Óscar Suárez Cuellar
Expediente 138/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 138/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Óscar Suárez Cuellar
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, según su arábigo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo ha causado ejecutoria. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obre en autos los acuses de recibo correspondientes a los oficios de notificación 10684/2020 y 10685/2020 girados a las autoridades responsables Presidente Municipal y Director de Vía Pública del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante los cuales se les notifica la sentencia dictada en este expediente, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de amparo, es a la parte quejosa a quien pudo afectar el sentido del fallo en cuestión, y por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así a las autoridades responsables, conforme lo dispone el numeral 87 de la invocada ley. Tiene aplicación al caso en concreto la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo siete, junio de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página setecientos seis, cuyos título y texto son: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Así también, es aplicable por analogía jurídica sustancial la tesis jurisprudencial publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo seis, Parte TCC, visible en la página cuatrocientos treinta y cuatro, que reza: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Desde otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo cuarto, séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente, en sus artículos 14 y 21, el juicio de amparo carece de relevancia documental; por tanto, éste y los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción en los plazos siguientes: El duplicado del incidente de suspensión, transcurridos más de seis meses contados a partir de que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente será destruible. El expediente principal y el original del incidente de suspensión, una vez que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos. Antes de proceder a la destrucción de dicho expediente, se deberán generar los siguientes documentos por duplicado: * Acta y relación de expedientes judiciales, depurados o destruidos firmada por el titular de este tribunal y el secretario designado para dar fe. Lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, posteriormente, deberá remitirse el original del acta de depuración y de los listados de los expedientes respectivos al Centro de Documentación y Análisis y del expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, en términos del capítulo octavo, artículo 21, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero del año en curso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de esta anualidad, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió en este asunto, previniéndola que de no acudir a recogerlos dentro de un término de noventa días transcurridos a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, dichos instrumentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se le hace del conocimiento, que para esto último, de conformidad a lo establecido en los numerales 3 y 6, fracción II, inciso B, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberá generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de dicha cita. Lo anterior, es un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Cabe precisar que el Código QR podrá presentarlo electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, para acceder a este órgano jurisdiccional."
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, así del numeral 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se notifica por medio de lista a la PARTE QUEJOSA, el proveído de TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, en virtud de que no compareció ante este juzgado de Distrito, a notificarse personalmente dentro de los dos días hábiles siguientes, a la fecha en que se dejó aviso en la puerta del domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones. El referido auto en síntesis dice:"...Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, según su arábigo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo ha causado ejecutoria. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obre en autos los acuses de recibo correspondientes a los oficios de notificación 10684/2020 y 10685/2020 girados a las autoridades responsables Presidente Municipal y Director de Vía Pública del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante los cuales se les notifica la sentencia dictada en este expediente, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de amparo, es a la parte quejosa a quien pudo afectar el sentido del fallo en cuestión, y por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así a las autoridades responsables, conforme lo dispone el numeral 87 de la invocada ley. Tiene aplicación al caso en concreto la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo siete, junio de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página setecientos seis, cuyos título y texto son: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Así también, es aplicable por analogía jurídica sustancial la tesis jurisprudencial publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo seis, Parte TCC, visible en la página cuatrocientos treinta y cuatro, que reza: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Desde otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo cuarto, séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente, en sus artículos 14 y 21, el juicio de amparo carece de relevancia documental; por tanto, éste y los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción en los plazos siguientes: El duplicado del incidente de suspensión, transcurridos más de seis meses contados a partir de que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente será destruible. El expediente principal y el original del incidente de suspensión, una vez que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos. Antes de proceder a la destrucción de dicho expediente, se deberán generar los siguientes documentos por duplicado: * Acta y relación de expedientes judiciales, depurados o destruidos firmada por el titular de este tribunal y el secretario designado para dar fe. Lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, posteriormente, deberá remitirse el original del acta de depuración y de los listados de los expedientes respectivos al Centro de Documentación y Análisis y del expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, en términos del capítulo octavo, artículo 21, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero del año en curso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de esta anualidad, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió en este asunto, previniéndola que de no acudir a recogerlos dentro de un término de noventa días transcurridos a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, dichos instrumentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se le hace del conocimiento, que para esto último, de conformidad a lo establecido en los numerales 3 y 6, fracción II, inciso B, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberá generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de dicha cita. Lo anterior, es un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. 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