Óscar Suárez Avilés
Expediente 33/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Óscar Suárez Avilés
- Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto... archívese este asunto como concluido... se decreta que este expediente carece de relevancia documental... este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito firmado por Blanca Myrllam Contreras Rodríguez, autorizada de la parte quejosa, del que se desprende cumplió en tiempo y forma con la prevención realizada por este Juzgado mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como actos reclamados de la Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 1613/2019/II de su índice, consistentes en: 1. Notificación que le fue realizada el once de noviembre de dos mil veinte, para que compareciera a las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales, para recabar la muestra de sangre capilar el doce de ese mes y año, y el apercibimiento que de no asistir, se presumiría la paternidad de la menor de edad representado por Elizabeth Marín Fernández. 2. Acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se negó la solicitud del quejoso para fijar nueva fecha para la prueba pericial en genética, dada la premura con la que fue establecida la primera fecha y, 3. Acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, en el que supone se ordenó hacer efectivo el apercibimiento decretado en dicho juicio relativo a reconocer la paternidad del menor. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Se estima que en relación con los actos reclamados indicados en los número 1) y 2) se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo2. Lo anterior es así, toda vez que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve contra actos de autoridad que hayan sido consentidos tácitamente, esto es, aquellos en contra de los cuales no se inició el juicio constitucional dentro de los términos previstos por el artículo 17, en correlación con el numeral 18, ambos de la ley de la materia. Ahora, el numeral 17 establece, como regla general, que la demanda debe presentarse dentro del plazo de quince días, salvo algunos casos de excepción, entre ellos, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, supuesto en el que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 prevé tres hipótesis a partir de las cuales da inicio el referido plazo genérico de quince días, la primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; la segunda hipótesis consiste en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el promovente se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado; y la tercera estriba en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de la hipótesis prevista en la fracción I del citado artículo 17 de la Ley de la materia. En ese contexto, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de tales actos reclamados el once y diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el primero de ellos, por notificación personal y el segundo, por lista de acuerdos. Confesión ésta que atento a lo regulado en los preceptos 95, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de la materia, adquiere pleno valor probatorio, por lo que cobra aplicación la tesis publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa" Por lo tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto a los actos reclamados señalados en primer y segundo plano, en virtud de que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para la promoción de la demanda de garantías, empezó a correr a partir del día siguiente hábil de la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, que lo fue el trece y veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por lo que el término para la presentación de la demanda de amparo respecto al primer acto reclamado transcurrió del trece de noviembre al tres de diciembre de dos mil veinte, sin contar los días catorce, quince, dieciséis, veinte, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre de dos mil veinte, ya que resultaron inhábiles; y, por cuanto ve al segundo, transcurrió del veintitrés de noviembre al once de diciembre de dos mil veinte, sin contar los días veintiocho y veintinueve de noviembre, así como cinco y seis de diciembre de dos mil veinte, por ser inhábiles. Luego, si la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de enero del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, tal y como se advierte del sello de recibido que obra plasmado en la demanda de amparo, resulta indudable que el plazo genérico de quince días que impone la ley para promover el juicio de amparo, ya había transcurrido en exceso al momento en que la parte promovente presentó su demanda de amparo. Por lo anterior, la presentación de la demanda de amparo en relación notificación que le fue realizada a la quejosa el once de noviembre de dos mil veinte, y el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, ordenados por la Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 1613/2019/II de su índice, se realizó de manera extemporánea, lo cual se tradujo en el consentimiento tácito de los actos reclamados, actualizándose la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, Por otra parte, la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 1613/2019/II de su índice, el cual en el escrito aclaratorio de cuenta se reproduce de la siguiente manera: Del referido acuerdo se advierte que la autoridad responsable desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el que la autoridad responsable a su manifestación de que la fecha fijada para la toma de la muestra capilar estaba muy cercana, le indicó que debía estarse a lo ordenado en auto de veintidós de octubre de la pasada anualidad. En ese sentido, se considera que respecto de tal acto se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en los Federal, 613, fracción XXIII, 624, y 1075, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Es inconcuso que, en el caso nos encontramos ante un acto de naturaleza intraprocesal, que no implica una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa consagrados en la Constitución o en algún tratado internacional del que México sea parte, puesto que, de ser el caso, se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales. Ello es así, dado que la violación que llegare a cometerse, puede quedar subsanada con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el expediente civil resultara favorable a sus intereses. Ahora, si el quejoso combate el acuerdo nueve de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 1613/2019/II de su índice, a través del cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el cual es evidente que se trata de un tópico meramente intraprocesal que no le afecta de manera cierta e inmediata. Lo anterior es así, ya que aun cuando se inadvierte que la litis de fondo en el expediente natural está relacionado con la toma de muestra capilar para la prueba de ADN; lo cierto es que el acuerdo que desechó el recurso de revocación de ninguna manera constituye la última resolución dictada en el procedimiento de acto prejudicial 1613/2019/II, tampoco es aquél que hace efectivo algún apercibimiento para determinar la paternidad y menos aún se está citando en el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, al aquí quejoso para la toma de la muestra correspondiente. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.)6, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado especificado, se actualizan las causas de improcedencia previstas en la fracción XIV y XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Finalmente, atento a lo solicitado por la parte quejosa en el escrito de cuenta, se tiene como correo electrónico y número telefónico para oír y recibir notificaciones el siguiente: myrllamcr_89@hotmail.com y 228121060. Notifíquese por correo electrónico a la parte quejosa...
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito firmado por Blanca Myrllam Contreras Rodríguez, autorizada de la parte quejosa, del que se desprende cumplió en tiempo y forma con la prevención realizada por este Juzgado mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como actos reclamados de la Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 1613/2019/II de su índice, consistentes en: 1. Notificación que le fue realizada el once de noviembre de dos mil veinte, para que compareciera a las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales, para recabar la muestra de sangre capilar el doce de ese mes y año, y el apercibimiento que de no asistir, se presumiría la paternidad de la menor de edad representado por Elizabeth Marín Fernández. 2. Acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se negó la solicitud del quejoso para fijar nueva fecha para la prueba pericial en genética, dada la premura con la que fue establecida la primera fecha y, 3. Acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, en el que supone se ordenó hacer efectivo el apercibimiento decretado en dicho juicio relativo a reconocer la paternidad del menor. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Se estima que en relación con los actos reclamados indicados en los número 1) y 2) se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve contra actos de autoridad que hayan sido consentidos tácitamente, esto es, aquellos en contra de los cuales no se inició el juicio constitucional dentro de los términos previstos por el artículo 17, en correlación con el numeral 18, ambos de la ley de la materia. Ahora, el numeral 17 establece, como regla general, que la demanda debe presentarse dentro del plazo de quince días, salvo algunos casos de excepción, entre ellos, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, supuesto en el que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 prevé tres hipótesis a partir de las cuales da inicio el referido plazo genérico de quince días, la primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; la segunda hipótesis consiste en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el promovente se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado; y la tercera estriba en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de la hipótesis prevista en la fracción I del citado artículo 17 de la Ley de la materia. En ese contexto, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de tales actos reclamados el once y diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el primero de ellos, por notificación personal y el segundo, por lista de acuerdos. Confesión ésta que atento a lo regulado en los preceptos 95, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de la materia, adquiere pleno valor probatorio, por lo que cobra aplicación la tesis publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa" Por lo tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto a los actos reclamados señalados en primer y segundo plano, en virtud de que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para la promoción de la demanda de garantías, empezó a correr a partir del día siguiente hábil de la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, que lo fue el trece y veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por lo que el término para la presentación de la demanda de amparo respecto al primer acto reclamado transcurrió del trece de noviembre al tres de diciembre de dos mil veinte, sin contar los días catorce, quince, dieciséis, veinte, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre de dos mil veinte, ya que resultaron inhábiles; y, por cuanto ve al segundo, transcurrió del veintitrés de noviembre al once de diciembre de dos mil veinte, sin contar los días veintiocho y veintinueve de noviembre, así como cinco y seis de diciembre de dos mil veinte, por ser inhábiles. Luego, si la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de enero del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, tal y como se advierte del sello de recibido que obra plasmado en la demanda de amparo, resulta indudable que el plazo genérico de quince días que impone la ley para promover el juicio de amparo, ya había transcurrido en exceso al momento en que la parte promovente presentó su demanda de amparo. Por lo anterior, la presentación de la demanda de amparo en relación notificación que le fue realizada a la quejosa el once de noviembre de dos mil veinte, y el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, ordenados por la Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 1613/2019/II de su índice, se realizó de manera extemporánea, lo cual se tradujo en el consentimiento tácito de los actos reclamados, actualizándose la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, Por otra parte, la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 1613/2019/II de su índice, el cual en el escrito aclaratorio de cuenta se reproduce de la siguiente manera: Del referido acuerdo se advierte que la autoridad responsable desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el que la autoridad responsable a su manifestación de que la fecha fijada para la toma de la muestra capilar estaba muy cercana, le indicó que debía estarse a lo ordenado en auto de veintidós de octubre de la pasada anualidad. En ese sentido, se considera que respecto de tal acto se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en los Federal, 61, fracción XXIII, 62, y 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Es inconcuso que, en el caso nos encontramos ante un acto de naturaleza intraprocesal, que no implica una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa consagrados en la Constitución o en algún tratado internacional del que México sea parte, puesto que, de ser el caso, se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales. Ello es así, dado que la violación que llegare a cometerse, puede quedar subsanada con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el expediente civil resultara favorable a sus intereses. Ahora, si el quejoso combate el acuerdo nueve de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente 1613/2019/II de su índice, a través del cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el cual es evidente que se trata de un tópico meramente intraprocesal que no le afecta de manera cierta e inmediata. Lo anterior es así, ya que aun cuando se inadvierte que la litis de fondo en el expediente natural está relacionado con la toma de muestra capilar para la prueba de ADN; lo cierto es que el acuerdo que desechó el recurso de revocación de ninguna manera constituye la última resolución dictada en el procedimiento de acto prejudicial 1613/2019/II, tampoco es aquél que hace efectivo algún apercibimiento para determinar la paternidad y menos aún se está citando en el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, al aquí quejoso para la toma de la muestra correspondiente. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado especificado, se actualizan las causas de improcedencia previstas en la fracción XIV y XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Finalmente, atento a lo solicitado por la parte quejosa en el escrito de cuenta, se tiene como correo electrónico y número telefónico para oír y recibir notificaciones el siguiente: myrllamcr_89@hotmail.com y 228121060. Notifíquese por correo electrónico a la parte quejosa.
- Principal
----Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes
- Oscar Rolando Herrera Flores20/2017
- Óscar Román Ortega Silva404/2020
- Óscar Ruíz Campos979/2017
- Oscar Sánchez Morales92/2016
- Oscar Sánchez Morales1165/2015
- Óscar Suárez Avilés239/2021
- Oscar Uriel Fernández Alegría156/2019
- Oscar Valentín García Méndez91/2015
- Óscar Valerio Rojas374/2023
- Oscar Vallejo Martínez1833/2014
- Oscar Vargas Caballero y Otros.594/2022
- Oscar Velazquez Ojeda241/2015