Oscar Torres Zapata
Expediente 512/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/05/2022
Partes del expediente
- Oscar Torres Zapata
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista; la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término legal establecido por el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por Óscar Torres Zapata. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, en virtud de ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, de deja acordar lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de abril de dos mil veintidós. I. REGISTRO Visto; el oficio signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en Tapachula de Córdova y Ordóñez, con el cual remite -por legal incompetencia- el juicio de amparo 389/2022-3-B, de su índice, promovido por Óscar Torres Zapata, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 512/2022-IX, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acúsese de recibo en la misma vía. II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, considerando que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145, DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto. Así las cosas, resulta pertinente determinar que la parte quejosa hizo valer como acto reclamado en su escrito de demanda lo siguiente: "4.- ACTOS RECLAMADOS: -De los cuales me enteré el día de hoy-, los hago consistir en los siguientes: PRIMER ACTO RECLAMADO: El CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRADICIONAL POR UNO MODERNO DENOMINADO DIGITAL y/o ELECTRÓNICO, dictado en mi contra por la única responsable, con la amenaza de la suspensión del suministro de Energía Eléctrica que pretende efectuar esta, si no acepto dicho cambio; Esto, sin ninguna justificación lógica-jurídica; Violando todos mis Derechos y Garantías Individuales a las que como persona física, y a la vez usuaria de un servicio, tengo; SEGUNDO ACTO RECLAMADO: La ORDEN DE PAGO INJUSTIFICADO y SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA dictada en mi contra por la única responsable, sin que yo haya cometido falta alguna que amerite tal acción; Precisando a su Señoría que existe, por parte de la señalada como responsable, falta de equidad y proporcionalidad con relación entre el proveedor y el consumidor en cuanto a la determinación y cuantificación del consumo de energía eléctrica, supuestamente consumida en mi domicilio, así como el cobro excesivo por el supuesto consumo de la energía eléctrica; Esto, dado a la aplicación de supuestas nuevas tarifas y la lectura arbitraria que se hace en mi domicilio, por parte de la señalada como responsable, quien se basa únicamente en el conocimiento técnico de este, sin consultarme, siendo esto último, Acto de Tracto Sucesivo, que por tratarse de hechos continuos, se actualiza cada bimestre. Precisando que he venido pagando, sin justificación alguna, fuera de toda lógica-jurídica-administrativa y por cualquier arista que se vea, un recibo de energía eléctrica con cantidades excesivas, fuera de mí alcance, el cual, además, según la Comisión Federal de Electricidad, adolece de PAGOS PENDIENTES, los cuales NO ESTOY DISPUESTO A PAGAR, porque resultan a todas luces impagables. TERCER ACTO RECLAMADO: La COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, pretende imponer un nuevo sistema de COMPRA DE ENERGÍA y no PAGO DE ENERGÍA; Esto, a través de un sistema ideado unilateralmente por dicha empresa, al intentar obligarme a acercarme a sus oficina a pagar un monto económico por la supuesta energía consumida; Es decir, argumenta que YA NO ME ENVIARÁ EL RECIBO; Pretendiendo que bimestralmente me acerque yo a pagar y allí me dirán cuanto debo pagar. Lo cual resulta, a todas luces, ilógico, irracional y, por supuesto, totalmente ILEGAL." (SIC). Expuesto lo anterior, este Juzgado advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las consideraciones a saber: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 690 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, con registro digital 2009938, de epígrafe: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO." Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo y el diverso 5, fracción II, el juicio de amparo procedente en tratándose de actos u omisiones de autoridad, la cual para los efectos del juicio constitucional es todo ente que ejerce facultades decisorias atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, septiembre de 2011, con registro digital 161133, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Por lo tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares, por ende resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Constitución establece derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esa tesitura, para determinar si una autoridad puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a ella, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de derechos humanos frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados; en las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, y dichos actos tampoco son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que este resulta improcedente, en la inteligencia de que, cuando provocan bajo cualquier aspecto la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésta deberá constituir el acto reclamado en un juicio de amparo. Ahora, conviene precisar que dada la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, que regula el Sistema Eléctrico Nacional, dio origen a las leyes de la Comisión Federal de Electricidad y de la Industria Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, de las cuales se desprende que la Comisión Federal de Electricidad se creó como nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, con carácter empresarial, sujeta a un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales, así también que los actos de la industria eléctrica se consideran mercantiles y se regirán por el Código de Comercio, y de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que de la interpretación de los artículos 1049, y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, las cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y por ende las controversias suscitadas entre las partes generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en un juicio mercantil. De ahí que, la consecuencia lógica de que se considere que la naturaleza jurídica del contrato de suministro de energía eléctrica es comercial, se debe a que la relación entre los contratantes también lo es, de modo tal que los actos u omisiones de la Comisión Federal de Electricidad que deriven de dichos contratos, no deben considerarse como actos de autoridad. Ahora bien, en el caso particular, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por el quejoso a la responsable son el cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico; la orden de pago injustificado, cobros excesivos por adeudos de luz no consumidos y amenazas de suspensión de energía eléctrica; la imposición de un nuevo sistema de compra de energía eléctrica y no de pago de energía eléctrica. Con base en lo anterior, es permisible concluir que los actos reclamados en esta vía, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, en virtud que orbita sobre cuestiones inherentes al contrato de energía eléctrica y por ello debe decidirse a través de un juicio mercantil, pues las partes actúan en una relación de coordinación, sin que el eventual corte de energía eléctrica genere que esa relación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en el ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En este contexto, la controversia suscitada entre la parte quejosa y aquella que señaladas como responsables emanadas de los derechos y obligaciones por el contrato de tal suministro o con motivo de éste, deben decidirse en vía mercantil, de conformidad con los artículos 1049, y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio. Al efecto, resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA." y la diversa jurisprudencia 2a./J.156/2017 (10a.), de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL." No se soslaya que el primero criterio mencionado, prevé que cuando la Comisión Federal de Electricidad, realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable, cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Sin embargo, en la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acotó esos casos excepcionales a la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, por ejemplo cuando la suspensión o corte del suministro de energía eléctrica ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, de manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Lo que en el caso particular no sucede, pues en el capítulo de hechos de la demanda, el promovente no manifiesta ni acredita encontrarse en esos supuestos vulnerabilidad, de ahí que no se ubica en los casos de excepción contemplados por la ejecutoria en comento. Finalmente, no pasa desapercibido para este juzgador la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, pues sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas; empero, tal regla general encuentra un caso de excepción cuando existe una jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -sea en Pleno o en Salas- en la que ya se haya definido el tema sobre el cual se pretende plantear una demanda de amparo, como ocurre en el caso concreto en el ya el Tribunal Supremo del país, ha definido a través de los criterios jurisprudenciales 2a./J. 30/2018 (10a.) y 2a./J. 156/2017 (10a.), citados supra líneas, que cuando se reclaman actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, estos deben ventilarse a través de un juicio mercantil, ya en esos supuestos, la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J.2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS." Así como la diversa PC.III.L. J/5 L (10a), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por quien se ostenta con el nombre de Oscar Torres Zapata, por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, página 509, Novena Época, con registro digital 203580: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el promovente no señala ningún domicilio para recibir notificaciones, ni autorizados para tales efectos; para no dejarlo en estado de indefensión, notifíquesele el presente proveído, así como los subsecuentes, aún los de carácter personal, por lista, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. V.HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial o Secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
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