el juicio uniinstancial. En consecuencia, atento a lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, por su notoria e indudable improcedencia. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Las jurisprudencias a que se hace mérito, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de amparo no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Finalmente, téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y como sus autorizados con las restricciones que impone el artículo 12 de la Nueva Ley de Amparo a Rubén Armando Escobar Frutis, Juan Miguel Torres Pérez y Edson Mejorada Olguín, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ni tampoco acreditaron contar con ella. Notifíquese personalmente...
- Principal
... el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que precede hecha por la Secretaria de este Juzgado, de los que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Nueva Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente asunto, terminada de engrosar el diecisiete de abril del año en curso, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria tal sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, para los efectos legales procedentes. Ahora, tomando en cuenta que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por Yazmín Sofía Moreno Zavaleta, por propio derecho y en representación de su menor hija, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192, segundo párrafo, de la nueva Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días contando a partir de que le sea notificado el presente proveído, de cumplimiento a la sentencia amparadora debiendo comunicar a este órgano jurisdiccional las gestiones que esté llevando a cabo para lograrlo, informando las medidas que decrete para tal efecto; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de que pueda remitirse el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, tomando en consideración que los órganos jurisdiccionales que pertenecen al Poder Judicial del Estado carecen de superior jerárquico, atendiendo a los principios de imparcialidad e independencia, que rigen su actuar, no ha lugar a formular el requerimiento a que alude el párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo lo anterior la jurisprudencia PC.I.CJ/3 K (10ª), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el veintinueve de agosto de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO; La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Asimismo, es aplicable la tesis VII.1°.P.T.4.K (10ª) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada el veintidós de agosto de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "JUECES Y MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO."
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