Oscar Vázquez Eligio
Expediente 316/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/05/2017
Partes del expediente
- Oscar Vázquez Eligio
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a ocho de mayo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, en autos no constan documentos originales y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que el quejoso ratifica el contenido y firma del escrito recibido el veinte de abril del año en curso (foja 14). En ese sentido, se le tiene desahogando la prevención formulada en proveído de diecinueve de abril anterior (fojas 9 a 12). Ahora, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda por los motivos y razones que a continuación se exponen. Dicho precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". De lo anterior, se observa que la causal de improcedencia de que se trata se actualiza cuando se colman los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado se trate de una determinación proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente; y c) Que por virtud de ese medio, la determinación judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Bajo las anteriores consideraciones, el acto que reclama el quejoso se hace consistir en: "El auto de fecha veintisiete de marzo de la presente anualidad, dictado dentro de la causa penal 70/2013, y notificado el diez de abril del mismo año, y en la que se me exige el pago por servicios de entrega de copias simples de toda la causa penal, aun cuando el suscrito me encuentro privado de mi libertad, y asesorado en la mayoría del proceso por un Defensor de Oficio". Así, queda de manifiesto que se patentiza la causal anunciada, en principio, porque el quejoso manifestó que el acto reclamado lo emitió una autoridad judicial, en el caso, el juez Quincuagésimo Séptimo Penal de esta ciudad. En cuanto a la segunda exigencia, el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, prevé: "Artículo 412. El recurso de revocación procede siempre que no se conceda por este Código el de apelación. Sin embargo, ningún juez o tribunal podrá revocar la sentencia que dicte". De ahí que se establezca que el acto reclamado es impugnable a través del recurso de revocación, en virtud de que no está previsto en las hipótesis contra las que procede el diverso de apelación, conforme al numeral 418 del referido ordenamiento legal, el cual dispone: "Artículo 418.- Son apelables: I. Las sentencias definitivas, incluyendo aquellas que se pronuncien en los procesos sumarios; II. Los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdicción o competencia; los que mandan suspender o continuar la instrucción; el de ratificación de la detención; el de formal prisión o de sujeción a proceso o el que los niegue; el que conceda o niegue la libertad; III. Los que resuelvan las excepciones fundadas en alguna de las causas que extinguen la acción penal; los que declaran no haber delito que perseguir; los que concedan o nieguen la acumulación o los que decreten la separación de los procesos; IV. Los autos en los que se niegue la orden de aprehensión o de comparecencia, sólo por el Ministerio Público; y V. Todas aquellas resoluciones en que este Código conceda expresamente el recurso". Luego, si el recurso de revocación posibilitaba que se analizara la legalidad del acto en cuestión, indefectiblemente esa circunstancia pudo llevar a que se modificara, revocara o nulificara el proceder de la autoridad que se reclama. En ese tenor, es manifiesto que el justiciable, quien tiene la calidad de sentenciado en la causa penal de la que emana el acto reclamado, previo a instar el juicio de amparo, debió interponer contra el acuerdo de que se trata el recurso de revocación, de conformidad con el artículo 412, por exclusión de los casos previstos en el numeral 418, ambos del código adjetivo mencionado; sin embargo, como el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, con ello se actualizó la causal de improcedencia en cita. Dicho de otra forma, del marco jurídico que antecede, se pone en evidencia que el acuerdo reclamado no tenía aún firmeza legal, por lo que, si el acto carece de definitividad, es clara la improcedencia del juicio de amparo. En efecto, dicho principio consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado -salvo las excepciones destacadas-. Este principio encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Siendo que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones que prevé el precepto 61 anunciado, en la parte específica. Por tanto, se establece que la determinación reclamada no tiene el carácter de definitiva, puesto que estaba sujeta a la determinación que se emitiera respecto al medio de impugnación previsto en la ley del acto, consistente en el recurso de revocación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 2207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Segunda Parte, Segunda Sección -Improcedencia y sobreseimiento-, cuyo rubro dispone: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO". Consecuentemente, como se puntualizó, con fundamento en los artículos 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de amparo...
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Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el primero de los escritos de cuenta signado por Ángel Hernández Trejo, autorizado del quejoso, mediante el cual refiere desahogar la prevención formulada en proveído de diecinueve de abril pasado. Al respecto, no ha lugar a proveer de conformidad, pues como se precisó en el referido acuerdo, dicho requerimiento únicamente puede desahogarlo el titular de la acción constitucional, no así los autorizados, pues estos sólo tienen facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, siempre que acrediten que se encuentran facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y no para hacer señalamientos que se traducen en elementos del juicio -actos reclamados- o para realizar manifestaciones bajo protesta de decir verdad, dada la responsabilidad penal que pudiera derivarse. Por otro lado, intégrese el diverso impreso, de cuyo contenido se advierte que está vinculado con aquel acuerdo mencionado al inicio de este proveído; sin embargo, tomando en consideración que hasta este momento no obra en el juicio la constancia de notificación personal al justiciable de la referida determinación, a efecto de procurar seguridad jurídica en las resoluciones que se dicten en el presente controvertido, en específico la que deba atender dicho ocurso, se comisiona al actuario correspondiente adscrito a este juzgado para que se constituya en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, y con copia simple de este, requiera al amparista para que al momento de la notificación de esta determinación manifieste si reconoce como propia la firma que calza el escrito en cita y si ratifica su contenido, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado. Ilustra al respecto, por las razones que la integran, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 536 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI segunda parte, julio a diciembre de 1990, de rubro: "FIRMA, RATIFICACION DE LA. SU FINALIDAD ES LA DE DAR MAYOR CERTEZA A LAS PROMOCIONES. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA)".
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Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Oscar Vázquez Eligio, contra acto del juez Quincuagésimo Séptimo Penal de esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 316/2017. Previo al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que el quejoso esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase al justiciable para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito subsane las deficiencias en que incurrió, esto es: - Precise de forma concreta el acto o los actos que en esta vía reclama. Lo anterior, dado que de la demanda de amparo se advierte imprecisión en ese sentido, por una parte, al indicar en el apartado del acto reclamado, que de lo que se duele es del auto de veintisiete de marzo del año en curso, emitido en la causa penal 70/2013, y por otra, al destacar en la página tres, que el acto impugnado es la diversa determinación de veintiuno de enero de dos mil quince. En el entendido que si el acto reclamado lo constituye esta última resolución, bajo protesta de decir verdad, como parte de los antecedentes o fundamento de los conceptos de violación, deberá indicar lo relativo a la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento de dicho acto, tanto él, como su defensa, en su caso; asimismo, si contra la resolución que reclame interpuso o no algún medio de impugnación, y sólo en el caso de que se hubiere resuelto, si es su deseo señalar dicha determinación como acto reclamado. Lo anterior, dado que para la admisión de la demanda de amparo indirecto es necesario que se reúnan los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, entre los que se encuentra el precisado en la fracción V, que dice: "...Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación..."; de ahí que sea justificado prevenir al promovente en ese sentido. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que si bien la demanda de amparo debe ser analizada como un todo, lo cierto es que el(los) acto(s) que se analice(n) debe(n) precisarse con claridad, pues sin pretender obviar la causa de pedir, resulta en este momento legalmente imposible admitir a trámite la demanda planteada, medularmente por la forma en que se encuentra redactada. En efecto, la causa de pedir no puede llegar al extremo de tener como acto reclamado el que no fue propuesto por la parte quejosa; tampoco puede acusarse una denegación de justicia, pues no es que se esté rehusando a dar trámite a una demanda de amparo, sino que se está ante una imprecisión que no permite establecer lo que el amparista quiere acusar; considerar lo contrario, podría llevar al extremo de conjeturar en relación con los señalamientos, que se traducen en el acto reclamado. Circunstancias que se consideran indispensables que el quejoso aclare, a efecto de analizar la procedencia de la demanda de amparo y establecer correctamente la materia de la litis que será motivo de estudio; aunado al hecho de que la(s) autoridad(es) responsable(s) se encuentre(n) en oportunidad de conocer con precisión el o los actos que se le(s) atribuye(n) y rendir debidamente su informe justificado. Lo expuesto, en virtud de que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el dispositivo 79, fracción III, inciso a), de la ley reglamentaria, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que la parte quejosa señaló, como lo es la indicación de(l) acto(s) reclamado(s), ni mucho menos incorporar aquellos que no precisó. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, del rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el justiciable, no así los autorizados, porque si bien el precepto 12 de la Ley de Amparo confiere facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio, sólo corresponde al titular de la acción constitucional de amparo, aunado a la responsabilidad que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, cuyo rubro establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Con la precisión de que con el original del escrito de desahogo deberá exhibir tantas copias sean necesarias para correr traslado a cada una de las partes. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibido que de no desahogar la prevención apuntada, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, en relación con la petición para que se publiquen de manera íntegra y completa los acuerdos que se emitan en el presente controvertido, y no sólo los extractos respectivos, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que el numeral 29 de la legislación de la materia, dispone que la publicación de la lista correspondiente contendrá "IV. La síntesis de la resolución que se notifica.", no así su contenido íntegro como pretende. Se tiene por autorizada a la primera de las personas que se indican, en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y únicamente para oír y recibir notificaciones a la restante, en razón de que no se acredita que se encuentre legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada, pues no se proporcionan los datos correspondientes. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el justiciable señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, no obstante, dado que autoriza a las personas referidas para ese efecto, notifíquense en dicho centro de reclusión únicamente las determinaciones que tengan carácter de personal. En la inteligencia que con sustento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse. Luego, en atención a la consulta del expediente electrónico que se solicita por uno de los autorizados, toda vez que cuenta con nombre de usuario para accesar a la información contenida en el presente juicio, permítase la consulta referida. Respecto de la petición en el sentido que se autorice la imposición de autos a través de medios electrónicos, dígase al inconforme que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, informes de ley, resoluciones o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, como lo solicita, se autoriza hacer uso de los medios referidos única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en este controvertido. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede. En otro aspecto, téngase por realizada la manifestación del peticionario en torno a que otorga su autorización para que sean publicados sus datos personales.
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